Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembreEl billete al público es ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560, sin variantes. El BCRA compró ayer USD 9 millones en el mercado
Al menos 48 personas murieron y más de 100 debieron recibir tratamiento médico después de consumir una bebida local en el estado de Ondo, ubicado en el sur de Nigeria, según informaron las autoridades este jueves.
Los casos se concentraron principalmente en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele. El comisario de Salud de Ondo, Banji Ajaka, señaló a The Associated Press que se estima que unas 182 personas resultaron afectadas en total. Algunos de los pacientes que enfermaron después de ingerir el brebaje lograron recuperarse y recibieron el alta hospitalaria.
La Policía detuvo a 15 personas en el marco de la investigación para determinar qué provocó la intoxicación masiva. Abayomi Jimoh, vocero de la Policía de Ondo, informó que uno de los arrestados se dedicaba a producir bebidas “que se sospecha contienen metanol y está ayudando a la policía con las investigaciones”.
De esta manera, los investigadores intentan establecer si la presencia de metanol en la bebida estuvo detrás de las muertes y las intoxicaciones registradas durante los últimos días. Según informaron medios locales, la primera muerte vinculada al episodio se produjo hace casi dos semanas.
Ajaka explicó que los efectos aparecieron rápidamente entre algunas de las personas que consumieron la bebida y describió las graves consecuencias observadas.
“Ocurrió muy rápido. Una vez que consumió, dependiendo de la cantidad, los riñones dejarán de funcionar, la vista fallará, el cerebro se dañará“, afirmó el funcionario sanitario.
Las autoridades continuaron atendiendo a los afectados mientras avanzó la investigación para determinar el origen de la bebida y su composición, además del origen de la contaminación.
El consumo de bebidas alcohólicas producidas localmente es habitual en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, donde suelen representar una alternativa más económica.
El país es el más poblado de África y las autoridades implementaron diferentes restricciones sobre la comercialización de determinadas presentaciones de alcohol.
La Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos prohíbe a nivel nacional la venta de bebidas alcohólicas en bolsitas y pequeños recipientes de plástico. El organismo sostiene que este tipo de envases facilita el acceso al alcohol por parte de niños y jóvenes.
Mientras más de un centenar de personas continuaron bajo atención médica, la investigación quedó centrada en determinar si la bebida consumida contenía metanol y establecer las responsabilidades por la intoxicación masiva.
MENDOZA.- Ya está lanzada la alerta para los próximos meses. Por eso, hace falta dar el siguiente paso para evitar riesgos de consideración. De esta manera, el campo mendocino se prepara para el Súper Niño, el fenómeno climático extremo, con lluvias persistentes y tormentas convectivas, que en la provincia cuyana se vería potenciado. ¿Por qué? El deshielo de las nevadas récord de este año, sumado a las intensas precipitaciones, generaría un mayor aumento en el caudal de los cauces y canales de riego, posibles aluviones e inundaciones, además de afectaciones en los animales así como enfermedades y plagas en las plantaciones.
Frente a esta grave advertencia, hay dos sectores claves en la provincia cuyana que se encuentran bajo mayor atención: el agropecuario, principalmente la ganadería; y el frutihortícola, en especial la vitivinicultura. En este sentido, son varias las recomendaciones que empiezan a darse para contrarrestar los efectos del evento meteorológico y estar preparados para enfrentarlo. Por eso, se hace cada vez más hincapié en las acciones preventivas.
En diálogo con LA NACION, el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, instó a los empresarios, productores y demás hombres del campo a tomar acciones inmediatas, incluso de los trámites pertinentes. “Es importante que se inscriban en el seguro, en el Fondo Compensador Agrícola. También, tienen que ser precavidos en contar con productos químicos para curaciones contra los hongos y, sobre todo, que tengan limpios los cauces de riego”, expresó el funcionario, y acotó: “La cordillera nos protege en ese sentido y nos aporta más agua. Lo demás, como todo cultivo a cielo abierto, tiene sus riesgos. Por parte del Gobierno, tener fondos presupuestados para atender lo inesperado y fuera de lo normal”.
De acuerdo con las últimas proyecciones contempladas por la provincia para la temporada primavera-verano 2026-2027, existe una alta probabilidad de que se presente un escenario de Súper Niño, con un pico proyectado de 2,5 °C, mientras que el escenario central plantea un fenómeno de El Niño fuerte, con una anomalía estimada de 1,8 °C. El período de mayor incidencia se prevé entre octubre y diciembre.
“El Niño está activo, subió la intensidad en agosto sobre el aumento de la temperatura superficial del mar. El escenario apunta a que vamos hacia un evento muy fuerte, e incluso pudiera convertirse en histórico durante la primavera y verano, el más importante en siete décadas. Esto puede generar la probabilidad de impactos típicos: en invierno, nevadas récord y ríos atmosféricos, y en lo que viene, precipitaciones intensas, sobre todo en el litoral. Sin embargo, se ve una señal significativa por encima de lo normal para toda la región de Cuyo, con especial incidencia en el sur provincial, hasta el inicio del verano. Por eso, la recomendación es seguir muy de cerca los pronósticos a corto plazo, diarios y semanales”, explicó a LA NACION la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, una de las encargadas del Plan Interinstitucional de Prevención elaborado por la firma estatal AEMSA, dedicada a los Servicios Meteorológicos Especializados.
Así, este escenario climático podría generar mayores precipitaciones, tormentas convectivas más frecuentes e intensas, granizo y crecidas de ríos cordilleranos, además de mayor riesgo de aluviones. Por este motivo, la prevención y la anticipación adquieren especial importancia en las zonas rurales. Cultivos como duraznos, manzanas, peras, aceitunas, nueces y hortalizas, entre ellas pimiento, acelga y choclo, corren riesgo por el exceso de agua. En el caso de la vid, puede verse impactada por la humedad excesiva y las tormentas fuertes de la temporada, por lo que las autoridades también hacen hincapié también en la colocación del sistema de mallas antigranizo.
En la actividad ganadera, el cuidado y manejo de los animales puede sufrir complicaciones debido al barro y al exceso de líquido en los campos. Bajo este escenario, aparecen dificultades con las maquinarias y el personal sobre el terreno mojado, ya que los tractores y los trabajadores puedan experimentar impedimentos importantes para desplazarse en las fincas.
Aunque el impacto se sentiría en toda la provincia, hay preocupación por lo que pueda suceder en sectores del este del Gran Mendoza: zonas rurales con menor pendiente natural para sacar el agua, como Corralitos, Bermejo y los terrenos cercanos al canal Pescara, podrían sufrir graves daños.
Frente a los pronósticos, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) está realizando encuentros con responsables de las áreas de Desarrollo Económico de distintos municipios de la provincia para articular medidas y pautas preventivas orientadas al manejo de enfermedades fúngicas en cultivos y otras plagas de interés, ante las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.
El organismo fitosanitario informó además a los diversos referentes municipales sobre la campaña 2026/2027 de control de Lobesia botrana, con el objetivo de coordinar acciones en territorio, por lo que ya se encuentran en desarrollo la adquisición de insumos. Al igual que en campañas anteriores, se implementará una estrategia de manejo integrado de la plaga que combina distintas herramientas de control, entre ellas difusores de feromonas, insecticidas específicos y aeroaplicaciones.
En cuanto a las estrategias de manejo técnico general, se hizo foco en que la saturación de los suelos tras lluvias intensas suele demorar el ingreso de los equipos de aplicación para realizar tratamientos curativos, por lo que la prevención es la clave para evitar la mayor parte de las afecciones.
En este sentido, se recomiendan tratamientos preventivos, que consisten en aplicar fungicidas protectores antes de los eventos de lluvia pronosticados; manejo de canopia, que estipula realizar desbrotados y deshojes para mejorar la ventilación del cultivo y el paso de la luz; drenaje parcelario, que supone mantener limpios canales y acequias para evacuar rápidamente los excesos de agua superficial y subterránea; y monitoreo constante, que permite inspeccionar los cuadros inmediatamente después de las tormentas para detectar los primeros focos de infección y actuar de manera temprana.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, a través de la Policía Rural, comenzó a brindar una serie de recomendaciones a los productores ganaderos del secano mendocino para reducir riesgos y proteger a los animales, anticipándose a posibles lluvias intensas y crecidas de ríos durante la temporada primavera-verano. La iniciativa es parte del plan integral de prevención y alerta temprana que realiza el gobierno provincial frente al escenario climático asociado al fenómeno de El Niño.
En este contexto, la fuerza recomienda a los productores tomar medidas con anticipación y prestar especial atención a las condiciones de los establecimientos donde se encuentran los animales. Una de las principales indicaciones es elegir lugares altos para la instalación de corrales y mangas. Además, se recomienda mantener los corrales alejados de cauces o brazos de río secos. Asimismo, se solicita evitar zonas de riesgo, especialmente cauces, lechos secos, quebradas y bajos anegables, sectores que pueden verse afectados ante precipitaciones intensas o crecidas.
Como parte de la preparación, los productores deberán revisar las estructuras y los drenajes y asegurar el acceso seguro para los animales. Estas medidas permiten reducir los riesgos y contar con mejores condiciones ante una eventual emergencia. La Policía Rural también recomienda mantenerse atentos a las alertas oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil y de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
Algunas entidades sumaron nuevas líneas y redujeron costos para la primer casa, con plazos que pueden llegar hasta los 30 años.
Los créditos hipotecarios volvieron a dar que hablar en este 2026. Ahora con nuevas líneas, tasas más bajas y plazos largos, los distintos bancos ampliaron sus propuestas para quienes buscan comprar su primer vivienda.
El movimiento también está acompañado por un nuevo esquema de financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. La primera licitación distribuyó $200.000 millones entre entidades financieras para impulsar este tipo de préstamos.
Entre las propuestas más bajas aparece la del Banco Ciudad, que lanzó una línea con una tasa del 6,5% para la compra de la primera vivienda y cuenta con subsidio del Gobierno porteño. El Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad. Además, permite extender el préstamo hasta 30 años, uno de los plazos más largos disponibles.
Por su parte, el Banco Hipotecario tiene una tasa del 7,5% para clientes con cuenta sueldo, un plazo máximo de 15 años y un monto que puede llegar aproximadamente a u$s170.000. También aplican tasas del 7,5% para determinados clientes:
El Banco Patagonia redujo su tasa al 8,5%. A este grupo se suman las entidades del Grupo Petersen, que ofrecen líneas para primera vivienda con una tasa de UVA + 7,5%:
En estos cuatro casos, el beneficio está dirigido a clientes que acreditan sus haberes en el banco. Los créditos pueden alcanzar las 150.000 UVA, con plazos de entre 15 y 20 años. Dentro de las 13 entidades que aparecen en el nuevo escenario también están ICBC y Comafi.
Las condiciones cambian según el banco, ya que no alcanza con comparar la tasa, también hay que mirar el ingreso requerido, el porcentaje que puede financiarse y la posibilidad de sumar a otras personas para alcanzar el monto necesario. El Banco Hipotecario exige ingresos equivalentes a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles.
En ICBC el piso informado es de $1.000.000 mensuales. Además, al momento de sumar ingresos, en varias entidades se permite incorporar los del cónyuge o conviviente para mejorar la capacidad crediticia. El Banco Ciudad permite considerar los ingresos del grupo familiar conviviente, mientras que Comafi admite incorporar hasta cuatro integrantes de la familia.
Varias de las líneas con mejores condiciones están atadas a la acreditación de haberes. Es el caso del Banco Nación, el Banco Hipotecario y las entidades del Grupo Petersen en las condiciones informadas. Por eso, antes de elegir una opción conviene comparar no solamente la tasa inicial, sino también:
La ampliación de los créditos hipotecarios también está relacionada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. El esquema prevé una serie de licitaciones para canalizar recursos hacia los bancos y aumentar el dinero disponible para otorgar préstamos destinados a la compra de una vivienda.
En la primer adjudicación se distribuyeron $200.000 millones entre 13 entidades financieras. El programa contempla un total de diez licitaciones, por lo que el objetivo es mantener el flujo de fondos hacia el sistema financiero y sostener la oferta durante los próximos meses.
El hermano de la princesa Diana de Gales lanzó su libro de memorias Swan Song: Diana, My Sister (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”, en inglés). Allí, el conde Charles Spencer aseguró que luego de la muerte de Lady Di, el entonces príncipe Carlos III sostuvo que “pronto ella sería olvidada”.
La obra del Conde se publicará la semana próxima y se espera que sea muy crítico con la familia real británica, según BBC News. Spencer sostuvo que en ese momento Carlos lo sometió a un “torbellino de ira” después de que él insistiera en que Diana no habría querido que los príncipes William y Harry, de entonces 15 y 12 años, caminaran en su cortejo fúnebre.
“Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, declaró un portavoz. En el primer extracto hecho público, Spencer afirmó que un alto asesor de la Corona británica le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de Diana, a lo que él se opuso.
Al momento de su muerte, Lady Di y Carlos se habían divorciado tras 15 años de matrimonio. La disolución oficial se concretó el 28 de agosto de 1996, cuando el Tribunal Superior de Londres emitió el decreto absoluto que disolvió legalmente el matrimonio. Sin embargo, la pareja ya vivía separada formalmente desde diciembre de 1992.
El icónico vestido de la venganza de la princesa Diana de Gales, Reino Unido, será subastado. Apodado así por la opinión pública, la pieza fue lucida en una fiesta nocturna en Londres luego de que su entonces esposo, Carlos III, confesara haberla engañado en matrimonio, y podría venderse por hasta u$s300.000.
La pieza de color negro constó en una confección de seda sin tirantes, lucido durante la gala de Serpentine Gallery en 1994. La encargada de rematarlo es la casa de subastas Sotheby’s, que espera que el vestido se venda el próximo 9 de diciembre.
Será la primera vez que se subaste desde 1997, cuando la princesa vendió 79 de sus vestidos pocos meses antes de su muerte para recaudar fondos para organizaciones benéficas. La directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, Morgane Halimi, afirmó en un comunicado que la princesa Diana “entendió instintivamente” que la moda puede ser un lenguaje en sí mismo.
“A su manera, la princesa Diana convirtió el vestido en uno de los mensajes más poderosos que jamás transmitió, durante uno de los episodios más escrutados y emotivamente intensos de su vida”, sostuvo la directora y agregó que “entró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de lo que eligió vestir, recuperó el control de la narrativa para sí misma.”
La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno.
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La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
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La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
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La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.
El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
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Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.
Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.
La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.
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Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.
En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
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La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.
El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.
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Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.
La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.
Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.
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La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.
La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.
Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.
Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.
La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.
Había básicamente dos mecanismos.
En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.
Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.
El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.
Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.
La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.
La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.
La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.
María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.
Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.
Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.
Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.
Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.
La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.
El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.
También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.
Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.
También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.
La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.
Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.
La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.
El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.
Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.
Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.
La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.
La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.
La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.
La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.
La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.
El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.
Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.
La posibilidad de que los ahorros no declarados de los argentinos terminen dentro del sistema financiero formal es un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, y que se cruza con un problema de fondo: buena parte de esos fondos permanece fuera de los bancos porque quienes los poseen no confían en que exteriorizarlos no les traiga consecuencias. Ese temor tiene distintas causas, entre ellas el historial de blanqueos que no lograron los resultados esperados y la falta de garantías concretas frente a una eventual fiscalización posterior.
En ese contexto se inscribe el proyecto que el Gobierno impulsa bajo el nombre de Inocencia Fiscal II. La normativa original ya rige desde el 26 de diciembre de 2025, pero surgieron cuestionamientos sobre algunos de sus puntos, lo que llevó al equipo económico a elaborar una nueva versión con el objetivo de despejar dudas y ofrecer mayores garantías a quienes decidan blanquear capitales.
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El impulso para reformular la ley llegó desde los propios contadores, que durante meses le plantearon al ministro Luis Caputo que, sin modificaciones, los contribuyentes no iban a animarse a declarar sus ahorros. Tras varias reuniones, el funcionario aceptó enviar un nuevo texto al Congreso, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá discutirse en el Senado.
Uno de los cambios centrales del proyecto tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
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Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que ese universo de contribuyentes podrá sumarse al régimen si la reforma se aprueba, aunque con una diferencia respecto del resto: los grandes contribuyentes solo accederán al RSG y quedarán afuera de los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
El proyecto también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los $5 millones, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
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A este cambio se suma otro que había jugado en contra del contribuyente cumplidor en la versión anterior de la ley. Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, señaló que el nuevo texto establece que la discrepancia significativa se calcula sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, un ajuste que corrige uno de los puntos más cuestionados de la normativa original.
Cuando la discrepancia detectada por el fisco supera los $5 millones, el contribuyente conserva una vía para regularizar su situación. El proyecto le otorga un plazo de 15 días desde que recibe la notificación de la determinación de oficio para aceptar la liquidación y pagar el impuesto junto con sus accesorios.
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Ghirardotti remarcó que, si el pago se realiza dentro de ese plazo, el contribuyente mantiene los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, incluso cuando el fisco haya detectado una diferencia relevante.
Otro de los ejes del proyecto apunta a reducir las obligaciones de reporte para quienes utilicen los mecanismos habilitados para blanquear capitales. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que el objetivo es dar mayor seguridad jurídica a quien decida depositar los dólares que tiene fuera del sistema, de manera que no quede expuesto a controles posteriores.
Según indicó, el régimen no exige que el contribuyente reporte a ARCA su patrimonio ni al inicio ni al cierre del ejercicio fiscal, y tampoco obliga a exteriorizar los consumos realizados durante ese período. A esto se agrega que, si los fondos se utilizan por las vías habilitadas, solo deben incorporarse a la última declaración de Bienes Personales.
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El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasa ahora a la Cámara alta, donde deberá completar su trámite legislativo para convertirse en ley. La discusión se da en un momento en el que el Ministerio de Economía busca acelerar la reactivación de la actividad, y en el que la eventual entrada en vigencia de esta segunda versión de Inocencia Fiscal podría influir en el ritmo con el que los contribuyentes decidan formalizar sus ahorros. Según estimaciones oficiales, existen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero, un volumen que el Gobierno espera empezar a movilizar si el Senado convierte el proyecto en ley.
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“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, afirmó Lula durante un acto de campaña realizado en Ceilandia, un barrio de Brasilia. El mandatario brasileño viajará a Nueva York, donde tiene previsto pronunciar su discurso ante Naciones Unidas el próximo martes.
La advertencia se produce mientras Lula busca la reelección en los comicios de octubre y disputa una elección ajustada con el senador Flávio Bolsonaro. Sondeos recientes muestran escenarios diferentes según la consultora, aunque coinciden en una competencia estrecha ante una eventual segunda vuelta.
Pese a las declaraciones del presidente brasileño, por el momento no está prevista una reunión bilateral específica entre Lula y Trump. Así lo informó el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey.
Sin embargo, el funcionario señaló que ambos mandatarios “probablemente se cruzarán en la Asamblea”, como ocurrió durante la edición de 2025. Los presidentes de Brasil y Estados Unidos tienen previsto pronunciar sus respectivos discursos de manera sucesiva durante el encuentro.
El posible cruce se producirá en un contexto de creciente tensión diplomática entre Brasilia y Washington. Lula cuestionó en reiteradas oportunidades las medidas adoptadas por la administración estadounidense y las vinculó con el escenario político interno de Brasil.
Uno de los principales focos del conflicto son los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños. Washington aplicó en julio dos rondas de gravámenes, mientras que Lula denunció esas decisiones como un intento de interferir en el proceso electoral de su país.
Las diferencias entre ambos gobiernos habían comenzado a profundizarse en 2025, cuando la administración Trump aplicó un primer aumento arancelario a Brasil en represalia por el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022.
En ese escenario, Lula acusó además a la familia Bolsonaro de realizar gestiones ante Estados Unidos para impulsar medidas contra su administración y sostuvo que esas acciones perjudicaron los intereses económicos brasileños.
El mandatario volvió a elevar el tono durante el acto de campaña de este miércoles. Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, afirmó.
El enfrentamiento diplomático aparece además en plena recta final de las elecciones presidenciales brasileñas. Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en una competencia estrecha de cara a octubre. Una encuesta AtlasIntel/Bloomberg difundida este jueves los ubicó en empate estadístico en un eventual balotaje, con una diferencia dentro del margen de error.
La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta el 25 de octubre.
En ese contexto, la participación de Lula ante la ONU sumará un nuevo capítulo a la relación con Washington. Aunque no existe hasta ahora una bilateral confirmada con Trump, el presidente brasileño ya anticipó cuál será uno de los mensajes que buscará transmitir durante su paso por Nueva York.
Una rueda arrojada a la autopista Rosario-Córdoba durante un presunto intento de robo provocó un choque en cadena entre dos vehículos durante la madrugada de este jueves. El episodio ocurrió cerca de las 6, a la altura de calle Wilde, sobre la mano que conduce hacia Funes y Córdoba.
El neumático de un camión impactó de frente contra una camioneta Audi Q7 que circulaba por la traza. El conductor perdió velocidad y detuvo la marcha después del golpe.
En ese momento, un Volkswagen Voyage que transitaba detrás no pudo evitar la colisión y chocó la parte trasera de la camioneta. Pese a la violencia de los impactos, no se informaron personas con heridas de gravedad.
El automovilista que conducía la Audi sostuvo que el neumático había sido lanzado intencionalmente desde un costado de la autopista. Según relató, el objetivo habría sido obligarlo a frenar para posteriormente asaltarlo.
El hombre aseguró que no alcanzó a observar a quienes habrían arrojado la rueda. Sin embargo, el conductor del Volkswagen manifestó que divisó a varias personas mientras escapaban del lugar después del siniestro.
La hipótesis del intento de robo quedó sujeta a la investigación policial y a la revisión de las pruebas reunidas en el sector. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el episodio.
Los dos vehículos quedaron averiados sobre la calzada y obstaculizaron el tránsito. Por ese motivo, los equipos de emergencia realizaron un corte total a la altura de avenida Circunvalación mientras trabajaban para retirar las unidades.
El operativo ocasionó demoras y un importante embotellamiento en uno de los accesos a la autopista. Las autoridades solicitaron a los conductores utilizar calles y arterias paralelas hasta que finalizara la intervención.
En medio de las complicaciones viales, un automóvil y una motocicleta protagonizaron otro choque sobre el puente de Circunvalación. Este segundo siniestro habría ocurrido como consecuencia de la congestión generada por el primer incidente.
La Policía trabajó para establecer cómo llegó el neumático hasta la traza y determinar si efectivamente había sido arrojado como parte de una maniobra delictiva. También se buscó identificar a las personas que, según uno de los conductores, huyeron después del impacto.
La abogada Aldana Sasia, patrocinante de los dos amparos ambientales que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) declaró nulos esta semana, cuestionó con dureza el fallo y adelantó que la lucha judicial continuará en instancias nacionales e internacionales.
El máximo tribunal provincial resolvió el 15 de septiembre rechazar las acciones de amparo acumuladas en el expediente “Rosso Janet Ximena c/Haberkon Mauro Ariel y otros” y “Gareis Gerardo Ariel c/Estado Provincial y otros”, que en primera instancia habían dispuesto el cese de fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y de aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros, en protección de los vecinos del loteo Tierra Alta, en Colonia Ensayo (departamento Diamante), y de una familia de Aldea Brasilera con una niña afectada por daño genético a causa de agroquímicos. El fallo, con los votos de Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Carlos Federico Tepsich y Leonardo Portela, y la abstención de Laura Mariana Soage, consideró que las distancias fijadas en primera instancia no surgían de la Ley provincial N° 11.178 de Buenas Prácticas en Fitosanitarios, que establece radios de exclusión de hasta 100 metros para aplicaciones terrestres.
En diálogo con Un martillo para darle forma (Radio Plaza), Sasia expresó su sorpresa por la decisión, al remarcar que existían antecedentes claros en sentido contrario: “sobre esta sentencia previamente existen dos sentencias en dos causas separadas, que luego se acumularon, con cuatro dictámenes del Ministerio Público de la Defensa y de la acusación del Procurador Fiscal, todos a favor de sostener la distancia, todos a favor de proteger la comunidad de Tierra Alta, todos a favor de proteger el daño genético de la menor”. Agregó: “me sorprendió como ninguna de las sentencias que últimamente he tenido que esperar o llevar adelante en este tipo de causas”.
Consultada sobre los reparos técnicos que tiene con el fallo, Sasia coincidió parcialmente con un aspecto del criterio del STJ: cuestionó, como lo hizo el propio tribunal, la decisión de haber acumulado ambas causas en un solo expediente. “Acuerdo con que no era la acumulación de las causas, no se debería haber hecho”, señaló, y explicó que había apelado oportunamente esa decisión porque, a su criterio, “no tenía nada que ver una causa con la otra”: mientras una investigaba un daño individual concreto —el daño genético de una niña—, la otra buscaba protección colectiva en base al incumplimiento de un antecedente judicial anterior.
Más allá de esa coincidencia puntual, Sasia fue categórica al rechazar los fundamentos centrales del fallo. Cuestionó que los jueces sostuvieran que no se había probado el daño genético de la niña: “no coincido en ninguno de los fundamentos de la sentencia, que por ejemplo mencionan que no se habría probado el daño genético con la causa de la menor, daño que fue probado no solo por estudios privados, sino por estudios que el propio Estado ordenó efectuar a la niña, revictimizándola”. Detalló que la menor debió someterse en varias oportunidades a extracciones de sangre y estudios de impacto a pedido de la propia Fiscalía de Estado, y que un dictamen de la médica interviniente del Hospital de Niños San Roque —conocido el viernes previo a la entrevista— confirmó lo que ya había presentado como prueba un laboratorio de la Universidad de Córdoba, sobre la exposición sostenida de la niña a agroquímicos y su vínculo con el daño genético detectado.
Sasia también apuntó contra errores puntuales que, según su lectura, contiene el fallo. Señaló que el voto del vocal Tepsich sostiene que la menor no se sometió a las evaluaciones propuestas por el Estado, “cuando la menor se sometió a todas las evaluaciones que el Estado le exigió”. Cuestionó además otro argumento del mismo vocal: “dice que como el amparo de la menor es individual, no se le aplica el derecho ambiental y no se le aplica el principio precautorio ni el principio preventivo porque no aplicaría dentro de la especialidad ambiental”, algo que calificó como “un error gravísimo de técnica jurídica y de dogmática y de doctrina”. Y agregó, con dureza: “no sé si peca de falta de conocimiento o de una oportunidad para fundar una sentencia infundable”.
Consultada sobre si la política condicionó el desenlace judicial, a partir de la sanción de la Ley 11.178 el año pasado con apoyo legislativo de distintos bloques, Sasia no tuvo reparos: “esa ley es un mamarracho jurídico, o sea, sustento científico no tiene”. Planteó que la norma responde, en cambio, a la necesidad de sostener el actual nivel de aplicaciones de agroquímicos: “eso ya lo sabemos que es un negocio enorme, busca profundizar un modelo económico único en la provincia como es el modelo productivo industrial”. Remarcó que el conflicto no debe leerse como una disputa entre “el campo y la sociedad”, sino como la defensa de quienes conviven con la contaminación en sus cuerpos y sus domicilios: “no la pasan nada bien. Terminan enfermando, como es el caso de esta menor y como es el caso de otras personas que hoy viven y conviven en Tierra Alta”.
Sobre el trasfondo político de la decisión judicial, fue directa: “obviamente que esta decisión está totalmente atravesada por la política y obviamente que llevan a descreer a cualquier ciudadano de la Justicia, porque también como profesional no tengo ningún tipo de garantía de lo que se puede resolver y que lo que se resuelva sea conforme a derecho y con fundamentos jurídicos y técnicos”.
Consultada sobre qué régimen queda vigente tras el fallo —la Ley 11.178, con sus 100 metros de exclusión para aplicaciones terrestres—, Sasia advirtió sobre un incumplimiento adicional, incluso de esa norma más laxa. Explicó que la propia ley exige que, antes de cada aplicación, se informe a los vecinos, a la comisaría y a la comuna correspondiente, algo que —denunció— no se cumplió durante todo el proceso judicial: en el domicilio de la menor del amparo hubo sucesivas aplicaciones en campos linderos sin ningún tipo de aviso previo, al punto de que la niña fue “rociada por un mosquito fumigando mientras ella conducía en bicicleta”. Contó además que el padre de la menor recorrió comisarías buscando la receta agronómica para saber qué sustancia se había aplicado, sin obtener respuesta. “Es una mentira garrafal que existen las buenas prácticas agrícolas, porque ni siquiera se cumple con un recaudo mínimo de dar aviso al vecino que se va a aplicar”, sostuvo, y agregó que muchas aplicaciones se realizan de noche, “cuando nadie se entera, nadie puede controlar, no se sabe a qué distancia se llevan adelante”. Consultada sobre quién debería controlar ese cumplimiento, señaló a Sanidad Vegetal y a las comisarías de cada zona como responsables de recibir copia de la receta agronómica y notificar a los vecinos linderos.
Sasia también rechazó otro de los fundamentos que trascendió del fallo: que el loteo Tierra Alta no contara con inscripción registral formal. “Ese es un fundamento que no tiene ningún tipo de asidero”, planteó, y remarcó que la falta de un trámite administrativo no puede privar a las personas de sus derechos básicos: “por no tener inscripción no pierden sus derechos a la vida y a la salud (…) es de mucho menor relevancia que un derecho a proteger como la salud y la vida”.
Consultada sobre cómo continúa el proceso, Sasia explicó que la vía de amparo prácticamente se agota en el Superior Tribunal provincial, dado que un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría demorar años: “hoy la menor tiene 10 años y cuando la Corte resuelva va a poder llegar a tener 20 (…) el daño que se quiere evitar justamente en relación a su salud no se estaría podiendo evitar”. Pese a esa dificultad, confirmó que ya presentaron un recurso revocatorio in extremis ante el propio STJ, y adelantó que agotarán todas las instancias disponibles: “vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Comité Internacional de los Derechos del Niño, porque pensamos que esta sentencia en lo que hace al daño a la salud de una menor es aberrante”. Reconoció, con resignación, que un eventual pronunciamiento favorable en esas instancias podría llegar demasiado tarde para revertir el daño concreto: “será, a los fines, un hecho político más que una sentencia a cumplir”. Si el recurso in extremis no prospera, indicó que evalúan iniciar una acción de daños por otras vías procesales, incluidas medidas cautelares.
