Mientras que el Gobierno insiste en que -por el momento- no volverá a los mercados internacionales de deuda, son las provincias las que buscan sacarle provecho al renovado apetito por el riesgo argentino. Desde las elecciones legislativas de noviembre del año pasado, ya son seis jurisdicciones las que colocaron deuda en dólares en el exterior por casi US$4900 millones, el mayor ritmo de emisiones subnacionales desde 2017.
La última en salir fue Neuquén, que la semana pasada colocó US$500 millones con vencimiento en 2034 a una tasa interna de retorno (TIR) de 7,65%. Si bien debió convalidar un rendimiento algo superior al previsto por la mayor cautela de los inversores hacia los mercados emergentes, logró captar ofertas por US$1100 millones, más del doble del monto buscado.
“Lo de Neuquén fue interesante, porque la emisión fue no garantizada con regalías de las petroleras de Vaca Muerta. Llama la atención el ritmo de emisiones internacionales de las provincias, aunque tampoco son tantas y no es el fenómeno que había en los años 90, cuando todas las provincias emitían mucha deuda. Contrasta con el Gobierno nacional, que parece estar dándole un mensaje al mercado de ‘Yo podría salir sin problema, pero no lo hago porque no me hace falta’. En línea con eso, presentó el programa financiero 2026-2027″, consideró Gustavo Araujo, head of Research & Strategy de Criteria.
La primera provincia en salir al mercado y abrir el ciclo fue Córdoba, que colocó US$725 millones en junio a una tasa del 9,75%. Después le siguió la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre, con US$600 millones y una tasa del 7,8%. En diciembre, Santa Fe logró hacerse de US$800 millones al 8,1%, tras recibir ofertas por más de US$1800 millones de once inversores internacionales, según recordó Alan Versalli, estratega de Cocos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, en Vaca Muerta
Ya con el arranque de 2026, Córdoba volvió al mercado en enero de 2026 con otros US$800 millones y una tasa del 8,6%. Un mes más tarde, Entre Ríos se lo hizo por primera vez en casi una década en febrero, con US$300 millones al 9,5%. En abril, Chubut colocó US$650 millones al 9,45% para refinanciar vencimientos. Otra vez la Ciudad de Buenos Aires colocó US$500 millones en mayo al 7,3%, la tasa más baja de su historia. Mientras que la semana pasada le tocó a Neuquén.
“San Juan y Santa Cruz son las próximas jurisdicciones en la fila: ambas proyectan emisiones de hasta US$600 millones, principalmente para financiar infraestructura minera y de otro tipo. San Juan ya cuenta con la autorización legislativa; Santa Cruz aún espera la aprobación parlamentaria”, señaló Versalli.
El fenómeno contrasta con la estrategia del Gobierno nacional. Aunque el riesgo país cayó de manera significativa desde la asunción de Javier Milei y el acceso al financiamiento externo volvió a abrirse para distintos emisores argentinos, desde el Ministerio de Economía insisten en que por el momento no volverán al mercado internacional.
“No hay que demostrar que tenemos acceso a los mercados. Los primeros llamados que recibíamos nos proponían una emisión de US$5000 millones a diez años y la tasa era del 12,5% anual. Nos hemos ‘perdido’ esas ventanas porque no es lo mismo financiarnos al 6% que al 12,5%. Son US$330 millones por año de intereses. Esa menor tasa requiere menos esfuerzo fiscal y nos permite usar esos recursos para otras cosas o seguir bajando impuestos”, sostuvo Luis Caputo cuando presentó el Programa Financiero 2026-2027, la hoja de ruta de cómo enfrentará el Gobierno los vencimientos que se avecinan de cara a un año electoral.
Seis gobernadores aprovechan el apetito por el riesgo argentino Richard Drew – AP
Para Fernando Baer, analista de Quantum Finanzas, las provincias que emitieron deuda en los mercados internacionales están en general asociadas al boom energético. La única excepción es la Ciudad de Buenos Aires, pero remarcó que tiene otra estructura productiva. Además, las emisiones internacionales tuvieron tasas de entre 7,5% y 9,5%, aunque a plazos más cortos.
“El contexto internacional, si bien incierto y con tasas bajo presión, encuentra apetito por riesgo latinoamericano y argentino. Sobre todo con una macro sana, buenas finanzas públicas (todas las provincias ajustaron sus déficits) y perspectivas muy buenas en sectores con potencial muy grande. Así como el sector corporativo, que se animó desde el último trimestre del año pasado a salir, ahora lo hacen las provincias, casi todas con bajos niveles de endeudamiento. Puede haber alguna cautela en 2027, con alguna ventana que se cierra temporalmente, pero las perspectivas son de continuidad”, cerró Baer.
La salida del cepo cambiario en abril del año pasado modificó las costumbres financieras en la Argentina, impulsando la compra de dólares en el mercado oficial como una conducta habitual entre los ahorristas. A más de doce meses de esa medida, la demanda de divisas mantiene su ritmo, con fluctuaciones mensuales vinculadas a la coyuntura. En junio, la tendencia volvió a mostrar un repunte, reflejando un crecimiento en las operaciones de compra de dólares por parte de los particulares.
Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el mes pasado los argentinos adquirieron de manera neta USD 2.015 millones en billetes sin fines específicos.
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En tanto, cerca de 1,5 millones de individuos concretaron compras brutas por USD 2.443 millones, mientras que aproximadamente 715.000 optaron por vender, sumando ventas brutas por 428 millones de dólares. Además, el segmento registró compras netas de divisas sin fines específicos por un total de 430 millones de dólares.
“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de junio (unos USD 2.000 millones), se estima que unos USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales y USD 500 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos USD 700 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, detalló el reporte oficial.
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Cabe recordar que en mayo participaron 1,4 millones de personas del lado comprador, con compras brutas de 2.260 millones de dólares. Del lado vendedor, unos 730.000 individuos desprendieron divisas por USD 456 millones—lo que arrojó el saldo neto de USD 1.804 millones—. De esta manera, se observa un crecimiento intermensual de casi USD 200 millones extra.
El precio del petróleo subió este viernes más de un dólar por barril, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las crecientes restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, aunque las señales diplomáticas moderaron parcialmente el avance.
El Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en USD 90,12, un alza de 1,22% frente a la sesión anterior, cuando terminó en USD 89,03 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para el mismo mes ganó 1,29% hasta USD 84,67 por barril.
Julio también dejó un balance mensual contundente: tanto el Brent como el WTI acumularon una suba del 24%, su mayor incremento mensual desde marzo, según datos de futuros.
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El estrecho de Ormuz, que antes del conflicto transportaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural, opera ahora con un tráfico drásticamente reducido. La Guardia Revolucionaria iraní impidió el paso de dos petroleros por la vía marítima, mientras que otros cuatro cambiaron de rumbo, informó la agencia de noticias Fars.
Aun así, dos grandes buques cargados en el Golfo Pérsico lograron salir del estrecho el viernes, aunque el flujo general se mantuvo escaso, de acuerdo con datos de seguimiento de la firma Kpler. Analistas de ING señalaron que el tránsito de crudo “ha retomado”, pero en un nivel bajo.
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La firma de análisis Gelber & Associates advirtió en una nota que “los recientes ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes mantienen la prima de riesgo geopolítico firmemente en su lugar” cerca de puntos estratégicos como Ormuz. La misma nota citó datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos que mostraron que las reservas comerciales de crudo del país cayeron la semana pasada a sus niveles más bajos desde 2018.
La milicia hutí en Yemen sumó presión al mercado al interrumpir el transporte por el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Esa vía constituye un segundo punto crítico para el flujo de petróleo hacia los mercados internacionales.
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El conflicto entre Washington y Teherán, que arrancó a finales de febrero, recrudeció en los últimos días tras una serie de ataques mutuos que pusieron fin a una breve pausa en los combates. Irán reivindicó un ataque con drones contra objetivos estadounidenses en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa de Washington. El presidente Donald Trump, por su parte, puso en duda el avance de las negociaciones y acusó a los representantes iraníes de “mentir” e incumplir sus compromisos.
Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, resumió la dinámica del mercado: “El conflicto en Medio Oriente continúa generando una fuerte volatilidad de los precios en los mercados de materias primas”, incluido el petróleo. La extensión del enfrentamiento a otros países de la región, entre ellos Irak y Egipto, amplió el perímetro de incertidumbre.
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Frente a ese escenario, Pakistán —que actúa como mediador entre Washington y Teherán— afirmó el jueves que ambas partes negociaban con miras a una desescalada. En paralelo, continúan las conversaciones entre Irán y Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz, aunque Teherán rechazó la propuesta omaní de administrar conjuntamente la vía marítima, según la agencia de noticias laboral iraní.
Un choque múltiple se produjo este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 627, en cercanías de la localidad correntina de Alvear, cuando un automóvil habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso y terminó impactando contra un camión que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaton lesionadas y una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde permanece en observación.
En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: un automóvil Renault Logan blanco y dos camiones. El rodado menor era conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, mientras que los transportes de carga eran guiados por un ciudadano brasileño y otro argentino, todos mayores de edad.
Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la principal hipótesis indica que el conductor del automóvil intentó sobrepasar a uno de los camiones mientras circulaba por la ruta nacional.
Cómo ocurrió el choque
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, durante esa maniobra el Renault Logan habría colisionado contra el lateral de uno de los camiones y, posteriormente, impactó contra el otro transporte que avanzaba en sentido contrario.
Como consecuencia del fuerte choque, uno de los camiones volcó sobre la calzada, mientras que el automóvil terminó despistando hacia la banquina.
Investigan la mecánica del siniestro
Tras el alerta, efectivos policiales, peritos viales y personal de emergencias acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito sobre la Ruta Nacional 14.
Los investigadores continúan trabajando para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.
Polonia convocó este viernes al embajador ruso y le entregó una nota de protesta formal tras la caída de un misil en su territorio, mientras Rusia ejecutaba ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis.
La detonación ocurrió en la madrugada del jueves en Tarnawa-Kolonia, una localidad de la región oriental de Lublin, a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. No hubo heridos, pero el impacto dejó un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad.
El primer ministro Donald Tusk anunció la citación en X. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maciej Wewior, precisó que Polonia transmitió al diplomático una “condena inequívoca a las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano” y exigió el cese de conductas que representan un riesgo de “desastre aéreo”. La embajada rusa en Varsovia no respondió a la solicitud de comentarios.
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Las autoridades confirmaron que se trató de un misil de crucero Kh-101 de origen ruso, fabricado en el segundo trimestre de 2026 en una planta cercana a Moscú, según precisó el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Un experto ucraniano que inspeccionó el lugar afirmó no tener “la más mínima duda” sobre su origen ni su modelo, de acuerdo con el portavoz de la fiscalía de Lublin, Marcin Kozak.
“Esto significa que Rusia está utilizando misiles de reciente fabricación para atacar Ucrania”, escribió Kosiniak-Kamysz en X. “Confirma los informes de que las reservas bélicas rusas se han agotado”.
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el incidente de “imprudente” y de “peligrosa consecuencia” del conflicto. Indicó haber abordado el asunto con Tusk y reafirmó el compromiso de la organización de reforzar su capacidad defensiva, además de su respaldo a Kiev.
El episodio se suma a una serie de incursiones que se registran desde 2022. En noviembre de ese año, un misil de defensa aérea ucraniano cayó en la localidad polaca de Przewodow y mató a dos personas. En septiembre de 2025, cerca de 20 drones rusos que penetraron en espacio aéreo polaco fueron derribados o se estrellaron. Rumania y Moldavia figuran entre los otros países europeos alcanzados por proyectiles en ese período.
Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.
La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
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La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.
Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.
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La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.
Rechazo a la Ley de Propiedad Privada
En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.
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La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.
Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
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La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Una fecha con historia
La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.
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El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.
“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
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El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.
Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.
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Un agosto cargado de protestas
La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.
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El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
Para un productor que alquila un campo, una hectárea de soja deja apenas US$42,77 de margen. En tanto, el Estado recauda US$745,16 por hectárea entre retenciones e impuestos por esa misma superficie, un monto 17 veces superior al margen que obtiene el productor. Esa es la conclusión central de un informe elaborado por el productor y exsecretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, quien sostiene que el principal factor que deteriora la rentabilidad del cultivo no son los alquileres rurales, como plantean algunos expertos, sino la presión tributaria que soporta la actividad.
El trabajo, titulado “Son las retenciones, estúpido”, surgió como respuesta a discusiones que se generaron en las últimas semanas sobre el impacto de los alquileres en la rentabilidad de la soja. “Yo quise demostrar que el problema no son los alquileres, sino las retenciones”, explicó Roulet a LA NACION. Para hacer la simulación, Roulet partió de un rendimiento de 3,8 toneladas de soja por hectárea y un valor FOB de US$460 por tonelada, lo que arroja un ingreso bruto de US$1748 por hectárea. Sobre ese monto aplicó la actual alícuota del 24% de derechos de exportación, equivalente a US$419,52 por hectárea.
A partir de allí incorporó los costos directos e indirectos de producción, la carga impositiva y un alquiler equivalente a 16 quintales por hectárea, uno de los valores que hoy son habituales en muchas zonas agrícolas de la región núcleo. El resultado final fue un margen de apenas US$42,77 por hectárea para el productor que arrienda el campo.
Según el informe, entre retenciones y otros impuestos el Estado capta el 43% del ingreso generado por una hectárea de sojamarcelo-manera-7533
En paralelo, calculó cuál es el ingreso del propietario de la tierra. Según su simulación, quien alquila el campo recibe US$544 por hectárea, pero luego de descontar infraestructura, gastos administrativos e impuestos obtiene una renta neta de US$208,41, equivalente al 1,2% anual sobre un valor de la tierra estimado en US$18.000 por hectárea. “Si vos sacás el alquiler que paga un productor, el dueño del campo obtiene apenas un 1,2% de rentabilidad sobre el capital tierra. Para el productor el alquiler es muchísimo y para el dueño del campo tampoco representa una renta extraordinaria”, sostuvo.
De acuerdo con el informe, el mayor beneficiario de esa hectárea es el Estado, que se queda con un total de US$745,16 por hectárea, equivalente al 43% de lo que genera la producción. Esa cifra surge de sumar dos cargas tributarias distintas: por un lado, unos US$490 que resigna directamente el productor que arrienda el campo, entre retenciones, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque; por otro, unos US$255 adicionales que paga el dueño del campo por el solo hecho de cobrar el alquiler, en concepto de Ganancias, Inmobiliario Rural, Sellos e Ingresos Brutos. Es decir: cada eslabón de la cadena —el que produce y el que alquila la tierra— es alcanzado por su propia batería de impuestos, y ambas terminan sumando ese 43% en manos del Estado. Vale recordar que las retenciones son una suerte de impuesto al precio que se restan al valor de exportación.
Con esos números, el exfuncionario rechazó que el debate deba centrarse en los arrendamientos. “El alquiler lo fija la oferta y la demanda. Hay pocos campos disponibles y mucha competencia por acceder a ellos. El problema es otro”, afirmó.
Para reforzar esa idea, el trabajo incorporó un segundo escenario hipotético en el que se eliminan completamente los derechos de exportación. Allí el productor pasaría de ganar US$42,77 a US$89,97 por hectárea, más del doble. El propietario del campo elevaría su rentabilidad del 1,2% al 1,7%, mientras que el Estado seguiría recaudando US$587,6 por hectárea, aunque su participación sobre el ingreso total bajaría del 43% al 33%.
Roulet sostiene que eliminar las retenciones mejoraría el margen del productor y elevaría la rentabilidad de la actividad, sin eliminar la recaudación tributariaUnplash/ Daniela Paola Alchapar
“Si sacamos las retenciones, el productor ya tiene una rentabilidad del 7% u 8%; el dueño del campo mejora su ecuación y el Estado sigue quedándose con el 33% de la producción [con otros tributos]”, explicó.
Además, Roulet cuestionó el esquema de reducción gradual de las retenciones dispuesto por el Gobierno desde enero próximo. A su entender, un cronograma de bajas mensuales hasta 2028 puede generar distorsiones en el mercado porque muchos productores necesitan vender antes de que se concreten las reducciones y no cuentan con financiamiento suficiente para esperar. También señaló que el acceso al crédito, especialmente para pequeños y medianos productores, continúa siendo limitado. En el documento también sostuvo que una presión tributaria de esa magnitud tiene un efecto confiscatorio y citó antecedentes de la Corte Suprema para respaldar esa postura. A manera de conclusión, Roulet afirmó: “El problema en el cultivo de la soja no es que los alquileres sean altos; el problema son las retenciones”.
Los trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y fortalecer el servicio de salud.
A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se licitarán intervenciones edilicias para el establecimiento sanitario crespense. El proyecto contempla el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de una nueva infraestructura para la reserva de agua, con un plazo de ejecución de 180 días corridos.
La apertura de sobres de la licitación pública Nº 06/2026 se realizará el lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Se prevé el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, además de la colocación de nueva zinguería y la adecuación del sistema de escurrimiento pluvial para prevenir filtraciones.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación estratégica que se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Salud y se orienta a fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio provincial. “Estas intervenciones permitirán mejorar el funcionamiento del hospital y brindar mayor seguridad a pacientes y trabajadores. Además, adecuarán los espacios frente a las demandas actuales del sistema de salud, ampliando la capacidad de respuesta y la calidad de las prestaciones en su zona de influencia”, expresó. Su par de Salud, Daniel Blanzaco, precisó: “Dicho establecimiento, además, cumple un rol estratégico para toda esta región. No sólo brinda respuesta a los vecinos de Crespo, sino también de localidades cercanas como General Racedo y las aldeas María Luisa, San Rafael, Santa Rosa, entre otros puntos del departamento Paraná. Su ubicación, muy próxima a la Ruta Nacional 12, lo convierte en un efector clave para la atención de emergencias y para garantizar el acceso oportuno a la salud”.
Además, las refacciones contemplan la demolición de estructuras deterioradas, el reemplazo de canaletas y la ejecución de un nuevo sistema de desagües con caída libre. También se repararán y serán reemplazadas las veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales; serán retirados y reubicados los tanques existentes, al tiempo que se construirá un nuevo tanque cisterna con sistema de bombeo y se procederá a pintar el exterior de los sectores intervenidos.
Con importante volumen operado en el segmento de contado de USD 686,2 millones, el dólar mayorista restó tres pesos a 1.485 pesos. Después de tres bajas consecutivas, el tipo de cambio redujo la ganancia del mes de julio a solo tres pesos o 0,2%, para volver a perder contra la inflación, estimada por las consultoras levemente debajo de 2 por ciento.
“En la semana finalizada hoy el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, muy lejos de la suba de 19 pesos registrada en la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambios.
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El dólar mayorista terminó el mes a 359,87 o 24,2% de la banda superior del esquema cambiario, en 1.844,87 pesos. En base a una inflación minorista de 1,9% en junio, el techo de las bandas se ampliará a fin de agosto a $1.879,92, esto es 364,92 pesos más que el contrato de dólar futuro para el cierre del mes próximo en 1.515 pesos.
Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, expresó que “superando el ‘efecto Lelink’, el dólar mayorista transita otra rueda de mayor calma y así es que sigue en los $1.490, aflojando algo también por el repunte de las tasas cortas que podría ir abriendo espacio a apuestas en pesos de aquellos operadores más tácticos. El debate continúa focalizado en el ‘mix’ de políticas necesario para esta etapa. Esto es en busca de que continúe la desaceleración de la inflación pero aquellas actividades más rezagadas -y el consumo- puedan ir recuperando mayor dinamismo, clave frente a los tiempos electorales que se avecinan”.
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El dólar al público finalizó sin variantes este viernes a $1.510 para la venta en el Banco Nación. En julio avanzó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.511,12 para la venta y $1.460,14 para la compra.
El dólar blue cayó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.560, para redondear una ganancia en julio de 45 pesos o 3 por ciento.
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“Si bien seguimos considerando que el Banco Central favorece una mayor flexibilidad cambiaria, preservar el proceso de desinflación continúa siendo la prioridad, lo que sugiere que las herramientas de intervención podrían volver a cobrar relevancia si la volatilidad externa se intensifica”, comentó Adcap Grupo Financiero en un reporte. “Los datos de actividad de mayo confirmaron que la recuperación doméstica sigue siendo desigual, aunque la fortaleza sostenida del superávit comercial continúa reforzando la mejora de las cuentas externas de Argentina”, resaltó.
“El crecimiento de las exportaciones energéticas y el fuerte superávit comercial representan uno de los cambios estructurales más importantes de la economía argentina. En el primer semestre, la balanza comercial acumuló un superávit de USD 13.923 millones, superando incluso el resultado de todo 2025 (USD 11.320 millones)”, consignó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.
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“Más allá del monto, lo relevante es que el ingreso de divisas empieza a depender cada vez menos exclusivamente del agro y se diversifica hacia sectores como energía y minería, que presentan una menor estacionalidad y no dependen del clima. Esto reduce la volatilidad histórica del ciclo de generación de dólares y fortalece la estabilidad cambiaria de mediano plazo”, agregó Botto.
Fuerte ingreso de dólares por ON
“Con el cepo cambiario activo y las tasas en pesos en baja, el primer semestre de 2026 cerró con la mayor cantidad de emisiones de los últimos tres semestres. Las emisiones hard-dollar consolidaron su rol como el motor del financiamiento corporativo, mientras que el instrumento dollar-linked perdió atractivo, las emisiones PyME ganaron protagonismo y el fideicomiso volvió a crecer”, evaluó Francisco Vignati, analista de Financiamiento de Cohen Aliados Financieros.
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“El hard-dollar -las Obligaciones Negociables emitidas y pagaderas en dólares- fue el verdadero motor del financiamiento. Sumó USD 8.285 millones en el primer semestre de 2026 a lo largo de 94 series, un 13,3% más que un año atrás, aunque apenas por debajo del pico del segundo semestre de 2025 (USD 8.690 millones), que se había beneficiado por un rebote postelectoral”, añadió Francisco Vignati.
En este aspecto, Adcap Grupo Financiero aportó que “gran parte del mercado de bonos corporativos argentinos ya cotiza con spreads ajustados, pero el sector de utilities sigue siendo una de las pocas excepciones. Continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable”.
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Además Cocos Capital destacó que “las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires están emitiendo deuda en los mercados internacionales al ritmo más alto desde 2017, mientras el Gobierno nacional se mantiene al margen de nuevas colocaciones de bonos soberanos. Desde noviembre de 2025 -tras las elecciones legislativas- hasta julio de 2026, seis jurisdicciones colocaron deuda externa por un total cercano a los USD 4.900 millones, en siete operaciones distintas (CABA salió dos veces”).
La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su satisfacción por el acuerdo que establece el desarme de Hamas en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio, confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que la confirmación del pacto constituye la única señal alentadora en una región marcada por la guerra. “El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza es la única buena noticia en días recientes”, aseguró.
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“Lo que había comenzado como un conflicto regional hace seis meses se convirtió en un motivo de inestabilidad global”, agregó. Además, el máximo responsable de Naciones Unidas remarcó ante la prensa que los combates deben terminar “en todos los frentes” de la región.
El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos prevé que Hamas entregue sus armas en Gaza y que, una vez completado ese desarme, las fuerzas israelíes se retiren del territorio, mientras una Fuerza Internacional de Estabilización y una nueva fuerza policial palestina asumen tareas de seguridad, con el almacenamiento de armamento bajo supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza.
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Desde la Unión Europea, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, destacó el plan para desarmar a Hamas en Gaza como “un paso constructivo hacia la paz” si se ejecuta en su totalidad. “Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes”, advirtió la diplomática.
Kallas afirmó que verificar el cumplimiento “será un reto importante” y que Israel deberá retirarse de Gaza “con el tiempo”. Además, aseguró que el bloque europeo está “preparado para apoyar los próximos pasos”, incluyendo la entrada del Comité Nacional, el futuro gobierno tecnocrático palestino y la Fuerza Internacional de Estabilización.
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La funcionaria recordó: “La Unión Europea es el mayor donante humanitario de Gaza”, y que en julio destinó 900 millones de euros para la recuperación del territorio.
La noticia del acuerdo se conoció después de que el presidente Donald Trump anunciara que la Junta de Paz alcanzó un pacto para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza. Trump calificó el entendimiento como un paso “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave y precisó: “El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.
“Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y se ha portado muy bien”, aseguró Trump a los periodistas en la residencia presidencial de Camp David.
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El acuerdo fue mediado por Estados Unidos, con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, además del responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov. El texto establece que, tras el desarme, la administración de Gaza pasará a un nuevo gobierno palestino, mientras una fuerza internacional acompañará el proceso de transición y estabilización.
La implementación del acuerdo requiere la coordinación de las partes y una verificación constante para evitar incumplimientos.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este entendimiento, al que la ONU considera el único avance positivo en una región marcada por la violencia y la inestabilidad.
