Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) animaron este martes en Paraná la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y de los Corredores Bioceánicos, un evento que incluyó advertencias por la situación económica, reclamos por las rutas nacionales y un mensaje por la coyuntura social: “Los gobernadores e intendentes fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos”.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana desde las 10 de la mañana y fue inaugurado por el trío de mandatarios, que trazó una análisis respecto a la actualidad del país, al tiempo que analizó el vínculo de los distritos con la administración de Javier Milei y los principales desafíos que observan desde las gobernaciones.
Mensaje de los gobernadores de la Región Centro a Nación
La jornada comenzó con una reunión de la Mesa Ejecutiva de la Reunión Centro, liderada por Frigerio, presidente pro témpore del bloque. Acto seguido, los jefes provinciales ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron diversos temas, con los debates por la reforma electoral y el Presupuesto 2027 como telón de fondo.
Uno de los más confortativos fue el cordobés Martín Llaryora, que viene endureciendo su discurso con la Casa Rosada. El líder mediterráneo protestó por la eliminación del programa Remediar y lanzó una advertencia: “Fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos”.
Acto seguido, manifestó que la macroeconomía “tiene que ser un punto que sirva al desarrollo y a la generación de trabajo”. “El ajuste constante y constante, sin crecimiento económico, hace que el programa no pueda ser efectivo en el tiempo”, advirtió.
Y completó: “Este Presupuesto tiene que tener una reflexión, que pueda sostener parámetros macroeconómicos pero con una visión productiva, más vinculada al trabajo y a la defensa de las pymes”.
A su turno, Maximiliano Pullaro sumó: “Compartimos las mismas penas. Un traspaso de responsabilidades por parte del orden nacional y una caída única de recursos, comparable con la crisis del 2001. Gobernar en este contexto es muy difícil. Además, con una demanda social creciente. A la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes”.
En referencia al estado de las rutas, el litoraleño mencionó que tienen la expectativa de que en los próximos meses “pueda haber una inversión en función del programa que llevó adelante Nación con las licitaciones para, al menos, tapar los pozos que tienen las rutas nacionales”.
Los gobernadores de la Región Centro se reunieron en Entre Ríos.
En otro pasaje, los gobernadores se refirieron a la reforma electoral, con eje en la discusión por las PASO. Al respecto, Pullaro defendió la implementación de las primarias en Santa Fe, pero defendió la suspensión a nivel nacional.
“Ya me manifesté a favor de la disolución de las PASO en el orden nacional. Mi provincia tiene PASO, pero no es una contradicción. Yo soy producto de una PASO. Desde el 2007 en adelante la provincia la usó con mucha nitidez. No vi que la PASO sirva para algo en el orden nacional”, se excusó.
Llaryora, en tanto, se mostró más cauto. Recordó que Córdoba no tiene internas abiertas y se mostró abierto al debate. No obstante, puso el acento en cómo se van a resolver los temas electorales y destacó que su provincia fue pionera en la Boleta Única Papel (BUP). Finalmente, pidió tener en cuenta el financiamiento del sistema: “Hay que tener todos los controles necesarios para que no ingrese el narcotráfico”. Esos dichos fueron celebrados por su colega de Santa Fe.
Rogelio Frigerio, en tanto, aclaró que “no son temas que le quiten el sueño a los argentinos” y sostuvo que “no le dedican mucho tiempo a la discusión”. De todos modos, en ocasiones anteriores ya se había mostrado proclive a acompañar la suspensión. “Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”, reflexionó.
Cabe recordar que Entre Ríos también tiene PASO. En el distrito dan cuenta de que la suspenderán aunque por ahora no hay nada firme. Hasta ahora, solo Chaco dio de baja la modalidad para el 2027.
Del acto participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone; además de otras autoridades provinciales y legisladores.
La agenda incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.
Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.
El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó a la AGN el informe completo de auditoría y al BCRA información sobre las normas, los funcionarios y los controles que intervinieron en las operaciones con derivados financieros. La investigación apunta a determinar cómo se tomaron las decisiones y si hubo un perjuicio para el Estado.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación por las operaciones financieras realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con derivados cuyo subyacente fue el oro, que durante 2025 habrían arrojado resultados negativos por u$s1.023 millones, equivalentes a $1,46 billones a valores de cierre.
En un dictamen presentado al juez Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó requerir documentación a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al propio Banco Central para reconstruir las operaciones, identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar si las decisiones se ajustaron a las normas vigentes.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio de la entidad, Juan Ernesto Curutchet, publicó Ámbito.
Los u$s1.023 millones bajo la lupa
El punto de partida es el informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026. Según los datos citados en la denuncia, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron una pérdida de $1.469.155 millones, equivalente a u$1.023 millones, con egresos de divisas.
Ese resultado se compone de $1.400.793 millones – unos u$s 960,2 millones – registrados en la cuenta “Resultado negativo por opciones” y otros $68.362 millones – u$s62,8 millones – correspondientes a primas de opciones.
El informe también consignó que, durante el mismo ejercicio, la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización. La coexistencia de esos resultados es uno de los puntos centrales de la controversia entre la lectura del denunciante y la explicación oficial sobre las operaciones.
La denuncia sostiene que la estrategia financiera habría limitado la posibilidad de capturar la suba del metal. Según la presentación, el oro aumentó cerca de un 65% durante 2025 y las operaciones habrían reducido el resultado económico que podía obtenerse por la revalorización de las reservas.
Dalbón planteó que la estrategia podría haber consistido en un collar, una estructura financiera que combina la compra de una opción para establecer un piso de precio con la venta de otra que fija un techo. En ese esquema, si el valor del oro supera el límite acordado, pueden generarse obligaciones de pago por la diferencia.
La existencia de una pérdida contable, por sí sola, no demuestra que haya existido un delito. La investigación deberá establecer las condiciones concretas de contratación, los pagos efectuados y las razones económicas que justificaron las decisiones.
Qué le pidió Pollicita a la AGN
Una de las medidas solicitadas consiste en obtener el informe completo de auditoría aprobado por la AGN, junto con la documentación que respalda sus conclusiones. El fiscal pidió que el organismo remita también las eventuales disidencias parciales y sus fundamentos, además de los papeles de trabajo relacionados con las operaciones y los resultados registrados en las notas contables correspondientes.
Asimismo, solicitó la respuesta que brindó el Banco Central frente a las observaciones de los auditores y que se informe si hubo actuaciones posteriores vinculadas con esos cuestionamientos.
En el dictamen, Pollicita explicó el objetivo de las medidas: “Delimitar con mayor precisión la plataforma fáctica objeto de análisis, reconstruir el marco de las operaciones involucradas y determinar su alcance”.
El fiscal también busca identificar las circunstancias y las personas que participaron en las decisiones, para evaluar su eventual relevancia penal.
El foco en las facultades de Caputo y las autoridades del BCRA
La segunda medida está dirigida al Banco Central. Pollicita pidió que informe cuál era el marco normativo aplicable a las decisiones sobre la administración, disposición y contratación de operaciones relacionadas con las reservas de oro.
En particular, reclamó precisiones sobre las facultades de las distintas áreas y funcionarios, los procedimientos de instrumentación y aprobación, los controles internos y las instancias de supervisión previstas.
El requerimiento incluye otro punto: las posibles comunicaciones entre el Ministerio de Economía y el BCRA sobre el manejo de las reservas de oro y las operaciones con derivados.
En concreto, el fiscal pidió que la entidad informe “si, entre el año 2025 y la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación” sobre esos asuntos. En caso afirmativo, deberá aportar las constancias y actuaciones correspondientes.
La medida apunta a esclarecer cómo se adoptaron las decisiones, qué funcionarios participaron y si existieron instrucciones o intervenciones desde el área económica del Gobierno.
Los delitos denunciados
El abogado Dalbón sostuvo que los hechos podrían encuadrar en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
También cuestionó la explicación oficial sobre la naturaleza de las operaciones. En su presentación, afirmó que calificar una transacción como cobertura no resuelve por sí mismo el interrogante sobre su legalidad.
Según el denunciante, la cuestión relevante es “su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió”.
La denuncia también planteó interrogantes sobre la ubicación y el destino del oro involucrado, a partir de versiones públicas que mencionaron reservas depositadas en Londres, en Suiza y en las bóvedas del propio Banco Central.
Ese aspecto forma parte de los cuestionamientos presentados, aunque las medidas concretas propuestas por Pollicita en este dictamen se concentran en la auditoría, el marco normativo y las decisiones institucionales.
Por último, el fiscal pidió que, una vez cumplidas las medidas de prueba, se le otorgue una nueva vista para evaluar cómo continuar con la investigación.
De este modo, la fiscalía busca establecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera legítima, cuáles fueron sus costos efectivos y si las autoridades responsables actuaron dentro de sus atribuciones. La respuesta del BCRA y la documentación de la AGN serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Nueva Jersey (Enviado Especial) – La segunda jornada de GM Global Markets Driving 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, volvió a generar noticias para el mercado automotor argentino. Fabio Rua, vicepresidente y director de Comunicaciones de General Motor Sudamérica, dijo que “Argentina es un mercado prioritario para Cadillac” y su expansiónen la región, luego que Brasil comenzara a comercializar tres modelos eléctricos el mes pasado.
Luego de la confirmación de la víspera, durante el primer día de este evento que concentra a mercados de General Motors de todo el mundo, cuando se confirmó que serán tres los modelos SUV que Chevrolet planea exportar a la Argentina apenas entre en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos, Infobae entrevistó en exclusiva al ejecutivo brasileño para conocer su mirada del cambio que tendrá el mercado automotor a partir de este cambio de situación.
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“Este es un momento único” dijo Rua. “La posibilidad de ingresar vehículos producidos en Estados Unidos al mercado argentino es importante no solo para Argentina, sino para toda Sudamérica. Históricamente no podíamos importar vehículos estadounidenses. Ahora, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador tienen acuerdos con Estados Unidos; Brasil todavía no, aunque ya está en proceso de hacerlo también”, explicó.
La referencia del ejecutivo tiene directa relación con la decisión que tomó el Gobierno argentino de modificar el procedimiento de homologación de vehículos importados que cumplen las normas de seguridad estadounidenses, hecho ocurrido el pasado 26 de agosto.
Si bien esa novedad pareció tener como objetivo facilitar la llegada de Tesla al mercado argentino, fue tomada por Rua como un beneficio para las marcas americanas en general.
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“Chevrolet dispone de productos que todavía no se comercializan en Sudamérica y estamos evaluando venderlos en los países de la región. Eso permite ampliar el portafolio con modelos destinados a segmentos específicos, de nicho, donde hay clientes interesados”, explicó.
Respecto a la confirmación de los planes para vender los SUV Travers, Tahoe y Suburban, dijo que “son vehículos que amplían la oferta hacia segmentos de mayor tamaño. Hoy hay personas que los importan por su cuenta, pero eso presenta dificultades, porque ante un inconveniente, la red de Chevrolet no tiene la obligación de prestar servicio sobre esas unidades. Si Chevrolet los importa de forma oficial, los clientes podrán tener respaldo de la red, posventa y servicio, que es especialmente importante en vehículos de alto valor”, afirmó.
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La pregunta fue inevitable, Cadillac empezó a venderse en Brasil el mes pasado con tres modelos 100% eléctricos, incluso cuando en ese país todavía no están homologados automáticamente los vehículos originarios de Estados Unidos.
“En Brasil tenemos los modelos eléctricos Optiq, Vistiq y Lyriq. Son los vehículos más tecnológicos de nuestro portafolio y todavía llegan cumpliendo con el estándar de seguridad europeo. La idea es ampliar la presencia de Cadillac en la región cuando estén dadas las condiciones. Argentina es prioritario, quizás el principal mercado después de Brasil, así que lo estamos estudiando, junto con Colombia y Chile.
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Respecto a la posibilidad de importar el SUV Escalade a la región, uno de los vehículos más exitosos de Cadillac en la actualidad, Rua dijo que “nos gustaría tener la posibilidad de vender la Escalade en Brasil. Argentina tiene dos ventajas: cuenta con un estándar de seguridad aceptado y ahora tiene cupos. Eso podría permitir importar productos del portafolio Cadillac, aunque todavía no hay una decisión corporativa tomada”, aclaró.
Respecto al cupo de 10.000 autos que Argentina podrá importar sin pagar arancel de importación extrazona cada año una vez que se ponga en marcha el acuerdo comercial con Estados Unidos, Rua dijo que esperan que eso ocurra pronto, pero no puede garantizar que los tres modelos de SUV lleguen necesariamente en 2027.
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“Queremos importarlos lo antes posible. No puedo precisar una fecha. Tenemos más productos en nuestro portafolio y nos gustaría poder venderlos en Argentina”, afirmó. Y ante la pregunta respecto a si volver a vender Chevrolet Corvette en el mercado local es una posibilidad gracias a este acuerdo bilateral, contestó que “todos los vehículos de General Motors podrán estar alcanzados por este cupo. Corvette también, por supuesto. Es parte de Chevrolet”.
Finalmente, el Vicepresidente de GM Sudamérica se refirió a la producción regional también.
“Poder importar autos con las normas de Estados Unidos es una oportunidad relevante, pero el compromiso con la manufactura local se mantiene. La apertura permitiría contar con un portafolio más completo, mientras se preservan las características de la producción regional, que es la que concentra los mayores volúmenes”.
Un centro de estudios aseguró que el discurso extremo en Israel creció, de cara a las elecciones que se disputarán el próximo 27 de octubre. El análisis destacó diversas frases del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a las que catalogaron como parte de una “incitación” con foco en las identidades árabes, palestinas y el conflicto en Gaza.
Se trata de un análisis del centro de estudios israelí OFEK, en el que enumeró al menos 227 comentarios extremos realizados este año por funcionarios, como parte de un proyecto en curso que rastrea la incitación.
Aunque Netanyahu no utilizó la retórica de sus aliados de extrema derecha, hace campaña con el lema “derecha o Palestina”, algo señalado por algunos como válido en relación con la incitación.
Elecciones en Israel: aseguran que creció el discurso extremo de los políticos
Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un ministro de Defensa afirmó que el ejército estaba combatiendo a “animales humanos” en Gaza. Sudáfrica citó esas declaraciones para acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, algo que la gestión de Netanyahu rechazó.
Por otro lado, un comentarista a favor de Netanyahu calificó como “mono” al rival más cercano del primer ministro, Gadi Eisenkot, un comentario ampliamente considerado como un insulto contra la población mizrahim de Israel, judíos con raíces en el mundo árabe.
Algunos comentarios extremos apuntaron a los ciudadanos árabes, que tienen derecho a votar y a ocupar cargos públicos. No obstante, la mayor parte del discurso se dirige a los palestinos en Gaza y en la Cisjordania, un territorio ocupado donde la violencia de los colonos judíos se disparó y se realizan pocas detenciones.
Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un ministro de Defensa afirmó que el ejército estaba combatiendo a “animales humanos” en Gaza.
ONU
En toda Cisjordania, plagada de controles de carretera y barreras para los palestinos, el árabe en algunas señales de tráfico fue borrado con pintura. “Aquí enfrentamos ataques de colonos todo el tiempo”, aseguró a AP el dueño de un comercio en una carretera de la zona, Mouayad Oweis.
Afuera de su local, el mes pasado se colocaron banderas israelíes y el propio Oweis fue amenazado si las retira. Por otra parte, el fundador del monitor israelí de desinformación FakeReporter, Achiya Schatz, aseguró que este tipo de discursos es “interminable” y “bastante habitual”.
Algunos ejemplos de la incitación del discurso israelí
Entre las citas textuales que tomó la organización como ejemplos de incitación al discurso extremo, destacaron un testimonio del líder del partido Zehut, Moshe Feiglin: “Se debe obligar a los residentes de Gaza a abandonar sus hogares; deben ser expulsados por todos los medios posibles, como cortarles el agua, y quien quiera beber una botella se irá. Matarlos a todos sería increíble”.
Por otro lado, un comentarista a favor de Netanyahu calificó como “mono” al rival más cercano del primer ministro, Gadi Eisenkot.
Por otro lado, siguió un comentario del miembro del Parlamento, Zvi Sukkot, sobre miembros árabes de la cámara: “Son una ‘quinta columna’ en todo el sentido del término, fervientes admiradores de Hamás que sueñan con el día en que puedan destruirnos a todos”.
“Cualquiera que haya elegido estudiar medicina en instituciones que sirven como incubadoras del terrorismo y de la negación de la existencia del pueblo en Israel (…) no puede formar parte del sistema sanitario israelí”, aseguró en otra ocasión el también parlamentario Limor Son Har-Melech sobre trabajadores médicos árabes.
Por último, el ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu: “Si el Estado de Israel no se hubiera establecido, y si no hubiera ayudado a la población a la que pertenecen Walid y sus amigos a cursar estudios superiores, todavía estarían montando camellos”.
El riesgo país tocó este martes los 710 puntos básicos en el arranque de la rueda —su máximo nivel desde octubre de 2025— y acumuló ocho jornadas consecutivas en alza. En este escenario, tres economistas de primera línea intentaron explicar ante un auditorio repleto en el Alvear Palace Hotel por qué el indicador de JP Morgan se mueve en dirección contraria a los fundamentos de la economía. “Es un comportamiento que supera la lógica”, reconoció Miguel Kiguel, exsubsecretario de Financiamiento, durante el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina (AUTA).
A su lado, el exdiputado y economista Luciano Laspina y el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, coincidieron en un diagnóstico que osciló entre el reconocimiento de los avances macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y la advertencia de que, sin resolver cinco asignaturas pendientes, la economía seguirá creciendo solo para los sectores considerados “ganadores”, como la energía, la minería y la economía del conocimiento.
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La situación fiscal “es envidia de Europa”, pero el riesgo país subió 150 puntos en un mes
Kiguel arrancó su discurso con lo que llamó “la foto”: el contraste entre la economía que recibió Milei en diciembre de 2023 y la actual. La inflación pasó de un pico del 25% mensual al 2%; la brecha cambiaria se achicó desde niveles del 200%; las reservas netas saltaron de menos USD 12.000 millones a cerca de USD 12.000 millones positivos; la pobreza cayó y se eliminaron las SIRAs, los controles de precios y buena parte de la maraña regulatoria que ahogaba al sector privado. “La situación fiscal es envidia de Europa, de Estados Unidos, de todos”, afirmó, y sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas “es algo que está para quedarse” porque “la sociedad lo valúa”.
Sin embargo, la película cuenta otra historia. El riesgo país —que mide la brecha de tasas entre los bonos soberanos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos— subió 150 puntos básicos en el último mes, un 28%, después de haber tocado un mínimo de 403 puntos el 10 de julio. Los bonos Globales con ley extranjera acumulan una caída del 6% en cuatro semanas, con retrocesos superiores al 7% en los tramos más largos de la curva.
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“¿Por qué tenemos un riesgo país de 700 puntos en un país que tiene equilibrio fiscal, capacidad de pago, cuenta corriente equilibrada y exportaciones subiendo?”, se preguntó Kiguel. Brasil tiene un riesgo país de 200 puntos, Uruguay de 70 y Chile de 70. El promedio de los países latinoamericanos con calificación similar a la argentina ronda los 350. “No sé si va a seguir subiendo. Es un comportamiento que ya supera lo que sería la lógica”, admitió.
Para Kiguel, la desconexión entre los fundamentos y el precio de los bonos se explica por una combinación de al menos tres fragilidades. La primera es la historia: “La Argentina defaultea como nada. Voy a la panadería y defaulteo”, graficó. La segunda son las reservas, que si bien mejoraron, siguen siendo insuficientes para un país cuya deuda —equivalente al 37% del PBI— está denominada casi en su totalidad en moneda extranjera. La tercera es el riesgo político: las elecciones presidenciales de 2027 ya empezaron a cotizar en los precios. “No es una fija que gana Milei. Puede, pero puede que no. Y si viene otro, no sabemos si viene alguien razonable”, advirtió.
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A eso se suma, según el economista, que la Argentina agotó la capacidad de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y que no aprovechó la ventana que se abrió a comienzos de año para volver a los mercados internacionales de deuda. “Hubiera despejado esto, pero no la aprovechamos”, lamentó.
Reservas: se necesitan USD 60.000 millones y hay USD 12.000 millones
Los tres panelistas pusieron a las reservas internacionales en el centro del problema. Kiguel destacó que el Banco Central (BCRA) lleva comprados unos USD 15.000 millones en lo que va del año —un cambio sustancial respecto de 2025— y que el boom exportador genera una circulación de dólares en la economía que representa “un cambio estructural”. Pero las cuentas de largo plazo son exigentes: los países de la región mantienen reservas equivalentes al 8% o 10% del PBI, lo que para la Argentina implicaría entre USD 60.000 y USD 70.000 millones. “Hoy estamos en USD 12.000 millones. Si seguimos acumulando, en varios años podremos tener el nivel que la Argentina necesita para estar tranquila”, proyectó.
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Redrado fue más directo. Con un gráfico que cruzaba reservas y riesgo país en distintas naciones, mostró que “hay una relación directa” entre ambas variables. Mientras Chile tiene reservas equivalentes al 13% del PBI, la Argentina llega al 7,3% con una medición generosa que incluye el swap con China y los repos del BCRA. El expresidente del Central observó que el organismo reaccionó ante la suba del riesgo país y aceleró las compras en octubre —ya suma USD 1.000 millones en el mes, el triple de todo septiembre—, pero advirtió que eso no alcanza para despejar las dudas del mercado.
Un programa financiero que perdió respaldo
Redrado profundizó en lo que consideró el flanco más vulnerable: la política financiera. El programa del equipo económico, que “cerraba bien en julio”, perdió solidez en las últimas semanas. En las últimas cinco licitaciones no hubo demanda de Bonares —los títulos en dólares con ley local—, y la Secretaría de Finanzas dejó de emitir el AO29 para no convalidar tasas superiores al 12% anual.
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Cuando se mira la cuenta capital y financiera hacia 2027, el panorama se complica: los vencimientos de deuda en moneda extranjera ascienden a unos USD 20.000 millones, a lo que se suma la formación de activos externos —la dolarización de portafolios— que Redrado estimó en cifras similares a las de 2025. “Cuando hago las dos cuentas me dan USD 33.000 millones que faltan”, calculó. Esa brecha, sostuvo, es lo que está detrás de la suba del riesgo país.
El expresidente del BCRA también cuestionó que el mercado cambiario siga denominándose “único y libre”: “No es único, no es libre, porque hay intervención permanente del Banco Central”. Y señaló que la eliminación de las restricciones cambiarias “no va a ocurrir de acá hasta el final del período”, pero que la Argentina necesita una política monetaria, financiera y cambiaria de largo plazo con objetivos definidos, algo que todavía no tiene.
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El dólar cumple tres funciones y el Gobierno eligió una
Kiguel dedicó buena parte de su exposición a desarmar el debate sobre el tipo de cambio. Identificó tres roles simultáneos del dólar en la economía argentina: como precio que define la competitividad de las exportaciones y la industria; como ancla para estabilizar la inflación; y como activo financiero que compite con acciones y bonos, y que para los argentinos “es una obsesión”.
Según su lectura, el Gobierno optó por priorizar el rol estabilizador. Los precios subieron entre 21% y 22% en lo que va del año, mientras el tipo de cambio avanzó apenas 3% o 4%. “La conclusión es que hoy el tipo de cambio está cumpliendo el rol de estabilizador de la inflación”, explicó. Y agregó que no hay urgencia en modificar esa política porque los dólares siguen entrando, sobre todo de cara a un año electoral en el que la prioridad oficial será mantener la inflación baja.
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Sobre la dinámica de los precios, Kiguel fue categórico: la inflación mensual seguirá rondando el 2%, y la experiencia internacional indica que pasar de ese nivel a un dígito bajo anual lleva entre cinco y seis años. “Lo peor que uno puede hacer es no tener paciencia”, advirtió.
Quince años de estancamiento y el récord mundial que nadie quiere
Laspina planteó el cuadro más estructural del panel. A su juicio, la economía argentina está atrapada entre “una vieja Argentina que murió y una nueva que todavía no termina de nacer”. El ciclo de la vieja Argentina era conocido: el Estado subía el gasto, financiaba con emisión, generaba inflación, los argentinos huían del peso, se imponía el cepo y la brecha cambiaria alimentaba una construcción al “dólar celeste” y una industria protegida pero ineficiente. Resultado: 15 años de estancamiento con inflación, que Laspina calificó como “un récord mundial”.
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La nueva Argentina, según Laspina, es la que él bautizó como la “ArgenRIGI”: diez provincias que representan el 20% de la población y que concentran el boom de energía, minería y agro. A esos sectores se les dieron las cuatro condiciones que reclama cualquier inversor del mundo: baja de impuestos, estabilidad fiscal, acceso a divisas y seguridad jurídica, todo empaquetado en un contrato con prórroga de jurisdicción. El resultado es que hay unos USD 100.000 millones en proyectos en cola de espera para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Pero la paradoja, señaló Laspina, es que ese beneficio no se pudo extender al 80% restante. “Cuando el proyecto salió de la Cámara de Diputados era para todos los sectores; el Senado lo acotó tras la presión de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advirtió que si cualquier competidor accedía a beneficios fiscales diferenciales, la mitad de las fábricas existentes quebraría. No le pudimos dar el RIGI al 80% de los argentinos que están en el limbo entre la vieja Argentina y la del crecimiento”, resumió.
El dato que más le preocupa, dijo, es la tasa de inversión que lleva cinco trimestres consecutivos en caída y se ubica por debajo de la registrada durante el gobierno de Alberto Fernández. “Este es el dato más preocupante, porque es el verdadero termómetro de si la Argentina va a crecer o no”, enfatizó. “A pesar del enorme trabajo que se ha hecho, evidentemente no alcanzó.”
Cuatro teorías de la recesión y ninguna bala de plata
Laspina repasó las cuatro explicaciones que circulan entre los economistas para dar cuenta de la recesión de demanda. La primera es el atraso cambiario, pero objetó que devaluar implicaría que el BCRA compre más dólares y tenga que esterilizar los pesos resultantes, con riesgo inflacionario. “No me queda claro que apretar el botón de la devaluación sea una salida fácil”, dijo.
La segunda es la incertidumbre que generan la política monetaria y el cepo: la brecha entre la tasa pasiva de un plazo fijo y la activa de un préstamo personal es la más alta de los últimos treinta años, lo que frena el crédito y la monetización. La tercera es la transformación estructural derivada de la apertura económica, que Laspina consideró insuficiente como explicación porque en los años 90, ante reformas similares, los sectores no transables invertían con fuerza y hoy están en retracción. La cuarta es el riesgo político, que sin embargo no explica por qué la economía se frenó justo después de que Milei ganara las legislativas de 2025 y el riesgo país tocara los 400 puntos.
“Posiblemente las cuatro tengan algo de cierto. Ninguna per se explica todo. La conclusión es tan cierta como decepcionante: no hay una bala de plata”, sentenció.
Al cierre de la jornada bursátil, el riesgo país se ubicó en 681 puntos básicos tras haber perforado los 700 durante la mañana, mientras los tres economistas coincidieron en que el equilibrio fiscal llegó para quedarse, pero que sin resolver las asignaturas pendientes —reservas, cepo, regla monetaria, impuestos y acceso al crédito— el crecimiento seguirá concentrado en un puñado de sectores que representan apenas el 15% de la economía y una fracción mínima del empleo.
El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.
Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.
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En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.
Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.
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Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.
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En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.
La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.
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El cálculo que hacen en la Casa Rosada
Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.
Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.
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En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.
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Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.
Un hombre simuló ser cliente y asaltó una panadería de Paraná, ubicada en la intersección de calles Garrigó y Albariño. El delincuente amenazó a la propietaria con un arma, que sería una réplica, y sustrajo dinero en efectivo, una mochila y otros objetos personales.
Según informaron fuentes policiales, el individuo ingresó al establecimiento como un comprador habitual. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, habría exhibido el arma para intimidar a la comerciante y concretar el robo.
Tras apoderarse de las pertenencias, el sospechoso escapó del lugar. La denuncia motivó la intervención del personal de Comisaría Tercera, que inició las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido.
Identificaron al sospechoso y recuperaron elementos robados
Mediante entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al presunto autor del asalto en la capital entrerriana. Durante las diligencias posteriores, los efectivos recuperaron varios objetos sustraídos y localizaron prendas de vestir consideradas relevantes para la investigación.
Además, secuestraron una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a la víctima. Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos quedaron incautados y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.
Luiz Inácio Lula da Silva anunció que presentará ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una autorización para que se conozcan sus movimientos bancarios y registros telefónicos, así como los de sus cinco hijos, y condicionó la iniciativa a que el senador Flávio Bolsonaro haga lo mismo con su patrimonio, sus empresas y su entorno familiar. La propuesta se da a pocos días del balotaje del 25 de octubre, en una campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y cuestionamientos sobre el origen de los bienes de ambos candidatos.
El mandatario realizó el anuncio durante una actividad proselitista en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. Allí planteó que las autoridades revisen la información patrimonial de los dos espacios políticos para que los ciudadanos puedan conocer más detalles antes de elegir al próximo presidente.
Uno de los puntos que mencionó fue la compra de una propiedad por parte de Flávio Bolsonaro, valuada en unos u$s2 millones. Lula reclamó explicaciones sobre cómo se financió la operación y cuestionó que el senador pudiera pagarla al contado sin aclarar de dónde obtuvo los fondos.
“No puedo admitir que un ciudadano que es senador de la República, que ha ganado el mismo salario que el presidente, pueda comprar al contado sin explicar de dónde salió el dinero”, afirmó.
El presidente de Brasil sostuvo que su decisión también busca proteger su imagen y la de su familia frente a las denuncias que forman parte de la disputa electoral. También, pidió que las acusaciones sean examinadas por las autoridades y que los votantes cuenten con información para evaluar a los aspirantes.
La iniciativa llega después del primer debate televisivo entre ambos candidatos de este domingo, en el que los señalamientos sobre presuntas irregularidades y patrimonios familiares ocuparon buena parte de la discusión.
Luego del primer debate televisivo, Lula ofrece revelar sus datos privados y exige el mismo compromiso a Flávio Bolsonaro.
Canal 7
Protesta frente a Meta por presunto trato desigual durante la campaña
En paralelo a la disputa entre los candidatos, alrededor de 200 simpatizantes de Lula se manifestaron el lunes frente a las oficinas de Meta en São Paulo, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. La concentración fue organizada por la plataforma Não Se Meta y reunió a integrantes de organizaciones sociales y sindicatos, que reclamaron explicaciones por el supuesto trato desigual a los contenidos políticos de los dos postulantes.
Los manifestantes denunciaron que las publicaciones favorables al actual presidente habrían tenido menos difusión y que la herramienta de inteligencia artificial Meta AI habría rechazado pedidos para generar materiales a favor de Lula, mientras permitía producir contenidos relacionados con Flávio Bolsonaro.
Bajo el lema “Meta, no te metas en nuestra elección”, exigieron mayor transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas que administran y distribuyen publicaciones durante la campaña.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres para ejecutar trabajos de reparación en la escuela secundaria N° 20 Presbítero J. Bautista Rolando, ubicada en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay. La intervención, financiada con recursos provinciales, tiene como objetivo resolver problemas edilicios y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento educativo.
Los trabajos se definieron a partir de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay, en el que se detectaron filtraciones en las losas de las galerías y del Salón de Usos Múltiples (SUM), deterioro de las superficies y humedad sobre las instalaciones eléctricas. También se constató el desprendimiento de revestimientos en los sanitarios y filtraciones provenientes del espacio técnico ubicado entre ambos grupos sanitarios.
“Cada escuela debe contar con espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje. Esta obra en la escuela secundaria N° 20 de Concepción del Uruguay permitirá dar respuesta a problemas edilicios concretos y mejorar las condiciones en las que estudian los más de 500 chicos que asisten al establecimiento”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.
La intervención abarcará una superficie de 950 metros cuadrados. En el SUM, se retirarán y renovarán la membrana impermeabilizante y la carpeta cementicia en un sector de 84 metros cuadrados. Además, se repararán 839 metros cuadrados de losas de galerías mediante la colocación de velo y la aplicación de cuatro manos de membrana líquida. Por otra parte, en los dos grupos sanitarios se renovarán los revestimientos y los cielorrasos, que serán reemplazados por nuevos de PVC. También se instalará nueva iluminación y se repararán los inodoros y depósitos de descarga que presentan pérdidas o roturas.
Se presentaron ofertas correspondientes a las firmas Iqu S.A., Benedetti Miguel Ángel y Cooperativa de trabajo Suyaña Limitada.
De la apertura de sobres participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, el arquitecto Diego Romero; la jefa del Departamento Legal, la abogada Soledad Vidoz; la Jefa Zonal Departamento Uruguay, la arquitecta Claudia Ávalos; el coordinador de Departamentales de Escuelas del CGE, Sebastián Benedetti; el diputado provincial, Silvio Gallay, y representantes de las empresas oferentes.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil para compartir una instancia de diálogo sobre el Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV), con el propósito de incorporar distintas perspectivas al proceso de revisión y mejora de la herramienta.
El encuentro puso en valor la importancia de fortalecer los vínculos entre la justicia y las instituciones de la comunidad, reconociendo que el abordaje de la violencia de género requiere un compromiso compartido y la participación de actores con diferentes conocimientos, experiencias y responsabilidades.
La actividad fue abierta por la vocal Laura Mariana Soage, quien destacó la importancia de generar un espacio de escucha e intercambio con referentes que trabajan directamente en la temática. Para favorecer la instancia de colaboración, las y los participantes habían recibido previamente material sobre el SIAV y una propuesta de trabajo. Sobre esa base se desarrolló una ronda de diálogo en la que se registraron consultas, observaciones y propuestas vinculadas con las distintas dimensiones del sistema.
Desde de la Oficina de Violencia de Género (OVG), de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y de la Oficina de la Mujer (OM), e integrantes del equipo de trabajo del STJ se presentaron las características y el funcionamiento del SIAV, mediante una demostración de sus dos módulos: el formulario de denuncia y predictor de riesgo, y el de Alojamiento Seguro. También participaron integrantes de los equipos técnicos vinculados con su implementación.
La reunión complementó la presentación institucional realizada durante la mañana y abrió el proceso de desarrollo del sistema a las contribuciones de sectores externos al Poder Judicial. De esta manera, se promovió una instancia de participación que permitió sumar experiencias, identificar aspectos a mejorar y enriquecer la herramienta desde distintas miradas.
La implementación del SIAV representa una oportunidad para profundizar la articulación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia. En ese camino, el diálogo con universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales constituye un aporte relevante para fortalecer las políticas de abordaje y acompañamiento.
Con esta iniciativa, el STJ reafirma que una respuesta integral frente a las violencias requiere una justicia abierta al intercambio, capaz de construir vínculos de cooperación con la comunidad y de incorporar sus aportes para mejorar las intervenciones en beneficio de las personas afectadas.
Organizaciones participantes
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Área Salud Pública Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Dirección General de Estadísticas y Censo de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Hospital Escuela de Salud Mental; Comité de Psicoética Espacio, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); Oficina de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER); Facultad de Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER); Coordinación Administrativa Fonplata (Organismo de financiamiento);Representantes de la UNER (Vicerrectorado y Protocolo de Violencias); Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER); Asamblea Feminista y Áreas de Género (UADER); Asamblea Feminista Campaña por el Derecho al Aborto; Instituto de Derecho de Mujeres, Género y Disidencias; Instituto de Derechos de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Colegio de Psicólogos; Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries; Facultad de Ingeniería de la UNER;Secretaría de Género y Diversidad de AJER.
