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El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago argentino.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.

Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

El proyecto que reavivó el reclamo

El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó de manera directa el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, de completarse según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida en forma conjunta por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El campo, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.

La Cancillería argentina había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía resulta contraria a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a las concesiones, la contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto hacia su etapa productiva. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.

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La Justicia reconoció el derecho de propiedad registral de una familia sobre un terreno de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, pero rechazó el pedido de desalojo de una comunidad mapuche que ocupa esas tierras desde hace décadas.

La resolución fue dictada por el juez en lo Civil y Comercial de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, en el marco de una acción reivindicatoria iniciada por los herederos de Natalio Burd, quienes reclamaban la restitución del inmueble.

El magistrado consideró acreditado que los demandantes son titulares registrales de las tierras. Sin embargo, determinó que actualmente no ejercen la posesión del inmueble y que esa situación se encuentra en manos de la comunidad Paicil Antriao.

El expediente atravesó más de dos décadas de conflicto judicial. Durante ese período, los herederos de Burd intentaron obtener la restitución del predio a partir de los derechos que surgen de la documentación registral.

Pero el análisis de la prueba llevó al juez a una conclusión diferente respecto de la situación posesoria. Según el fallo, la documentación histórica y los demás elementos incorporados al expediente permitieron acreditar que la comunidad ejerce desde hace años una ocupación que presenta características de posesión tradicional.

De esta manera, la sentencia estableció una diferencia entre la titularidad registral del inmueble y la situación posesoria existente en la actualidad. Los herederos de Burd aparecen como titulares registrales, pero no ejercen actualmente el poder de hecho sobre las tierras, que se encuentran bajo el control de otras personas.

Ese punto resultó determinante para rechazar la acción reivindicatoria y, con ella, el pedido de restitución formulado por los demandantes.

La resolución también incorpora un análisis específico sobre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Astoul Bonorino tuvo en cuenta las normas constitucionales vinculadas con las comunidades originarias, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y distintos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado sostuvo, además, que la eventual existencia de un derecho de propiedad comunitaria indígena sobre las tierras no podía ser resuelta en este expediente. Esa cuestión, planteada por la comunidad durante el proceso, deberá ser analizada en la vía judicial o administrativa que corresponda.

Por eso, el fallo no implica el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la comunidad Paicil Antriao sobre el inmueble. Lo que hace es rechazar la restitución pretendida por los titulares registrales a partir de la situación posesoria acreditada durante el proceso.

El caso tiene además una dimensión institucional. En distintos pasajes de la resolución, el juez cuestionó la falta de avance del Estado nacional y provincial en el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160, destinado a determinar las tierras ocupadas por comunidades indígenas.

Para Astoul Bonorino, la falta de una definición administrativa contribuyó a prolongar durante años una controversia que terminó trasladándose al ámbito judicial. El relevamiento inconcluso, según el razonamiento expuesto en la sentencia, dejó pendiente una cuestión territorial que excede el conflicto particular entre la comunidad y los propietarios registrales.

La decisión, por lo tanto, no clausura la disputa sobre el inmueble. Los herederos de Burd mantienen el reconocimiento de su titularidad registral, pero no podrán obtener en este expediente la restitución que pretendían. En paralelo, la eventual discusión sobre la propiedad comunitaria indígena deberá continuar por la vía correspondiente.

La comunidad Paicil Antriao, en tanto, vuelve a quedar en el centro de una disputa territorial que lleva décadas y que se suma a otros conflictos registrados en Villa La Angostura.

De acuerdo con distintos relevamientos y antecedentes judiciales, la comunidad aparece vinculada a al menos 14 conflictos territoriales en la localidad, tanto con propietarios privados como con organismos estatales, entre ellos el municipio.

Tras conocerse la resolución, distintos sectores de Villa La Angostura cuestionaron el criterio adoptado por el magistrado y pusieron el foco en la cantidad de conflictos territoriales que involucran a la comunidad.

“Es imposible que la Paicil Antriao tenga control de todos los sitios que reclama, son meros especuladores inmobiliarios”, aseguraron históricos pobladores de la localidad a Infobae.

Desde la comunidad, en cambio, reivindicaron la antigüedad de su presencia en esas tierras y aseguraron contar con documentación que, según sostienen, acredita su permanencia desde 1902.

“Nunca nos fuimos”, señalaron las autoridades de la comunidad, que sostienen que poseen los documentos más antiguos vinculados con esas tierras.

El dirigente mapuche Lorenzo Loncón afirmó, en diálogo con diario Andino, que “el fallo representa un reconocimiento a la posición histórica de la comunidad” y cuestionó al Estado nacional y provincial por no haber completado el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160.

“La verdad histórica que venimos diciendo las distintas comisiones directivas de la comunidad siempre ha sido la misma. La comunidad tiene el papel más viejo, el papel de 1902 que entregó el mismo presidente Roca”, sostuvo Loncón.

Y agregó: “La familia compró un papel con indígenas adentro. Compraron un papel, pero nunca hicieron posesión. Tenemos la posesión y nunca abandonamos ese lote pastoril”.

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, confirmó que el reactor RA-10 entrará en marcha en 2027, con un proceso que comenzará antes de fin de año, y anunció un esquema para sumar inversión privada a la planta asociada que permitirá transformar esa capacidad en producción comercial de radioisótopos para el sistema de salud y la exportación.

La obra llega a esta etapa con el montaje de equipos y sistemas en 96%, después de haber estado en 52% al inicio de la actual gestión, “cuando el proyecto no tenía financiamiento para continuar y registraba contratos y frentes de obra paralizados”, destacaron fuentes oficiales. Hoy trabajan unas 530 personas en el desarrollo.

El anuncio se realizó en el Centro Atómico Ezeiza, durante una jornada con autoridades del sector nuclear, representantes de empresas e invitados institucionales, que incluyó una recorrida por las instalaciones. Según informó la secretaría, la meta es completar la puesta en marcha durante los primeros meses de 2027.

El RA-10 es el proyecto de mayor escala desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en las últimas décadas. La CNEA es responsable del proyecto y propietaria de la tecnología del reactor, mientras que Invap participa en la gestión y en la provisión de servicios de ingeniería especializados.

El reactor quedó cerca de su finalización tras la reactivación de contratos

Según detallaron desde el Gobierno, al comienzo de la actual gestión la obra no contaba con recursos para sostener los trabajos. A partir de la reactivación de contratos y tareas en el sitio, se completaron la obra civil y la ingeniería, y la construcción ingresó en su tramo final.

Ramos Nápoli resumió ese punto con una definición sobre el estado en que recibió el proyecto y el objetivo de la actual etapa: “Recibimos un proyecto paralizado, sin financiamiento para continuar los trabajos y sin una definición sobre cómo aprovechar su capacidad productiva. Hoy la construcción está prácticamente terminada, tenemos un cronograma para su puesta en marcha y un esquema para transformar esa inversión en producción para la Argentina y para el mundo”.

El Gobierno nacional sostuvo que terminar el reactor resuelve una parte central del plan, pero no alcanza para desarrollar la producción comercial de radioisótopos. Para eso hace falta una planta de producción asociada, donde se procesarán los materiales irradiados en el RA-10 para obtener los productos destinados al sistema de salud y a los mercados externos.

La planta de radioisótopos se financiará con capital privado

La Secretaría de Asuntos Nucleares definió un modelo para incorporar inversión privada en el financiamiento, el desarrollo y la construcción de esa planta, además de las actividades productivas y comerciales vinculadas al reactor. Bajo ese esquema, el sector privado aportará la inversión necesaria para completar la capacidad productiva del proyecto.

El Estado mantendrá la conducción de la política nuclear y las responsabilidades sobre regulación, seguridad y salvaguardias. Ramos Napoli lo explicó así: “Terminar el reactor es fundamental, pero también tenemos que asegurarnos de que pueda producir y generar valor. La planta asociada es la que nos permitirá convertir la capacidad del RA-10 en radioisótopos para el sistema de salud, exportaciones y divisas. Para desarrollarla vamos a incorporar inversión privada, sin resignar ninguna de las responsabilidades que corresponden al Estado en materia nuclear”.

El esquema se encuadra en la Ley 24.804 de la Actividad Nuclear, que deja en manos del Estado nacional la definición de la política nuclear, la regulación y la fiscalización, y contempla la participación estatal y privada en actividades productivas y comerciales. El Gobierno señaló como antecedente a Conuar, fabricante de componentes para el ciclo de combustible nuclear con capital mayoritariamente privado y participación accionaria de la CNEA.

El RA-10 apunta a radioisótopos médicos, semiconductores y servicios tecnológicos

El RA-10 es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 MW. No genera electricidad: utiliza los neutrones producidos por la fisión nuclear para elaborar productos y prestar servicios para salud, industria, ciencia y tecnología.

Entre sus funciones principales estará la producción de radioisótopos para medicina nuclear. Podrá producir molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m para estudios de diagnóstico por imágenes, además de lutecio-177 para tratamientos oncológicos e iridio-192 para aplicaciones médicas e industriales.

La capacidad proyectada equivale a cerca del 20% del mercado mundial actual de determinados radioisótopos. Esa escala colocará a la Argentina entre los principales productores internacionales.

El reactor también permitirá producir silicio dopado, un insumo para semiconductores de alta potencia usados en aplicaciones industriales, sistemas eléctricos, energías renovables y transporte. A eso se sumarán servicios de ensayo de materiales, irradiación y análisis por activación neutrónica para usos científicos e industriales.

La capacidad prevista supera la demanda doméstica proyectada. Eso permitirá abastecer al sistema de salud argentino con producción nacional y exportar el excedente, con generación de divisas y empleo altamente calificado en un mercado internacional con pocos productores y barreras tecnológicas elevadas.

El presidente Javier Milei brindó ayer una cadena nacional en la que volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció medidas vinculadas con esa cuestión. Estas incluyen un proyecto que enviará en los próximos días al Congreso de la Nación y acciones del Poder Ejecutivo para incrementar las capacidades militares. Pocas horas después, viajó a Misiones, donde esta tarde volvió a hablar del tema en el marco de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, indicó el mandatario.

Al tomar la palabra ante empresarios, Milei realizó una fuerte defensa de sus reformas estructurales en el país. “No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, comentó.

Luego, destactó sus iniciativas en el plano económio durante su gestión: “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”.

En este escenario, según su punto de vista, Milei profundizó sobre un aspecto clave: “Tenemos el RIGI generando un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país, con más de 45 mil millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150 mil millones de dólares a la espera de aprobación”.

Al respecto de las reformas impulsadas por su gestión, el Presidente señaló: “Este crecimiento se explica por todos los cambios que ya hemos introducido: sea la eliminación y rebajas de impuestos, las casi 17 mil reformas que llevamos adelante desde el Ministerio de Desregulación, la devolución del imperio de la ley a nuestra ciudadanía, el inclaudicable superávit fiscal que mantiene nuestra economía ordenada”.

“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, agregó.

Por otro lado, el Presidente volvió a apuntar contra algunos empresarios locales a los que acusó de negarse a competir para “seguir cazando en el zoológico”. “Gomita Alumínica (por Javier Madanes Quintanilla) vivió estafando a los argentinos cobrando los neumáticos (FATE) cuatro veces más de lo que valían. Si no le mantenían la muralla, se iba. Y lo hizo de una manera muy violenta porque en la previa de la sanción de la reforma laboral tiró 930 tipos en la calle. Lo hizo con muy mala intención”, planteó.

Como contraste, destacó la actitud de la empresa Lumilagro que “se reordenó y salió a competir”. “Vamos por más Lumilagro que quieran un país en serio”, agregó.

En el plano político, aseguró que al menos 450 de los 500 puntos del Riesgo País son atribuibles al “Riesgo Kuka” y estimó que si La Libertad Avanza replica el resultado electoral de las legislativas de 2025 obtendría mayoría en Diputados y quedaría a dos votos del quórum propio en el Senado.

“Si con este Congreso hicimos estas reformas, ahí si abróchense los cinturones porque vamos a acelerar a fondo”, desafió.

Milei también se refirió a la problemática del endeudamiento y la mora. Sobre este punto insistió en que el Estado no puede intervenir porque “el remedio termina siendo peor que la enfermedad”. En ese sentido, aseguró que la única solución posible es la negociación entre los privados.

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