La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este martes en ley un proyecto que permite a los municipios utilizar hasta el 100% de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para realizar obras hídricas. Se trata de montos coparticipados o transferidos derivados del Impuesto Inmobiliario Rural por la Ley 13.010 y sus modificatorias, no la tasa vial de los municipios. La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado, había generado polémica entre dirigentes del campo porque, indicaron, no establece expresamente que esos recursos deban utilizarse exclusivamente en zonas rurales. La alerta es que los caminos rurales tengan menos recursos para su mantenimiento.
El proyecto fue presentado por el senador Sergio Raúl Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, y había obtenido media sanción del Senado el 6 de octubre. La nueva ley tendrá una vigencia de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial y busca facilitar obras para prevenir inundaciones ante El Niño.
En su primer artículo, el texto autoriza a los municipios a utilizar “hasta el cien por ciento (100%) de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural” provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural. Ese dinero podrá destinarse a drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.
En los fundamentos, los autores explicaron que la medida busca darles a los intendentes más herramientas para prevenir inundaciones. Según señalaron, “gran parte de la Provincia de Buenos Aires se asienta sobre un sistema hídrico que requiere intervenciones urgentes”. También sostuvieron que “resulta ineficaz y un dispendio de los recursos públicos destinar presupuesto al alteo de caminos si no se interviene de manera previa en las alcantarillas, zanjas y canales que conducen los excesos de agua”. La iniciativa permite modificar temporalmente el uso de recursos contemplados en la ley 13.010. Actualmente, el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que reciben los municipios para conservar los caminos rurales.
Cuestionamientos
Antes de que el proyecto fuera aprobado por Diputados, Gustavo Frederking, responsable de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbp) y vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, había advertido sobre las consecuencias que podía tener la iniciativa. “Esto, como está escrito, habilita a hacer obras hídricas, pero no especifica que sean para el campo”, había señalado a LA NACION. Según explicó, los intendentes podrían utilizar esos recursos para financiar obras en las ciudades, aunque originalmente estuvieran destinados a los caminos rurales.
El dirigente recordó que los productores vienen reclamando mayores recursos para mejorar los caminos. Según indicó, anteriormente se destinaba el 25% de la recaudación del impuesto a ese objetivo, mientras que actualmente el porcentaje es del 12%. Frederking también cuestionó la necesidad de modificar la legislación vigente. A su entender, los municipios ya podían realizar obras hídricas cuando eran necesarias para mantener los caminos rurales. “Si el intendente considera que para reparar caminos tiene que hacer obras hídricas para el campo, no es que hay límites dentro del 12%”, explicó.
También expresó sus dudas sobre la vigencia excepcional de 180 días y sostuvo que, si la provincia necesitaba financiar obras para prevenir inundaciones, una alternativa sería crear un fondo específico para infraestructura hídrica. Antes del tratamiento en Diputados, había pedido que se aclarara que el dinero solo podría utilizarse para obras rurales. “Si de alguna forma va a quedar especificado que es solo para el ámbito rural, bueno, en principio quedaría zanjada”, había señalado.
Tras la sanción de la ley, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) manifestó su rechazo a la iniciativa. A través de una publicación en X, cuestionó que se permita utilizar para otros fines recursos originalmente destinados a los caminos rurales. “En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino”, expresó. La legisladora también criticó la falta de participación del sector. “Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente”, afirmó.
Además, cuestionó el tratamiento legislativo. “Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector”, señaló. Y concluyó: “No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico”.
En X, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló: “Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”.
Agregó: “Los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior. Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”.
En un comunicado, Carbap apuntó: “Desde Carbap rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas. Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”.
“La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible”, agregó. Carbap remarcó: “Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”.
En un escrito donde anticipó su rechazo, el diputado Luciano Bugallo (CC) señaló que “la iniciativa, aun cuando persigue un objetivo legítimo, propone una herramienta que puede resultar contraproducente para los intereses que pretende proteger”.
“La protección de las comunidades rurales, la producción agropecuaria y la infraestructura provincial exige preservar la afectación específica de los fondos viales, asegurar la continuidad del mantenimiento de caminos y promover mecanismos efectivos de participación y control ciudadano”, dijo. Añadió: “Las obras hidráulicas son necesarias, pero su ejecución no puede justificar que los municipios queden habilitados para comprometer la totalidad del financiamiento destinado a una infraestructura esencial”.
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