El jueves 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización. Sostuvo que el comité había dejado de cumplir su propósito original. Lo describió como un desperdicio de tiempo y de recursos y, como prueba, citó sus viajes anuales a centros turísticos del Caribe y del Pacífico Sur. Es el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo por Malvinas y desde donde la comunidad internacional insta a Londres y a Buenos Aires a negociar, en la línea que abrió la resolución 2065 de 1965. Para Washington, más de seis décadas de litigio colonial caben en una partida de viáticos.
En la misma sesión, la Argentina se abstuvo en la votación de una resolución sobre las formas contemporáneas del colonialismo, impulsada por Rusia, que mencionaba la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra. El gobierno justificó la abstención con un argumento técnico: el texto incluía las sanciones económicas unilaterales entre las formas de colonialismo y eso podía volverse contra sus propias medidas en Malvinas.
Lo que vino después desarma esa explicación. Consultado sobre el pedido estadounidense de cerrar el comité, el vocero presidencial Adrián Ravier habló de “sintonía” entre esa iniciativa y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa Javier Milei, y dijo que el apoyo a la disolución estaba “bajo análisis”. En paralelo, La Libertad Avanza no reunió quórum ni firmas para dictaminar esa ley en comisión: el plenario pasó al martes 27 y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles.
La secuencia muestra el límite de una política exterior que hizo del alineamiento con Washington su brújula. El Gobierno que anunció por cadena nacional la ofensiva más dura en años contra el petróleo de Malvinas encuentra afinidad con quien propone desarmar el foro que sostiene el reclamo, y ve trabarse su propia ley mientras las empresas de ese aliado piden quedar afuera. El excanciller Jorge Taiana lo leyó como una ruptura con la tradición diplomática argentina: la abstención, advirtió, terminó favoreciendo la posición colonialista de Estados Unidos.
La palanca que funcionó
El 3 de septiembre, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, que opera la israelí Navitas Petroleum en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. Al día siguiente, el Decreto 868/26 aceleró las inhabilitaciones previstas en la Ley 26.659, sancionada en 2011. El sábado 5, SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo, todas con contratos en Vaca Muerta, comunicaron que no trabajarían en las islas.
Ese dato encierra una lección política. El subsuelo argentino es poder de negociación. Un yacimiento que promete su primer barril para 2028 pesa poco frente a la formación que sostiene la expansión petrolera del país, y cuando el Estado condiciona el acceso a ella, las corporaciones eligen. Es soberanía económica ejercida con las reglas del mercado que el propio oficialismo dice venerar.
El proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre llevaba esa lógica a la ley: extendía las penas a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores de quienes operen en la plataforma continental sin autorización argentina. Ahí empezó la inquietud en Washington. Según publicó Clarín, funcionarios estadounidenses plantearon dos salidas: congelar la ley, su opción preferida, o modificarla para que sus empresas queden excluidas. Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes 16.
Una excepción para las empresas estadounidenses convertiría el régimen de sanciones en un peaje con bandera: Sea Lion seguiría recibiendo servicios, solo que de proveedores con el pasaporte correcto. La neutralidad que la Casa Blanca proclama sobre la soberanía de las islas termina donde empieza la cuenta de resultados de sus compañías.
El escudo de Londres
El 13 de octubre, la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al día siguiente, el gobierno británico anunció que aplicará su Ley de Protección de Intereses Comerciales para que sus empresas y ciudadanos puedan desoír las sanciones argentinas y reclamar compensaciones si resultan perjudicados.
Es una ley de 1980, la misma que el Reino Unido usó en los años noventa para que sus empresas no acataran las sanciones de Washington contra Cuba. Londres apunta hoy contra Buenos Aires el escudo que forjó frente a Estados Unidos, y Estados Unidos reclama para sus compañías la misma excepción que Londres se fabrica por ley. Las dos potencias que se arrogan el derecho de sancionar al resto del mundo coinciden en negárselo a la Argentina sobre su propia plataforma continental.
Una cruzada para no hablar de petróleo
Mientras tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor del proyecto, eligió otro idioma. El 14 de octubre escribió en X que el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam” y que recuperar Malvinas es “una causa de Occidente”. El Presidente lo replicó.
El desplazamiento tiene consecuencias. Cambia los títulos jurídicos de la Argentina, la resolución 2065, la Convención del Mar y la continuidad geográfica de la plataforma, por una guerra de civilizaciones que no figura en ningún expediente. Y el Occidente que invoca es el que ocupa el Atlántico Sur: la base militar británica de Monte Agradable, puesto avanzado de una potencia de la OTAN; una petrolera británica y otra israelí sobre la cuenca; compañías estadounidenses que piden inmunidad; un Departamento de Estado que propone cerrar el comité de descolonización. En la Cuenca Malvinas Norte, el califato que denuncia Caputo tiene la forma de un consorcio cuyo socio mayoritario es una empresa del principal aliado del Gobierno en Medio Oriente.
La cruzada cumple además una función interna. El proyecto de 133 artículos que se presenta como Ley Malvinas crea un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Presidente e integrado solo por el Poder Ejecutivo, habilita como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y en su artículo 111 preveía penas de cinco a doce años de prisión para quienes, con financiamiento o instrucciones extranjeras, promovieran campañas de “desinformación”.
Ahí se cierra el círculo. Un enemigo externo de contornos religiosos justifica un aparato de seguridad orientado hacia adentro, en el mismo mes en que fue reprimida la Quinta Marcha Federal Universitaria. Quién define qué es desinformación, qué financiamiento es extranjero y qué protesta amenaza el orden lo decidiría, en la versión original, un consejo donde solo se sienta el Ejecutivo.
El estrecho
El otro frente está en el sur. El carguero chileno Danstar prepara para noviembre o comienzos de diciembre el primer viaje desde Punta Arenas hasta Puerto Argentino por una ruta inactiva desde 2011, y el embajador británico en Chile viajó a Magallanes para respaldarlo. Londres juega una carta conocida: rodear el reclamo argentino de vecinos que comercian con las islas.
Parte de la dirigencia argentina respondió con el castigo. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, propuso denunciar dos acuerdos bilaterales de inversiones y de doble imposición con Chile, y el presidente de la Liga Naval planteó ante Diputados la posibilidad de detener el buque. Esa reacción le regala a Londres lo que más necesita: una Argentina enfrentada con el vecino con el que comparte la frontera más extensa.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que cerró el conflicto del Beagle y garantiza la navegación entre el Estrecho y el Atlántico, es una de las construcciones de paz más duraderas de la región. Chile, además, presentó durante años en el Comité de Descolonización el proyecto de resolución que pide negociar la soberanía de Malvinas: el mismo comité que Washington quiere disolver. El canciller Pablo Quirno descartó detener el Danstar y habló de una excelente relación con el presidente chileno, José Antonio Kast.
La decisión es correcta, aunque deja el vínculo con Santiago a merced de una sintonía ideológica entre dos gobiernos que miran hacia el mismo norte: el 15 de octubre, en la ONU, ambos se abstuvieron en la votación sobre colonialismo.
Lo que exige una política de Estado
Una política soberana sobre Malvinas tiene herramientas a la vista. La primera ya demostró eficacia: el peso del recurso propio, aplicado sin excepciones de bandera. La segunda es el derecho internacional, que exige defender con la misma energía el expediente de Hamburgo y el Comité de Descolonización. La tercera es la región y el Sur Global: la CELAC, el Mercosur y el Grupo de los 77 más China acompañan año tras año el llamado a negociar.
Para eso sobran la cruzada religiosa y el consejo de seguridad sin control parlamentario. Hace falta lo que este Gobierno resigna cada vez que Washington pide: la decisión de definir el interés nacional en Buenos Aires.
El método tiene antecedentes en esta misma gestión. El RIGI blindó por treinta años a los grandes inversores frente a cualquier cambio de reglas y llevó sus litigios a tribunales arbitrales del exterior. El decreto que derogó la Ley de Tierras quiso abrir sin límites la compra de tierras rurales por extranjeros, y fueron los tribunales los que lo frenaron. Ahora la ley que debía cerrar la Cuenca Malvinas Norte espera, trabada en comisión, que se defina a quién deja afuera.
En cada caso, la regla general rige para el país y la excepción, para el capital que tiene quien lo represente. Malvinas vuelve a medir el tamaño de la soberanía que administra el oficialismo: alcanza para sancionar a quien no tiene padrino y se suspende cuando el padrino pide la palabra.
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