Cuando desde algunos análisis económicos y políticos se coloca al agro como uno de los sectores estrella del “modelo Milei” parece no tomarse en cuenta ciertos datos. Al mismo tiempo, desde las usinas oficiales se sobreactúan las cifras que indican variaciones positivas. No se trata de elegir la parte vacía del vaso para forzar la interpretación de la realidad, pero sí de no caer en exageraciones.
Esta semana, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer el informe precampaña de soja para el ciclo 2026/27. Allí se estima un incremento del área sembrada con la oleaginosa de 1,2% respecto del ciclo pasado, con una superficie de 17 millones de hectáreas. Factores de precio, climáticos y de política económica son, según la entidad, los que llevarían a un incremento de 200.000 hectáreas de la oleaginosa en comparación con la campaña pasada.
Esos 17 millones de hectáreas se sitúan en la línea de la superficie del promedio de las últimas cinco campañas, explica el informe. En términos políticos, se podría afirmar que la soja no habrá durante el primer mandato de Javier Milei. Se trata del cultivo que genera la mayor cantidad de divisas por exportaciones no solo del agro sino también del país. Por supuesto, hay récord de cosecha de trigo, girasol y maíz, pero en la oleaginosa las cifras están diciendo que hay un estancamiento.
Granos
El Gobierno argumentará, con razón, que terminó con la brecha cambiaria exorbitante que rigió hasta diciembre de 2023, que no hay intervención en el comercio y que el primer mandato de Milei finalizará con retenciones más bajas que las que empezó y con un sendero de reducción ya anunciado. Esto, en el contexto de un esfuerzo por terminar con el déficit fiscal que ha carcomido durante décadas las bases de la macroeconomía. También dirá que prefiere ser modesto con la baja de los Derechos de Exportación (DEX) en vez de ser agresivo para que no le ocurra algo similar a lo que vivió el gobierno de Macri, que tuvo que volver a subirlas (aunque, también, con un sendero hacia la baja).
Sea que se considere o no el argumento del oficialismo, lo cierto es que es difícil concluir que el campo es el sector ganador del modelo si el principal producto no exhibe hasta ahora un crecimiento sólido. No se trata de ser pesimista, sino de no alejarse de la realidad.
En verde están bovinos, ovinos, granos y miel; en amarillo, tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní, y en rojo, yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca, forestales y cítricos dulces. Estas dos últimas se sumaron al informe de agosto que toma datos de julio. Entre lo “amarillo” y lo “rojo” se trata de actividades de notable expansión territorial, ocupación de mano de obra y elaboración final. ¿Se puede decir que el “agro” es ganador si hay tantas actividades con dificultades?
“En la mayoría de estos sectores, el principal factor de deterioro se encuentra en el componente de negocio; los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y, combinado con el aumento de los costos operativos, generando un deterioro de los márgenes en términos reales”, explica el trabajo de Coninagro.
Varios de los problemas que enfrentan estas actividades son los mismos que el Gobierno reconoce que se deben solucionar, como la elevada presión impositiva. Esta no solo alcanza al gobierno nacional sino a las provincias y a los municipios. En otros puntos, es menos enfático o ni siquiera los toma en cuenta, como las deficiencias de la infraestructura (rutas, transporte) que representan un costo extra. En un contexto global que parece favorable por el crecimiento de la demanda global de alimentos, pero al mismo tiempo es adverso para la apertura de mercados, por las tensiones geopolíticas, cada centímetro que se gane en competitividad debería ser aprovechado. Es mejor que apresurarse con los “boom” o “sectores estrella”.
El exsargento de la Policía de Gualeguaychú, Mariano Corvalán, fue condenado este viernes a diez años de prisión efectiva por el intento de femicidio de Carolina Huck agravado por violencia de género y por el uso de su arma reglamentaria como funcionario público.
La pena se acordó en una audiencia de juicio abreviado presidida por el juez Tobías Podestá, luego de que Corvalán reconociera su culpabilidad y renunciara a los plazos de apelación.
El juicio por jurados iba a comenzar el próximo 21 de septiembre —con la selección de jurados prevista para el día anterior—, y de haber llegado a esa instancia, Corvalán enfrentaba una pena mínima de 14 años.
En la última audiencia previa al acuerdo, su entonces abogado defensor, Alfredo Vitale, había solicitado la prisión domiciliaria para Corvalán hasta el inicio del juicio, invocando un cuadro depresivo severo. El pedido fue rechazado tras las pericias médicas correspondientes.
Horas más tarde, el imputado prescindió de los servicios de Vitale y solicitó ser asistido por la defensa pública.
Fue el defensor oficial, Pablo Ledesma, quien planteó la posibilidad de un juicio abreviado a cambio de una reducción de pena. La propuesta fue trasladada a la querella —a cargo del abogado Pablo Di Lollo— y al Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge Gutiérrez, que la aceptó, indicó R 2820.
El hecho
El ataque ocurrió en agosto de 2025, en la vivienda de Gutenberg y La Rioja que Corvalán compartía con su expareja y la hija de ambos.
El entonces policía le disparó con su arma reglamentaria, pidió una ambulancia en el hospital Centenario, ayudó al traslado de la mujer, dio aviso a la Jefatura del hecho y luego intentó quitarse la vida en la puerta de su casa.
Corvalán permanecerá detenido en la Unidad Penal N°9. Su expareja, con secuelas graves a raíz del disparo, continúa en tratamiento de rehabilitación.
Lejos y hace tiempo, la soja se consideraba un cultivo rústico, de baja de inversión, que no exigía demasiado. Hoy la historia es bien diferente y, según dos productores que vienen logrando rindes por encima del promedio, para jugar en primera, el partido se decide antes de que arranque. El manejo pasa, en buena medida, por lo que se hizo previamente: una rotación correcta, un lote con buena nutrición y el historial necesario para definir las decisiones actuales son algunas de las claves para esquivar potenciales problemas, como las enfermedades de fin de ciclo, y romper los techos de rinde.
Además de vicepresidente de Acsoja, Ricardo Bergmann es productor agropecuario. Lidera Taguay SA, la empresa familiar radicada en Monte Buey, Córdoba, que integra agricultura, ganadería y producción porcina. Además de trigo, maíz y girasol, de un tiempo a esta parte sumaron camelina y estiman sembrar unas 2.600 hectáreas de soja esta campaña.
En los alrededores de Monte Buey, los suelos son franco-limosos; hacia el Este mantienen características similares, aunque con una mayor proporción de arcilla, mientras que hacia el Sudoeste son más arenosos. Para Bergmann, todo arranca por conocer el lote: “Lo más importante es hacer un diagnóstico. Hoy necesitás un profundo conocimiento sobre el lote en el que estás trabajando”. Ese historial debe permitir identificar si el ambiente es homogéneo o heterogéneo, si presenta algún tipo de compactación y si se han realizado cultivos de cobertura. “Eso implica análisis de suelo, de los mapas de rendimiento y un pormenorizado diagnóstico del ambiente”, destacó.
Ricardo Bergmann
Juan Balbín es productor en un triángulo comprendido entre General Villegas, Laboulaye y Rufino. También fue presidente de CREA e INTA. Trabaja unas 4.500 hectáreas, de las cuales la mitad se destinan a soja. Al igual que Bergmann, coincide en que el diagnóstico es clave y advierte sobre una variable que suele subestimarse: la estructura física del suelo. “Por el paso de la maquinaria, los suelos hoy están tendiendo a estructuras laminares”, señaló, y remarcó que la compactación muchas veces no se ve, pero condiciona el intercambio gaseoso y la absorción de agua.
La brecha se nota en los números: “Hemos tenido diferencias enormes entre los lotes que recién incorporamos y aquellos que vienen con historia agrícola de hace 20 años. Hablamos de 8 o 10 quintales por hectárea de diferencia”, aseguró. Desde su punto de vista, es muy importante conocer la estructura del suelo en aspectos como la porosidad, la infiltración y si los niveles de compactación son superficiales o más profundos. “A la parte física del suelo se le da poca importancia y, cuando estás peleando rindes altos, cada detalle suma”, comentó.
Rotación, la base del sistema
En Taguay SA la soja nunca se piensa sola. “Va integrada al resto de los cultivos”, explicó Bergmann. Los campos que alquila desde hace años los maneja como si fueran propios: “Los conocemos bien”, asegura. En ese sentido, la soja es parte de un sistema y tanto la sustentabilidad como la productividad de cada cultivo están asociadas al tipo de rotación. “Dentro de ese esquema le estamos entregando al suelo una estructura mejorada a través de los cultivos de cobertura que vamos utilizando, que en general son centeno, vicia o, en algunos casos, avena”, comentó.
En el mismo sentido, para Balbín “se tiene que sí o sí rotar” si se quiere romper el techo de rinde. En los lotes que trabaja tiene medido ese impacto: entre 3 y 4 quintales por hectárea de diferencia cuando la soja se siembra sobre maíz, sobre todo, y algo menos sobre sorgo. También encontró una ventaja en la soja de segunda sobre cebada, por la calidad del rastrojo. “Ninguna soja viene de una soja antecesora”, resumió. En su caso particular, el 90% de la soja se siembra sobre maíz.
Las claves de manejo 2026
La pérdida de nutrientes cambió las reglas de juego y, más allá de las posibles amenazas de malezas, hoy el manejo exige sumar nuevas estrategias. En ese sentido, todo lo que se haga en la previa cumple un rol clave para mejorar la calidad del suelo y también reducir el riesgo de enfermedades de fin de ciclo.
“Hoy nuestro foco básicamente es incorporar nueva genética con las variedades que van apareciendo, la utilización de los eventos para resistencia de enfermedades o malezas, la fertilización y el manejo del cultivo por ambiente”, comentó Bergmann.
Llevado a la práctica, asegura que los mejores lotes productivos “ya se sabe que van a venir de un cultivo de maíz, que posiblemente haya tenido un cultivo de cobertura en base a centeno y vicia; que luego ese cultivo de cobertura fue quemado en septiembre, y que la siembra de la soja fue entre los últimos días de octubre y el 10 de noviembre, con un grupo de madurez 4.4, 4.1, 4.5”, resumió.
Juan Balbín
Para Balbín, “hace 15 o 20 años, con las primeras sojas RR, con 7 u 8 unidades de fósforo se podía llegar a 4.000 kilos por hectárea. Pero ahora, para pelear los 5.000 o los 6.000, tenés que estar en otra liga: la liga del maíz, la liga del trigo”, dijo.
En su opinión, las claves de manejo surgen de la suma de varios factores, como la sanidad, la nutrición y la rotación. “Son pequeños detalles que empiezan a sumar cuando aspirás a rindes altos. Lo importante es tener todo hecho antes para que eso se produzca”, comentó. Desde su experiencia, la soja le enseñó que, si durante el proceso reproductivo no enfrenta limitantes hídricas y las condiciones nutricionales y sanitarias son óptimas, los rindes pueden ser “realmente muy destacables”.
El rol de El Niño
Para Balbín, El Niño podría traer noticias dispares. “Hay una oportunidad en los lotes bien drenados y altos, sin riesgo de anegamiento; sin embargo, en los de perfil más complejo el fenómeno de El Niño podría ser un problema, porque la soja tolera mal el agua estancada sobre la chaucha”, comentó.
Siembra de soja
El uso de fungicidas, según Balbín, también jugará un papel importante porque “no sabés cuándo vas a poder cosechar y eso puede llegar a generar situaciones difíciles, no solo de cosecha sino también de accesibilidad del transporte y todo lo que un colapso en los caminos podría traer”, aseguró.
Para Bergmann, están dadas las condiciones para ser optimistas. “En la regla PxQ se podría decir que estamos gozando de muy buenos precios y que el clima podría traer cantidades, por lo que tenemos que aprovechar e invertir más en las variables de producción, tales como fertilizante, cuidado de cultivos y buenas semillas certificadas”, señaló y alertó: “Tendremos que tener cuidado con el impacto de las enfermedades y aplicar fungicidas”.
Luego de imponerse con más del 70% de los votos en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA),Nicolás Pino, presidente, envió una carta a los socios en la que llamó a dejar atrás la interna, ampliar la participación dentro de la entidad y trabajar también con quienes apoyaron a la lista opositora. En el mensaje, firmado junto con el nuevo vicepresidente Carlos Odriozola, sostuvo que comienza “una nueva etapa” y planteó como objetivo fortalecer una Rural “abierta, participativa y cercana a sus socios”.
“Comenzamos una nueva etapa. Una etapa en la que queremos seguir haciendo crecer todo lo que venimos construyendo juntos”, señalaron Pino y Odriozola.
En la carta indicaron que durante este tiempo trabajaron para tener “una Sociedad Rural Argentina más abierta, participativa y cercana a sus socios” y aseguraron que buscarán profundizar ese camino, ampliarlo y generar más espacios para que los integrantes de la institución puedan involucrarse y aportar.
También se dirigieron a quienes acompañaron a la lista opositora. “A quienes nos acompañaron, gracias por la confianza. A quienes eligieron otra alternativa, gracias por participar. Queremos escucharlos, intercambiar ideas y seguir compartiendo espacios”, expresaron. Y agregaron que, aun con diferencias y disensos, “las puertas están abiertas” para quienes quieran sumarse al trabajo de la entidad.
La carta llegó después de una elección que cerró varios meses de una fuerte interna dentro de la Rural. Pino fue reelecto para conducir la entidad hasta 2028, acompañado por Odriozola como vicepresidente. Enfrente estuvo Marcos Pereda, quien hasta ahora era vicepresidente de la SRA.
Nicolás Pino, ganador en las elecciones, con su nuevo vicepresidente, Carlos OdriozolaGentileza SRA
Pino y Pereda habían compartido fórmula desde 2021 y volvieron a presentarse juntos en 2024, pese a que para entonces ya habían comenzado las diferencias entre ambos. Con el correr de los meses, la relación se terminó de quebrar y se postularon en diferentes fórmulas.
En el mensaje, Pino y Odriozola también hicieron referencia a esas diferencias. “Las diferencias de ideas forman parte de la vida institucional y pueden convertirse en una enorme fortaleza cuando somos capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, señalaron.
A partir del resultado electoral, plantearon que ahora se abre la posibilidad de consolidar lo realizado e incorporar “nuevas propuestas, miradas y capacidades”.
“Queremos que esta nueva etapa sea una continuidad de ese camino, pero también un paso adelante”, dijeron Soeldad Aznarez
“La elección nos otorga un mandato, pero también nos brinda una enorme oportunidad: fortalecer lo que hemos construido, profundizar la apertura alcanzada y generar nuevas formas de participación e integración”, señalaron en otro tramo.
Agregaron: “Queremos que esta nueva etapa sea una continuidad de ese camino, pero también un paso adelante. Más participación. Más integración. Más ideas. Más socios comprometidos. Más capacidad para construir acuerdos y trabajar en conjunto”.
En el debate por el presupuesto 2027 surge la oportunidad de volver a poner en discusión la carga tributaria que afronta el sector agropecuario, incluso quizás desde la estabilidad que representa la baja de la inflación y la recuperación de las reservas, dos avances elocuentes del Gobierno.
Porque, claro, quedan muchas asignaturas pendientes y la presión fiscal sobre la actividad agropecuaria, que es mayor a otros sectores de la economía, podría “soñar” con un alivio a partir del ingreso de divisas que se destacan por parte de la energía y la minería.
Por ahora sigue el “robo de las retenciones”, según denominó Javier Milei hace ya varios años. Y este jueves, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, contestó cortante la pregunta de Rodrigo Jorge, de Radio Mitre, en el AmCham Agribussines Forum. “Hay un cronograma de baja gradual. Punto”, dijo el funcionario, cuando el lúcido cronista radial lo consultó sobre esa inquietud vigente de los productores, actualizada con el triunfo de Nicolás Pino en la Sociedad Rural Argentina, quien pese a su cercanía con el Presidente fue enfático en pedir la eliminación de las retenciones.
“El 62% de la renta del campo se destina al pago de impuestos”, según el último Índice FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina). Del resultado económico de una hectárea agrícola, apenas el 8% queda como ganancia del productor. El Estado se queda con la mayor parte. La presión es mayor en trigo (cerca del 74%), luego continúa girasol (68%), soja (62%) y maíz (60%).
“El mayor impacto siguen siendo los impuestos no coparticipables, entre los que se destacan los derechos de exportación”, reflejó Antonela Semadini, economista de FADA quien expuso en una jornada informativa organizada por la Fundación Barbechando con legisladores nacionales de distintos bloques políticos.
En la reunión se destacaron Joaquín Benegas Llynch (LLA-Entre Ríos) el oficialista que preside la comisión de Agricultura en el Senado, y Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), que encabeza el mismo espacio pero en Diputados. También participaron otros representativos legisladores como Luis Picat (LLA – Córdoba), Emamnuel Bianchetti (PRO – Misiones), Francisco Morchio (LLA – Entre Rios), Alejandra Torres (Provincias Unidas – Córdoba), Javier Sánchez Wrba (PRO – Buenos Aires), Silvana Schneider (UCR – Chaco) y Eduardo Falcone (MID – Buenos Aires).
El debate de la carga impositiva en el sector ocupó el lugar central de la actividad y el contador tributarista Mariano Echegaray expuso que “hay una gran porción del costo impositivo que no se calcula y permanece oculto”, como el saldo técnico del IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos de la gestión administrativa.
El saldo técnico del IVA se genera porque el agro, por sus propias características tasas diferenciales de IVA (21% sobre insumos contra 10,5% sobre la venta de granos), estacionalidad de la producción, financiamiento del capital de trabajo y altas inversiones en bienes de capital, acumula sistemáticamente más crédito fiscal que débito.
Según un relevamiento de CREA que el contador citó en la jornada, ese saldo promedia $36.500 por hectárea y en la agricultura extensiva representaría unos US$ 770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26: el equivalente al 7% de todo el gasto en implantación y desarrollo de cultivos de una campaña.
Además, el mecanismo para devolver ese saldo para las inversiones en bienes de capital perdió su capacidad real porque las partidas presupuestarias no se actualizaron: eran $15.000 millones en el 2019 -394 millones US$- y en el 2026 la actualización fue de $30.000 millones -21 millones USD-: se duplicó en pesos pero perdió más del 90% de su poder de compra en dólares.
Proyectado, por ejemplo, contra la inversión en maquinaria agrícola del primer semestre de 2026 ($1.381.300 millones), con lo asignado a la partida, “no se cubre ni un 20% de la totalidad de inmovilización de saldos de IVA”, advirtió Echegaray Ferrer.
A esto se suma el saldo de libre disponibilidad: cuando el productor vende, el comprador le retiene entre el 5% y el 8% del IVA según su “estado de riesgo fiscal” en el sistema SISA, y esa retención recién se reintegra, en el mejor de los casos, a los 75 días. La propuesta fue convertir el saldo técnico en un bono que el productor pueda usar como garantía de crédito, en lugar de mantenerlo congelado y sin uso durante años, en línea con lo que Héctor Huergo ha planteado en Clarín Rural, desde hace tantos años o más que cuando el Presidente empezó a reconocer el “heroísmo” chacarero.
En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.
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Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.
La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.
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Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.
Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.
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De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.
En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.
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La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.
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En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.
En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.
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Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.
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Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.
A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.
Los árboles no crecen hasta el cielo y los precios de los granos tampoco. Durante los últimos 20 días, los mercados de cereales y oleaginosas vivieron una estampida provocada por factores geopolíticos que catapultaron los precios y se llevaron por delante los fundamentos. Pero llegó un momento en que los operadores tomaron ganancias y los mercados mostraron mayor tranquilidad, al menos por unos días. ¿Qué queda ahora? Los precios del maíz y de la soja disponibles y para la época de cosecha son muy buenos, están muy por encima del promedio de los últimos tres años y permiten cerrar negocios que aseguran márgenes positivos y rentabilidad interesante para la campaña 2026/27. Por ejemplo, para la zona núcleo, una soja de primera en campo alquilado, con rindes de tendencia y con los precios a cosecha de principios de la semana, promete un margen neto del orden de los 280 dólares por hectárea, que resulta 80% más alto que el de la campaña anterior. En la misma zona, un maíz de primera puede proyectar un margen neto del orden de 450 dólares por hectárea, que resultaría 100% mayor al del ciclo anterior. Similares datos muestra la secuencia trigo/soja.
En el sur de Buenos Aires el comportamiento muestra tendencia semejante, aunque las diferencias a favor de esta campaña se reducen por el menor potencial de rendimiento. Así una soja de primera permitiría generar un margen 41% mejor al del año pasado; el maíz de primera superaría en 70% los registros de 2025/26 y el girasol daría resultados bastante parecidos a los del año pasado por los altos precios que ya venía teniendo. ¿Qué se puede sacar del limpio de estos datos? Nadie puede adivinar qué va a pasar en las próximas semanas con los precios de los granos, pero una conducta prudente para un agricultor que tenga muchas hectáreas por cultivar en la campaña 2026/27 sería ir cubriendo una parte de la producción esperada para asegurar los márgenes netos y la rentabilidad que se impone como objetivos. La cobertura puede hacerse con opciones flexibles -por ejemplo puts-, forwards o ventas futuras, de acuerdo al grado de riesgo que quiera aceptar el productor. Además, si quiere tomar un seguro previendo que el rally alcista continúe por la pirotecnia geopolítica, puede comprar un call, una opción de compra a determinado precio.
Durante la madrugada de este viernes, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado bajo un fuerte operativo a la granja penal de Gualeguaychú. El exmandatario cumplirá allí su condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Urribarri, de 67 años, fue trasladado con fuerte custodia del servicio penitenciario provincial e ingresó acompañado por su exministro de Cultura, Pedro Báez, y su cuñado, el expresidente del PJ provincial Juan Pablo Aguilera. Ambos exfuncionarios también resultaron condenados a seis años y medio de prisión efectiva por las mismas maniobras.
Tras la ratificación del fallo por la Corte Suprema, que llegó luego de dos años de apelaciones, el cronograma fijó que Báez completará la pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La megacausa investigó el desvío de dinero público hacia empresas mediante pautas publicitarias.
El traslado de los tres condenados desde la Unidad Penal 1 de Paraná hasta la Unidad Penal 9 El Potrero comenzó alrededor de las 4:30 del viernes y concluyó a las 8 de la mañana. El arribo a la penitenciaría aconteció tras una protesta de 130 internos del Módulo C en reclamo de mejoras edilicias.
Los desvíos cometidos por el grupo incluyeron contrataciones irregulares para la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador veraniego en Mar del Plata. En concreto, la “megacuasa” de corrupción en Entre Ríos se originó en maniobras delictivas iniciadas en 2010, cuando estaban al frente del Gobierno.
Los ahora condenados fueron acusados de llevar adelante un esquema de desvío de millones de pesos de los fondos públicos a las empresas de Aguilera, como supuestos contratos de publicidad que tomaba la Provincia. De modo que Urribarri fue condenado a ocho años por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado por las maniobras de los contratos fraudulentos.
Báez y Aguilera, por su parte, recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión efectiva, uno por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado dado que había sido ministro en aquel momento y el otro como autor material de los delitos compartidos.
Los acusados por la “megacausa” cumplirán con sus sentencias en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida también como Granja Penal El Potrero, que se encuentra a sobre la ruta 136, a la altura del kilómetro 26 y medio, y con un Centro Operativo de Monitoreo dotado de domos de alta definición, cámaras en puntos clave y vigilancia con drones de observación táctica.
El centro de detención, diseñado para fortalecer la seguridad integral y permitir una vigilancia en tiempo real de áreas críticas, garantizando trazabilidad y cobertura continua las 24 horas, cuenta actualmente con unos 500 reclusos que se alojan en las áreas de diez pabellones para varones y uno para mujeres.
La “Granja Penal El Potrero” donde cumplirá sentencia Urribarri es el segundo centro penitenciario más antiguo del país y se destaca por su enfoque en la reinserción laboral a través del trabajo, ofreciendo talleres de faena ovina, cría de ganado, panadería, carpintería, costura y hasta la confección de pelotas de fútbol en las instalaciones de la biblioteca.
Un informe de auditoría del Gobierno, incorporado a la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak por la muerte de 90 pacientes tras el suministro de fentanilo contaminado, concluyó que el sistema de control vigente en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)“presenta debilidades relevantes en su diseño e implementación”, con fallas que abarcan la ausencia de procedimientos formales, sistemas informáticos obsoletos, falta de un plan anual de inspecciones y un 21,7% de los establecimientos farmacéuticos habilitados sin controles desde hacía más de cinco años.
El documento, al que accedió de manera exclusiva Infobae, resume el hallazgo central en una frase: “Ello se evidencia en las deficiencias observadas en el ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y vigilancia sanitaria, particularmente, en lo referido al control de calidad de medicamentos y la gestión de desvíos” en la fabricación de medicamentos.
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Los auditores trabajaron en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna de la ANMAT, entre octubre de 2025 y enero de 2026, sobre expedientes de vigilancia postcomercialización y farmacovigilancia tramitados durante el primer semestre de 2025. Es decir, después de la mayor tragedia sanitaria del país.
Ni procedimientos formales ni plan anual de inspecciones
Uno de los primeros hallazgos del informe apunta a la ausencia de normativa interna específica. Los auditores detectaron “la subsistencia de procedimientos informales” y la falta de plazos determinados para tramitar los reportes por desvíos de calidad y las órdenes de retiro de mercado. Los Procedimientos Operativos Estándar vigentes —siete en total, identificados con códigos internos— “no contemplan plazos administrativos ni circuitos que comprendan la totalidad de las etapas administrativas de los procesos”, lo que les daba a las autoridades de control un manejo discrecional. Además, ninguno de ellos fue remitido a la Unidad de Auditoría Interna para su intervención, tal como exigen las regulaciones vigentes desde 2007.
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A esa carencia se suma una omisión más estructural: la ANMAT no cuenta con un Plan Anual de Inspecciones de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
El propio informe del Gobierno aportado a la causa que instruye Kreplak destaca que las BPF son “un conjunto de normas, procedimientos y controles exigidos para la elaboración de medicamentos y productos médicos, garantizando que se produzcan de manera consistente, uniforme y segura”, con el objetivo de “minimizar los riesgos de contaminación, errores y asegurar su calidad”. Todo lo que no ocurrió en los laboratorios elaboradores y distribuidores del fentanilo contaminado, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A. Estas normas, de carácter internacional, se rigen por diez puntos principales, entre los que se destacan:
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Garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto. El objetivo central de las BPF es asegurar que cada medicamento se fabrique de acuerdo con el estándar de calidad apropiado para el uso al que está destinado, cumpliendo con los requisitos de la autorización de comercialización otorgada por la ANMAT, y sin representar ningún riesgo para el paciente por deficiencias de seguridad, calidad o eficacia.
Evitar la contaminación cruzada. Prevenir que un producto se mezcle, contamine o vea comprometido durante el proceso de elaboración, envasado o etiquetado, situación directamente vinculada al caso del fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. Exactamente eso es lo que sucedió en la planta elaboradora cuyo propietario era Ariel García Furfaro, en la actualidad preso y uno de los 15 procesados en la causa. Dos de ellos son las ex titulares de la ANMAT y del INAME, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, respectivamente.
Asegurar procesos de fabricación consistentes y reproducibles. Todos los procesos productivos deben estar claramente definidos, documentados y validados, de manera que cada lote se produzca siempre de la misma forma, sin variaciones que puedan afectar la calidad del producto final.
Mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Los establecimientos deben asegurar condiciones de higiene acordes a las necesidades de cada proceso de elaboración o fraccionamiento, para evitar cualquier tipo de desvío microbiológico.
En su descargo, la ANMAT respondió a los auditores que sus inspecciones se rigen por un enfoque de análisis de riesgo, con planificaciones que “pueden tener modificaciones según demanda y prioridades”, y que recién a partir de 2025 —después del escándalo sanitario del fentanilo— comenzó a solicitar a sus áreas técnicas la presentación de planes de inspección formales.
Laboratorios sin inspección
El informe cuantifica el impacto de esa falta de planificación: 51 de los 235 establecimientos farmacéuticos habilitados en el país —el 21,70% del total— no habían sido inspeccionados en el marco de las normas de Buenas Prácticas de Fabricación desde hacía más de cinco años. Entre los casos que integran ese listado figuran laboratorios con la última inspección registrada en 2009, 2010 y 2015.
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No fue el caso de Laboratorios Ramallo, el elaborador del fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. En la causa está probado que se lo inspeccionó días antes de la fabricación del anestésico que derivó en 90 muertes y dejó secuelas en otros 44 pacientes, pero las autoridades responsables, Mantecón Fumadó y Bisio, no sancionaron a la firma ni prohibieron la fabricación de medicamentos, a pesar de que la inspección determinó desvíos de calidad. En el expediente se sumaron documentos que demuestran que desde el INAME le avisaban a los directivos de HLB Pharma Group y Ramallo S.A. la fecha y el horario de las inspecciones.
En el informe, de 116 páginas, los auditores apuntaron: “La situación descripta evidencia debilidades en los mecanismos de control y fiscalización de la ANMAT lo que impide verificar el cumplimiento efectivo de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control por parte de los establecimientos habilitados”, y agregaron que esa omisión conlleva un riesgo sanitario derivado de la posible elaboración de especialidades medicinales sin los controles de calidad exigidos.
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La ANMAT no emitió opinión sobre ese punto específico en su respuesta a los auditores, que decidieron mantener la observación.
El informe describe en detalle las falencias tecnológicas del Sistema de Inspecciones, la plataforma que administra todas las inspecciones realizadas por el organismo. Según los auditores, el sistema “no cuenta con controles de carga ni validaciones automáticas que aseguren la incorporación de documentación obligatoria, tales como el acta de inspección debidamente firmada por la totalidad de los inspectores intervinientes”. Tampoco registra de manera obligatoria el número de expediente electrónico que dio origen a cada inspección, lo que limita vincular cada procedimiento con su antecedente administrativo, y carece de un mecanismo de firma digital integrado que garantice la autenticidad de la documentación generada.
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La plataforma, que funciona sobre una base de datos Informix de 2014 y un lenguaje de programación ASP clásico, según el propio relevamiento técnico, tampoco está integrada con los demás sistemas informáticos del organismo, lo que obliga a la carga manual de información y “afecta la eficiencia operativa y la calidad de la información disponible para la gestión y la toma de decisiones”. El informe constató además la ausencia de una política de backups formalizada y la inexistencia de un Plan de Contingencia vigente para ese sistema.
Un problema equivalente afecta al Sistema de Retiro de Mercado, la plataforma que concentra la información de los productos retirados de circulación. Los auditores hallaron que “presenta falencias relevantes en cuanto a la calidad del registro y a la integración de la información”, sin validaciones que garanticen el ingreso de datos críticos como la cantidad de unidades recuperadas frente a las distribuidas, y sin interoperabilidad con otros sistemas del organismo, lo que “eleva el riesgo de errores, inconsistencias y registros duplicados”.
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La ANMAT respondió que las observaciones resultan “coincidentes con el diagnóstico institucional” y detalló un Plan de Acción Estratégico dividido en tres etapas: un relevamiento integral de procesos y sistemas, una redefinición con una base de datos única e integrada, y finalmente una plataforma de trazabilidad sistemática para todos los productos de salud, bajo estándares de seguridad ISO 27001.
Uno de los hallazgos con mayor impacto sanitario del informe es la constatación de que, en los nueve expedientes de retiro de mercado relevados en los que un laboratorio debía retirar un medicamento subestándar, ninguno fue verificado mediante una inspección posterior. Todos esos expedientes corresponden a productos de HLB Pharma Group, y el informe permite identificar con precisión algunos de ellos: la Morfina 1% (lote 31050, Certificado N° 43.292), un opioide utilizado como analgésico en dolores de alta intensidad; el Diclofenac 25 mg/ml en ampollas plásticas (lote 80020, Certificado N° 52.922), un antiinflamatorio de uso extendido en el sistema hospitalario; y el Propofol HLB (Certificado N° 43.900), el anestésico ya mencionado en otras observaciones del informe. Los seis expedientes restantes que integran ese universo también corresponden a productos de la misma firma.
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La normativa vigente, la Disposición ANMAT N° 1402/2008, establece expresamente entre las responsabilidades del organismo el “monitoreo del progreso del retiro o corrección del mercado mediante la revisión periódica de los informes recibidos por la empresa y/o mediante la revisión de las operaciones y su efectividad a través de la realización de inspecciones”.
El informe es contundente sobre las consecuencias de haber incumplido esa obligación: “Es de aclarar, que de los retiros de mercado ordenados en ningún caso se concluyó el procedimiento, existiendo en el mercado medicamentos subestándar”. No se trata, entonces, de una demora parcial, sino de la constatación de que ninguno de los nueve procesos de retiro relevados llegó a un cierre formal verificado. Los auditores remarcaron que “el incumplimiento normativo y la ausencia de fiscalización de los retiros de mercado priva a la medida de eficacia sanitaria, mantiene el riesgo identificado y compromete la capacidad de la autoridad de aplicación para ejercer su función de control y protección de la salud pública”, y agregaron que esa falta de verificación “genera un riesgo cierto de permanencia en circulación de medicamentos subestándar, con el consiguiente impacto negativo en la seguridad sanitaria de la población”.
En su descargo, la propia ANMAT reconoció que durante todo el primer semestre de 2025 no se realizó ninguna inspección de retiro y/o corrección del mercado.
El documento permite verificar, además, que esta falla no es inédita ni exclusiva del período auditado. Al reconstruir el historial de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, los auditores incluyeron un anexo con expedientes de años anteriores —desde 2019 hasta 2024— en los que se repiten los mismos patrones: desvíos de calidad por contaminación, envases sin lote ni vencimiento y órdenes de “retiro de mercado” que en la práctica derivaron apenas en “medidas correctivas” sin verificación posterior. Ese anexo incluye, entre otros, casos de metronidazol, ringer lactato, solución fisiológica y agua destilada de ambos laboratorios, con notificaciones que datan de 2019, 2020, 2021 y 2022, mucho antes del brote de fentanilo contaminado de 2025.
El informe deja constancia de que en 2023 HLB Pharma había elaborado en la planta de Ramallo un total de 393 lotes de productos en sistema abierto sin la documentación de autorización correspondiente, lo que derivó en la orden de retiro de 69 lotes acondicionados en envases no autorizados, otro antecedente que tampoco tuvo un cierre formal verificado según lo relevado por los auditores.
Falta de personal y recursos
El informe también documenta debilidades vinculadas a la dotación de recursos humanos y técnicos disponibles para las tareas de fiscalización. Los auditores recomendaron “adoptar las acciones necesarias para dotar a las áreas competentes de los recursos humanos, tecnológicos, técnicos y operativos” necesarios para garantizar una adecuada registración, trazabilidad y análisis de las muestras que ingresan al organismo. Esa carencia se relaciona de manera directa con expedientes que permanecieron paralizados durante períodos prolongados —hasta un año y medio en algunos casos relevados— sin intervención de las áreas técnicas competentes, lo que, según el documento, “compromete la obtención de pruebas necesarias para la verificación de los hechos reportados” y “debilita la eficacia de las acciones correctivas o sancionatorias”.
A esas debilidades se suma la ausencia de una vía administrativa específica para tramitar los reportes de desvíos de calidad. El informe constató que esas notificaciones se caratulan bajo códigos genéricos que “no resultan específicos para el proceso auditado”, lo que dificulta la identificación y sistematización de la información y “afecta la obtención de datos precisos para fines estadísticos”.
Las irregularidades en los laboratorios de García Furfaro
El mismo informe documentó de manera puntual las fallas de control que afectaron a los laboratorios elaboradores del fentanilo contaminado. Los auditores apuntaron, sin nombrarlas, a las dos ex titulares de la ANMAT y del INAME, Bisio y Mantecón Fumadó, por los retrasos que hoy investiga la Justicia en las inspecciones a las instalaciones que elaboraron el fentanilo contaminado con dos bacterias multirresistentes a los antibióticos, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. También hizo mención a la falta de personal para llevar adelante esas inspecciones, aunque sin precisar la nómina disponible ni la cantidad de profesionales que sería necesario incorporar.
Una de las cifras más contundentes del informe es que, ante más de cien notificaciones por desvíos de calidad recibidas desde 2018 provenientes de distintos efectores de salud del país, el INAME realizó solo cinco inspecciones a HLB Pharma entre enero de 2018 y abril de 2025, y apenas tres a Laboratorios Ramallo entre 2022 y 2024. De las ocho inspecciones totales, en seis la clasificación resultante fue “con observaciones significativas”. Pese a ese antecedente, los auditores constataron que en los expedientes analizados “no se verificó la realización oportuna de inspecciones in situ” para constatar las deficiencias reportadas.
El informe documentó además que las especialidades medicinales elaboradas por HLB Pharma en la planta de Ramallo fueron producidas en una línea no habilitada para el fraccionamiento en ampollas plásticas, sin validaciones de proceso, sin lotes piloto ni estudios de estabilidad. Un proyecto de disposición de enero de 2025 había concluido que esos productos representaban “un alto riesgo sanitario para la población”, pero la disposición que formalizó la sanción recién fue aprobada en abril de ese año.
Como en la tragedia de Cromañón y la ferroviaria de Once, también en este caso la masacre sanitaria se podría haber evitado si los organismos de control hubieran actuado en tiempo y forma, y respetando las normas vigentes.
Luego de que el Gobierno dejó de intervenir -a priori- y la cotización del dólar mayorista superó los $1.500, se generó en la semana un nuevo movimiento que llamó la atención del mercado. El Ministerio de Economía le transfirió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) Letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones, mediante un canje de deuda que amplió la capacidad del ente monetario para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin vender reservas.
Los analistas interpretaron que se trató de una operación que otorgó al BCRA más instrumentos vinculados al dólar oficial para intervenir en el mercado secundario ante la eventualidad de nuevas presiones cambiarias. La transacción se concretó el jueves 4 de septiembre y se liquidó el lunes siguiente.
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El BCRA entregó al Tesoro su tenencia de la Letra Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026, identificada como Lecap S30O6. A cambio, recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense. Una de ellas fue la Lelink D30S6, que vence el 30 de septiembre de 2026 y alcanza hasta USD 800 millones de valor nominal original. El segundo título fue la Lelink D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y por hasta USD 1.200 millones de valor nominal original.
La Lecap entregada por el BCRA capitaliza a una tasa fija en pesos, mientras que las Letras dollar-linked recibidas siguen el comportamiento de la cotización mayorista
La diferencia entre ambas clases de instrumentos determina el alcance de la operatoria. La Lecap entregada por el BCRA capitaliza a una tasa fija en pesos, mientras que las Letras dollar-linked recibidas siguen el comportamiento de la cotización mayorista.
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Esos instrumentos permiten ofrecer cobertura a inversores que buscan protección frente a una eventual suba del dólar.
Las Letras dollar-linked funcionan como una vía de intervención financiera sin ventas directas de divisas, ya que permiten replicar el movimiento del tipo de cambio oficial dentro de una operación de títulos públicos. De este modo, la entidad suma activos aptos para operar sobre un segmento del mercado en el que participan quienes buscan cubrirse frente a variaciones cambiarias.
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Un informe de Analytica Consultores ubica el canje dentro de un escenario de menor actividad en los mercados de cobertura, reduce el interés abierto promedio en el mercado de futuros y también el volumen operado en títulos dollar-linked.
Según destaca el estudio que dirige el economista Ricardo Delgado, esa dinámica apareció luego del precio de referencia (fixing) de la D31G6 y de una reducción en el stock de cobertura cambiaria que mantenía el sector privado tras la última licitación.
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Alejandro Giacoia, economista de EconViews, definió el canje como una práctica habitual entre el Tesoro y el BCRA. Explicó que la autoridad monetaria tiene títulos públicos emitidos por el Tesoro y que, como no puede participar de las licitaciones primarias, suele acordar este tipo de intercambios antes de que esos activos lleguen a su vencimiento.
“El Tesoro le dio Letras dollar-linked al BCRA para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar” (Giacoia)
“El Tesoro le dio Letras dollar-linked para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar”, contó Giacoia.
Giacoia explicó que la operación se inserta en la administración de los instrumentos que el BCRA posee en su cartera. El intercambio no implicó una venta de dólares ni una modificación de los vencimientos de la Lecap entregada, pero sí cambió el tipo de activo disponible para la autoridad monetaria.
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Ese cambio preserva la posibilidad de actuar si el mercado secundario registra un aumento de la demanda de cobertura.
Una fuente consultada bajo reserva de identidad relativizó el peso específico del intercambio y sostuvo que el Gobierno ya utilizó este tipo de mecanismos durante el año. “No es muy relevante porque es lo que ya venían haciendo”, afirmó.
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Según el informante, el volumen de títulos dollar-linked y la intervención que el Gobierno hizo a través del Banco Central en ese mercado mantuvieron niveles altos, aunque no incorporó un recurso distinto a los ya disponibles.
Falsa flotación
Otra fuente, también bajo reserva de identidad, planteó reparos sobre la convivencia entre ese tipo de intervenciones y el sistema de bandas cambiarias. “El fondo de la cuestión es que se supone que el tipo de cambio es flotante y que, si el tipo de cambio sube mientras que no toque el techo de la banda, que hoy está 25% arriba del valor del dólar, en principio el BCRA no debería intervenir”, expresó.
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La fuente sostuvo que una flotación libre, incluso dentro de bandas, puede generar volatilidad en un país donde la autoridad monetaria no cuenta con un poder de fuego amplio. También consideró que una suba significativa de la cotización puede derivar en un problema económico, por lo que el Gobierno utiliza Letras dollar-linked e intervenciones en el mercado de futuros ante circunstancias que considera especulativas.
La misma fuente diferenció esas operaciones de una fijación explícita del tipo de cambio. Según explicó, el Gobierno no anunció una cotización objetivo ni buscó mantener el dólar inmóvil, ya que la cotización subió durante los últimos meses.
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Aun así, la fuente contó que las autoridades intervinieron de forma puntual para guiar el proceso mediante herramientas financieras. “No puede ser el Banco Central el que venda dólares directamente porque se desnaturaliza por completo el esquema”, afirmó.
Desde esa perspectiva, una venta de reservas dentro de las bandas alteraría las reglas previstas para el régimen cambiario. Con el canje liquidado el 7 de septiembre, el BCRA quedó con Letras vinculadas al dólar por hasta USD 2.000 millones, disponibles para operar en el mercado secundario y con vencimientos a fines de septiembre y octubre de 2026.
