SAN NICOLÁS.- En medio del debate sobre una posible adhesión de la Argentina al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión Upov-91, que otorga mayor protección a la industria semillera en materia de propiedad intelectual, dirigentes de la Mesa de Enlace presentaron al Gobierno una propuesta para avanzar en una nueva legislación de semillas que modernice el sistema vigente, sin abandonar el marco del convenio Upov-78. La Argentina mantiene una ley vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología agrícola. El planteo, que entre otros puntos regula el pago por el uso propio de las semillas autógamas como la soja, fue acercado al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, durante una reunión realizada en el stand oficial de la cartera en Expoagro.
El borrador del documento, que anticipó LA NACION, fue trabajado por las entidades rurales gremiales junto con los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y presentado también ante el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martin Famulari. Según explicaron los dirigentes, el objetivo era anticipar una propuesta consensuada del sector frente a la posibilidad de que el Gobierno envíe al Congreso un proyecto para adherir a UPOV-91.
La propuesta se presentó, no obstante según pudo saber este medio, con algunas voces en contra de la adhesión. Hubo el compromiso de avanzar con una mesa de trabajo entre las entidades mencionadas con los representantes del sector público.
A la salida del encuentro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que el documento reúne una serie de ideas elaboradas por las entidades desde noviembre pasado. “Trajimos un montón de ideas que venimos trabajando con las entidades, con CREA y Aapresid, en función de que si hay que tomar una decisión con respecto a esto podamos adelantarnos al tema”, explicó. Según indicó, el material fue entregado al equipo de la Secretaría de Agricultura para su análisis y se acordó avanzar en una mesa de trabajo. “A partir de hoy vamos a avanzar en una mesa de trabajo para ir adelantando los tiempos, porque una vez que hay que tomar decisiones, cuando uno ya tiene las cosas consensuadas es muchísimo más fácil”, afirmó.
El debate, que presuntamente se habría dado durante la reunión, fue en torno a la actualización de la ley de semillas vigente en la Argentina, una norma que como se dijo data de 1973 y que distintos actores del sector consideran desactualizada frente al desarrollo tecnológico y los cambios en la producción agrícola.
En ese contexto, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, detalló que la propuesta presentada al Gobierno plantea introducir reformas dentro del sistema actual sin avanzar hacia el esquema que establece Upov-91. “Trajimos una propuesta que trabajamos entre la Mesa de Enlace, Aapresid y CREA con algunos puntos de reforma que consideramos importantes desde el punto de vista de los productores”, explicó.
Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA)Marcelo Manera
Aclaró que uno de los ejes centrales del documento es la regulación del uso propio de semillas. Según Sarnari, el planteo incluye “reglamentar el uso propio con una escala de uso propio gratuito, pero aceptando el uso propio oneroso para algunas variedades y en algunos casos”. La dirigente señaló que también se propone que la futura normativa sea de orden público para evitar contratos entre privados que, según el sector, generan conflictos y falta de previsibilidad.
“Hoy por hoy lo que más afecta a los productores es la inseguridad jurídica que generan esos contratos entre privados”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la propuesta busca evitar que el sistema derive en mecanismos que puedan habilitar el patentamiento posterior de vegetales, uno de los temores que parte del sector asocia con la adhesión a Upov-91.
El documento presentado, aclararon los dirigentes, no constituye todavía un proyecto definitivo sino una base para iniciar el debate técnico con el Gobierno y los organismos vinculados al sistema de semillas. Durante la reunión también participó el Inase, al que las entidades consideran clave para el control y fiscalización del sistema.
Según Sarnari, la Secretaría de Agricultura recibió la propuesta y solicitó unos días para analizar el contenido antes de iniciar una discusión técnica más detallada. “Nos pidieron tiempo para poder ver lo que explicamos hoy con palabras. El compromiso es abrir una mesa técnica de trabajo en los próximos días”, indicó.
La dirigente explicó que el sector busca llegar con una propuesta consensuada al eventual tratamiento legislativo del tema a lo largo del año, tal y como establece el acuerdo firmado con Estados Unidos. “La idea es que cuando llegue el tratamiento de Upov-91 al Congreso podamos tener de antemano una propuesta entre todos los sectores”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que entre las entidades rurales existe coincidencia en la necesidad de modernizar el sistema vigente, aunque con reparos respecto de la adhesión al convenio internacional en su versión más reciente. “Estamos todos de acuerdo en que necesitamos mejorar el sistema que tenemos y UPOV-91 nos hace mucho ruido por un montón de lugares”, afirmó.
Los ruralistas coincidieron en que la reunión con el Gobierno se planteó como un primer paso para abrir el diálogo institucional sobre el tema. “Fue un momento para exponer nuestra mirada y explicar por qué llegamos a esta propuesta”, indicó Sarnari.
