Tag: Entre Ríos

  • ¿EN CRISIS? Vacaciones de invierno en la Costa Atlántica: preocupa el derrumbe de las reservas

    ¿EN CRISIS? Vacaciones de invierno en la Costa Atlántica: preocupa el derrumbe de las reservas

    Se advierte un escenario crítico para el sector turístico de la provincia de Buenos Aires. El fuerte ajuste, la licuación de los salarios y el marcado atraso cambiario conformaron una tormenta perfecta que mantiene paralizadas las reservas en las vísperas de las vacaciones de invierno.

    A pesar de que el receso invernal ya comenzó en provincias clave como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, el flujo de visitantes hacia las localidades balnearias bonaerenses no muestra signos de reactivación.

    Los referentes de las distintas cámaras empresariales advirtieron que el nivel de consultas es alarmante y prácticamente nulo en varios destinos.

    La crisis del sector se profundiza por la pérdida de competitividad frente a opciones del exterior, afectadas por las variables macroeconómicas que encarecieron los costos medidos en dólares dentro del mercado local.

    Parálisis en las reservas y crisis de rentabilidad

    El desplome del turismo interno golpea de forma directa las expectativas de los operadores comerciales que esperaban este receso estacional para equilibrar sus cuentas tras una temporada de verano que ya había mostrado signos de debilidad.
    “El nivel de reservas es prácticamente nulo en algunas localidades costeras”, señalaron fuentes del sector privado bonaerense.

    Esta falta de rentabilidad económica provoca un efecto dominó que desestabiliza a toda la cadena de valor en las ciudades costeras. 

    La falta de turistas no solo golpea la ocupación hotelera, sino que deprime la actividad en el rubro gastronómico y en los comercios de cercanía orientados al consumo masivo.

    Impacto en el empleo y el comercio de cercanía

    La principal preocupación de las autoridades locales y los representantes gremiales radica en el impacto que esta recesión genera sobre los puestos de trabajo. 

    Las economías de la Costa Atlántica dependen fuertemente de la estacionalidad, y una temporada invernal fallida debilita la contratación de personal.

    Ante la falta de incentivos para el consumo de las familias y la pérdida del poder adquisitivo, el sector privado comenzó a revisar sus estructuras de costos.

    Los empresarios turísticos advierten que, de mantenerse este panorama de baja demanda y altos costos fijos de servicios públicos, se complicará el sostenimiento del empleo registrado en las principales ciudades balnearias del distrito.

  • La provincia de Buenos Aires acusó a Nación de no darle avales para acceder a financiamiento internacional

    La provincia de Buenos Aires acusó a Nación de no darle avales para acceder a financiamiento internacional

    El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó que el ministro de Economía, Luis Caputo, no firme los avales para que la provincia de Buenos Aires acceda a financiamiento internacional para llevar adelante obra pública y analizó que la administración de Javier Milei “busca ahogar” a esa jurisdicción.

    En su habitual conferencia de prensa de los lunes en la Casa de Gobierno de La Plata -donde estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi– el funcionario afirmó que “la microeconomía está horrible y la macro está muy mal”, al tiempo en que redobló los reclamos económicos hacia la administración libertaria.

    Bianco denunció la falta de respuestas del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli ante la solicitud de audiencia formulada por el gobierno de Axel Kicillof para abordar cuestiones relacionadas con el territorio bonaerense. “No respondió ni el mensaje WhatsApp ni la nota formal en la que la Provincia solicitó una reunión”, dijo.

    En ese marco, el ministro reclamó por la falta de avales de Economía para que la Provincia acceda a financiamiento internacional. Puntualizó que Buenos Aires necesita esa autorización para obras consideradas prioritarias, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada. Ese reclamo viene siendo un clásico de los últimos meses: el propio Kicillof denunció que la Nación mantiene “pisados” permisos para acceder a créditos de organismos internacionales por más de 1.000 millones de dólares, mientras que, según datos difundidos desde La Plata, el Gobierno sí autorizó financiamiento externo para provincias como Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Salta, Río Negro, Mendoza y Jujuy.

    El diagnóstico económico: “La micro está horrible”

    Bianco desplegó una batería de indicadores para graficar el deterioro de la situación económica nacional. Afirmó que la recaudación tributaria cayó 7% interanual y que, entre noviembre de 2023 y abril de este año, se perdieron 260 mil empleos registrados, tanto públicos como privados. Señaló además una pérdida de calidad del empleo, con crecimiento del trabajo informal en changas o plataformas, y un aumento de la morosidad de las familias: según sus datos, la mora financiera familiar llegó al 12,7% en mayo, y 4 de cada 10 menores de 35 años tienen problemas para pagar créditos.

    El funcionario también habló de un fuerte deterioro del poder adquisitivo: las familias destinan cada vez más porcentaje de su salario a consumos básicos, y en los barrios populares ese gasto llegaría al 93% de los ingresos. Según Bianco, el 65% de la población dejó de comprar carne y ropa, y un 20% dejó de comprar medicamentos. A esto sumó la caída de la actividad económica -industria, comercio y construcción, los tres sectores que más empleo generan- y doce meses consecutivos de caída en el consumo y en las ventas de supermercados, con especial impacto en los lácteos.

    La frase que resumió el diagnóstico fue contundente: “Se dice que la macro está bien. La micro está horrible y la macro está muy mal, aunque hayan aumentado las reservas y bajado el riesgo país. La situación de las familias, de las pymes, está muy mal”, sostuvo, apuntando además que el ministro de Economía Luis Caputo no firmó los avales solicitados por la Provincia.

    Carlos Bianco apuntó contra Nación por el escenario económico.

    Carlos Bianco apuntó contra Nación por el escenario económico.

    “Una decisión política de desfinanciar a la Provincia”

    Para Bianco, el freno a los avales es apenas un capítulo más de lo que caracteriza como una decisión deliberada del Presidente para asfixiar financieramente a Buenos Aires. Recordó que la Nación cortó las transferencias no automáticas, primero demorando los pagos y luego dándolas de baja directamente, y que también recortó programas nacionales que se ejecutaban en territorio bonaerense.

    “Dejó de llevar adelante mil obras y por eso no nos dan los avales para tomar financiamiento y hacer obras necesarias”, planteó, aclarando que se trata de fondos que la Provincia negocia con organismos internacionales y que solo requieren que el endeudamiento no supere el 8% del presupuesto bonaerense.

    Este reclamo se enmarca en una escalada de cuestionamientos que la administración de Kicillof viene sosteniendo desde hace meses, en los que habló de una deuda nacional con la Provincia de casi 18 billones de pesos y un desfinanciamiento total -sumando recursos que dejaron de llegar por decisiones de política económica- cercano a los 27 billones. En esta oportunidad, el funcionario planteó además que ni siquiera el recambio en la Jefatura de Gabinete trajo mejoras: “Algunos pensaban que el cambio de jefe de Gabinete iba a generar un cambio, pero no”, lanzó.

    La VTV y el impacto de la Tarifa Social en el transporte

    Posteriormente, y al ser consultado por la Verificación Técnica Vehicular (VTV), Marinucci defendió la postura bonaerense de sostener el sistema propio de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos radicados en la Provincia, y cuestionó que la Nación avance en una salida distinta habilitando talleres mecánicos para certificar el estado de las unidades.

    Consideró que esto generaría un conflicto de interés difícil de controlar, dado que esos talleres viven justamente de la reparación y el recambio de repuestos. También apuntó contra la decisión nacional de permitir que las plantas de RTO ya habilitadas absorban la sobrepoblación de revisiones de vehículos de otras jurisdicciones o de camiones, lo que a su criterio es “una decisión más” del Gobierno en contra de la Provincia, con perjuicio económico y también en materia de seguridad vial.

    Sobre el final de la conferencia, se refirió al impacto de los cambios dispuestos por la Nación sobre la Tarifa Social del transporte público. Explicó que ese beneficio, creado en 2012 originalmente para sectores vulnerables del Conurbano y luego ampliado a todo el país durante el gobierno de Mauricio Macri, otorga actualmente un descuento del 55% sobre la tarifa a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, trabajadoras de casas particulares, veteranos de guerra y jubilados, entre otros, y alcanza a unos 3,8 millones de usuarios de SUBE en el área metropolitana.

    La provincia de Buenos Aires se mostró proclive a mantener la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

    La provincia de Buenos Aires se mostró proclive a mantener la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

    Marinucci cuestionó que, a partir del 1° de julio, el Gobierno nacional congeló ese subsidio: mediante una resolución de la Secretaría de Transporte, la compensación del 55% quedó fija a la tarifa de referencia vigente al 30 de junio y dejará de actualizarse junto con el valor del boleto. En la práctica, esto significa que cuando las jurisdicciones dispongan nuevos aumentos tarifarios, Nación no destinará recursos adicionales para sostener el beneficio, por lo que su peso relativo irá cayendo con cada suba -en el sector estiman que podría bajar del 55% actual a cerca del 43% en la próxima actualización-, lo que perjudica de manera progresiva a los usuarios más vulnerables tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.

    Remarcó que Buenos Aires sostiene actualmente un subsidio de alrededor de 75.000 millones de pesos para el transporte automotor en el área metropolitana y otros 5.000 millones en el interior provincial, en un esfuerzo por contener el impacto inflacionario sobre la tarifa, y denunció además atrasos de entre tres y cuatro meses en los pagos que la Nación adeuda a las empresas de transporte en concepto de compensación y de atributo social, con los meses de febrero, marzo y abril de este año todavía impagos.

  • Mayo y junio, sin ATN El recorte de transferencias no automáticas superó el billón de pesos en el primer semestre

    Mayo y junio, sin ATN El recorte de transferencias no automáticas superó el billón de pesos en el primer semestre

    El ajuste al gasto volvió a tener en junio a las provincias como uno de sus blancos principales, con apenas $48.300 millones de transferencias no automáticas, lo que representa una caída interanual en términos reales del 87,7% y con el detalle que por segundo mes consecutivo no se distribuyó un solo peso en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

    En el acumulado del primer semestre, la caída a valores constantes de las transferencias no automáticas fue del 61,8% y significó un recorte en los recursos distribuidos entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de un poco más de un billón de pesos o, si se prefiere $172.000 millones menos por mes entre enero y junio.

    El peor junio en 21 años

    Los giros no automáticos del mes pasado constituyeron “el peor junio desde, por lo menos, el año 2005”, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Politikon Chaco.

    La asignación de los fondos de ATN es una responsabilidad del disuelto Ministerio del Interior, encabezado durante el período analizado por el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

    A diferencia de las transferencias automáticas, que están asignadas mediante mecanismos de reparto previamente determinados (como es el caso de la Coparticipación Federal), las no automáticas no tienen un criterio fijo de distribución, quedando sujetas a la discrecionalidad de la autoridad de turno.

    Los ATN

    El fondo de ATN se conforma con el 1% de la masa de recursos coparticipables y su asignación está reservada a eventualidades como catástrofges naturales o urgencias financieras, según lo establecido en la ley 23.548.

    Sin embargo, la historia reciente muestra que los repartos de esos fondos no estuvieron exentos de los favoritismos políticos del momento.

    En el primer semestre, el fondo de ATN acumuló $578.658 millones, pero los recursos efectivamente distribuidos entre las provincias fueron $121.000 millones, es decir que el 79,09% del total no se repartió, un saldo de $455.658 millones.

    Las provincias elegidas

    Como en mayo y en junio no se distribuyeron ATN, el listado de provincias receptoras se mantiene sin cambios desde abril, encabezado por Misiones, con $15.000 millones.

    La nómina se completa con Mendoza y Corrientes (ambas con $14.000 millones), Neuquén ($12.000 millones), Salta ($11.000 millones), San Juan, Chaco y Entre Ríos (las tres con $10.000 millones), Catamarca y  Chubut ($ 6.500 millones en cada caso), Jujuy ($ 5.000 millones), Santa Cruz ($ 4.000 millones) y Santa Fe ($ 3.000 millones).

    En los seis meses no recibieron aportes Buenos Aires, CABA, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego yTucumán.

    Las transferencias de junio

    En cuanto al total de transferencias no automáticas, que incluyen entre otros ítems la Universalización de la Jornada Extendida, las transferencias a las Cajas Previsionales y el fondo de Agua Potable y Saneamiento), los $48.300 millones se distribuyeron de la siguiente manera:

    •  Buenos Aires: $13.159 millones.
    • Corrientes: $5.014 millones.
    • Santa Fe: $4.583 millones.
    • Catamarca: $2.832 millones.
    • Córdoba: $2.621 millones.
    • Chaco: 2.480 millones
    • Mendoza: $2.461 millones.
    • Entre Ríos: $2.308 millones.
    • Salta: $2.082 millones.
    • CABA: $1.285 millones.
    • San Juan: $1.082 millones.
    • Santiago del Estero: $1.079 millones.
    • Tierra del Fuego y Tucumán: $940 millones.
    • Neuquén: $938 millones.
    • Misiones: $916 millones.
    • Formosa: $610 millones.
    • Chubut: $570 millones.
    • San Luis: $562 millones.
    • Jujuy: $541 millones.
    • Santa Cruz: $485 millones.
    • Río Negro: $349 millones.
    • La Pampa: $303 millones.
    • La Rioja: $161 millones.

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  • Ajuste. Las transferencias nacionales a las provincias se hunden y complican la negociación con los gobernadores

    Ajuste. Las transferencias nacionales a las provincias se hunden y complican la negociación con los gobernadores

    CÓRDOBA.– Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, redobla esfuerzos con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, las transferencias de la Nación a las provincias cerraron un muy mal primer semestre. Los giros no automáticos registraron una baja real interanual del 61,8%, mientras que los recursos por coparticipación lo hicieron en un 4,3% acumulado interanual. En cambio, mejoraron los de Leyes Especiales (+11,3%) y Compensación del Consenso Fiscal (+12,4%).

    Según datos de la consultora Politikon Chaco sobre estadísticas oficiales, las transferencias no automáticas cerraron el segundo peor primer semestre desde, por lo menos, 2005, superando únicamente al registro del 2024. En junio, estas transferencias no automáticas totalizaron apenas $ 48.300 millones (etapa pagada). Respecto al mismo mes de 2025, estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde 2005.

    La Casa Rosada tiene como objetivo conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un atajo con el que creen en el oficialismo que favorecería a Javier Milei en su intento de lograr la reelección. En las conversaciones entre Santilli y los gobernadores se debate como alternativa habilitar listas colectoras, como sucede en algunas provincias.

    Reclamo de fondos

    Desde hace más de dos años, los gobernadores vienen reclamando a la Nación la reactivación de las obras de infraestructura que la gestión libertaria frenó, especialmente rutas; el desembolso de fondos federales retenidos, el aval del Ministerio de Economía para tomar créditos internacionales y fondos específicos vinculados a la salud y el PAMI, según enumeraron fuentes oficiales. Cada provincia, además, tiene reclamos propios.

    El mes pasado no hubo envíos de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Así, en el acumulado de los seis primeros meses del año, se distribuyeron un total de $ 121.000 millones por esta vía, lo que implica 19% del total de las transferencias no automáticas pagadas en el período.

    El monto marca un alza del 1,1% real contra igual periodo de 2025 (suba apoyada en los fuertes crecimientos de marzo y abril). Como ese fondo recaudó unos $ 576.658 millones en este período, su distribución fue del 21%, levemente superior al del igual período de 2025, cuando llegó al 20,2%; además, sigue teniendo el más alto volumen de ejecución para este período desde 2022, cuando llegó al 38,2%. Los datos se explican por marzo y abril.

    Por provincias receptoras de ATN, lidera Misiones ($ 15.000 millones), seguida de Mendoza ($ 14.000 millones) y Corrientes ($ 14.000 millones). Se trata de tres distritos, cuyos legisladores suelen acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Les siguen en el ranking de beneficiados con ATN Neuquén ($ 12.000 millones), Salta ($ 11.000 millones), San Juan ($ 10.000 millones), Chaco ($ 10.000 millones), Entre Ríos ($ 10.000 millones), Catamarca ($ 6.500 millones), Chubut ($ 6.500 millones), Jujuy ($ 5000 millones), Santa Cruz ($ 4000 millones) y Santa Fe ($ 3000 millones).

    No sorprende tanto la caída en los ATN porque la decisión administrativa 20/2026 de mediados de mayo introdujo recortes en programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales.

    En “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior, la contracción fue de$320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.

  • Cirio recibió 693 mil dólares y 71 millones de pesos de empresas de fitness y casas de juego

    Cirio recibió 693 mil dólares y 71 millones de pesos de empresas de fitness y casas de juego

    De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso PERFIL, entre 2016 y 2023, Jésica Cirio recibió transferencias en dólares desde el exterior de la empresa Zumba Fitness LLC de Miami por un total 693.000 dólares. Solo en 2017 recibió 234.009 dólares.

    El informe de la Procelac también indica que Cirio cobró unos 71 millones de pesos de tres empresas del juego entre 2021 y 2023: los pagos los hicieron Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (35.997.500 de pesos), Casino de Victoria S.A. (19.662.500 de pesos), y el Hipódromo Argentino de Palermo (16.335.000 de pesos). La modelo y conductora emitió, durante esos años, facturas a dichas compañías con una periodicidad mensual de entre $1.210.000 y $1.512.500.

    El dato surge de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que se incorporó a la causa en la que se investiga a su ex esposo Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. A pedido del fiscal Sergio Mola, los contadores de la Procuración analizaron el patrimonio de Cirio desde el año 2009 al 2023.

    Las empresas Desarrollos Turísticos Victoria S.A. y Casino de Victoria S.A. están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, que también es dueño de bingos en la provincia de Buenos Aires.

    En tanto, entre los principales accionistas de la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo figuran Federico de Achával y Cristóbal López.

    Martín Insaurralde Jesica Cirio 20260622

    Insaurralde comenzó su carrera política como secretario de Jorge Rossi, quien fue titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Luego Rossi fue intendente de Lomas de Zamora, cargo al que renunció en octubre de 2009; y lo reemplazó Insaurralde, que hasta ese momento era su secretario de Gobierno.

    A Insaurralde lo reeligieron en 2011, 2015 y 2019 y en 2021 asumió como jefe de Gabinete bonaerense, cargo al que renunció en octubre de 2023 tras la difusión, en plena campaña presidencial, de un foto suya a bordo del yate “Bandido” en las playas de Marbella. La imagen la subió Sofía Clérici en sus redes sociales. Desde entonces tiene un causa abierta en la justicia federal de Lomas de Zamora que busca si sus ingresos permitían afrontar suntuosos viajes al exterior, compra de activos y otros gastos.

    Conexión Cirio Insaurralde

    Insuarralde y Cirio se casaron en 2014 y se separaron en 2022. Tienen una hija en común. Durante esos 8 años, Insaurralde fue por períodos intendente de Lomas de Zamora y a partir de 2021 jefe de Gabinete bonaerense.

    El abogado Tomás Brady, de Poder Ciudadano, querellante en la causa, sugirió que la Justicia podría investigar si los pagos a Cirio pueden ser sobornos encubiertos a favor de Insaurralde.

    “Las recomendaciones del GAFI imponen la obligación de poner especial atención a las Personas Expuestas Políticamente porque los vínculos se pueden utilizar indebidamente para actos de corrupción dado su influencia”, dijo Brady a PERFIL. El abogado explicó que, al haber sido la esposa de Insaurralde cuando fue funcionario público, Cirio era una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Y que los casinos son “sujetos obligados”.

    Brady añadió que la estrategia de la defensa de Insaurralde y Cirio es ir en “bloque” para justificar que los gastos que hizo el ex intendente de Lomas de Zamora fueron con ingresos de Cirio. A fines de 2024, Insaurralde sostuvo ante la Justicia que su ex pareja le prestó 250 mil dólares en enero de 2023. “Al ser funcionario público Insaurralde jamás pudo costear el viaje del bandido”, sostuvo.

    El viernes pasado el fiscal Mola pidió al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria de Insaurralde y Cirio por la posibilidad de que obstruyan la investigación pero Armella lo rechazó y por el momento les prohibió salir del país. Esta semana Insaurralde se reunió con Mauricio D’Alessandro, abogado del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar y defensor de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en la causa que lo investiga presunta corrupción.

    Mautone, de promotor de la visita de Tyson a pagador de Cirio

    Mautone tuvo un momento de exposición pública hacia 2011, cuando promovió la visita del boxeador Mike Tyson a la Argentina, para participar en el programa Bailando por un sueño, que conducía Marcelo Tinelli por Telefé.

    Daniel Mautone

    Para ese entonces, según una nota de este medio, el empresario nacido en Entre Ríos tenía una fortuna estimada en 200 millones de dólares.

    “En el año ’84 surgió la posibilidad de instalar un bingo en Santa Fe. Esa fue mi primera inserción en el rubro. Luego, en el año ’90 cuando se votó la Ley 11.018 de bingos en Buenos Aires compramos con un grupo de inversores el Bingo de General Rodríguez, del cual Daniel Angelici era socio”, dijo a PERFIL en 2011.

    Consultado en ese momento por si había aportado dinero para las campañas a gobernadores de Entre Ríos de Jorge Busti y de Sergio Uribarri, dijo que: “Nunca aporté dinero para la campaña de ninguno de ellos”.

  • Solo en Off. Adorni y sus reuniones reservadas con empleados antes de dejar la Casa Rosada

    Solo en Off. Adorni y sus reuniones reservadas con empleados antes de dejar la Casa Rosada

    La del martes pasado, abrazado al presidente Javier Milei y su sucesor, Diego Santilli, fue la foto clave del último baile de Manuel Adorni en lo más alto del poder. Saludado por los ministros, funcionarios y legisladores –llamó la atención el abrazo y beso con la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, una de las más firmes impulsoras de su salida del Gobierno- Adorni dio las hurras y volvió al extremo bajo perfil que se autoimpuso desde que se iniciaran las pesquisas judiciales y periodísticas en torno a su crecimiento patrimonial.

    En los pasillos de la Casa Rosada, los mismos por los que solía circular el ya ex jefe de gabinete, subsisten las dudas sobre el devenir de la causa judicial que lo involucra y una certeza: habrá más capítulos en la investigación judicial que encabezan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que involucren a empleados bajo su mando en los dos años y medio en los que Adorni fue sucesivamente vocero presidencial, candidato a legislador porteño y jefe de gabinete. Viejos conocedores del movimiento en despachos y oficinas dan fe de al menos una reunión, días antes de terminar su mandato, entre Adorni y varios empleados, varios de ellos con sueldos más que modestos, pero vinculados con las idas y vueltas habituales de Balcarce 50. Nadie sabe, ni quiere saber, el contenido de esos diálogos con empleados de bajo rango, convocados por Adorni a su oficina en la planta baja de la Casa Rosada, la misma que hoy utiliza Santilli.

    Quienes conservan un buen recuerdo del jefe de gabinete en la Casa de Gobierno sostienen que sólo se trató de cálidos encuentros en modo despedida, aunque los mal pensados suponen otro tipo de intercambios, destinados a mejorar (o al menos, a no empeorar) su situación judicial. Lo cierto es que la lista corta que hasta ahora conforman la ex secretaria de Adorni, Gisela Kocsis; el entonces coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Ajulu; y la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, empleados cercanos al ex jefe de gabinete y que le prestaron a Adorni su tarjeta para realizar compras personales (y lo declararon en sede judicial) podría ampliarse en los próximos días y semanas, abriendo un panorama judicial hasta ahora incierto.

    Ritondo, “rodeado de macristas” en la jura de Santilli

    Contento por el crecimiento de su amigo y socio político desde hace tres décadas, Cristian Ritondo disfrutó en los últimos días del ascenso de Diego Santilli a la jefatura de gabinete. Al jefe del bloque de diputados de Pro se lo vio sonriente y distendido en la Casa Rosada, mientras Santilli se preparaba para jurar ante el presidente Javier. Tan relajado estaba Ritondo que varios testigos escucharon su voz aguardentosa, desde la cuarta fila de asientos en el salón Blanco, con una broma de alto contenido político.

    Reunión entre Diego Santilli y Cristian Ritondo
    Reunión entre Diego Santilli y Cristian RitondoX.com

    “Al final, el único de La Libertad Avanza soy yo, los demás son de Pro”, bromeó Ritondo, ante la risa de los ocupantes de las primeras filas, entre quienes se encontraban Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Santiago Bausili, Patricia Bullrich y Pablo Quirno, entre otros funcionarios con pasado macrista. “Para el Pro es muy importante que Diego esté ahí”, dijo Ritondo al término del acto, como para aclarar que, a pesar de su cercanía con el nuevo jefe de gabinete, sigue en el equipo amarillo.

    La UCR da batalla desigual contra Gildo Insfrán en Formosa

    “A partir de hoy comienza la cuenta regresiva para que termine el gobierno de Gildo Insfrán”, se entusiasmó el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonardo Chiarella, ante el esperanzado aplauso de una platea afín. El sábado por la noche, Chiarella estuvo en la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo formoseño, dispuesto a darle batalla al eterno gobernador peronista, que cumple el año próximo cuatro décadas ininterrumpidas en el poder formoseño y no tiene pensado retirarse.

    Entre sándwiches de pata de ternera, los radicales eligieron a la diputada provincial Agostina Villaggi como la nueva titular partidaria en el feudo de Insfrán, aunque como era de esperar el recambio tuvo nulo eco en los medios locales. Parte de una oposición dividida, y en muchos casos con lazos con el veterano caudillo, el radicalismo apuesta a la Corte Suprema, que tiene en sus manos el planteo que hizo Villaggi contra la reelección indefinida del gobernador, que Insfrán hizo aprobar el año pasado.

    Revuelo y tarjeta roja en el PJ entrerriano

    El peronismo de Entre Ríos vive momentos turbulentos. El veterano intendente de la localidad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, había denunciado que lo querían “expulsar del Justicialismo por criticar a la conducción y pedir elecciones partidarias limpias, pero no expulsan a (Edgardo) Kueider”, comparó Rossi en X, en referencia al exsenador entrerriano, que fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar.

    El año pasado, Rossi había denunciado aportes ilegales para la campaña interna y había apuntado a la conducción. Sin embargo, las quejas y las denuncias no frenaron la decisión. El Congreso Provincial del PJ terminó por expulsar, días atrás en un congreso realizado en Paraná, al intendente junto a otros dirigentes, que replicaron que fueron echados “por denunciar la corrupción”.

    Daniel Rossi, intendente expulsado del PJ entrerriano.
    Daniel Rossi, intendente expulsado del PJ entrerriano.

    El castigo de los jefes del partido al intendente profundizó el revuelo interno. “Un peronista no puede ponerse con una tarjeta roja o amarilla en la puerta del partido”, cuestionó el exdiputado Marcelo Casaretto, pre candidato a gobernador en 2027, en tono futbolero. La crisis peronista en tierras entrerrianas todavía está lejos de desaparecer.

    Ravier con “pesada herencia” y pocos lectores en La Pampa

    Pasado su debut como portavoz presidencial –tuvo su primera conferencia de prensa en Casa Rosada el martes pasado- Adrián Ravier proyecta sus días de trabajo, aunque desde su pago chico, La Pampa, llegan noticias no del todo cómodas. El juez federal Juan José Baric no aprobó el balance partidario de 2024 y abrió una causa penal a la pasada conducción de La Libertad Avanza, hoy encabezada por el propio Ravier en La Pampa.

    Si bien Ravier tomó la conducción recién el año pasado, la novedad podría complicar la recaudación para la campaña de 2027, en la que el portavoz presidencial es número puesto como candidato a gobernador.

    El libro de Milei-Ravier fue sorteado en Instagram, pero no hubo ganadores.
    El libro de Milei-Ravier fue sorteado en Instagram, pero no hubo ganadores.

    Concentrado en difundir lo que considera logros del Gobierno en la economía, el portavoz dedica parte de su tiempo a difundir el libro escrito junto al presidente Javier Milei, titulado La batalla por la macroeconomía, editado por la Fundación Faro. Curiosamente, un “sorteo mundialista” de su libro organizado días atrás por la Juventud Libertaria de La Pampa a través de las redes sociales “no tuvo ganadores”, según informaron en un posteo los propios jóvenes libertarios, aunque días más tarde retiraron esa información de la red Instagram.

  • Los pilotos de guerra ya vuelan solos los F16, pero cobran $1,2 millón al mes y crece el éxodo del personal militar

    Los pilotos de guerra ya vuelan solos los F16, pero cobran $1,2 millón al mes y crece el éxodo del personal militar


    “El Estado invirtió fortunas en traer los aviones pero se va el personal. Uno de los dos ingenieros del sistema F16 renunció por los bajos salarios y para el ministerio de Desregulación es un logro de gestión”, describe un jefe militar la paradoja que hoy rodea a un Gobierno que festeja el “vuelo solo” de los aviones supersónicos adquiridos el año pasado a Dinamarca pero por otro lado se sigue descapitalizando.

    La comunicación oficial dio cuenta de este logro: el ministro de Defensa, Carlos Presti, estuvo el viernes 3 de julio en Río Cuarto para la primera pasada de cuatro pilotos del denominado “sistema de armas F16” que, en esta ocasión, condujeron sin sus instructores. “En el marco del Programa Peace Cóndor, la Argentina alcanzó la primera certificación en el proceso de habilitación de sus pilotos”, reza el comunicado de la cartera ubicada en el Edificio Libertador.

    Pero esta capacidad que ha logrado el Estado argentino se choca con la continúa salida del personal militar al que ya ni siquiera les alcanza con complementar sus ingresos manejando Uber o realizando servicios para otras plataformas. Como contó Clarín, los pilotos de los F16 cobran cerca de $1.200.000 pero podrían incrementar su salario por la suba que han obtenido los estatales, reconocimiento de título y un refuerzo para los “suplementos de vuelo”. Pero esos incrementos, revelan en Edificio Condor, tampoco harían la diferencia. “Igual aún no fue autorizado el aumento del suplemento”, advirtió una fuente castrense consultada.

    Hasta principios de año, ya habían renunciado unos 2 mil agentes de la Fuerza Aérea por los bajos salarios. La salida de los uniformados no ha cesado pero en los últimos meses llamó la atención que personal altamente capacitado haya desertado de esta arma: se cuenta dos pilotos de los helicópteros presidenciales y el citado ingeniero aeronáutico que fue seducido por un sueldo “de $4 millones de una empresa energética” cordobesa.

    Los pilotos del avión presidencial cobrarían cerca de $1700.000 más los viáticos que perciben por la afiebrada agenda exterior que ha registrado Javier Milei desde su desembarco en Casa Rosada.

    El gran problema que ha originado este desfasaje salarial ha sido la decisión del Ejecutivo de dar de baja en enero de 2024 la “jerarquización salarial” que había autorizado el gobierno de Alberto Fernández y luego congelado los aumentos paritarios, lo que ha logrado que los militares ganen un 40% menos que los efectivos de las fuerzas de Seguridad, como Gendarmería o Prefectura.

    Las críticas del sector castrense por la actual situación, que ha llevado también a desfinanciar la obra social OSFA (la ex IOSFA), apuntan al ministro Luis “Toto” Caputo por no autorizar a mayores erogaciones presupuestarias desde Economía. Pero también se cuestiona a Federico Sturzenegger, que desde Desregulación intenta “optimizar” el funcionamiento de las FFAA.

    Por ejemplo, un documento reservado del Ejército, titulado “Conformación del Destacamento Pesado”, dio el paso inicial para unir el Regimiento de Caballería de Tanques 1 con el Regimiento de Infantería Mecanizada 5, ubicados en la Guarnicíon MIlitar de Villaguay (Entre Ríos). “Lo grave del caso es que de dos regimientos va a quedar sólo un destacamento, mucho más chico”, señaló otro referente militar consultado.

    En la denominada “Fase 3, integración” de esta iniciativa, se propone “ajustes de recursos humanos, materiales y financieros”, e “integración progresiva de funciones comunes de comando, control, instrucción, mantenimiento y apoyo guarnicional”.

    Esta descapitalización progresiva de los predios de las FFAA se produciría junto a la decisión estratégica del Ejecutivo de desprenderse de terrenos militares. En octubre del año pasado se vendió un predio del barrio de Palermo del Ejército por 127 millones de dólares y este año trascendió que se analiza vender parte de la Base Naval de Mar del Plata.

    Según el informe de Jefatura de Gabinete de mayo de 2026, en la gestión de Javier Milei se desafectaron 35 inmuebles del Estado en total, de los cuales algunos provienen de Defensa. Por ejemplo, el predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, vendido por U$S 34 millones en 2025.

  • Cuántos proyectos de ley presentaron los senadores en el primer semestre del año

    Cuántos proyectos de ley presentaron los senadores en el primer semestre del año

    Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.

    El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.

    Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

    Debate en el Senado por la reforma Laboral

    También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.

    Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.

    Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.

    Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

    Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.

    El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.

    Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.

    Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).

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    Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)

    Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.

    De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.

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    El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.

    Proyectos senadores

    Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.

    El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.

    En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.

    A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.

    La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

    En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.

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    Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.

    Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

    Carga y chequeo: Desiré Santander

    Infografías: Felipe González

  • El Colo, la nueva esperanza blanca

    El Colo, la nueva esperanza blanca

    Se fue “Alhorni”, llegó el “Colo”, el juez Martínez de Giorgi apartó a los querellantes de la causa Libra, el dólar sigue estable, Toto pateó para 2028 vencimientos por 6000 palos verdes y Argentina –sufriendo– pasó a la siguiente ronda. En estas condiciones, el gobierno puede dormir tranquilo.

    ¿Es la etapa post Adorni un relanzamiento de la gestión? Seguro es un cambio relevante de funcionarios, pero si representa una nueva etapa está por verse. Una nueva fase implica un giro estratégico y metodológico que nunca es fácil, ni rápido, más allá de las buenas intenciones. Sobre todo, cuando lo que no parece modificarse es la lógica del control de la caja mayor.

    Un gobierno no se relanza solo porque quiere, sino porque puede. La llegada de Santilli es una buena noticia para el oficialismo dados los atributos personales y políticos del nuevo jefe de gabinete: peronista de origen, ex amarillo, con mucha experiencia, con capital político propio y una excelente relación con muchos gobernadores. Pero eso no alcanza en una administración propensa a los errores políticos no forzados. Todo el affaire Adorni mostró una profunda falta de profesionalismo político, que camino al año electoral puede generar varias sorpresas desagradables.

    ¿Qué negoció Santilli para aceptar el cargo, además de ser candidato a gobernador bonaerense? ¿Le cumplirán los compromisos quienes tienen fama de malos pagadores y sin códigos? ¿Qué garantías se habrá tomado el recién llegado? Porque ahora tendrá que poner la cara por la gestión en las buenas y en las malas, mientras el frente de la microeconomía sigue dando noticias negativas. El EMAE de abril mostró caída –estamos en modo serrucho–, la industria automotriz la está pasando mal, el campo va liquidando menos verdes en el primer semestre porque no lo necesita, la morosidad sigue aumentando, y cae la recaudación de los impuestos que delatan la evolución del consumo (y son coparticipables).

    En este contexto, ¿cuánto margen de maniobra política tendrá Santilli, a quien ya le pusieron un comisario político como Devitt, si Toto no afloja fondos? Solo veamos dos ejemplos de lo duro que está el Palacio de Hacienda: le va a pagar a las empresas constructoras con bono en dólares para 2038 y tiene una deuda enorme con las empresas energéticas por el subsidio al gas. Es decir, pateando para adelante. ¿Hará lo mismo con los gobernadores allegados? ¿Estos aceptarán mansamente condiciones semejantes en pleno año electoral, cuando se juegan todo su capital político?

    Hay que darle tiempo al nuevo funcionario para ver si logra su doble objetivo: satisfacer políticamente a los hermanos y quedar bien parado en imagen para ser competitivo de cara a la gobernación bonaerense 2027. Tiene varios temas para empujar en la agenda parlamentaria, pero ninguno tan relevante y sensible como la reforma electoral. El oficialismo quiere usar la zanahoria de las colectoras para abolir las PASO. La cuestión es que eso solo le sirve al Javo, porque el resto -como Macri- prefieren que el gobierno tenga más obstáculos por saltar para reelegirse. ¿Por qué hacérsela fácil? Regla universal de la política: el otro debe tener problemas que lo necesiten a uno para solucionarlos (y obligarlo a negociar).

    Detengámonos un poco en este debate sobre las reglas electorales porque puede ser clave para proyectar el 2027. El gobierno está proponiendo el sistema de colectoras a cambio de bajar las PASO, pero solo en la categoría de diputados nacionales. Es decir, ofrece un sistema que solo lo favorece al presidente porque junta votos de varios lados, mientras permite que cada sector político allegado mantenga su propia identidad.

    Si hay primarias como habitualmente pueden suceder dos cosas que LLA no quiere: 1) que la oposición se ordene atrás de un candidato legitimado por el voto popular, con todo el efecto positivo que eso podría tener para muchos independientes; y 2) que haya una eventual primaria en el propio oficialista donde el presidente debiese competir fuerzas con un adversario del PRO u otro sector. El león libertario quiere que haya absoluto verticalismo en su espacio donde él sea el mandamás sin discusión de ningún tipo (teléfono para el Hada Patricia, como ya advertimos en esta columna).

    Si les da a los gobernadores dialoguistas las colectoras, los compromete absolutamente a trabajar para él, para que el arrastre los favorezca (advertencia para ilusos: aun con boleta única, se verifica que hay efecto arrastre). ¿Y si la ola violeta se trunca? ¿Todos pagarán platos rotos? Y los que tienen a nivel provincial un electorado muy variopinto ¿no sufrirán pérdida de votos por asociarse al león?

    Y por si faltaran complicaciones: nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la estrategia de LLA en las provincias. ¿Jugarán fichas fuertes? ¿O competirán formalmente, pero sin ponerle mucho gas para facilitarle la vida a los dialoguistas? Se escuchan rumores de acuerdos de este último tipo en distritos relevantes, más allá de repetir acuerdos en Mendoza, Entre Ríos y Chaco. ¿Y en CABA? ¿Y si prometen, pero no cumplen? El oficialismo debería ver la película “Mi pasado me condena” de Alan Pakula.

    Un dato adicional favorable al gobierno y que incide políticamente: hay 9 provincias con proyectos RIGI en marcha, pero se debe observar a 7 (Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro y Mendoza). Salvo en esta última, en las otras la desocupación está muy por debajo del promedio nacional (en algunos casos la mitad y en otras hasta un tercio del 7,8% a nivel país). Se podría imaginar que la aprobación del gobierno en esos lugares es positiva. Sin embargo, no supera el 40 %. ¿Por qué? La formación de la opinión pública es mucho más compleja que el traslado lineal de los indicadores económicos y sociales objetivos (y si así fuese, los consultores políticos no tendríamos trabajo).

    Scaloni volvió a gozar de su mix de magia y suerte. ¿Será el Colo –como Scaloni– el que llega para arreglar los desaguisados de su ex superior?

  • La crisis en las rutas: dónde quedan las autopistas que el Gobierno proyecta construir

    La crisis en las rutas: dónde quedan las autopistas que el Gobierno proyecta construir

    Una de las tareas más fáciles para un administrador de temas viales s conocer exactamente dónde están los problemas de saturación de tránsito, ya que los sistemas de medición de flujo son baratos y eficientes.

    De ahí que cuando los ministros pidieron a Vialidad Nacional dónde se ubican las “obras urgentes”, el mapa apareció en minutos. Desde entonces, en el Gobierno trabajan en un complejo llamado a licitación para ampliar la infraestructura vial que será la cuarta etapa, después de las tres que por estas horas terminarán de entregar a concesionarios los primeros 9000 kilómetros de rutas.

    El mapa al que accedió LA NACION y que es la base de las nuevas licitaciones presenta obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires.

    A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca.

    El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia.

    Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

    Para que se entienda, las licitaciones actuales, que se entregan en este tiempo, son las viejas concesiones que estaban en la empresa Corredores Viales. De los 9000 kilómetros que están en ese proceso ahora, hay 3000 que ya son autovías, mientras que de los 6000 restantes sólo se prevé la construcción de 300 kilómetros de rutas de cuatro manos. Es decir, que nadie tenga la más mínima esperanza de que las empresas que ganan los concursos y que las manejarán por al menos 25 años hagan mucho más que tapar baches.

    De hecho, no tienen obligación ya que el pliego no prevé demasiadas obras a cargo de ellas más que la necesidad de que la ruta esté en estado de “transitabilidad”, una condición subjetiva que será auditada por Vialidad Nacional, el organismo que iba a desaparecer y que finalmente resistió la motosierra de la administración del presidente Javier Milei. Dicho en una palabra, solo tienen obligaciones de bacheo.

    Las licitaciones de las rutas nacionales, que eran esperadas por gran parte del interior del país, se convirtieron en una enorme decepción para los usuarios de los corredores. El sector productivo, por caso, estalló en críticas cuando miró los pliegos y vio que era un festival de bacheo y peajes.

    Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las vías troncales pagas que están en proceso de licitación.

    Como se dijo, en este paquete se prevé la construcción de tramos de autopistas, autovías, duplicación de calzadas o tercer carril, según el flujo de tránsito. Ahora bien, una parte de estas obras está dentro del paquete que se licita por estos días, que según cálculos del Gobierno, concentra 80% del movimiento vial argentino.

    Hay una parte importante de kilómetros de esta nueva etapa que sólo serán entregados al sector privado para sacarlos de la órbita del mantenimiento que actualmente realiza Vialidad. La idea del Gobierno es que el organismo deje esas tareas de mantenimiento o construcción y que concentre sus funciones en cuestiones administrativas. Esas rutas, que están señaladas con color azul en el mapa, no necesariamente serán concesionadas a las empresas a cambio de peaje sino que en muchos casos, aún no se sabe en cuáles, el Tesoro pagará como un servicio al concesionario. Consideran que esta solución es más barata que dejarlas en manos del mantenimiento de Vialidad.

    El mapa sobre el que se trabaja es tentativo ya que, además, hay consultas con varios organismos y con algunos gobernadores para ver cuál será el proyecto de licitación final. ¿Cuántos kilómetros? Algo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace poco más de un mes en un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario. “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”, dijo entonces.

    Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos.

    El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

    El 1° de julio empezó la gestión privada en la ruta 5, llamado Tramo Pampa, que une Mercedes con Santa Rosa, y se hizo cargo la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, una firma mendocina que suele ser adjudicataria de muchas obras en la provincia que maneja el radical Alfredo Cornejo.

    Entonces, también empezó la gestión privada del Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (que contiene la Autopista Ezeiza – Cañuelas y las rutas 3 y 205). Ahora la explotará un consorcio conformado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, varias de ellas también con antecedentes en la causa Cuadernos.

    Pero como se dijo, ese esquema no prevé prácticamente autopistas ni obras importantes, sino más bien mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de posibilidad de utilizar los terrenos aledaños. El pago es mediante un peaje que rondará los $3500 por cada 100 kilómetros a valores de junio del año pasado y que podrán cobrar por 30 años, según un sistema de actualización que está previsto en los pliegos.

    Claro que la apuesta ahora tiene un interrogante fundamental: si se cobrará $3500 por cada 100 kilómetros a cambio de cortar el pasto y hacer baches, cuánto se debería cobrar para hacer obras viales importantes. Nadie contesta. La respuesta la darán los propios constructores que por estas horas se amontonan en las licitaciones actuales, una maravilla para los bolsillos de las empresas viales que se quedan con el flujo por más de dos décadas y tienen que hacer poco más que permanecer. Pero, claro, habrá que ver qué sucede cuando tengan que ir a construir y no sólo a cobrar y hacer de jardineros.