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  • Orsi dijo que Argentina había retirado la demanda por la instalación de la planta en Paysandú, pero la fiscal lo desmintió

    Orsi dijo que Argentina había retirado la demanda por la instalación de la planta en Paysandú, pero la fiscal lo desmintió

    El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú, frente a las costas entrerrianas, había entrado en un camino de solución tras la decisión de la relocalización. El emplazamiento original había generado quejas del lado argentino. La ciudad de Colón protestó porque estaría frente a su balneario principal. La posible «contaminación visual» podría afectar al turismo, principal ingreso de la localidad.

    Pero una declaración del presidente Yamandú Orsi volvió a remover las aguas. En una visita a Guichón, ciudad ubicada en el departamento Paysandú, el titular del Ejecutivo uruguayo afirmó: “Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”.

    Sus dichos fueron desmentidos casi al instante.

    “Yo no retiré ninguna denuncia. Los Amicus Curiae tampoco. La causa sigue en pie”, dijo a Infobae la fiscal Josefina MInatta. La funcionaria judicial fue quien promovió la acción penal por tentativa de contaminación en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

    Entrevista a Guillermo Michel

    Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel (Entre Ríos – UP), que motorizó la demanda civil contra HIF Global y el Gobierno uruguayo, también negó los dichos de Orsi. “La acción preventiva judicial de daño civil que iniciamos sigue adelante”, indicó en diálogo con este medio.

    Hace unos meses, un entendimiento entre ambas Cancillerías había logrado evitar un desborde del diferendo. En ambas márgenes del río hay malos recuerdos de la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos.

    El Presidente uruguayo había sostenido que el retiro de la acción judicial en Argentina había sido “una buena noticia a nivel diplomático que tiene que ver con que vamos ganando en confianza”.

    “Por supuesto falta. Había que relocalizar (la planta). Eso implica nuevos estudios de impacto (ambiental). Pero la idea no se detuvo. Se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca. Nosotros seguimos trabajando teniendo los cuidados que se tienen que tener”, agregó en diálogo con la prensa local.

    “Seguimos, seguimos”, afirmó el mandatario oriental cuando fue consultado por la inversión en Paysandú, que se avizora como la más importante de la historia del país vecino: más de USD 5 mil millones.

    “Llegado el momento de la inversión, se tienen que tomar decisiones”, agregó.

    Además, consignó que las conversaciones entre el Estado uruguayo y HIF Global por el costo del suministro de energía “viene bien”. La electricidad para realizar el proceso debe ser provista por la estatal UTE. Y el valor al que se venderá es motivo de negociación por el impacto que tendrá en el costo final de los productos que la firma pretende producir y exportar.

    “Se acercaron los números. Por supuesto: hay que ser muy prudente”, puntualizó.

    Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú. Foto: Municipalidad de Colón

    La fiscal Minatta expresó: “No sé de dónde sacó esa información el presidente Orsi”.

    Luego detalló que la Justicia Federal argentina “sigue esperando que Uruguay dé respuesta a todas las cosas que le pedimos a través de la CARU”, la comisión administradora del río Uruguay. El organismo es una entidad binacional que maneja el curso de agua como recurso compartido entre ambos países. Un pacto de la década del ‘60 estableció que la acción de cualquier Estado que afecte el río debe ser antes consultado con el otro.

    Michel, en tanto, subrayó: “La palabra presidencial es un activo importante que el presidente Orsi tiene que cuidar. La fiscal (Minatta) ya lo desmintió y la acción que iniciamos sigue con importantes medidas”. En los últimos días se realizaron controles del agua del río ante la eventualidad de que HIF contamine el flujo cuando entre en funcionamiento.

    “La salida a este conflicto no es confrontar en los medios. Se requiere diálogo serio y responsable”, agregó el diputado nacional.

    Por otro lado, Minatta indicó que incluso en el mejor escenario, la relocalización de la planta, ella continuará con el proceso. “Es importante que si se ubica en otro lugar tampoco cause daño ambiental en el río y la biodiversidad”, consignó. “El reclamo no es solo por la contaminación visual en Colón. Es mucho más importante”, agregó.

    La fiscal precisó además que a la acción penal que tiene a su cargo y a la demanda de Michel y otros legisladores del peronismo se sumó otro planteo judicial. Se trata de un amparo colectivo en el Juzgado Civil 2 de Concepción del Uruguay. La inició un gremio de la ciudad de Concordia. “Hay dos causas civiles y una penal”, resumió la funcionaria judicial.

  • Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

    Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

    Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

    Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

    La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

    La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

    Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

    La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

    El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.

    En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.

    La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.

    Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.

    Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.

    Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.

    Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.

    Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.

    La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.

    En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.

    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado en 2022

    Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.

    El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.

    Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.

    En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.

    Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.

    Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.

    Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

  • La Libertad Avanza confirmó a su primer candidato a gobernador para 2027

    La Libertad Avanza confirmó a su primer candidato a gobernador para 2027

    Es Lisandro Catalán, que competirá por la gobernación de Tucumán. El exministro del Interior presentó un programa, con el que buscará disputarle poder territorial al peronismo en la provincia del norte del país.

    La Libertad Avanza (LLA) dio en las últimas horas su primer paso formal hacia las elecciones provinciales de 2027, con el lanzamiento de Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán en 2027. El anuncio, realizado ante unas 900 personas, marcó el inicio de la estrategia electoral del oficialismo en una de las provincias donde busca disputar poder territorial al peronismo.

    Catalán, titular del partido en Tucumán y exministro del Interior nacional, cerró el acto con una frase que sintetizó la ambición del espacio: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán”. El lanzamiento incluyó la presentación del programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una hoja de ruta con reformas estructurales en materia fiscal, institucional, educativa, sanitaria y de seguridad.

    El programa propone una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial, una medida que apunta directamente al costo político. También se plantean cambios en los sistemas de salud y educación, aunque sin detalles operativos en esta primera etapa.

    Lisandro Catalán se lanzó como candidato a gobernador de Tucumán.

    Lisandro Catalán se lanzó como candidato a gobernador de Tucumán.

    En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, una reforma que el partido considera clave para “transparentar y simplificar” el proceso electoral. Catalán adelantó que LLA competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo. La autonomía municipal también figura entre los ejes centrales del programa.

    El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas, se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

    El plan incluye, además, una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

    El lanzamiento posiciona a LLA como el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y un respaldo nacional explícito. La estrategia se inscribe en un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir directamente contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con la posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

    La candidatura de Catalán abre así la carrera electoral en Tucumán y anticipa una disputa intensa en una provincia clave para el mapa político del norte argentino. Con un programa de reformas profundas y el respaldo de la conducción nacional, LLA busca instalarse como alternativa competitiva y acelerar su construcción territorial de cara a 2027.


  • La forestoindustria apuesta al crecimiento, pero debe sortear una difícil coyuntura y el tradicional “costo argentino”

    La forestoindustria apuesta al crecimiento, pero debe sortear una difícil coyuntura y el tradicional “costo argentino”

    La forestoindustria es una economía regional vital para las provincias del NEA y del Litoral argentino, con un altísimo potencial de crecimiento e inversiones, pero que debe sortear problemas propios y ajenos para poder dar el gran salto que sus integrantes esperan.

    El sector es un gran generador de riquezas. Según datos del Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar) – un espacio institucional que nuclea y representa a toda la cadena foresto-industrial del país -, la actividad involucra más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales el 80% se concentra en la Mesopotamia.

    En la actualidad, se contabilizan 13.000 productores y más de 6.000 empresas, la foresto-industria genera empleo formal para 100.000 personas y exporta alrededor de US$ 550 millones.

    Estos números no solo dan cuenta de la importancia del sector, sino también de su potencial, ya que Argentina cuenta con condiciones naturales, capital humano y base industrial para catapultarse y convertirse en un actor de peso no solo en la economía nacional, sino tammbién en el mercado internacional.

    Con este panorama se realizó el Seminario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) en Posadas, Misiones. La entidad – que este año celebra su 80° aniversario – reunió al sector en su conjunto, en una jornada que contó con 6 paneles con más de 20 disertantes y que finalizó con una jornada a campo donde se pudo apreciar la potencia de la foresto-industria: sus plantaciones, aserraderos, fábricas y hasta plantas de generadores de energía eléctrica alimentadas a biomasa. Todo un ecosistema crucial para la región.

    Allí, referentes empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, diplomáticos y especialistas analizaron las oportunidades que abre el nuevo escenario global para el sector forestal, la madera, la celulosa, el carbono y la bioeconomía. Básicamente, se trazó una potencial “hoja de ruta” para dar el tan mentado “salto” de la actividad, el cual dependerá tanto de la iniciativa propia, como así también del contexto y las oportunidades que brinde nuestro país: construir competitividad sistémica, mejorar infraestructura y logística, generar seguridad jurídica y crear condiciones capaces de atraer inversiones de clase mundial.

    Uno de los mayores problemas de la actividad es coyuntural: la paralización de la obra pública, la caída de la construcción privada y hasta la baja en la venta de muebles, golpea fuertemente tanto a la producción como a los aserraderos.

    Pablo Ruival, presidente de AFoA.

    En diálogo con Clarín Rural, el presidente de AFoA, Pablo Ruival, dio cuenta de esta situación.

    “En líneas generales, es un sector que está pasando una situación compleja, muy delicada, con una caída de ventas importante. Uno puede hablar específicamente de madera aserrada y en ese sector la situación es compleja, porque el mercado interno está consumiendo muy poco, ya que no hay obra pública. La construcción en madera es quizás la que más ha caído su demanda”, explicó Ruival.

    Según datos de la Regional Corrientes y Misiones de AFoA, las ventas del sector se derrumbaron un 30% respecto al año pasado, lo que plantea un panorama más que desafiante para los productores e industria que abastecen el mercado interno.

    El coordinador de la mencionada regional, Francisco Torres Cayman, explicó que “hoy en el sector forestal conviven dos situaciones: las empresas que exportan sostienen mejor su actividad, muestran una dinámica distinta. Además se le suman anuncios de inversiones en el orden de los US$ 2.000 millones (como en el caso de ARPulp) y nuevas plantas de biomasa, mientras que por otro lado hay empresas que dependen del mercado interno, viviendo una situación más compleja”.

    Se estima que el consumo interno de maderas cayó 30% respecto a 2025.

    “El problema es que la cadena no tracciona hacia adelante porque no hay demanda suficiente del consumidor final, además de que está parada la obra pública y una construcción privada que viene floja. Cuando eso pasa, el ajuste no se resuelve en el consumo, sino que se traslada hacia atrás en la cadena y quien tiene menos margen es el productor forestal primario, porque los costos como la energía, combustible y fletes viene subiendo y no se puede trasladar a precios”, completó Torres Cayman.

    Las grandes inversiones están

    Como comentó el directivo de AFoA, el sector forestoindustrial es proclive a recibir grandes inversiones. La más rimbombante y que abre una gran expectativa en la actividad es la de ARPulp, de US$ 2.000 millones. La firma instalará una planta de celulosa en la localidad correntina de Ituzaingó, que podría generar 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    El proyecto estará enfocado en la producción de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, clave para la fabricación de productos de higiene absorbente como pañales, toallas femeninas y soluciones para la incontinencia. Se espera que pueda fabricar unas 800.000 toneladas anuales y consumir 5 millones de metros cúbicos de madera.

    Muchos consideran que la instalación de esta planta puede ser “un punto de inflexión en el sector” que atraiga nuevas inversiones, como así también puede significar el despegue en el consumo de madera en la región y un principio de solución a la demanda retraída actual.

    Fernando Correa, project manager de ARPulp detalló que “en el cronograma del proyecto, estamos en el año dos de trabajo. A inicios de 2026, se empezó a trabajar en el estudio de impacto ambiental, que es el hito de este año. En paralelo, hay otras líneas respecto a logística, suministro forestal, desarrollo de capital humano, transferencia de tecnología”.

    Fernando Correa, project manager de ARPulp.

    “Una vez concluido el estudio de impacto ambiental, que esperamos que esté a final de año, se comenzará con la parte de ingeniería básica, que demora de 10 a 12 meses y el 2027 y 2028 serían los años de construcción de la planta. En la primera mitad de 2030 estaría construida la planta en las distintas fases de prueba y la operación comercial en la segunda parte de ese año”, completó.

    Pero también hay otras inversiones en curso o ya concretadas. Por ejemplo, en 2024, la empresa Acon Timber, perteneciente al grupo austríaco HS Timber, inauguró una planta en Gobernador Virasoro que procesa 700.000 m3 de pinos para la producción de tablas aserradas, secas, clasificadas, pellets y demás productos.

    Requirió el desembolso de US$ 130 millones y la totalidad de su producción tiene como destino la exportación a Estados Unidos, México, China, Vietnam, Filipinas y demás países.

    También hay inversiones en el sector energético: se invirtieron US$ 200 millones para la instalación de dos centrales térmicas alimentadas con biomasa en Gobernador Virasoro. La primera, FRESA, en 2020 y la segunda, San Alonso, en 2025. Ambas proveen el 20% de la energía eléctrica que consume Corrientes.

    Plantas de energía eléctrica alimentadas con biomasa en Gobernador Virasoro, Corrientes.

    Por otro lado, Central Puerto se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto de inversión de US$ 85 millones para instalar un aserradero de última generación con la capacidad de procesar 450.000 m3 de madera en la zona de Santa Rosa, Corrientes.

    Los ejemplos continúan, pero como dijo Torres Cayman, estas son empresas grandes, con otras espaldas y dinámicas. El tema urgente está en los emprendimientos más modestos.

    Por eso, una de las salidas que ven como plausible para superar esta situación es aumentar las exportaciones del sector. “Es un sector que todavía tiene que hacer mucho ejercicio para ser un exportador nato”, marcó Ruival.

    “Yo creo que para mejorar la foto hay que incrementar las exportaciones de este sector, hay que innovar y buscar los productos de mayor valor agregado. Entonces, no podemos achacar solo a una situación económica. Un ejemplo de esto es que podríamos ampliar el sector al salir de la madera aserrada e irnos a paneles, que están con un nivel de demanda muy alto, y especialmente los de mayor valor agregado. Lo que es celulosa, las exportaciones están fluidas con buenos niveles de demanda internacionales”, consideró el titular de AFoA.

    Así, Ruival remarcó: “es un sector que tiene que seguir ayudándose tecnológicamente, seguir desarrollando su cultura exportadora, y tiene que, además, poner en marcha la innovación y la creatividad para ir a los productos de mayor valor agregado”.

    El “costo argentino” y la logística

    De esta manera, queda claro que, más allá de la excelencia de los productores forestales y la expertise de la industria, se debe mejorar y encontrar una salida a la acuciante situación que vive gran parte del sector. Pero, es una condición determinante, que el país ayude.

    La necesidad de que haya seguridad jurídica, una reforma tributaria y cambios en leyes como la de Tierras, son algunos de los reclamos.

    Pero hay un ítem que realmente funciona como una barrera para las explotaciones sean competitivas: el “costo argentino” o, más precisamente, la logística, un tema que resonó en el seminario de AFoA y que deja muchas veces de manos atadas a productores e industriales.

    “El sector forestoindustrial es un sector cuyos productos son voluminosos. Estamos lejos de los puertos y de los mercados. Por eso, la logística es un tema absolutamente clave si queremos ser competitivos”, resumió Ruival.

    Nicolás Crisp, CEO de Acon Timber.

    En este sentido, el presidente y CEO de Acon Timber, Nicolás Crisp, sostuvo que en el sector siempre se busca la mayor eficiencia, cuestión que logró puertas adentro de la compañía, pero que el desafío está del lado de afuera: “necesitamos poder llegar a los mercados de forma más competitiva, ahí está a clave, porque competimos contra mercados o países con más años en la industria, más desarrollados, con más experiencia, pero, además, mucho más competitivos. Nosotros tenemos que lograr equiparar esa competitividad, que no pasa por lo que nosotros hacemos en la planta, sino que por ese ‘costo argentino’”.

    La exportación maderera y de derivados se realiza a través del puerto de Buenos Aires, que queda a 1.000 kilómetros de Generar Virasoro, donde está la planta. Hay dos maneras de transportar la carga para llegar a dicha terminal: en camión o en barcaza.

    En el primer caso, es una logística engorrosa: se debe ir a buscar el contenedor vacío al puerto, llevarlo hasta la planta, cargarlo y volver a enviarlos a la terminal. Ese trayecto sale más caro que despacharlo hasta su destino final, ya sea Estados Unidos o Asia.

    La otra manera es con barcaza desde los puertos de Corrientes o Posadas hasta Buenos Aires. Si bien a priori se podría pensar que es un método menos oneroso, no es así: “lo loco de todo esto es que la barcaza es más cara que el camión, porque hay poca oferta, pocas soluciones logísticas que vengan a levantar esa carga. Hoy creo que hay un volumen de carga disponible en la región que hace que pueda funcionar un puerto, que se pueda desarrollar todo lo que es la hidrovía por el Paraná, pero no tenés una oferta o competencia entre quién te viene a levantar esa carga”, sentenció Crisp.

    La logística es uno de los principales problemas de la cadena forestoindustrial, que le resta competitividad a la actividad.

    En este sentido, Ruival sostuvo que “la hidrovía tiene un potencial enorme. Sin embargo, existen restricciones legales por la ley de Marina Mercante, de cabotaje, que lo hacen costoso. El gobierno nacional está tratando de modificar eso, pero todo es una pelea, difícil, un esfuerzo enorme. Se van dando pasitos, pero uno quisiera que estos pasos fueran largos”.

    Otra solución serían los trenes, hoy lejos de constituirse en una opción en el mediano plazo. “El ferrocarril es una herramienta absolutamente central en cualquier operación forestal industrial del mundo, y nuestro ferrocarril mesopotámico requiere enormes inversiones. Para eso también requiere que haya escala y que vengan las inversiones realmente”, completó.

    ¿Qué dice el estado?

    El seminario AFoA no solo tuvo voces privadas, sino también a representantes del estado, quienes fueron los responsables de disertar en el último panel. Allí dieron el presente Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes; Guillermo Bernaudo, ministro de Producción de Entre Ríos; y Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación.

    El intercambio trasladó al terreno de las políticas públicas los planteos acumulados durante toda la jornada: previsibilidad macroeconómica, reducción de costos, infraestructura, logística, desregulación, carga fiscal, financiamiento y articulación entre Nación y provincias.

    Chiappe puso en perspectiva la escala de las inversiones expuestas durante el seminario y destacó que los proyectos en marcha y anunciados superan los US$ 2.500 millones, un volumen que consideró un punto de inflexión para la forestoindustria argentina.

    Desde la visión del Gobierno nacional, sostuvo que el orden macroeconómico, los esquemas de incentivo a las inversiones, la desregulación y los procesos vinculados con rutas, ferrocarriles de carga e hidrovía deben contribuir a generar la previsibilidad que requiere una actividad cuyos ciclos productivos e industriales se miden en décadas.

    Las provincias, por su parte, pusieron el foco en la necesidad de coordinar políticas productivas, infraestructura y condiciones tributarias capaces de fortalecer a las empresas instaladas y competir por nuevos proyectos.

    El denominador común volvió a ser el planteado al comenzar el seminario: ninguna variable, por sí sola, resolverá la ecuación forestal argentina. El salto requiere una mirada sistémica y una articulación público-privada sostenida en el tiempo, dando especial énfasis en la cooperación entre las provincias.

  • El Gobierno detectó las primeras señales electorales en el Congreso y apuesta al repunte económico para 2027

    El Gobierno detectó las primeras señales electorales en el Congreso y apuesta al repunte económico para 2027

    “Todos queremos que la micro active más rápido, pero a fin de año vamos a vivir otro clima. Ahora, la recuperación es casi imperceptible”, admitió una fuente oficial, que proyectó que el nivel de actividad alcanzará un crecimiento del 4% mensual hacia diciembre. El Gobierno se aferra a los números y sabe que la reelección del presidente Javier Milei dependerá de que el programa económico, que tanto defendió el mandatario, tenga impacto en los bolsillos de la gente.

    Con ese propósito, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el mercado de créditos hipotecarios, en línea con un importante sector de la administración libertaria que detecta que las cuestiones económicas figuran entre las principales demandas de la sociedad. En ese mismo sentido, la Secretaría de Trabajo evalúa la posibilidad de impulsar un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo.

    La limitante es el propio Presidente, que repite que “no va a traicionar sus ideas en pos del resultado electoral”. En la última semana volvió a plantearlo ante un ecosistema diverso: sus ministros, legisladores y hasta los alumnos de la ORT, una postura que generó una fuerte polémica.

    “Si nos va bien, reelegimos. Si nos va mal, listo. Si logramos generar expectativas, la economía mejora y los proyectos dan sus frutos, vamos a andar bien”, sintetizó un integrante del Gabinete ante este medio.

    Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto

    A días de la “masterclass” del libertario con sus diputados y senadores, nadie cree que la economía no sea un factor importante en la carrera por otros cuatro años de gestión, pero varios parecerían compartir el diagnóstico. “Evitamos una catástrofe y un pasado que andaba muy mal. Tenemos un futuro por delante, que tiene sus tiempos, pero el camino es este”, enfatizó un referente del espacio.

    El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, graficó el estado de ánimo que atraviesa a la plana de poder y pidió profundizar el rumbo adoptado. “La foto de hoy no me gusta, pero es mucho mejor que la foto de ayer, que la de hace tres meses, seis meses y la de hace dos años y medio”, sostuvo en declaraciones a Infobae En Vivo.

    En Casa Rosada detectan un “adelantamiento de los tiempos electorales” y, en medio de las proyecciones, algunos identificaron que en las últimas sesiones los intereses provinciales empezaron a colarse entre los objetivos legislativos del Poder Ejecutivo. Una muestra de ese fenómeno, según interpretan, ocurrió en la sesión en la que Diputados aprobó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

    Más allá de los acompañamientos, la oposición encendió la primera alarma luego de que demostrara que tiene capacidad de instalar temas en la agenda parlamentaria, sin la resistencia de La Libertad Avanza. Algunas voces de la mesa política interpretaron en clave electoral el accionar de varios aliados que permitieron alcanzar los 133 votos.

    La lectura se dio en la previa de la convocatoria a la sesión del miércoles 9 de septiembre, para discutir la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar, marcada por niveles récord de mora. La iniciativa lleva la firma de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el flamante bloque Argentina Federal, entre otros.

    Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

    “Algunos players se montan sobre jugadas audaces como la del jueves para después sentarse a negociar”, expresó un integrante de la mesa política ante este medio.

    “Es una alerta. No preocupa, pero sí nos levanta una leve alarma. Es parte del comienzo del proceso preelectoral. Es cierto que es un tema que viene permeando en la agenda social y comunicacional, pero nunca habían llegado a poder emplazar”, precisó un alfil oficialista.

    Sin embargo, los menos alarmistas le bajan el precio a la jugada opositora y atribuyen los números al impacto que tuvo la discusión sobre la mora. “Era la votación más fácil que tenían, había muy poco costo. Eso no significa que esos 133 vayan a sentarse para dar quórum porque más que el problema es la solución”, expresó un diputado libertario.

    “Es gratis votar a favor de habilitar la discusión de algo que sabés que no va a ser habilitado. Quedás bien cuando te vayan a putear”, resumió otro del mismo bloque.

    Con los acuerdos postergados hasta la definición de los calendarios electorales provinciales, en las filas libertarias hay quienes detectan un “cuello de botella” en la Cámara de Senadores y dudan de la permanencia del bloque de los 44, que sufrió el desprendimiento de los santacruceños y podría sufrir nuevas fugas. “No veo problemas con los aliados por fuera de las negociaciones para retener distritos”, argumentó una fuente que articula con la tarea legislativa.

    Patricia Bullrich desciende por las escaleras de un edificio de muros rosados custodiado por dos guardias con uniforme tradicional

    Como todo en la administración libertaria, el esquema de respaldos supone un debate. Desde el entorno de la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, descartan que la dinámica electoral afecte el funcionamiento de la Cámara Alta que este jueves votó 67 nuevos pliegos judiciales. “Por ahora no afecta en nada”, precisaron.

    En uno de los despachos de Casa Rosada descuentan que, además de los 21 senadores propios, cuentan con el respaldo de los 10 radicales y los tres del PRO como base. También suman el acompañamiento de las fuerzas provinciales aliadas. Sin embargo, la fuga de los santacruceños alimenta las dudas entre quienes monitorean el Senado y observan que José María Carambia toma distancia para posicionarse por la gobernación de la provincia.

    “Por lo menos, hasta fin de año hay una mayoría. Parecen ser una oposición responsable”, expresó una voz del ecosistema.

    El principal desafío será la ambiciosa reforma electoral, que podría tratarse durante el mes de octubre, y que supondrá una profundización de las conversaciones con los gobernadores. La propia Bullrich anticipó que el Poder Ejecutivo retomará el debate durante las próximas semanas, aunque dejó abierta la posibilidad de eliminar o suspender las PASO. “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, argumentó.

    Reunión del PRO con La Libertad Avanza

    En eso trabaja Diego Santilli, quien recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con los que dialogó sobre las problemáticas de las provincias, las proyecciones electorales en cada territorio y la reforma.

    Los libertarios habían anticipado que ajustarían los criterios en función de los apoyos legislativos de los gobernadores. Tras algunos traspiés en el Congreso y la caída en las encuestas, la condición parece haberse flexibilizado. En esa línea es que la mesa técnica entre representantes del PRO y La Libertad Avanza realizó este jueves un repaso de los 17 distritos donde aspiran a cerrar acuerdos.

    La foto de la negociación, que incluye a los primos Menem, a Diego Santilli -en representación de Karina Milei– y a los enviados de Mauricio Macri, los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, fue recibida con malestar en una porción de la militancia digital que se referencia con el asesor presidencial, Santiago Caputo. La razón de la molestia es la ausencia del sector que participó de la fundación del sello en 2021 e impulsó la candidatura presidencial del libertario.

    El desafío en Balcarce 50 será enderezar el rumbo económico mientras el Gobierno se esfuerza por equilibrar los acuerdos electorales y legislativos. La apuesta es que la recuperación llegue a los bolsillos antes de que la competencia electoral termine de alterar el panorama en el Congreso. El reloj económico y el electoral ya corren en paralelo, y en el oficialismo saben que los resultados de uno condicionarán al otro.

  • La Libertad Avanza lanzó su primer candidato a gobernador para 2027

    La Libertad Avanza lanzó su primer candidato a gobernador para 2027

    La dirigencia de Libertad Avanza (LLA) dio este viernes un primer paso formal hacia las elecciones provinciales de 2027, con el lanzamiento de Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán.

    El anuncio, realizado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, marcó el inicio de la estrategia electoral del oficialismo libertario en una de las provincias donde busca disputar poder territorial al peronismo.

    Catalán, presidente del partido en Tucumán y ex ministro del Interior nacional durante 2025, cerró el acto con una frase que sintetizó la ambición del espacio: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán”. La presentación incluyó la difusión del programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una hoja de ruta con reformas estructurales en materia fiscal, institucional, educativa, sanitaria y de seguridad.

    El lanzamiento contó con el respaldo explícito de la Mesa Nacional de LLA, que avaló la candidatura y envió referentes técnicos y políticos para acompañar la presentación. Entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. La presencia de dirigentes nacionales buscó mostrar que la postulación de Catalán forma parte de una estrategia coordinada con la conducción de Javier Milei.

    El programa presentado propone una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial, una medida que apunta directamente al costo político. También se plantean cambios en los sistemas de salud y educación, aunque sin detalles operativos en esta primera etapa.

    En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, una reforma que el partido considera clave para “transparentar y simplificar” el proceso electoral. Catalán adelantó que LLA competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo. La autonomía municipal también figura entre los ejes centrales del programa.

    El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos. El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

    El lanzamiento posiciona a LLA como el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y un respaldo nacional explícito. La estrategia se inscribe en un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir directamente contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con la posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

     

  • La Libertad Avanza lanzó oficialmente su primer candidato a gobernador para 2027

    La Libertad Avanza lanzó oficialmente su primer candidato a gobernador para 2027

    Con una frase que no dejó margen para la ambigüedad, Lisandro Catalán le puso fecha y nombre propio a las aspiraciones de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”. La declaración cerró el acto de presentación del plan de gobierno denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, celebrado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, y convirtió al presidente del partido en la provincia en el primer postulante formal del espacio para los comicios provinciales de 2027.

    El lanzamiento no fue un movimiento improvisado. Catalán -quien fuera ministro del Interior nacional durante un mes y medio en 2025- confirmó que su candidatura fue conversada con la Mesa Nacional de LLA, lo que le otorgó al anuncio respaldo orgánico del espacio liderado a nivel nacional por el presidente Javier Milei. La jornada reunió a referentes del partido, dirigentes locales y figuras del mundo técnico y político convocadas para exponer los distintos ejes del programa, entre ellos el exfuncionario José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

    El acto funcionó, en términos políticos, como la presentación pública de una hoja de ruta para disputar el gobierno provincial. Más que una declaración de intenciones, el evento incluyó un programa con propuestas concretas y un plan de acción para los primeros días de una eventual gestión. La candidatura de Catalán constituye el primer paso formal de LLA para construir una alternativa electoral de peso en Tucumán de cara a 2027.

    El programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos” articula una serie de transformaciones en distintas áreas del Estado provincial. En materia fiscal, propone la eliminación progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, mientras que en términos institucionales plantea una reducción del gabinete de 9 ministerios a 4 y la digitalización total del Estado. El presupuesto de la Legislatura quedaría limitado al 1% del presupuesto provincial, una medida que apunta directamente al gasto político. El plan también contempla reformas en los sistemas de salud y educación, aunque el programa presentado no especificó el alcance concreto de esas modificaciones.

    En el plano electoral, LLA propone la eliminación de los acoples y de las comunas, junto con la adopción de la Boleta Única de Papel. Catalán adelantó, además, que el partido se presentará sin acoples en 2027 y estableció una condición para quienes quieran integrar sus listas: los legisladores deberán asumir públicamente el compromiso de reducir el costo de la Legislatura. La autonomía municipal figura también entre los ejes del programa.

    Javier Milei - juramento Lisandro Catalán - Ministro del Interior

    El tramo final del acto estuvo dedicado al denominado Plan de Shock, un conjunto de medidas que Catalán se comprometió a ejecutar en los primeros días de una eventual gestión. Entre las más concretas figuran la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos. El plan también incluye una reorganización integral de la seguridad, la sanción de una Ley Antinepotismo, la aplicación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

    Con el lanzamiento del programa y la confirmación de su candidatura, Catalán posicionó a LLA como el primer partido en presentar formalmente un postulante a la gobernación tucumana para 2027, con un plan de gobierno estructurado y un respaldo explícito de la conducción nacional del espacio.

    En el plano global de las candidaturas, si bien en Casa Rosada evitan dar detalles de los acuerdos electorales y postergan las definiciones para octubre, hay algunas determinaciones anticipadas, además de la bendición para Catalán. La primera de ellas es la decisión de competirle al peronismo en las provincias en las que conduce y de acordar con algunos gobernadores aliados: Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo(Mendoza). Ese esquema podría ampliarse a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

  • Primer acuerdo Milei-Macri 2027: PRO apoya la reelección y LLA a los gobernadores macristas

    Primer acuerdo Milei-Macri 2027: PRO apoya la reelección y LLA a los gobernadores macristas

    Entre La Libertad Avanza y el PRO existe un primer acuerdo para las candidaturas de 2027. Si bien falta la letra chica, los negociadores comenzaron a ordenar el mapa electoral del Gobierno y sus aliados: el PRO respaldaría la reelección de Javier Milei para “blindar el cambio” y “evitar el ‘riesgo kuka’, un regreso del peronismo o kirchnerismo al poder, mientras que los libertarios se comprometerían a no competir con candidatos propios en las provincias que están gobernadas por el macrismo, radicalismo y partidos provinciales aliados.

    Según pudo saber iProfesional de fuentes involucradas en las negociaciones, ese fue el primer “acuerdo marco”, luego de lo cual vendrá toda la “letra chica”.

    Se puede presentar este como el primer resultado de la reunión que mantuvieron Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, delegados de Karina Milei, con los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andres, los representantes del presidente del PRO, Mauricio Macri.

    El resto de los distritos potencialmente aliados quedará sujeto a una negociación particular. Allí entrarán en juego los niveles de cercanía de cada gobernador con la Casa Rosada, la estructura territorial de LLA y la posibilidad de construir alianzas que excedan al PRO. La discusión también alcanzará las listas de diputados nacionales y legisladores provinciales.

    Los primeros “heridos” del acuerdo entre PRO y LLA

    Según pudo saber iProfesional de fuentes partidarias del PRO, uno de los primeros damnificados de un eventual acuerdo será el economista Hernán Lacunza, quien lanzó su candidatura presidencial dentro del PRO y recibió el respaldo público de María Eugenia Vidal. Lacunza sostiene que será candidato, pero cerca de Mauricio Macri admiten que todavía no existe una definición y que, si el acuerdo con Milei avanza, su postulación podría quedar desplazada.

    Allegados al expresidente, de todos modos, pidieron cautela. “No hay que adelantarse porque todo se está negociando y nada está cerrado todavía”, señalaron. Lacunza se lanzó a la candidatura presidencial con un guiño de Macri y de otros dirigentes cercanos.

    Cerca de los negociadores del PRO, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, la lectura es más contundente: Lacunza no tendría, por ahora, el respaldo suficiente dentro del partido para sostener una candidatura presidencial competitiva si el partido decide respaldar a Milei en 2027.

    El núcleo político del eventual acuerdo pasa por el territorio. En la reunión de este jueves en la Casa Rosada, la conducción de La Libertad Avanza (LLA) habría asumido el compromiso de no avanzar con candidatos a gobernador en los distritos donde gobiernan dirigentes macristas, radicales o aliados.

    La lista incluye a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri; Entre Ríos, de Rogelio Frigerio; Chubut, de Ignacio Torres; San Luis, de Claudio Poggi, y San Juan, de Marcelo Orrego. El mismo criterio alcanzaría a algunos distritos radicales. En Mendoza, donde gobierna Alfredo Cornejo, aparece además la figura de Luis Petri como eventual candidato a sucederlo. También están Corrientes, bajo la conducción de Juan Pablo Valdés, y Chaco, gobernada por Leandro Zdero.

    Más compleja será la situación de las provincias gobernadas por dirigentes que mantienen una relación más ambigua con el Gobierno nacional. Allí aparecen Neuquén, de Rolando Figueroa; Salta, de Gustavo Sáenz; Misiones, de Hugo Passalacqua; Santa Fe, de Maximiliano Pullaro; Río Negro, de Alberto Weretilneck y Córdoba, de Martín Llaryora.

    “Río Negro y Córdoba lo vemos muy dificil que puedan ser aliados de este frente electoral”, señaló a iProfesional un allegado a uno de los gobernadores macristas.

    No todos tendrán el mismo tratamiento. Algunos pueden ser incorporados al esquema oficialista, otros podrían mantener una autonomía negociada y algunos, como Sáenz o Passalacqua, o podrían terminar acercándose al armado que construya el peronismo para 2027.

    La reunión contó con el aval de Karina Milei y Mauricio Macri

    Ese mapa territorial fue uno de los ejes de la segunda reunión conjunta entre libertarios y macristas en la Casa Rosada. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, un dirigente que antes pertenecía al PRO y que ahora ocupa una posición central dentro de la estructura del Gobierno y que supo ganarse la confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

    Por el oficialismo participaron Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, representantes del sector político que responde a Karina Milei. Por el PRO, los negociadores fueron Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados, y Fernando De Andreis, ambos dirigentes de extrema confianza de Mauricio Macri.

    La reunión contó con el aval de Milei, Karina Milei y Macri. El dato político no es menor: los principales jefes de ambos espacios decidieron delegar la negociación en dirigentes que responden directamente a ellos.

    “Solo están punteando distritos nacionales que no gobierna el PRO y todavía no entraron en lo nacional. Van por temas, construyendo confianza, el Congreso y los territorios, y ver cómo avanza”, explicó un allegado a uno de los gobernadores macristas. Eso sí, se descuenta que todo el acuerdo se monta sobre el apoyo del PRO a la reelección de Milei. Lo que se pueden negociar a nivel nacional son diputados y senadores.

    En el PRO reconocen que todavía no existe un acuerdo integral. “Es una decisión del Gobierno primero. Y no hay definiciones más allá de los aliados de 2025 y algunos con los que vienen conversando, como Figueroa, Torres, Orrego y Pullaro. Córdoba y Río Negro lo vemos difícil”, admiten cerca de los negociadores.

    El futuro de las PASO, en el centro de la negociación

    La negociación, además, está condicionada por un factor que todavía no está resuelto: el futuro de las PASO. En el Senado, Milei aún no consiguió los votos necesarios para avanzar con su eliminación. Si finalmente se mantienen, podrían modificar completamente el mecanismo de selección de candidatos y abrir la puerta a competencias internas entre el PRO y LLA en algunos distritos.

    Si las primarias son eliminadas, en cambio, la discusión deberá resolverse directamente en la negociación de las listas. Y allí el reparto de lugares puede convertirse en uno de los principales focos de tensión entre ambos espacios.

    Fuera del núcleo de negociación también circulan hipótesis sobre el escenario presidencial. Una de ellas contempla que Patricia Bullrich pueda eventualmente intentar una candidatura presidencial dentro del espacio libertario, aunque sólo si Milei decide no buscar un segundo mandato.

    La senadora dijo días atrás que será candidata presidencial en 2031. La afirmación no cayó del todo bien en el entorno presidencial y fue interpretada como otro de sus habituales movimientos de autonomía táctica.

    En el bullrichismo, además, existe malestar por algunos de los últimos tropiezos del Gobierno, especialmente en el terreno discursivo y por las disputas internas que atraviesan al entorno presidencial. La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo, junto con el creciente protagonismo comunicacional de Santiago Oría, forma parte de ese cuadro.

    A eso se sumó el impacto político del caso Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia en una causa vinculada a un intento de femicidio contra su pareja, Nadia Beller, un episodio que generó preocupación dentro de sectores que habían mantenido vínculos políticos y comunicacionales con el empresario.

    Pero, por ahora, el escenario que domina las conversaciones es otro: Milei 2027 con respaldo del PRO y gobernadores protegidos de la competencia libertaria.

    En ese esquema, Hernán Lacunza aparece como la primera candidatura que podría quedar en el camino. El economista fue lanzado como candidato presidencial por Vidal, pero Macri nunca expresó públicamente su respaldo.

    Lacunza mantiene su postulación. Cerca del expresidente, en cambio, repiten que “todavía hay que esperar, falta mucho”. En el entorno de Ritondo y De Andreis son todavía más explícitos: sostienen que Lacunza no tiene actualmente el respaldo explícito de Macri ni de ningún gobernador, intendente o dirigente de peso dentro del PRO, salvo Vidal.

    El razonamiento de los negociadores es pragmático: si Macri termina acordando con Milei el esquema presidencial y territorial, la candidatura de Lacunza pierde sentido político.

    El objetivo es “blindar el cambio”

    “El PRO apoyaría a Milei a cambio de que les dejen armar las listas de gobernadores en las provincias del PRO”, sintetizan cerca de la negociación. Pero todavía queda por resolver cómo se distribuirán las candidaturas en los distritos que no gobierna el macrismo y, sobre todo, cómo se repartirán las bancas de diputados nacionales y legisladores provinciales.

    Esa será la verdadera letra chica del acuerdo. La justificación política del PRO para avanzar hacia una alianza con Milei después de años de desconfianzas, reproches y enfrentamientos es una sola: “blindar el cambio”.

    El temor compartido es que una fragmentación del voto opositor al peronismo termine facilitando en 2027 el regreso de una alianza peronista o kirchnerista. En las conversaciones aparecen distintos nombres posibles para encabezar ese espacio: Axel Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Massa o Gerardo Zamora.

    Fernando De Andreis lo explicó al salir de la reunión en la Casa Rosada: “De acuerdo a la experiencia de 2019 creemos que hay que llevar certidumbre al horizonte político, de alguna manera eliminar lo máximo posible el riesgo Kuka, como dice el Gobierno”.

    El dirigente del PRO agregó que esa certidumbre también supone ordenar la relación con los gobernadores radicales y de partidos provinciales. “Más allá de diferencias que tenemos y tiene el Gobierno con determinados gobernadores, más o menos sabemos quiénes son los que están pensando la Argentina en el mismo rumbo y los que definitivamente no. Y eso lleva mucho tiempo“, señaló.

    Sobre Lacunza, un allegado a Macri volvió a poner paños fríos: “Hay que esperar a ver qué pasa, ver qué provincias son. Retirar a Lacunza no sería un problema si los acuerdos son como la gente, pero todavía falta la letra chica. Se habló de los grandes títulos“.

    En el PRO, mientras tanto, algunos dirigentes directamente consideran que la candidatura de Lacunza carece de sustento interno. “No existe como alternativa para la mayoría de los dirigentes del PRO, gobernadores, jefe de Gobierno, intendentes. Lacunza como candidato es una cosa de él y de María Eugenia Vidal, pero no hay un solo dirigente que apoye a Lacunza en todo el PRO“, aseguran fuentes partidarias cercanas a los negociadores.

    La buena sintonía que comienza a exhibir la negociación tuvo incluso una expresión gráfica. Allegados a Martín Menem difundieron este viernes una imagen intervenida con inteligencia artificial de la misma foto de los negociadores reunidos en el despacho de Santilli, pero en lugar de su vestimenta formal de este jueves estaban vestidos como integrantes de un equipo de básquet, con camisetas violetas y vivos amarillos, combinación de colores libertarios y macristas.

    La foto funcionó como una señal política más que como una simple humorada: el mensaje fue que dos espacios que durante buena parte de los últimos años compitieron y se enfrentaron empiezan a imaginarse como un mismo equipo para 2027.

    Ritondo, por su parte, volvió a defender este viernes la necesidad de avanzar hacia un entendimiento. “Queremos reelegir donde gobernamos y hacer lo imposible para blindar el cambio”, afirmó en declaraciones radiales.

    El jefe del bloque del PRO evitó ponerle una fecha al eventual acuerdo electoral, aunque dejó en claro que considera conveniente acelerar la definición del horizonte político.

    “Yo no defino fechas. Lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político, por lo menos creo que eso le da más certidumbre a la Argentina, a los argentinos, de lo que va a pasar el año que viene”, señaló en Radio Rivadavia.

    Según Ritondo, ambas fuerzas ya están trabajando “en esa dirección”. “No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante, profundo en esto de LLA y el PRO para el año que viene“, explicó.

    El dirigente también se refirió al principal reclamo territorial del PRO: conservar las provincias donde ya gobierna. “Donde gobierna el PRO, nosotros no solamente queremos, sino creemos que tenemos los mejores hombres y la capacidad de haber mostrado gestión para que sigan”, sostuvo.

    Aunque aclaró que las candidaturas todavía no forman parte formal de la mesa de negociación, agregó: “Lo damos casi por hecho”.

  • La industria del bioetanol proyecta inversiones de hasta US$ 1.000 millones con la nueva ley de biocombustibles

    La industria del bioetanol proyecta inversiones de hasta US$ 1.000 millones con la nueva ley de biocombustibles

    Las industrias de bioetanol de maíz y de caña de azúcar se encuentran expectantes proyectan iniversiones de hasta US$ 1.000 millones sii se aprueba el proyecto de ley de biocombustibles en el Congreso.

    El aumento del porcentaje de corte de las naftas del 12% actual al 15%, es uno de los puntos más importantes del proyecto de la senadora Patricia Bullrich, consensuado con el sector productivo y las provincias (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy).

    Desde marzo, el Gobierno permite la posibilidad de que las petroleras puedan incrementar de manera voluntaria el corte al 15%, con el objetivo de que el aumento internacional del petróleo no impacte de lleno en el precio de los combustibles.

    En la comparación de la obligación de corte con los países vecinos, Brasil lidera con 32%, seguido por Paraguay y Bolivia con 25%. Argentina se encuentra en cuarto lugar con 12% y Uruguay el quinto con 10%.

    En 2025, se produjeron 1,3 millones de metros cúbicos de bioetanol, abasteciendo sin dificultades la mezcla E12 para las naftas, equivalente a 1,2 millones de m3. Si se hubiera aumentado al 15% el porcentaje de corte, el país habría ahorrado unos US$ 410 millones por importaciones de naftas, señala un informe de la Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz.

    “En los ocho años previos, este beneficio a la balanza comercial del país acumuló US$ 5.051,8 millones. Asimismo, gracias al octanaje del bioetanol, las refinadoras de petróleo volvieron a tener en 2025 un sustancial ahorro en su costo de producción: compraron etanol por US$ 755,5 millones, evitando un costo extra de US$ 1.236,6 millones si hubiesen utilizado como fuente octánica al Tolueno y de US$ 535,8 millones, si optaban por sustituirlo por MTBE”, sostiene el reporte

    La capacidad de producción actual es de aproximadamente 1,45 millones m3/año, mientras la demanda anual de bioetanol en Argentina ronda los 1,2 millones de m3/año, lo que deja una capacidad ociosa del 25%. “Este significativo incremento es resultado de más de US$ 1.500 millones desde 2012, a pesar de las numerosas dificultades económicas atravesadas por el país y la falta de una política de biocombustible clara y sostenible”, según las entidades. En el período 2024/2025 las inversiones superaron los US$ 150 millones.

    Producción de bioetanol

    En el marco de la II Cumbre del Bioetaonl, Patrick Adam, gerente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, comentó a PERFIL que “queremos salir del sistema actual de regulación excesiva, fórmulas de precios, cupos de producción que constituyen un cepo para seguir progresando. Entonces estamos con mucha expectativa que el proyecto de la senadora Bullrich, que desregula, genera mercados competitivos y autoriza nuevas movilidades ligadas al etanol”.

    “Argentina ya no se puede permitir exportar el 70% de su producción de maíz sin darle valor agregado”, añadió.

    Adam indicó que el nuevo marco regulatorio tiene tres vectores para el crecimiento del sector: la elevación del corte al 15%, la posibilidad de que las provincias tengan sus propias regulaciones con porcentajes de cortes más altos y la apertura del mercado a vehículos “flex” como ocurre en Brasil. “Eso llevaría atriplicar la producción actual de la Argentina. Después de la sanción de la ley se esperan inversiones de US$ 400 millones en el corto plazo y US$ 1.000 millones a mediano y largo plazo”, añadió el gerente de la Cámara.

    Por su parte, Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción del Alcohol y el Azúcar de Tucumán (IPAAT), comentó que “Tucumán forma parte de la Liga Bioenergética de las Provincias y el sueño es lograr un corredor de biocombustible desde Santa Fe hasta el norte con salida a los países limítrofes. Creo que estamos muy cerca de lograrlo, porque pedimos en la ley es que en el territorio provincial, como productores de etano, podamos tener cortes superiores al 15%”.

    Otra oportunidad para el bioetanol es la elaboración de combustible sostenible de aviación (SAF). Claudio Molina, especialista en biocombustibles, afirmó que “son inversiones grandes, que no están restringidas por la ley actual, pero los inversores quieren más seguridades. Ahí podemos tener inversiones de US$ 1.000 millones”.

    Molina agregó que “la Secretaría de Energía se ha manejado de manera muy informal, hay normas que no se han cumplido a lo largo del tiempo y entonces los inversores tienen miedo que le cambien todos los días las reglas de juego. 
Por eso es importante que haya una ley y cumplirla”.

    Producción de bioetanol

    La nueva ley que espera la industria y las provincias

    El proyecto de ley de biocombustibles establece algunos cambios con respecto a la ley actual. En el caso del biodiesel, producido fundamentalmente con aceite de soja, el corte obligatorio pasará del 7,5% actual al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.

    Con respecto al bioetanol para el corte de las naftas, el corte obligatorio ascenderá del 12% al 15%. En cuanto al origen, se mantendrá la división de 6% de bioetanol de maíz y 6% de caña de azúcar, mientras que el 3% restante “no estará sujeto a ninguna regulación sobre su materia prima de origen”.

    A los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, el proyecto de ley señala que se deberá instrumentar un mercado electrónico “que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio”.

    LM

  • Cesión vial: Weretilneck firmó convenios con Nación y Río Negro se hará cargo de las rutas 22 y 151

    Cesión vial: Weretilneck firmó convenios con Nación y Río Negro se hará cargo de las rutas 22 y 151

    Esta semana el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó con el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, el convenio marco para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita de la administración provincial.

    El acuerdo firmado en la Casa Rosada incluyó el traspaso del Tren del Valle y se cerró sin que el gobierno nacional que preside Javier Milei transfiera recursos.



    De esta manera, el gobierno nacional continúa con su plan para, según ellos, “fomentar la inversión privada” y habilitar a las provincias “a concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios”. En los hechos, al menos hasta ahora, la medida implica una paulatina retirada del Estado nacional de la inversión y parte de la gestión de estas rutas, que pasarán a la órbita provincial.

    Según difundieron desde Nación, el convenio establece un marco para que Río Negro asuma la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de las RN 22 y 151, incluyendo obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se concretará tramo por tramo mediante convenios específicos.

    En cuanto al Tren del Valle, el acuerdo establece que, una vez que entre en vigencia el convenio, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio que une Neuquén Capital con Plottier, garantizando su continuidad y “las inversiones necesarias para su sostenimiento”, un punto para nada menor.

    Financiamiento, el punto central

    “La Provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica”, aseguraron desde el Gobierno nacional. El acuerdo también establece un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

    La cuestión del financiamiento es central, y pone el foco en un eje transversal de la política mileísta: la transferencia de responsabilidades y funciones del Estado nacional a las provincias, pero sin transferir los fondos.

    ¿Y de dónde saldrá el financiamiento? Para financiar esas intervenciones, en este caso el Ejecutivo provincial rionegrino solicitará autorización legislativa para acceder a un crédito de hasta US$ 60 millones gestionado ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), un banco internacional para el desarrollo, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta entidad otorga créditos y a veces recursos no reembolsables a los gobiernos.

    Este proceso de financiamiento se enviará a la Legislatura. Allí estarán contemplados los proyectos para ratificar los convenios con la Nación y declarar la emergencia vial en las rutas cedidas.

    Weretilneck ya se reunió con intendentes, sindicalistas y representantes de los sectores productivos esta semana en Cipoletti, para explicar el alcance de los convenios, y firmar el proyecto de ley. El mandatario presentó el traspaso como una «decisión histórica» que permitirá a la provincia intervenir sobre dos corredores atravesados por años de abandono.

    Cesión vial: Weretilneck firmó convenios con Nación y Río Negro se hará cargo de las rutas 22 y 151

    El tablero federal

    De esta manera Río Negro se suma las provincias que ya firmaron este tipo de convenios con el gobierno nacional, como Santa Fe, San Juan y San Luis. Otras provincias que mantienen negociaciones avanzadas en este sentido son Córdoba, Neuquén y Corrientes.

    En forma paralela a estos acuerdos provinciales, Nación ejecuta licitaciones a privados bajo la figura de peaje. En ese contexto, se adjudicó por 20 años la explotación comercial de las Rutas Nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, y de las Rutas Nacionales 12 y 14 en Corrientes.

    Pero no todos los gobernadores dijeron que sí, y tampoco no todos son invitados. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo rechazó la transferencia de trazas nacionales y advirtió que “no será posible” aceptar la cesión si eso implica desequilibrar las finanzas provinciales.

    En La Rioja, el gobierno conducido por el mandatario Ricardo Quintela presentó una denuncia ante la Justicia Federal para reclamar por la presunta retención y desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienen como destino específico la conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales.

    Esta semana, también, la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente ante el Gobierno nacional una solicitud para asumir las facultades de gestión y concesión del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón, y de la Ruta Nacional 33, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 3. Desde la administración bonaerense recordaron que la primera reunión por este tema fue en mayo de 2024, incluso con otros funcionarios sentados frente a algunos teclados de la «botonera» del Estado nacional. La espera continúa.

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