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A nueve años del primer juicio oral por el femicidio de Micaela García, uno de los que más ha movilizado al país en reclamo de Justicia y políticas contra la violencia de género, comenzó en Gualeguay el segundo debate contra Néstor Pavón. La Fiscalía y la querella busca que el hombre, que fue condenado en la primera ocasión a cinco años de prisión por encubrimiento del ya sentenciado a prisión perpetua, Sebastián Wagner, ahora reciba también la pena máxima por coautoría en el crimen ocurrido el 1° de abril de 2017. Por su parte, la defensa rechazó su participación en el hecho, afirmando que al momento del crimen el acusado se encontraba durmiendo en su domicilio, por lo que adelantó que pedirán su absolución.

El Tribunal técnico está conformado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Pavón, de 45 años, fue identificado y se abstuvo de declarar en el inicio del juicio, pero podrá hacerlo más adelante. La primer testigo fue la madre de Micaela, Andrea Lescano.

Alegatos de apertura

La fiscal Maite Burruchaga, quien actúa junto al fiscal coordinador Gamal Taleb, expuso los términos de la acusación pública: “Traemos a juicio los hechos que tienen como víctima a Micaela García para juzgar la participación en carácter de coautor de Néstor Pavón en el abuso sexual y posterior femicidio de Micaela”. Al respecto, enfatizó que “esta parte probará la coautoría de Pavón en el hecho que ya se encuentra probado y con condena firme para Sebastián Wagner”.

En la descripción del hecho, la Fiscalía precisó que la madrugada del 1° de abril de 2017 Micaela fue interceptada por Wagner y Pavón, obligada a subir a un auto Renault 18 Break y trasladada a las inmediaciones del balneario Paso de Alonso, donde “abusaron sexualmente” y, “con el propósito de garantizar sus impunidades, decidieron quitarle la vida, para lo cual se le comprimió el cuello mecánicamente hasta asfixiarla, tras lo cual ocultaron el cuerpo”.

La Fiscalía remarcó que “el acusado Néstor Pavón participó en el hecho en calidad de coautor conjuntamente con el ya condenado Sebastián Wagner, puesto que los imputados mantuvieron el condominio de las ilícitas conductas que se le atribuyen”. En consecuencia, concluyó: “Encontrándonos ante un aberrante hecho de abuso sexual y femicidio de una joven de 21 años, se solicitará la pena de prisión perpetua”.

“Una dimensión colectiva mucho más amplia”

El querellante Marcelo Boeykens, quien representa a los padres de Micaela (Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García), junto al abogado José Iparraguirre, manifestó que los padres de la víctima “durante todo este tiempo y desde el inicio han sostenido una misma exigencia: que se esclarezca íntegramente y acabadamente qué ocurrió con su hija”. Añadió que “este proceso no se agota sólo en una respuesta punitiva; significa también buscar la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición”.

Asimismo, remarcó la exigencia metodológica del juzgamiento: “Este caso deberá ser juzgado además con perspectiva de género, conforme los parámetros de la Convención de Belém do Pará, lo que implica juzgar sin estereotipos y valorar la evidencia en su conjunto”. Al sostener su hipótesis acusatoria, afirmó que “Néstor Roberto Pavón intervino como coautor junto con Sebastián Wagner, en el marco de una decisión común mediante la actuación conjunta y un reparto funcional de tareas”.

La querella adelantó que convocará a declarar al otro condenado: “Sebastián Wagner no actuó solo y deberá venir a declarar nuevamente, ya no como imputado, sino como testigo directo. Y esa será una prueba de cargo directa y concreta”. Respecto al encuadre jurídico, aclaró que “la coautoría funcional no exige que dos personas ejecuten exactamente los mismos actos, pero sí exige una decisión común, una actuación conjunta, una distribución funcional de tareas y aportes relevantes dentro de una misma ejecución”. Por ello, sostuvo que Pavón “debe responder como coautor de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”.

Boeykens cerró su alegato de apertura con una cuestión que fue “más allá de los estrictos límites procesales”. Dijo: “Esta causa se inscribe en una dimensión colectiva mucho más amplia, la de miles de víctimas de violencia de género y femicidio, de esas pibas que la violencia machista asesina cada 36 horas en nuestro país y las de sus familias, que reclaman respuestas judiciales serias y eficaces. Micaela forma parte de su historia colectiva y por eso este juicio también deberá ser leído dentro de una consigna que atravesó y nos vuelve a atravesar a toda la sociedad argentina. Ni una menos”.

“Pavón se quedó a dormir” en su casa

El abogado defensor Ramón Elías Salto, quien representa a Pavón junto a Edwin Henry Valenzuela Rojas, aseveró inicialmente que “Néstor Roberto Pavón no participó de los hechos que hoy se volverán a discutir en este juicio. Probaremos a lo largo de este debate que él en ese momento estuvo en su domicilio y por lo tanto no pudo participar de ninguna manera”.

Respecto a la propiedad del vehículo utilizado en el hecho, la defensa argumentó que ” no es cierto que sea titularidad del señor Pavón; el Renault era del señor Sebastián Wagner”. Seguidamente, reconstruyó la secuencia cronológica de la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, señalando que Pavón, su hijo y Wagner estuvieron cenando en el comedor La Terraza hasta aproximadamente las 3.30.

De acuerdo con la versión defensiva, “luego de esta cena, Pavón junto a su hijo vuelven a su domicilio, ingresan, Pavón le entrega las llaves del lavadero porque no tenía dónde dormir Wagner y ahí Pavón se queda a dormir”. Salto anticipó que respaldará este relato con testimonios de empleados del lavadero, familiares y allegados. Finalmente, cerró su alocución manifestando: “Al finalizar este debate les vamos a solicitar muy respetuosamente que dispongan la absolución del señor Néstor Roberto Pavón”.

Wagner declararía este viernes

Burruchaga mencionó la incorporación de nuevos testigos al debate, en particular del coimputado Sebastián Wagner, quien se encuentra cumpliendo la condena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná “y ha manifestado su intención de declarar en el juicio a los fines de que brinde testimonio sobre el hecho, obviamente sin recibirle juramento de decir la verdad en atención a su situación de condenado en esta misma causa”, afirmó la fiscal. Será citado para este viernes.

También serán citados Gabriel Otero, el hijo de la exmujer de Wagner que había sido acusado en su momento, pero luego la Fiscalía y la querella dejaron sin efecto esa acusación y terminó absuelto. Asimismo, pidieron el testimonio de Néstor García: “Sería de interés para dar detalle no solo de lo vivenciado durante la búsqueda de micaela sino en el post de la investigación.

La defensa se opuso a que Wagner sea citado como testigo porque considera que buscará beneficiarse, ya que ante una sentencia que acredite su palabra podría presentar un recurso de revisión de su condena a perpetua. También sostuvieron la legalidad del doble juzgamiento de Pavón, ya que fue juzgado y condenado por este hecho. 

El Tribunal, sobre este último planteo, dijo que lo resolverá al momento de dictar la sentencia. Acerca del testimonio de Wagner, rechazó la oposición de la defensa porque “carece de sustento normativo”. “El único argumento que dieron es que se trata de un condenado con interés directo, pero no se pudo precisarlo, sino que podría tener algunas consecuencias en su sentencia, sin aclarar cuáles, que podrían dar lugar a un recurso de revisión, pero no se alegó ni se demostró”, dijo Brugo. Además, aseguró que “los dichos de Wagner van a ser analizados en conjunto con la totalidad de la prueba y los parámetros del ordenamiento procesal como la normativa nacional y supranacional. Sí se va a hacer lugar a la declaración de Wagner”.

Imputaron al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y al funcionario municipal Marcelo Félix Fernando Medina por varios delitos de corrupción. La decisión fue tomada este jueves a primera hora por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa.  

Los representantes del Ministerio Público Fiscal le endilgan a Rossi “nombramiento ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, por haber designado a Marcelo F.F. Medina como “contador” municipal en 2015, sin que pueda reunir las condiciones para serlo. En tanto, a Medina le imputan “aceptación ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. 

No es el único delito que los fiscales achacan a Rossi en el Legajo N°285.545 caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”. El intendente también fue imputado por “violación de medios de prueba y supresión de documentos público agravada por ser ejecutado por un funcionario público en concurso ideal y fraude a la administración pública por ocultamiento de expediente”. 

Designación ilegal

Los fiscales investigan el nombramiento ilegal de Marcelo F.F. Medina como contador municipal de Santa Elena, sin tener el título profesional habilitante para ejercer el cargo. La designación se realizó el 30 de septiembre de 2015, mediante el Decreto N°305. Aparentemente el cargo se mantuvo hasta, por los menos, el mes de junio de 2026. El incumplimiento está dispuesto en el Artículo 136 de la Ley Provincial N°10.027. 

Ocultamiento de expedientes

Por otro lado, los fiscales entienden que Rossi ocultó varios expedientes del Tribunal de Cuentas de la provincia, en los cuales se determinaron daños ocasionados al municipio de Santa Elena y se investigaba la responsabilidad de funcionarios públicos. En la imputación se lee que el hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando el propio Rossi recibió los expedientes administrativos de parte del presidente del TdC en forma personal.  

Se trata de las siguientes investigaciones del órgano de control:

1. N° 05-2012 caratulado “Sr. Presidente Municipal – Municipalidad de Santa Elena – Solicita revisión de convenio “, en un total de 305 fojas, relativo al daño ocasionado al Municipio consistente en:
   a. Celebrarse desde el Municipio de Santa Elena un convenio en fecha 05/06/2010 y 19/10/2011 con los representantes legales y apoderados del local bailable de Santa Elena “Mora Disco Bar”, en los que establecieron una tasa mensual y excluyeron cualquier otro gravamen incumpliendo con la normativa en la materia vigente y creando beneficios indebidos e injustificados a favor de los mencionados causándole un perjuicio al patrimonio municipal.

   b. Expedirse un certificado de libre deuda de fecha 29/11/2012 a nombre del representante legal y apoderado del local bailable de Santa Elena “Mora Disco Bar”, en el que se expresó que se ha hecho efectivo el pago de los derechos por Tasa de inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad hasta el mes de julio del año 2012, como así también los años anteriores, cuando en los hechos “Mora Disco Bar” registraba una deuda contra el Municipio de pesos once mil novecientos sesenta y cuatro ($11.964).
    

2. N° 456/18 caratulado “Municipalidad de Santa Elena -Sra. Fiscal de Cuentas N°5 Solicita desglose S/ Adquisición compra directa máquina cargadora frontal y retroexcavadora marca XCMG – Modelo XT -864″ en un total de 259 fojas y N°1.374 – 2021 caratulado “Presidente Municipal de Santa Elena solicita reconsideración recaída en expediente N°456/2018” en once (11) fojas; relativos al daño ocasionado al Municipio a partir de la compra directa de la máquina retroexcavadora marca XCMG -Modelo XT 864 a la firma American Tape SRL por la suma de pesos quinientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta ocho ($547.638,00), mediante Decreto N°275/13 de fecha 01/10/2013 suscripto por el Presidente Municipal, Domingo Daniel Rossi, en la que se abonó una cifra superior en la suma $51.138 comparado con el precio ofrecido por el mismo oferente y por la misma máquina en la licitación pública N° 6 que se declaró desierta en fecha 05/08/2013 (55 días antes).
3. N°856/2017 caratulado “Municipalidad de Santa Elena –Sra Fiscal N° 5 solicita desglose RC 674/13 documentación referida a adquisición CPRA. DIR. MAQ. CARGAD. FRONTAL C/ RETROEXCAV. MARCA XCMG MODELO 864 Y MODF. UNILATERAL X EMPR. AJUDICAT. LIC PCA. 2 HORMIGÓN“, en un total de 290 fojas”, relativo al daño ocasionado al Municipio a partir de las irregularidades cometidas en el marco de la licitación pública N° 2 del año 2013 de la Municipalidad de Santa Elena concerniente a la provisión y colocación de mil (1000) m3 de Hormigón H21 adjudicado mediante Decreto N° 97 Bis D.E.M. a la firma Hormigones Cavenaghi, en la que se había pactado la suma de $950 por metro cúbico por 18 entregas parciales del producto, sin embargo luego de la tercera entrega de hormigón, la empresa aumentó unilateralmente el precio y posteriormente no entregó 29 m3 de hormigón, no obstante el Municipio admitió el aumento sin acto administrativo que lo autorice y pagó el material no recibido, causándole un perjuicio al erario público de $105.880. Suma compuesta por el mayor precio pagado de $78.330 y $27.550 de la faltante de entrega por parte del proveedor”.

Los fiscales fijaron las fechas de indagatorias para que ambos expliquen qué pasó. Domingo Daniel Rossi deberá presentarse el 30 de noviembre a las 11; y Marcelo Fernando Medina deberá presentarse el 27 de noviembre a las 11. 

Una vieja historia 

Los hechos narrados arriba se vienen contando en ANÁLISIS desde hace años. Los primeros días de octubre, este medio publicó un extenso informe en el cual se cuentan numerosos actos de corrupción desplegados por el intendente y ex vicegobernador y se anuncia la indagatoria que se confirmó este jueves. Fue a raíz de una declaración que hizo el propio Rossi, en la cual aseguró que quería ser controlado “todos los años” y cargó contra este medio. En ese informe, bien se describió que no sólo se trata de hechos puntuales sino de “una conducta”, por ejemplo el incumplimiento reiterado en la presentación de Declaraciones Juradas al TdC.

También se contó en esa publicación que el fiscal Ramírez Montrull tenía abierto de oficio el legajo por el cual ahora se llamó a indagatoria a Rossi y Medina. Es que la Municipalidad de santa Elena no respondía las intimaciones del TdC. Entonces la Fiscalía pidió el organismo el detalle de las irregularidades detectadas en Santa Elena. Así aparecieron la compra de la retroexcavadora, el hormigón con sobreprecio, el libre deuda otorgado a una firma privada sabiendo que la deuda seguía vigente y, antes de eso, el convenio tributario de la gestión anterior. 

Después vino el muro. Los pedidos de informes no tuvieron respuesta. Cuando la Fiscalía libró una orden de presentación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando sus derechos. Hubo allanamiento en el municipio y no se encontró nada porque ocultaron toda la documentación. Cuando volvieron a pedir formalmente los expedientes del Tribunal de Cuentas, la respuesta fue que no los tenían. En algún momento, llegaron a sugerir que tal vez se los habían llevado “los propios investigadores” en el allanamiento, como parte del absurdo y la falta de respeto a las instituciones.

La historia de esos expedientes merece un párrafo propio. El Tribunal de Cuentas los había remitido a la Fiscalía de Estado, que planteó que los municipios son autónomos y que las actuaciones debían ir a la comuna. Para colmo, lo que se envió a la Municipalidad de Santa Elena no fueron copias sino los originales. Los recibió Rossi. Nunca más aparecieron. 

En ese informe publicado por ANÁLISIS también se contó la historia del contador sin título. El informe de auditoría de 2025 bajó al subsuelo de la administración municipal y encontró que el control interno, sencillamente, no existe. Los cargos de contador y tesorero municipal carecen desde 2011 del acuerdo del Concejo Deliberante que exigen los artículos 95 y 136 de la Ley 10.027. Ninguno de los dos funcionarios tiene constituida la fianza legal obligatoria. Y hay algo más: el área de Contaduría está en manos de un auxiliar que no posee título profesional habilitante. Quien cumple el rol de contador municipal no es contador. Para los auditores no se trata de un formalismo pendiente sino de una “gravedad institucional insubsanable”. Sin acuerdo del Concejo, además, la estabilidad de quien ocupa la Contaduría queda a merced del intendente, lo que debilita su capacidad de observar gastos u oponerse a actos ilegales del Ejecutivo, como le ordena el artículo 157 de la ley.