El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo en el primer día de la Expo Rural de Palermo y anunció una nueva herramienta inédita destinada a fortalecer la producción agropecuaria de su provincia.
Frigerio destacó el presente del campo argentino, al que definió como el motor de la recuperación económica, aunque reconoció que los productores todavía enfrentan márgenes de rentabilidad ajustados.
“Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho. El campo es la locomotora de la recuperación de la Argentina desde toda la vida y lo va a seguir siendo”, sostuvo.
En este sentido, hizo referencia al pedido unánime al Gobierno Nacional: “Que eliminen las malditas retenciones, sin duda”, afirmó, y agregó que confía en que el Gobierno nacional continúe avanzando en ese camino.
“Se fue avanzando estos 30 meses en la reducción de algunos sectores importantes y tengo el compromiso del Presidente de que esta es la principal prioridad en la política de reducción de impuestos de la Argentina, como tiene que ser. Es un impuesto distorsivo que se cobra solo en la Argentina y que tenemos que ir eliminando o reduciendo cada vez más rápido”, señaló.
“Siempre voy a pelear para que se eliminen las retenciones. Obviamente eso está vinculado con las necesidades del Estado, pero tiene que quedar claro que la prioridad a la hora de reducir impuestos tienen que ser las retenciones. Entiendo que esa es una política que compartimos con el Gobierno nacional”, agregó sobre la temática.
Además, Frigerio anunció la puesta en marcha del primer seguro multirriesgo agropecuario impulsado por la Provincia, una herramienta reclamada por el sector para enfrentar los riesgos climáticos.
El Programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura estará destinada a proteger a pequeños productores de maíz frente a sequías e inundaciones. La iniciativa, desarrollada junto a IAPSER Seguros, contará con un financiamiento total de 1 millón de dólares, de los cuales 700.000 dólares serán aportados por el Gobierno provincial.
En esta primera etapa alcanzará a productores de hasta 200 hectáreas, cubrirá 100.000 hectáreas y será gratuita durante el primer año.
El seguro prevé compensaciones de entre 50 y 150 dólares por hectárea, según el nivel de pérdidas ocasionadas por eventos climáticos, y se activará automáticamente mediante parámetros objetivos de geolocalización cuando la Provincia declare la emergencia agropecuaria.
“Estamos seguros de que esto se va a extender a otros sectores y seguramente a otras provincias también”, aseguró el gobernador.
Anuncios, anuncios y más anuncios. En medio de la campaña electoral de 2025, Jorge Macri proclamó una y otra vez la construcción de la Línea F de subtes. Y hasta el momento solo fue eso: un anuncio lleno de buenas intenciones y nada más.
A lo largo de 17 meses, una serie de irregularidades e improvisaciones obstaculizaron un acontecimiento clave para los usuarios del transporte público de pasajeros.
Como informó Tiempo el pasado 8 de junio, el Gobierno suspendió la licitación del nuevo ramal por segunda vez consecutiva. Una semana después, el oficialismo aprobó una deuda millonaria para su construcción y, recién ahora, la Agencia de Protección Ambiental porteña convoca a una audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Especialistas coinciden que en estas obras, como en otras, el GCBA empezó por el final y terminó por el principio, aunque respecto a la línea F, a casi dos años de conocerse la noticia, solo hubo anuncios.
La convocatoria ára la Audiencia Pública fue oficializada mediante la Resolución N° 195/APRA/26 y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. Según el documento, la audiencia se realizará recién el próximo 18 de agosto a las 12.30 bajo modalidad virtual y constituye un paso obligatorio dentro del procedimiento de evaluación ambiental previo a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental del emprendimiento.
Una audiencia legal pero no vinculante
Según la resolución, el proyecto fue categorizado como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto, condición que, de acuerdo con la legislación porteña, obliga a realizar una audiencia pública antes de que la autoridad ambiental pueda emitir el certificado correspondiente.
La audiencia tiene carácter consultivo y no vinculante. No obstante, la normativa establece que las opiniones expresadas por los participantes deberán ser consideradas por la autoridad ambiental al momento de dictar la resolución final sobre el proyecto, debiendo fundamentar expresamente de qué manera fueron tenidas en cuenta o por qué fueron desestimadas.
La Agencia de Protección Ambiental advierte que, tras evaluar el Estudio Técnico de Impacto Ambiental y la documentación presentada por el Gobierno porteño, considera viable avanzar con la instancia de participación ciudadana prevista por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Se espera que sea masiva
Según estimaciones de diferentes fuentes del GCBA, aseguran que esta audiencia pública será masiva y calculan que participarán más de 1000 personas.
La audiencia se desarrollará a través de la plataforma Zoom para los oradores inscriptos y será transmitida por internet para el público en general. Además, quienes no dispongan de medios tecnológicos podrán participar de manera presencial desde la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto 1º 250.
Podrán intervenir todas las personas físicas o jurídicas que acrediten un interés relacionado con el proyecto, mientras que quienes deseen exponer deberán inscribirse previamente. El registro de participantes permanecerá abierto entre el 20 de julio y el 11 de agosto, de lunes a viernes de 11 a 16, mediante correo electrónico o por vía telefónica para quienes no cuenten con acceso a medios digitales.
De llegar a construirse, la Línea F atravesará las comunas 1, 2, 3, 4 y 14. El trazado previsto comenzará en la intersección de las calles General Hornos y General Aráoz de Lamadrid, en Barracas, continuará por debajo de General Hornos, la avenida Juan de Garay, Solís, Entre Ríos, Callao y Las Heras, para finalizar sobre la avenida Santa Fe, en la zona de Juan B. Justo e Intendente Bullrich, en Palermo.
El Gobierno avanza a paso firme con la designación de jueces y fiscales en el Poder Judicial. Esta semana el Ejecutivo remitió seis postulaciones nuevas, entre ellas la de Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña, mientras que en el Congreso La Libertad Avanza ya convocó a la comisión de Acuerdos para recibir a otros 25 postulantes en la primera semana de agosto.
El presidente de la comisión de Acuerdos, el libertario Juan Carlos Pagotto, convocó a audiencias públicas para el martes 4 y miércoles 5 de agosto; la primera semana después del receso que esta previsto por dos semanas a partir de la que viene.
Las audiencias se llevarán a cabo en el Salón Azul y quienes quieran presentar objeciones de calidad y mérito sobre los aspirantes podrán hacerlo la semana que viene, del 20 al 26 de julio.
Entre las dos reuniones está previsto recibir a 25 candidatos. Entre ellos, hay 15 que corresponden a vocales y jueces de juzgados de Capital Federal.
Los demás son fiscales, defensores, jueces y vocales en juzgados de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Rosario (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), y Comodoro Rivadavia (Chubut).
El lunes, por su parte, el presidente Javier Milei giró al Senado los pliegos de seis jueces más. Entre ellos, los de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi, ambos propuestos como vocales para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Se trata de una Cámara clave para la política porque es la que revisa los fallos por casos de corrupción de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. La Sala I, por ejemplo, es la que deberá definir si ratifica el polémico fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa $Libra, por el que decidió apartar a las querellas en la investigación que lleva a cabo el fiscal Eduardo Taiano.
Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Sala I, pero en caso de aprobarse el pliego de Yadarola, quien deberá dejar su puesto es Leopoldo Bruglia. Ambos intervinieron en la causa “Cuadernos de las coimas” contra Cristina Kirchner, mientras el kirchnerismo siempre insistió en rechazar sus decisiones porque considera que ocuparon esos lugares de forma irregular ya que no concursaron, sino que fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri.
Los otros son los de Valeria Alejandra Rico (para jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal 4), Santiago Juan Schiopetto (juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 6), Ramiro Velasco (juez de Cámara del Tribunal Oral Federal 6) y Sergio Buitrago (juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 26).
Este jueves, por su parte, el Senado sesionará para votar 29 pliegos judiciales y seis de diplomáticos. Entre ellos, el que mayor debate genera es el del juez Víctor Pesino, quien fue impugnado por la CGT, por haber firmado el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la resolución que dispuso la intervención de la UOM.
CÓRDOBA.− El acercamiento entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora,y el jefe de Gabinete, Diego Santilli,dio sus frutos económicos. Además de un adelanto financiero, Nación pagará $35.000 millones de deuda por Compensación del Consenso Fiscal y, por primera vez en la gestión de Javier Milei, ya se devengaron $5000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la provincia.
Los hasta $400.000 millones que la Casa Rosada le autorizó al gobernador Llaryora como anticipo financiero serán coparticipados a los municipios siguiendo los coeficientes que rigen el sistema a nivel provincial.
Desde la administración provincial indicaron a LA NACION que ese es el destino asignado por el mandatario, quien también firmó para que se le pague una deuda.
Los fondos −que constituyen un préstamo a cancelarse en el actual período fiscal a una tasa fija nominal anual del 15%− fueron negociados hace algo más de un mes, cuando Llaryora se reunió con Santilli por más de una hora en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires.
El entonces ministro del Interior, Diego Santilli, junto a Manuel Adorni, recibió a Martín Llaryora y Manuel Calvo en la Casa Rosada (Archivo)Ministerio del Interior
Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde la llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei. Ese mismo día, el entonces ministro del Interior nacional estuvo dos horas con los ministros cordobeses Guillermo Acosta (Finanzas) y Manuel Calvo (Gobierno).
De esas charlas, también se desprendió −según la administración cordobesa− el compromiso de Nación de cancelar en cuotas $35.000 millones de deuda por el Consenso Fiscal. Ya se pagaron $15.000 millones.
Lejos de la postura adoptada en 2025, la Casa Rosada decidió abrir el juego de negociaciones con los gobernadores que despejen el camino hacia la reelección de Milei. Son negociaciones políticas, que podrían derivar en alianzas electorales en 2027 con algunos mandatarios, pero que comienzan con gestos financieros: fondos que las provincias reclaman hace meses.
Hasta el momento, Córdoba no había recibido ATN, adelantos de coparticipación ni adelantos financieros de los que la Casa Rosada empezó a entregar a mediados de abril. Entonces fueron autorizados para una docena de provincias y, hace un mes, la Presidencia habilitó desembolsos para Entre Ríos (el segundo en el año), Santa Fe y Jujuy.
Respecto de los ATN, regresarán en julio y Córdoba, junto con Catamarca, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, es una de las beneficiadas hasta ahora.Los números oficiales ya muestra que se devengaron $5000 millones para cada una de las jurisdicciones.
Santilli también estuvo, hace unos días, reunido con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.El encuentro también fue debut para ambos. El mandatario radical planteó, entre otros temas, la necesidad de que Nación pague la deuda que mantiene por la caja de jubilaciones no transferida.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.Camila Godoy
Este diario viene describiendo el estrés financiero que afrontan provincias y municipios. Para el pago de aguinaldos, varios gobernadores giraron ayuda extraordinaria a los intendentes.
En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.
El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio).
Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.
En ese contexto y en medio de las negociaciones con los gobernadores por la agenda libertaria en el Congreso −con la reforma electoral a la cabeza− el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó el esquema de anticipos financieros.
Las provincias ralentizaron sus salidas a los mercados financieros externos; existieron colocaciones en el arranque del año, pero después el ritmo se detuvo pese a la baja del riesgo país.
El mapa de servicios turísticos y de hospitalidad del interior de la provincia registrará un fuerte impacto identitario a partir de este fin de semana. Tras casi 30 años de actividad ininterrumpida, el histórico Hotel El Solar, ubicado en la localidad correntina de Bella Vista, cerrará sus puertas de manera definitiva el próximo viernes.
La confirmación del cese de actividades fue adelantada por Amílcar Fernández, trabajador del establecimiento y referente del sector, quien detalló que la firma propietaria tomó la determinación corporativa tras concluir que la explotación comercial del inmueble dejó de ser sustentable en el actual escenario económico.
La noticia fue transmitida formalmente a la planta de personal durante la jornada del martes, poniéndole fecha de cierre a un proceso de declive financiero que venía siendo evaluado desde hacía varios meses.
Según explicaron desde la administración del hotel, la estructura de ingresos ya no lograba cubrir los costos fijos operativos, tales como el pago de haberes, aportes patronales y tarifas de servicios, obligando al grupo empresario a subsidiar la actividad hotelera con remanentes de otras divisiones comerciales.
Reubicación de los trabajadores y preservación del empleo
A diferencia de otros procesos de cierre en el sector mercantil, la firma propietaria delineó una estrategia de reorganización interna con el objetivo de evitar despidos. Los ocho operarios que cumplen funciones en el edificio de Bella Vista serán redistribuidos en diferentes unidades de negocios que el holding empresario gestiona en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y otros puntos del noreste argentino (NEA).
“Nos comunicaron desde la empresa que se va a realizar un cierre definitivo de la actividad del hotel”, puntualizó Amílcar Fernández en declaraciones a a Cableinforma.
No obstante, el representante gremial aclaró que la reubicación de cada agente todavía se encuentra bajo análisis técnico: “La reubicación dependerá de las vacantes disponibles en el grupo y de la posibilidad real de que cada trabajador pueda aceptar un eventual traslado geográfico fuera de la localidad”.
La caída de la demanda y el recuerdo de la comunidad
El cierre de El Solar devela una problemática estructural que afecta a la hotelería tradicional del interior. Si bien el último fin de semana largo el establecimiento operó bajo la modalidad de ocupación plena gracias a un evento deportivo local, la regularidad del resto del año arrojaba cifras deficitarias debido a una persistente retracción en el flujo de viajantes y turistas corporativos.
Fernández desestimó que la crisis se deba exclusivamente al auge de las plataformas de alquileres temporarios, argumentando que la problemática de fondo es la merma generalizada de la demanda de consumo turístico y el incremento de los costos de mantenimiento de grandes superficies.
El impacto social de la medida se sintió de inmediato en la comunidad bellavistense, donde el hotel constituía un epicentro de la vida social. “Es un lugar emblemático de la ciudad, por el que pasaron muchísimas familias. Hay recuerdos de fotos de 15 años, de casamientos y de tantos momentos importantes que quedaron ligados a este hotel”, rememoró con pesar el trabajador.
Asimismo, Fernández encendió las luces de alerta sectoriales al recordar que este escenario de crisis no es un caso aislado, citando como antecedente inmediato el reciente e idéntico cierre de otro icónico hotel en la ciudad de Goya.
“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.
Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.
Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.
La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.
El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.
La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.
Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.
A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.
Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.
En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.
Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.
En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.
La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.
Granja Tres Arroyos, empresa que supo ser la mayor procesadora de pollos del país, negocia una reestructuración de deuda con sus acreedores mientras enfrenta el impacto combinado de la caída del consumo interno, la pérdida de mercados de exportación y una seguidilla de medidas de ajuste que se extendieron durante los últimos meses en varias de sus plantas.
En ese marco, la empresa confirmó que la planta de Avex, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, detuvo su actividad por dos semanas. Según indicaron fuentes de la compañía, se trata de “una parada programada por dos semanas” que “se planificó con tiempo suficiente y se coordinó con el personal y el sindicato”. La medida alcanza a los 350 trabajadores de ese establecimiento y fue definida puertas adentro como una parada técnica.
En lo que respecta a los sueldos, desde la empresa remarcaron que la situación salarial no presenta atrasos adicionales a los ya conocidos. “El pago de los sueldos de los empleados no está atrasado sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente al igual que el resto de las plantas pertenecientes a Granja Tres Arroyos”, señalaron. De esta manera, la compañía buscó despejar versiones sobre la continuidad de los ingresos del personal durante el receso productivo, en momentos en que el resto de sus plantas también opera bajo esquemas de pago escalonado.
La crisis en Granja Tres Arroyos tiene su origen en diciembre de 2024, cuando la compañía solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. La empresa atribuyó entonces sus dificultades al impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino, un destino que hasta ese momento representaba una porción sustancial de sus exportaciones y cuyo cierre implicó, para todo el sector, una caída estimada en USD 160 millones. El expediente nunca llegó a aprobarse de manera formal a nivel nacional, pero el escenario aceleró los recortes dentro de la compañía.
Durante 2024 la firma cerró su planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 de los 270 empleados que trabajaban allí. Un año después, en noviembre de 2025, anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a los 270 trabajadores que se desempeñaban en ese establecimiento a la planta La China, ubicada a metros de distancia. La estructura productiva del grupo se redujo de manera considerable en poco tiempo: de una dotación cercana a los 7.000 trabajadores y una faena diaria de 700.000 pollos, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen de procesamiento que llegó a caer a cerca de 200.000 aves por día.
Ante el deterioro financiero, la empresa avanzó en los últimos meses en una serie de medidas de ajuste acordadas con los sindicatos y con la autoridad laboral, con el objetivo declarado de evitar despidos masivos. En la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajan alrededor de mil personas, se había implementado un esquema de cuatro días laborales por semana, con los lunes sin actividad y remunerados al 65% del salario. En la planta La Lonja, en tanto, se aplicó un esquema más restrictivo, con actividad limitada a tres días semanales y pago del 50% del salario en las jornadas sin faena. A la par, la compañía llevó adelante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones que recortaron cerca de 400 puestos de trabajo.
No todas las plantas atravesaron el ajuste de la misma manera. A comienzos de este año, en la planta La China se registró el cese de actividades más prolongado desde 2001, con más de diez días de paralización, motivado por atrasos en el pago de haberes, bonos y el aguinaldo de diciembre. El conflicto se resolvió tras la intervención del gobierno de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, que solicitó la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial. Meses más tarde, a fines de mayo, la planta de Concepción del Uruguay volvió a quedar en el centro de la escena: cerca de 950 trabajadores se encontraron con los accesos bloqueados y sin comunicación oficial previa por parte de la empresa. “A nosotros no nos notifican nada, no nos dicen nada”, planteó en ese momento un delegado gremial, en referencia a la falta de aviso formal sobre la decisión.
La parada de la planta de Río Cuarto se da en simultáneo con un proceso más amplio: la negociación que la compañía mantiene con sus acreedores para reestructurar un pasivo total de USD 350,9 millones. El plan, elaborado por la banca de inversión VALO Columbus, divide la deuda en distintos bloques —comercial, fiscal, financiera garantizada y financiera sin garantía— y contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos del grupo.
Sobre este proceso, la compañía había señalado semanas atrás: “Estamos totalmente abocados a encontrar soluciones que nos permitan salir de esta difícil situación para continuar operando en Argentina y preservar las fuentes de trabajo de nuestros más de cinco mil empleados”. El plan de recuperación que maneja la empresa proyecta, además, un rebote productivo en un plazo de nueve meses, con una faena diaria que podría volver a ubicarse por encima de las 400.000 aves, todavía lejos del pico histórico de 760.000 pollos por día que la compañía llegó a procesar en sus mejores momentos.
La situación actual no es un hecho aislado en la historia del grupo. Antes de integrarse a Granja Tres Arroyos, la planta que hoy opera como Wade —adquirida por la compañía en 2018 con el aval del gobierno nacional— funcionó bajo el nombre de Cresta Roja y ya había atravesado una crisis profunda una década atrás, con deudas millonarias, cheques rechazados y despidos masivos que derivaron en una quiebra decretada por la Justicia en 2015. En su momento, el entonces presidente Mauricio Macri había definido a esa planta como “un ejemplo de fábrica” tras su recuperación.
Granja Tres Arroyos es conducida hoy por Joaquín De Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia, un inmigrante italiano que comenzó a vender pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano en la década de 1930. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. A comienzos de este año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez que hoy atraviesa a toda la compañía, el grupo vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto bajo un esquema de venta con alquiler posterior, que le permitió obtener fondos de manera inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra dentro de cuatro años.
El Gobierno todavía no reúne los votos necesarios para suspender o eliminar las PASO. Según dejaron trascender en la Casa Rosada, la propuesta no fue mencionada durante la mesa política que Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el martes, aunque había ocupado buena parte de los encuentros anteriores. Un funcionario atribuyó la ausencia a que el asunto ya había sido discutido la semana pasada.
Fuentes oficialistas sostienen que Karina Milei teme que un resultado adverso en las primarias, dos meses antes de la elección general, perjudique la campaña de reelección de Javier Milei. La intención es llevar la reforma al recinto en agosto, una vez terminado el Mundial. Las conversaciones de los últimos días todavía no alcanzaron para asegurar los apoyos necesarios.
En el Gobierno dicen que no están preocupados, aunque reconocen que la negociación avanza con lentitud. “Le falta al tema, le falta“, admitieron fuentes oficiales al evaluar el número de adhesiones. La presencia de gobernadores en los actos del 9 de Julio en Tucumán y en la jura de Santilli todavía no se tradujo en promesas de votos.
Los apoyos que contabiliza la Casa Rosada
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó uno de los apoyos más claros al calificar las PASO como “una encuesta muy cara” que no fortalece a los partidos políticos. El mandatario peronista se mostró a favor de eliminarlas, aunque marcó distancia de una eventual restitución de las listas colectoras. Ese punto permanece abierto dentro de la negociación oficialista.
Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, también se manifestó a favor y destacó el ahorro fiscal que implicaría dejar de organizar las primarias. Claudio Poggi, de San Luis, ratificó su respaldo después de reunirse con Santilli. Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, anticiparon igualmente que acompañarían la modificación.
La Casa Rosada suma a esa lista a Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Marcelo Orrego, de San Juan, favorables al proyecto en los términos planteados por el Ejecutivo. Martín Llaryora tampoco objeta el cambio porque el peronismo cordobés rechazó históricamente ese sistema. Los pronunciamientos públicos, sin embargo, todavía no garantizan el respaldo de los legisladores de cada provincia.
Santilli mantiene conversaciones abiertas con los gobernadores
Santilli continuará con las reuniones durante los próximos días. El lunes recibió a Poggi y el martes mantuvo un encuentro con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Para el viernes está prevista la visita del pampeano Sergio Ziliotto, un opositor al Gobierno a quien en Balcarce 50 consideran difícil convencer.
Después de cada encuentro, funcionarios nacionales transmiten que los mandatarios mostraron buena predisposición. En el Congreso, esas señales todavía no se reflejan en compromisos concretos. “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho“, reconoció un armador parlamentario de La Libertad Avanza.
Las colectoras continúan en discusión
Santilli y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem introdujeron hace dos semanas la posibilidad de restablecer las listas colectoras. El mecanismo permitiría que distintos candidatos compartieran una misma fórmula presidencial y fue presentado como una herramienta para atraer apoyos. La propuesta no figura en el proyecto enviado al Congreso.
Los gobernadores siguen evaluando esa alternativa y no existe una posición común entre las provincias. Jalil ya expresó sus objeciones, mientras otros mandatarios evitaron pronunciarse públicamente. En el oficialismo mantienen abierta la opción porque la prioridad es suspender las primarias antes de las elecciones de 2027.
La cantidad de interlocutores también dificulta medir el avance de las conversaciones. Santilli y los Menem negocian con gobernadores, legisladores y operadores provinciales que no siempre transmiten la misma posición. En el bloque libertario admiten que una señal favorable durante una reunión no equivale necesariamente a un voto en el recinto.
Mientras intenta sumar adhesiones entre los mandatarios, Santilli también comenzó a ordenar las áreas que recibió con su llegada a la Jefatura de Gabinete. El Decreto 581/2026 trasladó a su estructura organismos que estaban bajo la influencia de Santiago Caputo. En la Casa Rosada comenzaron a circular versiones encontradas sobre qué funcionarios conservarán sus cargos después del traspaso.
Santilli sumó Enacom, Arsat y el Correo a su estructura
El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, pasó a depender del vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt. Durante la gestión de Manuel Adorni, el funcionario reportaba directamente al jefe de Gabinete y era considerado un hombre cercano a Caputo. El decreto también redistribuyó los tres organismos que dependían de la secretaría encabezada por Genua.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quedó directamente bajo el mando de Santilli. La empresa Arsat y el Correo Oficial pasaron a la órbita del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, uno de los principales colaboradores del nuevo jefe de Gabinete. Las conducciones de esos organismos continúan por ahora en manos de funcionarios vinculados con el asesor presidencial.
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Santilli realizará modificaciones en las áreas que recibió. “Va a haber cambios en las áreas que están bajo su órbita; es parte del armado de la gestión“, señalaron funcionarios que conocen sus movimientos. No precisaron qué autoridades serán reemplazadas ni cuándo se concretarán los cambios.
En el sector de Karina Milei dan por hecho que Santilli colocará a sus propios equipos y tendrá el control de los organismos transferidos. Algunos dirigentes esperan que la reorganización sea el primer paso de una revisión más amplia de las áreas manejadas por funcionarios cercanos a Caputo. Los rumores se concentran especialmente en el futuro de Genua, aunque no existe una confirmación oficial sobre su salida.
Santiago Caputo vio disminuida su área de influencia en la administración libertaria
Cerca del asesor presidencial ofrecen otra versión. Allí creen que Santilli podría desplazar a algunos cuadros identificados con Adorni, pero respetará los cargos jerárquicos acordados previamente con Caputo. “El Colo tiene códigos, no viene a romper; no le hizo eso a nadie“, sostienen quienes descartan un recambio brusco.
En el Gobierno difieren sobre el alcance del recambio
Santilli llegó a la Jefatura de Gabinete impulsado por Karina Milei y los Menem, con la aprobación del Presidente. El apoyo de la secretaria general sería determinante si Santilli mantiene sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Al mismo tiempo, conserva una relación fluida con Caputo y con dirigentes que comparten su pasado en el PRO.
En el sector de Karina Milei se entusiasman con la posibilidad de avanzar sobre otros espacios controlados por el asesor. Ese interés se intensificó después de las elecciones legislativas de 2025, aunque hasta ahora el movimiento más fuerte fue el cambio en la conducción del Ministerio de Justicia. Otros funcionarios señalan que el karinismo no dispone de suficientes cuadros para ocupar todas las áreas que podría reclamar.
En las oficinas de Caputo tampoco dan por hecho que la reorganización responda a una ofensiva de Karina Milei. Recuerdan que la secretaria general suele ejecutar los cambios sin anticiparlos, como ocurrió con Justicia. Fuentes de ambos sectores aseguran que Santilli y Caputo mantienen un buen vínculo.
El Presidente volvió a intervenir en esa interna durante los actos del 9 de Julio. Javier Milei se ubicó en el balcón junto a su hermana, pero también llamó a Caputo a su lado, lo saludó frente a la militancia y lo abrazó. “Milei está a lo Colo Santilli, tratando de hacer equilibrio“, resumió una fuente oficialista.
La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.
“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.
Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.
Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo.Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.
Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.
Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.
Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.
Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.
A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.
Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.
En sintonía con el dato de inflación anunciado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un aumento de precios del 16,8% en el primer semestre, las provincias reanudan las paritarias con estatales y docentes, en un marco de inquietud entre los gremios. Los gobernadores buscarán blindar la segunda mitad del 2026 y llegar con el terruño en paz al año electoral.
En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof logró desactivar una puja compleja. Tras el primer paro educativo en su contra, la administración selló un aumento del 7% con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), dividido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto, con el compromiso de reactivar las negociaciones una vez finalizado ese plazo. Mismo entendimiento se logró con los trabajadores del Estado y la Policía.
Paritarias abiertas
Por su parte, el Gobierno santafesino convocó a los representantes de los trabajadores de la educación, la salud y la función pública a retomar las conversaciones este jueves. Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), una de las principales agremiaciones, anticiparon que irán por una suba del 35%.
Además, pondrán sobre la mesa otras cuestiones: “Una cláusula de actualización automática que garantice que los salarios no sigan perdiendo frente a la inflación; la derogación del presentismo; y el pago simultáneo de los aumentos salariales para docentes activos y jubilados”. También la derogación del aporte solidario; y la urgente convocatoria a los concursos de titularización y traslados en todos los niveles y modalidades, “garantizando la estabilidad laboral y el respeto a la carrera”.
En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) informó que buscarán una recomposición cercana al 30%. “Un 15% para el primer semestre y un piso del 11% para el segundo”, dijo a LT3 el secretario general de la filial santafesina, Martín Lucero. En la administración de Maximiliano Pullaro anticipan una mejor sintonía con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que ven agitado el frente educativo. Para el primer semestre, la provincia había establecido un aumento del 12,5% por decreto, tras el naufragio de las negociaciones.
Del otro lado del Paraná, Rogelio Frigerio todavía no logró la pax. Este martes, su gestión recibió a los trabajadores de la función pública y ofreció un aumento del 7% en dos tramos. Confirmó, además, que liquidará por decreto lo ofrecido para el mes de julio, ante la falta de acuerdo.
Reunión paritaria entre estatales de Entre Ríos y el Gobierno de Rogelio Frigerio.
“La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores”, indicó el miembro paritario, Ricardo Vales, y agregó que “el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales”.
Más tensa es la reyerta con los maestros. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) reunió a su congreso, advirtió que peligra la vuelta a clases tras el receso invernal y se opuso el aumento de sueldos por decreto.
La semana pasada, AGMER rechazó el incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable, a la que calificó como “escasa”. En paralelo, distintos sectores sindicales convocaron a un paro para este miércoles en repudió a la reforma previsional que impulsa Frigerio.
A la par, el neuquino Rolando Figueroa reabrió este lunes la pulseada con ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP). La Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) no forma parte ya que alcanzó un acuerdo salarial anual. Los encuentros se desarrollan en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y son encabezados por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.
Neuquén reactivó las paritarias con los gremios estatales y busca un acuerdo por seis meses.
ATE ya advirtió: las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) -parámetro que se utiliza desde 2017- no serán el único indicador; reclamarán además una cláusula de para “recuperar salarios”. “El alquiler y los servicios suelen dar muy arriba del IPC y eso licúa el poder del salario. Más allá del IPC, pedimos hablar de la recuperación del salario”, comentó a Ámbito el secretario general del gremio en la provincia, Carlos Quintriqueo.
Quintriqueo señaló que el semestre cerrará con un aumento salarial cercano al 16% y que, por el desfasaje con los ítems antes mencionados, los sueldos quedarán “seis puntos abajo”. Dijo, también, que Neuquén cuenta con recursos extraordinarios, beneficiada por la guerra en Medio Oriente, y que tiene la posibilidad de satisfacer los reclamos. A diferencia de los docentes, los estatales rubricaron un acuerdo por seis meses. Las partes se volverán a ver el 28 de julio.
Más al sur, el santacruceño Claudio Vidal intenta destrabar una larga pulseada con educadores y trabajadores del Estado, que también incluye a sectores de la policía, quienes realizaron un acampe en la gobernación. La semana pasada, Vidal y los gremios educativos AMET y ADOSAC pactaron una suba salarial del 18,5%. De todos modos, los representantes sindicales aseguraron que es “a cuenta” y que el aumento no resuelve los problemas de fondo. Este martes, el gobernador se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada y busca pulir su sintonía con Nación.
