Este jueves por la mañana, Kueider y su pareja Iara Guinsel volverán a ser llevados al Palacio de Justicia de Asunción. De allí salieron la semana pasada con una sentencia en contra. El exlegislador recibió dos años. Ella, un año y 10 días. Fue por haber intentado ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.
El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado estará frente a frente con una cara conocida. Se trata del juez de Garantías Humberto Otazú. Fue quien llevó adelante la primera etapa del caso por contrabando. El magistrado tiene ahora la causa por lavado de activos en contra de Kueider y Guinsel.
Ambos están imputados por ese delito debido a la compra de seis departamentos con sus cocheras. Los inmuebles están en un edificio de lujo ubicado en el centro de Asunción. La sospecha de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez es que fueron adquiridos con “dinero de procedencia ilícita”.
Las funcionarias judiciales entienden que el exsenador y su pareja compraron las unidades en el edificio Innova Las Mercedes, con plata negra introducida por ellos al circuito financiero y comercial de Paraguay. Dos ciudadanos del país vecino aparecen como posibles testaferros. Son los presuntos titulares de la empresa Golsur, firma que adquirió los departamentos. Los inmuebles quedaron embargados por orden de la Justicia.
En esta etapa, el juez Otazú deberá definir la imposición de medidas para Kueider y Guinsel. Ambos permanecen en prisión domiciliaria y con tobillera por decisión del mismo magistrado en los comienzos de la causa por contrabando. La resolución se prorrogó en la condena. Rolando Duarte, el juez que tramita el juicio de extradición a la Argentina del ex senador, también ordenó esas medidas en su momento.
Si Otazú considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, el exlegislador no tendrá que mudarse a un calabozo. Hoy por hoy está alojado en un departamento de un barrio de Asunción.
La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue quien pidió que Kueider sea extraditado. La magistrada argentina también lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la mira hay una maniobra similar a la registrada en Paraguay. El uso de una sociedad fantasma, con testaferros al frente, con la que se compraron departamentos de lujo en un edificio en Entre Ríos.
La audiencia con Otazú debía realizarse el pasado miércoles 15 de julio. Por pedido de las defensas, Otazú decidió reprogramar para el jueves 23. Los abogados Carlos Arévalos Giret y Marcelo Bogado, que patrocinan a Kueider y Guinsel, lo solicitaron debido a la superposición de audiencias en otras causas judiciales.
El exsenador y su actual pareja fueron imputados en Paraguay durante junio por lavado de activos. Según cuál sea la calificación legal que determine la Fiscalía del país vecino, las penas podrían ir de los 5 a los 10 años.
En el centro de la investigación se encuentran los inmuebles localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.
La Justicia decretó además la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades. “Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el juez Rodrígo Estigarríbia en su resolución, fechada el miércoles 24 de junio.
Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.
En la maniobra también están comprometidos e imputados dos paraguayos: Amado Torales Banega y José Fermando Courisat. Ellos aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024. Ese día, el exsenador argentino fue detenido con USD 200 mil sin declarar en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad.
Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre, le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. Ese es el principal elemento para sostener la hipótesis de que podrían ser testaferros. La empresa tenía domicilio en un hotel.
