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CÓRDOBA.− En las últimas semanas se aceleraron las firmas de acuerdos entre Nación y algunas de las provincias que mantienen sus cajas de jubilaciones. Son 13 las que sostienen bajo su órbita los sistemas previsionales y a las que, por ley, la Anses debe girarles fondos para cubrir una parte del déficit en función de sus auditorías. Esas fiscalizaciones que la administración libertaria puso como condición para el pago vienen atrasadas: en la mayoría de los casos llegan hasta el 2020.

Los acuerdos se hacen “a cuenta” de las determinaciones futuras. Cálculos preliminares a los que accedió LA NACION estiman el monto de los déficits que debería cubrir Anses este año en unos $2,5 billones.

Como los adelantos cubren una parte menor de ese monto, la deuda con las provincias se sigue acumulando. Hay que tener en cuenta que son esos $2,5 billones menos los adelantos (cuando los hubo, porque hubo largo tiempo sin que existieran) multiplicados por los años que faltan computar, que son entre cinco y siete.

Aunque el financiamiento de estas cajas tiene problemas estructurales, desde que se inició la gestión de Javier Milei, la Anses había suspendido estas transferencias y solo las realizaba por orden de la Justicia −varias provincias acudieron a la Corte Suprema con cautelares− o a partir de la firma de acuerdos. En las últimas semanas no solo se suscribieron nuevos, sino que se aumentaron los giros a algunos distritos.

Las complicaciones en el frente fiscal de las provincias también son claves para acelerar los tiempos. Aun a sabiendas de que el stock de deuda es creciente, los mandatarios provinciales optan por garantizarse un flujo mensual menor. Los acuerdos −salvo el caso pampeano− privilegian a los distritos “dialoguistas”, cuya colaboración en el Congreso es clave para los libertarios.

El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los últimos en firmar; lo hizo por $120.000 millones en 12 cuotas de $10.000 millones. “Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, dijo el gobernador, quien aclaró que no se renuncia al reclamo en la Justicia sino que se suspende por 180 días. En este caso, las auditorías alcanzarían hasta 2019.

También Juan Pablo Valdés suscribió el “adelanto de financiamiento previsional” por $40.000 millones que también se pagarán en 12 cuotas. Para el gobernador de Corrientes, es un “acuerdo histórico que reivindica a los jubilados correntinos”. Las auditorías a su caja están más atrasadas, recién habrían completado el 2017.

También este mes, la Unicameral de Córdoba ratificó el nuevo acuerdo alcanzado por Martín Llaryora para que los giros pasen de $5000 millones mensuales (como marcaba el convenio anterior) a $10.000 millones, también en 12 pagos. Quedan varios años de auditoría por completar por parte de la Anses. El mandatario sostuvo la necesidad de “garantizar previsibilidad financiera”.

Ignacio Torres, de Chubut, firmó a fines de marzo para que en un año le transfieran $48.000 millones. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, planteó. La estimación es que faltan auditar más de seis años.

También cerró un convenio el misionero Hugo Passalacqua, aunque no hay detalles. El comunicado oficial provincial señala que el acuerdo “constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”. No da cifras.

A fines del 2024 −igual que en el caso de Córdoba, con intervención de la Corte Suprema−, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, cerró el primer acuerdo, el que después renovó por $48.000 millones, siempre en 12 pagos. Quedan por auditar entre seis y siete años.

Desde noviembre pasado, el chaqueño Leandro Zdero recibe giros mensuales de Anses. lo hará hasta completar las 12 cuotas por $ 40.000 millones.

El pampeano Sergio Ziliotto es el único gobernador del peronismo más duro que cerró un acuerdo con la Anses. Con unos cinco años por auditar, consiguió una primera transferencia de $2500 millones en 2025 y, en el corriente, 12 cuotas mensuales de $5000 millones. En total, son $62.500 millones.

Desde mayo próximo, Neuquén recibirá 12 giros mensuales de la Anses por $4000 millones, hasta cubrir los $48.000 millones que acordó Rolando Figueroa. Destacó que el entendimiento representa “un logro significativo” para la provincia ya que “destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional provincial”. El retraso en las auditorías acumularía unos siete años.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz −cuya determinación de rojo todavía no consta en Anses− seguirá en manos de la provincia, de acuerdo a lo que señaló el gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones legislativas. Su déficit anual ronda los $270.000 millones, monto que la provincia cubre íntegramente con recursos propios. Hay un reclamo en la Corte Suprema que incluye fondos no transferidos en 2023 y 2024.

Buenos Aires tiene la caja jubilatoria provincial más grande del país. Axel Kicillof mantiene un reclamo judicial contra el Gobierno Nacional por una deuda estimada en $2,2 billones. La Corte Suprema fijó una audiencia para este martes, 21 de abril. Tampoco hay avances con las transferencias de la Anses para las cajas de jubilaciones de Tierra del Fuego y de Formosa, ambas provincias gobernadas por kirchneristas.

Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban. Allí estaban Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullirch, Martín y Lule Menem, e Ignacio Devitt.

Pero eso fue sólo una parte del planteo del ministro. Inmediatamente después reclamó una señal política contundente que disipara las desconfianzas de los mercados, que hacen que el riesgo país no baje como debería, si se observan los fundamentals del programa. En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política.

Y un dato adicional muy importante: Caputo también dijo ese día que el acuerdo que proponía debía cerrarse “ahora”, no el año próximo. Su argumento fue que el programa necesita dar señales de sustentabilidad en este momento crítico, para poder enderezar las variables antes del ingreso al clima electoral (que en el Gobierno vaticinan que se va a disparar después del Mundial), para cuando ya sea tarde y los incentivos para consensuar sean menores. Recordó el impacto económico que generó en 2025 la incertidumbre política, cuyos efectos, según su diagnóstico, sobreviven hasta ahora.

Como era de esperar, el planteo tan vehemente del ministro generó un sacudón interno. No cayó bien que el principal garante del rumbo económico le endilgara al ala política la responsabilidad del éxito. “Fue rara la argumentación, porque desde diciembre venimos aprobando en el Congreso todos los proyectos que mandamos”, comentó un testigo de la conversación.

La primera reacción fue de Karina Milei, quien en línea con lo que viene siendo su estrategia electoral desde el año pasado, mostró su desacuerdo con la idea de negociar abiertamente con los gobernadores. Volvió a plantear allí su intención de fortalecer LLA en todo el país, objetivo que debería plasmarse en los armados provinciales.

Fue la primera vez que hubo un contrapunto entre Caputo y Karina en una reunión de este tipo. “Ella sintió que se le estaba metiendo en su propio territorio, el electoral”, interpretó uno de los testigos. Bullrich y Santiago Caputo, con matices avalaron la posición del titular de Hacienda, aunque con una advertencia: el objetivo central es lograr la reelección del Presidente, y los acuerdos locales deben estar ordenados en función de esa consigna. En consecuencia, habrá provincias donde convendrá pactar, y otras en las deberán competir contra el gobernador local.

Dos altos funcionarios que hablaron en los últimos días con Javier Milei, interpretaron que el Presidente avala la posición más dura de su hermana, no sólo por su escasa vocación por los acuerdos políticos, sino porque tiene una visión más técnica de las prestaciones del plan económico. Aunque la sintonía entre Luis Caputo y Milei es absoluta, son varios los altos funcionarios que últimamente notan en el ministro una mayor preocupación que en el líder libertario por el enfriamiento económico. Tiene motivos. Marzo cerró un trimestre decididamente malo, con indicadores de inflación y salarios negativos. Abril debería ser otra cosa.

Si bien el debate que abrió Caputo no continuó en las semanas siguientes y quedó pendiente de resolución, en el sector de Karina Milei dan cuenta de que algunos resortes se activaron. Un primer paso fue la reunión que tuvieron este lunes la hermana del Presidente, Santilli y Lule Menem con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, los más cercanos de Pro y la UCR.

Si bien ese encuentro se difundió como de gestión, la realidad es que allí se habló esencialmente de la estrategia electoral. El mendocino se llevó el compromiso que había ido a buscar: que el año próximo habrá una PASO entre un candidato suyo y Luis Petri, y que se impondrá un fair play en la campaña, es decir, un compromiso de que Milei no va a desbalancear la competencia en favor de su exministro. Frigerio, en tanto, integra el reducido lote de gobernadores, junto con Carlos Zdero y Claudio Poggi, con los que la Casa Rosada está decidida a reeditar el acuerdo electoral que hicieron el año pasado. Hay una consigna en estos movimientos que reside en el empoderamiento de los socios más fieles. Tampoco LLA tiene grandes nombres allí.

La idea del Gobierno es avanzar después con los aliados del segundo anillo, tratativas que van a ser mucho más complicadas. En ese lote están Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Osvaldo Jaldo, al que podría sumarse Claudio Vidal. En la ciudad irán con candidatos propios, si es necesario, enfrentando a Pro (Bullrich recibió esta semana un aval explícito de Karina Milei para que empiece a armar su campaña). Lo mismo en Córdoba. Santa Fe es una incógnita.

Pero en estas conversaciones empieza a filtrarse otra novedad importante: en el Gobierno se está debatiendo la posibilidad de acordar con los mandatarios aliados un desdoblamiento electoral. Esto representaría un giro en la lógica que imperó hasta ahora, a partir de la enseñanza del año pasado, cuando el oficialismo perdió casi todas las elecciones locales, y después ganó en la nacional.

La evaluación es que esta estrategia puede ser peligrosa en 2027, porque una seguidilla de derrotas en las provincias adversas podría derivar en mayor incertidumbre económica, que a la vez haga naufragar la reelección. Otra vez, las variables económicas y políticas enlazadas. Por eso una idea que se evalúa es dosificar el calendario con triunfos en provincias aliadas, para neutralizar las probables derrotas en distritos desfavorables. Pero este planteo todavía es resistido por el propio Milei, quien entiende que lo mejor sería generar un efecto arrastre de su postulación presidencial hacia sus candidatos en las provincias, todos votando el mismo día.

Agitación en la Justicia

Así como Toto Caputo fue quien enlazó la economía con la política, otro ministro, Juan Bautista Mahiques, terminó por ligar la política con la justicia para conectar los tres nudos que hoy tienen maniatados al Gobierno. El problema es que no está claro por dónde se puede empezar a desatar esa madeja.

Su arribo al gabinete encrespó de un modo previsible la interna inmortal entre Karina Milei y Santiago Caputo, no sólo porque marcó un cambio en la conducción del ministerio, sino porque abrió la puerta a un combate subacuático en todos los territorios. Un ejemplo mínimo de esta semana surge al preguntarse por qué se enardeció tanto la pelea digital entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan. La primera respuesta indica que fue una reacción porque la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a once tuiteros de Las Fuerzas del Cielo que difundieron datos personales del karinista Sebastián Pareja. Había mucha bronca acumulada y estalló.

Pero podría haber otra explicación complementaria, porque en el sector de Santiago Caputo están convencidos de que la fiscal Ramírez está en el área de influencia de Mahiques, y ven detrás de su decisión una voluntad del ministro por erosionar al asesor presidencial.

Algo similar viene ocurriendo con las causas de la AFA, en donde cada movimiento que hace Mahiques es inmediatamente interpretado como una acción destinada a beneficiar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, por su vínculo con el mundo del fútbol. Esto ocurrió cuando se supo que los candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Cámara en lo Penal Económico son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, a quienes le atribuyen una sintonía con el ministro. Este Tribunal es el que estará a cargo de revisar la investigación por la retención de aportes previsionales por parte de la AFA, causa en la que ya están procesados Tapia y Toviggino. Cuando imperan las suspicacias, cada detalle es una conspiración.

Pero el problema mayor no anida en la guerra de operaciones dentro del propio Gobierno, sino en el extraordinario impacto que tuvo el recambio en Justicia dentro de Comodoro Py. Para un sector poderoso de la casta que mora en esos tribunales el arribo de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, fue interpretado como “una declaración de guerra”. Se trata de la cofradía que impulsaba a Guillermo Montenegro para el ministerio y que se sintió marginado y enfrentado. Esta agrupación de intereses mutuos se referencia en el juez Ariel Lijo, y cuenta con una participación activa de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, y la bendición de María Servini. Su terminal en el Gobierno fue siempre Santiago Caputo. Detrás del cortinado, se mueve Ricardo Lorenzetti. Y directamente en las sombras, Antonio “Jaime” Stiuso.

Esta agrupación está muy activa últimamente. Por un lado, en el plano político, para incidir en los nombres de los postulantes a definir para los juzgados vacantes. También para entrar en la discusión si es que se reabre la negociación por la Corte y la Procuración. “Quieren ser tenidos en cuenta. La designación de Mahiques y de Viola fue tomada como una provocación”, argumentan desde ese sector.

Estas inquietudes animaron la conversación que este miércoles a la noche mantuvo un grupo de comensales, encabezados por Lijo y Martínez de Giorgi, que por esos misterios del destino, tienen a su cargo las tres causas que más preocupan al Gobierno: $LIBRA, Andis y la de Adorni. Con la excusa de festejar el cumpleaños del salteño Sáenz, se juntaron los dos jueces, el homenajeado, los gobernadores Jalil y Jaldo, un trío de senadores de sus provincias, Guillermo Andrada, Flavia Royón y Sandra Mendoza (ellas dos integrantes de la comisión de Acuerdos), a los que se sumó la jujeña Carolina Moisés. En la Casa Rosada deberían prestar atención a esa cena, si es que pudieran conocer el carácter de esa tertulia.

En torno de ese remolino judicial se agitan versiones, sospechas y especulaciones que atraviesan Comodoro Py por estos días. ¿Es cierto que Viola hizo correr la versión de que ya había “hablado” con Gerardo Pollicita, y de que eso enardeció al fiscal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿O que Karina Milei le puso bolilla negra al juez Mariano Borinsky, después de que cometió la herejía de reunirse con Santiago Caputo en la Casa Rosada, a la vista de todos, porque estaba enojado después de que hundieran su proyecto de reforma del Código Penal?

Esta agitación judicial tiene particularmente estresado a Mahiques, que conoce bien el paño y sabe que se le está complicando el cumplimiento de la promesa que le hizo a Karina Milei de ocuparse de las causas que la salpican. No tiene dudas de que el ritmo que llevan las investigaciones más sensibles no es habitual en la justicia federal, y entiende que es una reacción por su designación. Así se lo comentó a miembros del Gabinete. Pero el ministro tiene una herramienta muy poderosa en sus manos: decenas de designaciones de jueces pendientes, que le permiten moldear un nuevo mapa judicial. En el fondo, lo que está en juego es un nuevo esquema de poder en los tribunales.

En este contexto no sorprende que Mahiques se haya subido ayer al avión que llevó a los hermanos Milei a Israel. Es su viaje oficial inaugural. Según dicen en su entorno, lo invitó el propio Presidente. Los dos hablan con bastante frecuencia, evidencia de que, por primera vez desde que asumió, Milei se está interesando en el laberinto judicial. Habría influido en ese cambio la presión de su propia hermana, quien se dio cuenta de la sensibilidad del tema hace ya varios meses.

La estabilidad fugaz

El estancamiento económico, las riñas políticas y las disputas judiciales configuran una especie de estrecho de Ormuz que tiene estrangulada la gestión del Gobierno. Emerge en este cuadro un síndrome que ya se ha transformado en una evidencia empírica: al Gobierno le cuesta demasiado lograr períodos prolongados de estabilidad, en general por errores autoinfligidos.

Si se repasa la montaña rusa del último año se nota con claridad que los mejores momentos de la gestión coinciden con períodos de orden interno y objetivos comunes y, por el contrario, las fases duras conviven con las disputas intestinas y la dispersión de propósitos.

En enero del año pasado, Milei estaba en un gran momento, después de cerrar un 2024 con varios objetivos cumplidos. Pero a fin de ese mes fue a Davos, y agitó a todos con su discurso cargado de polémicas. Después se sumó $LIBRA y se agrietó la interna Karina-Santiago por el diseño electoral. De enero hasta abril fue una etapa de retroceso.

En abril se cerró el acuerdo con el FMI y en mayo LLA ganó la ciudad, metas que habían unificado a todas las tribus. Momento de alza. Pero el exitismo posterior agrietó el clima y sin rivales enfrente se pasó a una etapa de ciénagas. Derrotas provinciales, adversidad en el Congreso, inestabilidad financiera, y el golpe bonaerense. Crisis, quizás la peor.

Pero después vino el tuit de Scott Bessent y la recuperación de la elección de octubre. Otra vez para arriba. Tras el triunfo, recambio de gabinete, internas, y nuevamente dificultades. En diciembre se produjo la renovación del Congreso y las sesiones extraordinarias fueron verdaderamente extraordinarias. Se aprobaron todas las leyes y Milei fue a la Asamblea cargado de gloria. Eso ocurrió el 1 de marzo. Tres días después se realizó el recambio en Justicia, y otra vez el vía crucis.

Esta sintética recorrida permite visualizar la disfuncionalidad operativa que muestra el Gobierno y que habilita una dimensión más profunda para el planteo que hizo en la mesa política el ministro Caputo. Hay un encadenamiento de factores económicos, políticos y judiciales anudados entre sí que están trabando este pasaje de la gestión y que configuran un modelo inestable. Se entiende su pedido de reacción urgente.