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Rechazaron los recursos de Urribarri y Cardona Herreros en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito – Noticias

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná, Gervasio Labriola, rechazó los recursos presentados por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros. El fallo, fechado este 20 de abril, refutó las pretensiones de los abogados en el marco del legajo que investiga enriquecimiento ilícito y, de ese modo, confirmó la decisión del juez de Garantías, Mariano Budassof, que lleva adelante la audiencia de elevación a juicio.

En marzo comenzaron las audiencias orales en las cuales se discute el requerimiento de elevación a juicio, pedido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), del legajo que investiga el enriquecimiento ilícito de Urribarri, que involucra al empresario Cardona Herreros (ex contratista del Estado provincial). Ese proceso puntual se detuvo cuando los defensores presentaron cuestionamientos a la investigación que el juez de Garantías rechazó, pero concedió las apelaciones con efecto suspensivo de las audiencias.

Por eso los abogados fueron al Tribunal de Juicios y Apelaciones, y se quejaron allí de la decisión de Budassof. Labriola los escuchó y, este lunes, revalidó la decisión de primera instancia y rechazó las quejas de los defensores.

Cuestionamientos rechazados

Los abogados José Velázquez y Esteban Díaz (en representación de Cardona Herreros), y el letrado Miguel Cullen (en representación de Urribarri), reclamaron exclusiones probatorias del legajo por el enriquecimiento ilícito del ex gobernador. En efecto, los defensores argumentaron:

1) Que hubo una “violación a la cadena de custodia en el marco del procedimiento de allanamiento y secuestro de información llevado adelante” en 2018, en la empresa de Cardona ubicada en Los Polvorines, Buenos Aires. En el análisis de los planteos, el fallo de Labriola sostiene que “cualquier cuestionamiento a la cadena de custodia importa controvertir que eso que se pretende incorporar como prueba no es lo que se dice que es, o al menos introduce serias dudas respecto de que lo sea; entonces de lo que se trata es de un cuestionamiento a la valoración de la evidencia, más no a su legalidad. De ello se sigue que el planteo de la parte recurrente no gira en torno a la admisión o exclusión de dicha prueba, sino a cuestionar su valor convictivo en la etapa de debate, para lo cual podrán ser interrogados quienes intervinieron (funcionarios y testigos de actas)?en el procedimiento llevado a cabo en fecha 29 de junio de 2018, que se podrán explayar sobre las eventuales omisiones en la registración de una computadora sobre la que puntualizó la parte recurrente”. En el mismo sentido, el vocal de Apelaciones señaló que “no resulta aplicable la doctrina de la exclusión probatoria, porque no se trata de una prueba ilegal; sin perjuicio de que al momento de valoración de las pruebas se le pueda o no restar fuerza convictiva ante eventuales errores u omisiones en la registración de la cadena de custodia o de los procedimientos llevados a cabo. Por ello corresponde rechazar este primer agravio”. Y agregó: “No existe ningún elemento que permita sostener que la prueba se haya obtenido de manera ilegítima o que en su obtención y registro se hubiera vulnerado alguna garantía constitucional que justifique la exclusión de la prueba como pretende el recurrente”.

2) En segundo término, los abogados Velázquez y Díaz “se agraviaron porque la resolución recurrida rechazó la exclusión probatoria de los informes de registros de llamadas solicitados y recabados de las empresas prestatarias de telefonía celular, a requerimiento de la Fiscalía sin contar con autorización judicial, lo cual la torna arbitraria por violación a garantías constitucionales y al derecho a la intimidad”. Labriola destacó que se trata de un agravio “común a todos los recurrentes, ya que también lo expresó y fundó el Dr. Cullen”. “El juez de Garantías rechazó estos planteos”, subrayó. Incluso, sostuvo que no corresponde la jurisprudencia citada por los defensores, propia de la Justicia Federal que funciona con un sistema “mixto” (una amalgama de transición entre los sistemas inquisitivo y acusatorio). “No asiste razón al recurrente cuando afirma que la materia no se encuentra regulada a nivel provincial, pues el legislador expresamente lo contempló en la referida norma, tal como lo analizan los fallos citados, conforme se verá seguidamente”, destacó. Consideró que el precedente “Halabi” y la Acordada N.º 17/19 del Cimero Tribunal Federal, uno de los pilares jurisprudenciales citados por los defensores, “no resultan de aplicación al sistema procesal vigente en nuestra provincia de corte acusatorio y adversarial”. “Esta cuestión se encuentra desarrollada con profundidad en la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones dictada en fecha 07/04/2022, en el marco de la causa Nº 11.808”, añadió. “Surge como conclusión que la decisión del Juez de Garantías de rechazar el planteo de exclusión de los informes telefónicos articulado por las defensas por no verificarse afectación ilegítima o arbitraria al derecho a la intimidad ni incumplimiento de exigencias legales, es acertada y se encuentra debidamente fundada”, resaltó.

3) Por otro lado, el Dr. Cullen expresó y fundó como otro de los motivos de agravios que la resolución recurrida “es arbitraria por cuanto no acogió el planteo de exclusión probatoria de los informes técnicos elaborados por personal dependiente del Ministerio Público Fiscal que no se encuentran amparados por la colegiación del Colegio de Profesionales de la Ciencia Informática de Entre Ríos (Coprocier)”. El fallo destaca que el juez de Garantías hizo un extenso análisis sobre este punto, y “concluyó que los planteos defensivos relativos a la falta de incumbencias profesionales y ausencia de matriculación de los integrantes del Gabinete de Informática Forense no resultan atendibles como causal de exclusión de la evidencia”. En esta línea argumental, el vocal de Apelaciones señaló: “Como puede advertirse la resolución impugnada se encuentra suficientemente motivada pues dio respuesta a todos y cada uno de los planteos formulados por la defensa que giran en torno a esta cuestión concreta que ha sido materia de agravios formulados por los recurrentes”. “El juez de Garantías fue metódico y exhibió su razonamiento coherente y lógico a través de la formulación de interrogantes que fue respondiendo con fundamentos en normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable a la materia y a los hechos el presente caso, y fue hilvanando las conclusiones provisorias a las que arribó al dar respuesta a cada una de las preguntas inicialmente formuladas, para -luego de ello- descartar la afectación a garantías constitucionales en el procedimiento de recolección de evidencia digital y de extracción de copias forenses de los dispositivos secuestrados”, analizó más adelante.

Síntesis

Posteriormente, el vocal de Apelaciones sintetizó los puntos analizados:

“Todas y cada una de las medidas (NdR: cuestionadas por los defensores) contaron con autorización judicial previa y suficiente, a partir de los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal a la hora de requerir las autorizaciones al magistrado de garantías intervinientes”.

“Las copias forenses realizadas por personal del Gabinete de Informática Forense no son pericias, sino que revisten el carácter de informes técnicos que se limitan a describir el procedimiento de extracción de la información de los dispositivos pero no contienen conclusiones valorativas fundadas en un especial conocimiento científico, en tal medida pueden ser asimiladas a una operación técnica de las previstas en el art. 260 del CPPER y entendidas como un perfeccionamiento del secuestro. Recuérdese que consiste en la etapa intermedia del camino que recorre la evidencia digital, ubicada entre el secuestro del dispositivo físico y el posterior análisis de la información que eventualmente podrá considerarse un peritaje informático si se reúnen las condiciones requeridas para un informe pericial -lo que no ocurren en el presente caso-”.

“De la naturaleza predicada de la labor desarrollada por los bioingenieros Ferrari y Fritz, ambos autorizados normativamente para manejar herramientas informáticas y elaborar los informes que acompañan a la realización de las tareas de copiado forense de dispositivos, se sigue que no es necesario que reúnan los requisitos que se exigen para los Peritos ni -por otro lado- que estén matriculados en el Coprocier. Corresponde rechazar también este agravio pues no se advierte una violación de normas procesales ni de garantías constitucionales en la elaboración de los informes técnicos por parte de los bioingenieros del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal en el marco de la presente investigación, lo que equivale a decir que no se verifica en el caso afectación a garantías constitucionales ni a las formas esenciales del proceso que habiliten la exclusión probatoria pretendida”.

Por todo, Labriola no verificó “los vicios o defectos endilgados a la resolución puesta en crisis adoptada por el Juez de Garantías en fechas 25 y 26 de marzo de 2026”. “Corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos, y la confirmación de la misma, en lo que ha sido objeto de cuestionamiento”, sostuvo y decidió: “No hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Miguel Ángel Cullen -Defensor Técnico de Sergio Daniel Urribarri- y José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz -defensores técnicos de Diego Armando Cardona Herreros- contra la resolución dictada oralmente por el Juez de Garantías N° 7 de esta ciudad, Dr. Mariano Budassof en fecha 25 y 26 de marzo de 2026, en el marco de la audiencia de etapa intermedia, en la que dispone desestimar los distintos planteos de exclusión probatoria formulados por las defensas, en lo que han sido objeto de cuestionamiento, la que en consecuencia se confirma”.

April 21, 2026
Un 50% más de lo normal: las lluvias no dan tregua en el centro-oeste bonaerense

Con lluvias que se extendieron hasta hoy, el escenario agrícola se vuelve más complejo en varias regiones. El impacto varía según la zona, pero la cosecha ya muestra atrasos generalizados. En la región núcleo, el problema pasa más por la seguidilla de días con mal tiempo —humedad alta, nieblas, lloviznas y suelos que no logran afirmarse— que por el volumen de agua, lo que dificulta el ingreso de las máquinas y frena el ritmo de los trabajos. En cambio, en el centro-oeste bonaerense y el Litoral la situación es más compleja: los acumulados ya están muy por encima de lo normal, con campos anegados, bajos de los lotes que volvieron a llenarse de agua y caminos que en muchos casos quedaron intransitables, lo que complica tanto la cosecha como la logística de la campaña.

El climatólogo Germán Heinzenknecht explicó que las lluvias de las últimas horas se concentraron, sobre todo, desde el centro hacia el sudeste de Buenos Aires, con algunos focos también en el sudoeste. “No está lloviendo exageradamente en todos lados por igual”, señaló, y aclaró que en general se trata de eventos puntuales que pueden complicar las tareas, pero no configuran un cuadro crítico en esas zonas.

Al mirar el acumulado del mes, ubicó los mayores excesos en el Litoral —centro-norte de Santa Fe, NEA y gran parte de Entre Ríos— y en el centro-oeste bonaerense. “Esa zona duplica el valor normal”, indicó. En abril, precisó, los registros habituales rondan entre 130 y 140 mm, pero este año en muchos casos ya se ubican entre 250 y 300 mm. En el oeste de Buenos Aires, agregó, los acumulados están cerca de un 50% por encima de lo normal.

Para la región núcleo, en tanto, indicó que los registros se mantienen dentro de parámetros normales para el mes. Sin embargo, el problema es la persistencia del mal tiempo —con humedad, nieblas y lloviznas— que viene demorando el avance de la cosecha.

Campos con exceso de agua en Pehuajó, donde en el último mes se acumularon precipitaciones muy por encima de lo normal y la cosecha avanza con fuertes demoras

En 9 de Julio, la situación llegó a un punto crítico. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural local, contó que en lo que va del mes ya acumularon entre 450 y casi 500 milímetros, cuando la media de abril ronda los 80 a 100 mm. “La media histórica de los primeros meses del año es de 300 mm y ya la superamos ampliamente”, resumió.

La cosecha prácticamente no arrancó. La soja y el maíz llevan apenas un 4 o 5% de avance cuando a esta altura del año lo normal sería tener entre el 20 y el 30% ya cosechado. Lo que más preocupa hoy son los caminos. “Más del 70% van a estar intransitables y me animaría a decir algo más”, advirtió.

Lluvias de las últimas 24 horas hasta las 9 AM de hoy

A pocos kilómetros, en Pehuajó, la situación no cambió desde el año pasado. “Desde marzo hasta noviembre el partido estuvo en una emergencia no declarada, pero sí en emergencia, y no cambió hasta ahora”, contó Eric Cassels, de la Sociedad Rural local.

En los últimos diez días llovieron entre 200 y 250 mm. En el mes, los acumulados rondan los 400 mm. Y en lo que va del año, el histórico de los primeros cuatro meses —que es de 300 mm— quedó ampliamente superado, con casi 500 mm caídos. El detalle que marca la diferencia, sin embargo, no es el total sino la concentración: “En enero cayeron 37 mm, y en lo que va de fin de febrero y marzo van 300-320 mm”, explicó Cassels.

Caminos rurales anegados en 9 de Julio tras las últimas lluvias, que dejaron sectores intransitables y frenaron la salida de la producción

La cosecha lleva apenas un 10% de avance, en parte porque el partido llegó inundado a la siembra. “Hasta noviembre estuvimos muy complicados de agua, y de ahí empezó a aflojar un poco y se empezó a sembrar”, contó. Eso corrió todo el calendario y hoy los lotes sembrados en diciembre y enero están con agua. “Va a haber pérdidas, pero al no haber avance de cosecha es difícil ponerle un número”, reconoció.

En Trenque Lauquen, el promedio del partido ya llegó a los 500 mm, con 200 de ellos caídos en lo que va de abril. María Elena Bidart, de la Sociedad Rural local, ya ve deterioro en los rindes de soja antes de que empiece la cosecha. Los caminos, que venían de regular a bien, se complicaron mucho en estas semanas, sin margen para encarar arreglos. Los tambos tienen demorada la siembra de pasturas y el picado de maíces. Y desde Córdoba y San Luis entra agua del Río V que suma presión sobre un sistema ya saturado.

En Pehuajó, los bajos volvieron a llenarse y el ingreso a los lotes se volvió cada vez más difícil, en un contexto de lluvias persistentes

Lo que más preocupa no es solo el presente, sino lo que se viene: si el tiempo mejora, toda la demanda acumulada —cosecha, camiones, insumos para siembra, encierres de ganado— va a colapsar al mismo tiempo. “El panorama es amortiguar el cuello de botella que se va a generar en las próximas semanas”, anticipó Bidart, que trabaja junto al municipio para priorizar los caminos clave.

Más al norte, el escenario también empieza a complejizarse. Juan Pablo Karnatz, productor agropecuario de Santiago del Estero e integrante de la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que los acumulados del año en la provincia ya rondan los 900 mm cuando el promedio histórico anual se ubica entre 650 y 1000 mm según la zona. La situación, además, es desigual. En el sudeste —Bandera, Los Juríes— los últimos episodios dejaron en algunos puntos hasta 150 mm, los caminos están muy comprometidos y ya se registra deterioro en la calidad del algodón y riesgo en los granos. En la zona de bañados del río Dulce, en tanto, describió una problemática particular: productores que durante los años de sequía se habían instalado cerca del río quedaron expuestos cuando el caudal creció.

En 9 de Julio, la cosecha avanza muy por debajo de lo habitual, afectada por el exceso de agua y el deterioro de los caminos

Pese a este panorama, Heinzenknecht indicó que el pronóstico abre una ventana que puede traer algo de alivio. El especialista anticipó que, tras las lluvias de estos días, las condiciones tenderán a estabilizarse, con un corte en las precipitaciones y solo algún evento menor hacia el fin de semana en el nordeste bonaerense. “Entramos en un período relativamente mejor”, señaló. Según explicó, se espera un cambio hacia un escenario más frío, seco y más típico del otoño, lo que podría ayudar a recuperar ritmo en la cosecha.

April 21, 2026
La concesión de la Hidrovía se empieza a definir hoy, con la mirada atenta de EE.UU.

La licitación por la concesión de la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná, más conocida como “Hidrovía“, entra en zona de definición: el Gobierno abrirá este miércoles 22 de abril a las 13 las propuestas técnicas de trabajo de las dos competidoras que quedan en carrera, las dragadoras belgas Jan de Nul y Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

En este proceso se juega una parte de la competitividad logística de la argentina, ya que entre la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná y la salida al océano Atlántico a través del río de La Plata transita el 80% del comercio exterior del país. La Hidrovía también evacúa las exportaciones de Paraguay y una porción de las ventas externas de Brasil y Uruguay, para un total de 100 millones de toneladas por año.

Así, en un negocio que promete generar ingresos por unos 15.000 millones de dólares y ganancias por US$ 3.000 millones a lo largo de los próximos 25 años, se intensificaron las miradas de las potencias globales, como Estados Unidos y China.

En las últimas semanas, DEME activó contactos con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ya que asegura que cuenta con socios y financiamiento norteamericano para los trabajos necesarios en el dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía.

Sin embargo, la dragadora Great Lakes Dredge & Dock y el grupo financiero Clear Street, que serían los socios de DEME, no aparecieron mencionados en el “sobre 1” de la licitación, que contiene la presentación y los antecedentes de los oferentes; en cambio, Clear Street aparecería en el “sobre 3”, como garantía de la propuesta económica.

Frente a eso, en el Gobierno ratificaron mediante la resolución 21 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada este martes en el Boletín Oficial, que los únicos oferentes son DEME y el consorcio Jan de Nul – Servimagnus, del empresario argentino Alfredo Román, conocido por su reinado en el negocio de las grúas.

Así, al menos en lo formal no aparecen las empresas estadounidenses, que dicen contar con financiamiento del Banco Mundial y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC).

De la misma forma, las empresas norteamericanas que garantizan su respaldo y sociedad con DEME indicaron que Servimagnus esconde a subcontratistas chinas, algo que está prohibido por el pliego.

En respuesta, Jan de Nul negó la acusación y señaló que, si bien Servimagnus trabajó hasta 2020 con empresas chinas, ahora su propuesta es trabajar exclusivamente con dragas propias.

En la licitación se excluyó expresamente la participación de empresas controladas por un Estado, una forma de evitar que entrara China, como un nuevo gesto de alineamiento de la Argentina de Javier Milei a los Estados Unidos gobernados por Donald Trump, que mira atento para conservar el control estratégico de la navegación en manos occidentales.

La licitación contaba con un tercer competidor, la brasilera DTA Engenharia, que fue descalificada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por no presentar las garantías. Desde San Pablo, la empresa se presentó con múltiples dudas, para exhibir un supuesto favoritismo oficial hacia Jan de Nul.

DTA denunció “restricciones a la competencia derivadas de exigencias técnicas y operativas desproporcionadas, un esquema de evaluación que favorece a operadores previamente posicionados y debilidad en la competencia de precios, con impacto directo sobre la razonabilidad tarifaria y los costos logísticos”.

El proceso contó con un amplio respaldo de los exportadores y los gobernadores, que habían cuestionado la licitación anterior por la “falta de diálogo” previa. En aquel entonces, en medio de denuncias políticas, el concurso fracasó con un solo oferente, que fue DEME, y el Gobierno lo declaró desierto en febrero del año pasado.

En cambio, la Nación encaró desde mediados del 2025 conversaciones con todos los actores. El ex presidente Mauricio Macri, a quien vinculaban con Boskalis por su cercanía con la reina neerlandesa Máxima Zorreguieta, no activó contactos esta vez, pero en el equipo del PRO advirtieron que con las tarifas mínimas requeridas, el sobrecosto para la economía argentina se elevará en US$ 5.000 millones, traducidos a pérdida de competitividad.

April 21, 2026
Concordia: una estudiante terminó con una costilla fisurada tras ataque de una compañera

Lo que comenzó con una discusión en un grupo de Whatsapp terminó en violencia física en la puerta de una institución educativa entrerriana, dejando como saldo una menor con heridas de consideración tras una pelea. La joven de 14 años, D.J., fue golpeada y resultó con lesiones en varias partes del cuerpo, la más importante de ellas en una costilla.

“El hecho que sucedió con mi nena viene de larga data, por parte de quien la atacó físicamente. La agrede verbalmente. Han prohibido el uso de celulares, pero quedó en evidencia que lo estaban usando”, relató en diálogo con AHORA Gisela Pamela Mora, madre de la menor agredida.

La agresión ocurrió este martes Escuela Secundaria N° 16 “Profesor Gerardo Victorin”, conocida como Comercio 1 de Concordia. Luego de un intercambio virtual, en un grupo del curso, las menores se habrían encontrado en la puerta de la escuela, tras lo cual se produjo el ataque.

“Se le avalancha, le pegó una trompada fuerte en el ojo, la tiró al suelo y la pateó. Tiene un golpe muy fuerte en la cadera, en el brazo, que se le raspó, y la costilla fisurada“, relató la mujer en relación al estado de salud de su hija.

La intervención de una docente impidió que el hecho pase a mayores, pero de todos modos la menor resultó con lesiones de consideración.

Tras hacer la denuncia, la joven fue examinada por el médico de la Jefatura de Concordia, según detalló su madre, quien lamentó la situación que atraviesa la menor. “No quiere ir más a la escuela”, expresó. Además, cuestionó la actitud de la institución, desde donde le habrían sugerido hacer la denuncia policial debido a que la agresión ocurrió puertas afuera de la escuela.

Ahora

April 21, 2026
Represión en Irán: el régimen arrestó a más de 3.600 personas por cargos vinculados a la guerra con Estados Unidos e Israel

El régimen iraní detuvo al menos a 3.646 personas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por acusaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel, en un operativo que abarca desde presunto espionaje hasta la difusión de contenidos y el uso de tecnología para eludir la censura.

La cifra fue reportada por la organización Iran Human Rights (IHR), que advirtió que el número real “probablemente” es más alto debido a las restricciones en el acceso a internet dentro del país.

De acuerdo con la ONG con sede en Noruega, el relevamiento se basa en reportes de medios estatales y en investigaciones propias. El informe detalla que al menos 767 arrestos ocurrieron incluso después del inicio del alto el fuego del 8 de abril, lo que evidencia la continuidad de la ofensiva interna pese a la tregua en el frente externo.

Los cargos atribuidos a los detenidos son amplios y, en muchos casos, de difícil verificación independiente. Según IHR, incluyen “espionaje, comunicación con servicios de inteligencia extranjeros, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares sensibles a medios de comunicación con sede en el extranjero, e intento de establecer células operativas o llevar a cabo actividades armadas”.

También se registraron arrestos por el uso y distribución de terminales de internet satelital Starlink, utilizadas para sortear los bloqueos digitales, así como por supuestos vínculos con grupos monárquicos.

Entre los detenidos hay más de un centenar de activistas de la sociedad civil. La ONG señaló que figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, arrestada el 2 de abril. Su caso se suma al de la también activista y premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien permanece encarcelada desde diciembre, antes del inicio del conflicto y de las protestas registradas en enero.

Mohammadi cumplió 54 años en prisión y, según su fundación, atraviesa un estado de salud “crítico” tras haber sufrido un infarto en marzo.

En paralelo, la justicia del régimen rechazó las versiones sobre la posible ejecución de ocho mujeres, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera clemencia.

“Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas”, indicó el sitio oficial Mizan Online. Según esa versión, algunas de las mujeres fueron liberadas y otras enfrentan cargos que, de confirmarse, implicarían penas de prisión y no la pena capital.

El contexto incluye además ejecuciones recientes. La justicia iraní informó la muerte de dos hombres condenados por presuntos vínculos con el espionaje israelí.

“Las sentencias de muerte […] se han ejecutado esta madrugada”, señaló Mizan, que los describió como integrantes de una red asociada al Mossad, la organización de inteligencia del Gobierno de Israel.

Ambos fueron acusados de “moharebeh”, un delito que el régimen define como “librar una guerra contra Dios”, además de colaboración con grupos hostiles.

Estas ejecuciones forman parte de una serie de medidas punitivas implementadas desde el inicio del conflicto regional. Organizaciones de derechos humanos ubican a Irán entre los países con mayor número de ejecuciones a nivel global, en un escenario donde la represión interna se profundiza en paralelo a la confrontación externa.

(Con información de AFP)

April 21, 2026
Emergencia por lluvias en Chaco: Capitanich exigió asistencia a Nación y el PJ promueve una ley integral

El temporal dejó un panorama crítico en el Chaco y, con lluvias récord, pueblos bajo agua y serias dificultades para circular, la cuestión volvió a colocarse en la agenda pública: el senador Jorge Capitanich reclamó la intervención urgente del Gobierno nacional a través de la declaración de la emergencia hídrica, mientras en la Legislatura provincial el Frente Chaqueño presentó una propuesta más amplia para afrontar la crisis.

Las precipitaciones de las últimas horas alcanzaron valores excepcionales. En El Espinillo se registraron 320 milímetros; en Juan José Castelli, 240 mm; en Pampa del Indio, 223 mm; y en Miraflores, 215 mm, entre otros acumulados elevados.

El fenómeno, concentrado en pocas horas, superó la capacidad de absorción del suelo y los sistemas de drenaje, provocando anegamientos generalizados, caminos rurales colapsados y localidades aisladas. Las consecuencias ya afectan a viviendas y a la actividad económica: en Castelli, por ejemplo, una fábrica con décadas de trayectoria quedó completamente bajo agua y unas 45 familias dependen de su recuperación.

Capitanich: pedido de emergencia y asistencia urgente

En ese marco, Capitanich presentó un proyecto para que el Ejecutivo nacional declare la emergencia hídrica en localidades del norte como Castelli, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Pampa del Indio y Miraflores. “El evento meteorológico descargó en pocas horas lo que habitualmente precipita en meses”, señaló el legislador.

La iniciativa plantea activar el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Ley 27.287), e incluye el envío de insumos, unidades sanitarias móviles y equipos de bombeo para desagotar las zonas urbanas.

También solicita un relevamiento técnico de daños y financiamiento para reconstruir la infraestructura hídrica, además de líneas de crédito a tasas subsidiadas para productores y comerciantes damnificados. “Sin esa inyección, muchos no van a poder levantarse”, advirtió.

En ese sentido, subrayó la necesidad de una respuesta de fondo: “No podemos ignorar que el cambio climático incrementa la frecuencia de estos eventos. Es imperativo que el Estado Nacional concurra en auxilio del Chaco profundo”.

Proyecto provincial por 180 días de emergencia

En paralelo, el Interbloque Frente Chaqueño presentó un proyecto para declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria, habitacional, vial y productiva en toda la provincia por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga.

La propuesta busca garantizar asistencia inmediata a las familias afectadas y restablecer los servicios esenciales, además de sostener la actividad económica en las zonas más golpeadas.

Entre las medidas previstas se incluyen: centros de evacuación y provisión de agua, alimentos y medicamentos, subsidios para viviendas y asistencia a pequeños productores, créditos blandos y alivio fiscal y recuperación de caminos rurales y obras de drenaje. También se propone la creación de un Comité Operativo de Emergencia, un Fondo Especial y un Registro Único de Damnificados para ordenar la asistencia.

El diputado Nicolás Slimel afirmó: “No se trata solamente de declarar una emergencia. Se trata de darle al Estado herramientas concretas para llegar a tiempo, sostener a las familias y proteger la producción local”.

April 21, 2026
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas

La industria láctea argentina cambió radicalmente en las últimas tres décadas. Empresas emblemáticas desaparecieron, cooperativas históricas se derrumbaron, varias compañías terminaron en manos extranjeras y solo un puñado logró mantenerse en pie en un escenario cada vez más complejo. Lo que a comienzos de los 2000 era un entramado de grandes firmas nacionales hoy se transformó en un mercado fragmentado, dominado por pocas compañías de escala y rodeado de cientos de industrias medianas y pequeñas.

El proceso no fue lineal ni obedeció únicamente a decisiones empresarias. Fuentes del sector atribuyen buena parte de esta transformación a la presión impositiva, la falta de previsibilidad, controles de precios, costos laborales elevados, la incidencia sindical de Atilra en la actividad y una fuerte competencia informal.

SanCor pidió su propia quiebra la semana pasada

“De las 30 empresas lácteas importantes de principios de los 2000 quedan vivas cuatro o cinco que han hecho un poco mejor los deberes. Pero la realidad fue la hostilidad de la Argentina y no la cuestión de los manejos de cada compañía”, resumió una fuente de la industria a LA NACION.

El fenómeno ya había sido advertido por la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, que en un informe de hace tres años analizó la evolución de las principales industrias entre 1994 y 2022. Allí se observa que las 16 mayores empresas procesaban en 1994 el 67,4% de la leche del país, porcentaje que cayó al 61,8% en 2009 y al 54,9% en 2021/22. Durante la presidencia de Carlos Menem, dijeron las fuentes, la lechería argentina creció al 7% anual en casi 10 años.

La caída de las principales firmas refleja una creciente atomización industrial: menos concentración en las grandes compañías y más participación de compañías medianas. Pero lejos de representar una fortaleza, el fenómeno ocurre a contramano de los principales países productores del mundo, donde la concentración industrial aumentó como estrategia para ganar competitividad.

Finalmente, tras casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la trasnacional Arcor adquirieron el restante paquete accionario de Mastellone Hnos.La Serenísima

“Las lecherías mundiales importantes como Estados Unidos o los principales países de la Unión Europea concentran en tres o cuatro empresas el grueso de la producción. En la Argentina, las empresas grandes ocupan el 30% y el otro 70% se reparte en 700 industrias”, explicaron en el sector.

En paralelo, se produjo un cambio estructural en la composición empresaria. Las cooperativas, que en 1994 representaban el 45% del volumen procesado entre las principales firmas, redujeron su participación al 6% entre el 2021 y 2022. Al mismo tiempo, las multinacionales pasaron del 11% a más del 40%, impulsadas por grupos como Saputo, Gloria Foods, Savencia, Danone y, en menor medida Nestlé, que ya estaba en la década de los 90.

Uno de los primeros grandes movimientos en la reconfiguración del negocio lácteo argentino se dio cuando el grupo Perez Companc, a través de Molinos Río de la Plata, avanzó sobre dos firmas familiares de peso: Molfino, de Rafaela, y La Paulina, de Villa María. La operación parecía marcar una apuesta fuerte por el sector, pero poco tiempo después el grupo decidió desprenderse de ambas compañías al considerar que se trataba de un negocio complejo y de baja previsibilidad. Finalmente, las dos empresas fueron adquiridas por la canadiense Saputo, que a partir de esas compras consolidó una de las plataformas industriales más importantes del país y ganó una posición estratégica en la lechería argentina.

Lácteos Verónica atraviesa una dura crisis financieraPágina oficial

Ese cambio de manos dejó casos emblemáticos. Milkaut pasó de cooperativa nacional a quedar bajo control del grupo francés Savencia. Parmalat abandonó el país. Williner, dueña de Ilolay, también fue vendida a Savencia. Y así varias firmas históricas desaparecieron.

El caso más simbólico fue SanCor, que llegó a procesar más de cuatro millones de litros diarios y hoy se encuentra en una situación terminal tras años de crisis, venta de activos a Adecoagro y Arsa y frustrados rescates. “La cooperativa láctea de Sunchales que llegó a tener el segundo lugar con el procesamiento de más de 4 millones de litros de leche, hoy debe estar en los 300.000 litros”, describieron fuentes del negocio. En febrero pasado, SanCor ingresó en concurso preventivo y la semana pasada solicitó su propia quiebra en lo que significó el derrumbe de uno de los emblemas más fuertes de la industria nacional.

En tanto, luego de años de balances con pérdidas millonarias, la historia de la enajenación de La Serenísima comienza cuando vende un 49% de las acciones a Danone. El otro porcentaje restante pertenecía a los herederos de Mastellone Hermanos y al fondo Dallpoint Investments. Finalmente, tras casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la trasnacional Arcor adquirieron el restante paquete accionario de la empresa que originalmente fundó Antonino Mastellone y potenció su hijo Pascual.

Tampoco sobrevivieron en pie La Suipachense, Cotapa, Cotar, ARSA, La Lácteo y otras firmas históricas que quedaron atrapadas entre endeudamientos, pérdida de escala y caída de competitividad.

“No hay vuelta atrás. Es una de las empresas que ya hay que contarla como desaparecida. La Suipachense también tiene quiebra, como ARSA [del grupo Vicentin], y hay una gran cantidad de pymes al borde del colapso”, alertaron fuentes de la actividad.

Entonces, mientras algunas empresas desaparecían, otras crecían aprovechando escala, automatización y espalda financiera. El caso más claro fue Saputo, que tomó activos locales, invirtió en automatización y pasó de procesar un millón de litros diarios a más de 3,5 millones.

En noviembre pasado, la Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha

“Saputo entendió que la manera de ganar plata en la Argentina es no tener mano de obra. La industria nacional procesaba 800 litros por empleado por día; Saputo puso máquinas y procesa hasta 8000 litros”, señalaron. La eficiencia industrial se volvió una ventaja decisiva. En un sector de márgenes ajustados, la escala y la automatización permitieron resistir mejor la presión de costos.

En un escenario en el que no podía girar dividendos al exterior, Saputo optó durante años por reinvertir utilidades en la Argentina, fortaleciendo su operación local hasta alcanzar un valor estimado de US$720 millones.

Esa estrategia le permitió consolidar una posición clave en el mercado hasta que este año el grupo peruano Gloria Foods adquirió el 80% de su negocio en el país por más de US$600 millones. Con presencia en varios países de la región y experiencia en contextos complejos, Gloria ya participaba en el mercado local a través de Corlasa, una firma elaboradora de leche en polvo y quesos. Según fuentes del sector, este ejercicio le permitió a Saputo capitalizar años de expansión en el país y recuperar utilidades acumuladas.

En contraste, muchas empresas nacionales quedaron atrapadas en una estructura de costos creciente y en un mercado interno debilitado. El caso de Lácteos Verónica es uno de ellos que desde hace un tiempo sigue en un punto muerto y con pocas soluciones a la vista. Desde enero pasado, la familia Espiñeira, dueña de la empresa, cortó todo tipo de pagos y la mayoría de los 700 trabajadores acusa deudas de medio sueldo de noviembre, diciembre, aguinaldo, enero y febrero. “Cuando ocurren momentos como los actuales, donde hay sobreproducción y el mercado interno está pobre de poder adquisitivo, la leche se choca contra la pared porque no hay manera de exportarla”, explicaron.

Ese excedente termina presionando sobre el mercado local, derrumbando precios. “Las pymes vuelcan el producto al mercado interno al precio que sea y se derrumba el mercado”, afirmaron.

A eso se suma otro problema estructural: la informalidad. Según fuentes privadas, una parte importante del negocio se sostiene sobre evasión fiscal y competencia desleal, con empresas que fabrican queso cremoso, barra y sardo fresco y compiten en el mercado vendiendo en la informalidad. “El 39% del precio de cualquier producto lácteo son impuestos. Eso incita a la evasión”, indicaron.

Controles de precios

Durante años, el negocio estuvo condicionado por controles de precios y restricciones a las exportaciones en los llamados “gobiernos progresistas”. Pasó durante el kirchnerismo. “Había que ir a ver al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y llevarle la lista de precios para que el funcionario pusiera los valores. Fueron épocas difíciles porque en un momento había un precio de exportación de US$5000 la tonelada de leche en polvo y Moreno, para cuidar la mesa de los argentinos, puso un precio de corte de US$2100 la tonelada”, recordó una fuente.

“Había que ir a ver al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y llevarle la lista de precios para que el funcionario pusiera los valores. Fueron épocas muy difíciles”, recordó una fuenteHernán Zenteno / LA NACION – Archivo

A pesar de este escenario, algunas empresas lograron consolidarse. Hoy el mapa muestra cuatro grandes grupos fuertes: Gloria-Saputo/Corlasa; La Serenísima, con Arcor-Danone; Savencia, y más atrás Punta del Agua, además de jugadores nacionales como Noal y Tregar. “Las empresas que quedan firmes hoy son Saputo junto a Gloria, La Serenísima, el grupo Savencia y Punta del Agua, más atrás”, describieron.

En materia de producción e industrialización, en el último tiempo también vino avanzando Adecoagro, que además de ser líder en la producción de la materia prima escaló hasta el consumidor final con marcas como Las Tres Niñas, adquirida a SanCor.

Según el sector, el problema no es la falta de potencial. Por el contrario, la Argentina tiene ventajas naturales excepcionales para producir leche. “La Argentina tiene espacio, conocimiento del negocio, clima templado y campo de sobra para producir no 11.600 millones de litros, sino 30.000 millones”, aseguraron.

Del 70% de lo que se produce se vende en el mercado interno y el 30%, con más de 20 productos, se exporta a más de 60 países. La leche en polvo ocupa el 40% pero se vende también al exterior mozzarella e ingredientes lácteos, entre otros.

La paradoja es que, mientras la demanda mundial crece y aparecen nuevas oportunidades, la industria local sigue debilitándose. “El negocio lechero está garantizado que va a seguir; es un negocio con futuro”, dijeron. Sin embargo, remarcaron que, mientras no cambien las condiciones estructurales, el riesgo es que el país continúe perdiendo empresas, escala y protagonismo en un negocio donde tiene potencial para ser protagonista.

April 21, 2026
Crece este año la judicialidad laboral: por qué se dan los conflictos y qué diferencias hay según la jurisdicción

En el primer trimestre del año, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) fueron notificadas de 26.697 nuevos juicios, un 3,4% más que en ese período de 2025. Sobre la base de ese dato, en la cámara sectorial que las agrupa, la Unión de ART, proyectan ahora que 2026 marcaría un nuevo récord en cuanto a la cantidad de litigios iniciados, con más de 38.000 casos en total.

Solo en marzo, según comunicó la entidad empresaria, se iniciaron 13.260 reclamos, número superior en un 13% al de igual mes de 2025.

El comportamiento fue dispar según la jurisdicción que se mire: mientras que en la provincia de Santa Fe, en CABA y en la provincia de Buenos Aires hubo en el trimestre subas interanuales de 16,2%, 8,3% y 2%, respectivamente, en Mendoza y Córdoba se registraron caídas en la cantidad de nuevos juicios de 12,7% y 8,9%. En las tres jurisdicciones mencionadas en las cuales el problema se agravó, se concentraron tres de cada cuatro demandas iniciadas en los tres primeros meses del año. En Mendoza y Córdoba, en tanto, ocurrieron 11 de cada 100 conflictos.

En 2025 se había producido un incremento de 6,4% del número de juicios respecto del año previo. Hubo 134.141 casos, la cantidad más alta desde la creación del sistema de ART, en 1996. Por cada 10.000 personas cubiertas, hubo 132,8 litigios, un índice que registró un aumento interanual de 7,2%.

En febrero pasado se cumplieron nueve años de la aprobación de la ley 27.348, con la cual, según la expectativa de aquel momento, se generaría un alivio al problema por entonces también creciente de la alta judicialidad. La norma previó el funcionamiento de cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, indicando que los integrantes cobrarían honorarios no variables ni vinculados “a la cuantía del respectivo juicio”, en tanto que “su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito”.

Al buscar las causas de la persistente conflictividad, en el sector de las ART ponen el foco en la falta de conformación de esos cuerpos médicos. “Esta falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio”, señala un informe de la UART.

La ley de Modernización Laboral impulsada este año por el Gobierno y aprobada por el Congreso -en gran parte suspendida por la Justicia-, incluyó entre sus contenidos la insistencia en la necesidad de que se cumpla con aquella normativa de casi una década atrás.

Según los defensores de su conformación, los cuerpos médicos forenses aportarían orden y profesionalización al proceso de determinar los porcentajes de incapacidad, con honorarios por los peritajes médicos desanclados de lo que de ellos resulte. En las ART afirman que los peritos tienen en muchos lugares honorarios relacionados con los resultados de sus propias evaluaciones y que eso provoca distorsiones.

Desde febrero último, además, rige un nuevo baremo, que es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad.

Mayoritariamente, los casos que llegan a juicios son, según afirmó en una charla reciente con LA NACION la presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, los de quienes tienen una incapacidad de 0% determinada por las comisiones médicas que actúan en la instancia administrativa. Y demandan en la Justicia, en busca de que se les reconozca una incapacidad que les dé derecho a una indemnización. Según Bettiol, el nuevo baremo reduce el grado de discrecionalidad posible y apunta más a las limitaciones físicas que a los síntomas expresados por las personas.

La jueza María Elena López, del Juzgado Nacional Laboral N° 57, afirmó que en la mayoría de estos litigios no se plantean diferencias en el porcentaje de incapacidad, sino que se reclama a partir de que existió un rechazo en el sistema a reconocer un daño indemnizable monetariamente.

La disparidad según el lugar del país es una característica que se había observado durante 2025. El índice de litigiosidad se movió ese año entre el 4,9 por 10.000 de Salta y el 300,2 de San Luis, pasando por el 295,9 de Santa Fe y el 126,5 de Córdoba.

La ley de modernización laboral aprobada este año insiste en lo ya establecido, pero no cumplido, por una norma de 2017Marcos Brindicci

Del total de jurisdicciones del país, 18 dieron su adhesión a la ya mencionada ley 24.348, de 2017, pero en ninguna se integró el cuerpo médico forense tal como está previsto en la norma. Las que no adhirieron son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

En Mendoza, donde se registró una baja en la cantidad de casos, se instrumentó hace dos años un sistema de auditorías de peritos judiciales. “Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja”, indica un informe de la UART. Eso constituye, según la entidad, “un indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de peritos que cobran en proporción al valor del juicio (valor por ellos mismos peritado) no funciona”. Y recientemente se anunció en la provincia cuyana una ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

El informe difundido hoy por la UART valora un hecho ocurrido un mes atrás, cuando la Corte Suprema de Santa Fe “tomó juramento a los primeros peritos médicos forenses que se dedicarán a las causas de riesgos del trabajo”. Además, en esa provincia la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma de la ley procesal, “estableciendo la intervención obligatoria del Cuerpo Médico Forense” y “pautas claras para su funcionamiento”.

Según Bettiol, en Salta, Corrientes y Río Negro, tres provincias con tasas de litigiosidad relativamente bajas, si bien no se conformaron cuerpos médicos según la ley, sí hay pericias hechas por profesionales que son empleados a sueldo del Poder Judicial. Agregó que pueden verse las diferencias entre cada uno de esos casos y provincias cercanas con sinestralidad similar: mientras que en Salta la judicialidad fue en 2025 de 4,9 por 10.000 asegurados, en Jujuy fue de 178,6; mientras que en Corrientes resultó de 18,5, en Entre Ríos fue de 87, y mientras que en Río Negro llegó a 30,1, en Chubut resultó de 235,8.

En tanto, la estadística publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que, si se mira la cantidad de juicios por cada 1000 siniestros ocurridos, la tasa fue en 2024 (dato más reciente disponible) de 177,7, tras una suba de 13,5% respecto de 2023. Fue la segunda más alta de la historia del sistema, luego de la de 2017.

Una cuestión clave es la de cómo se reajustan los montos fijados en sentencias judiciales, para actualizarlos al momento del cobro. Los importes varias veces millonarios suelen reducirse cuando la causa judicial llega a instancias superiores.

El sistema de ART tiene, según la estadística oficial a enero último, 10.169.654 trabajadores asegurados. El número de empleadores, en tanto, llega a 990.219, incluyendo a los de casas particulares.

April 21, 2026
Kicillof fue a la Corte para reclamar por la deuda de ANSES y Nación llevará una propuesta de pago el 10 de junio

El conflicto judicial por los fondos previsionales entre la provincia de Buenos Aires y la Nación sumó este martes un nuevo capítulo. El gobernador Axel Kicillof participó de la audiencia convocada por la Corte Suprema de la Nación en el marco del reclamo por la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el distrito bonaerense y que asciende a 2,3 billones de pesos. Durante el encuentro, el gobierno nacional se comprometió a llevar una propuesta concreta de pago el 10 de junio.

El mandatario se hizo presente en la audiencia junto al junto al ministro de Economía, Pablo López; y al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, mientras que por la Nación participaron representantes de ANSES. Se trata del segundo encuentro al que convoca el máximo tribunal para dirimir el reclamo presentado por la Provincia en abril de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei cortó las transferencias que el organismo previsional hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Según los cálculos que hacen en Economía, los fondos jubilatorios no girados desde 2024 a la fecha ascienden a 2,3 billones de pesos sobre una deuda total de 15 billones que mantiene la administración libertaria con el Estado bonaerense por obras paralizadas, programas discontinuados, Fondo del transporte y Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otras obligaciones. Cada deuda generó una presentación de Kicillof ante la Corte. En total ya van ocho demandas, pero esta es la primera que los jueces activan.

A la salida del encuentro, Kicillof explicó el eje de la discusión y remarcó que en se trata de recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales. «Lo que estamos discutiendo hoy es la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir a las provincias, que son las trece provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires», señaló y recordó que diez provincias ya llegaron a acuerdos económicos con la amdinistración nacional.

El dato central de la audiencia fue el compromiso asumido por representantes del Gobierno nacional. «Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir», precisó el gobernador. Y remarcó que los funcionarios de Economía y de ANSES «se comprometieron a traernos una propuesta concreta: dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias».

El mandatario también recordó que existen otras siete demandas por las obligaciones que Milei no está cumpliendo. «La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, graficó y agregó: «Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo».

Kicillof participó de la audiencia convocada por la Corte Suprema de la Nación por los fondos del Anses.

Reclamo por fondos para comedores escolares y asistencia social

En paralelo, el gobernador puso el foco en otro frente de tensión con la administración nacional, vinculado al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en medio de la creciente demanda de alimentos por la crisis. “Hoy también estamos en el medio de otro reclamo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. El gobierno nacional transfería más de un 30% históricamente, pero cambió el gobierno y ahora están transfiriendo una suma que no llega al 15%», advirtió y agregó que la Provincia ya formalizó el reclamo a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

También detalló el esfuerzo fiscal que realiza la administración bonaerense para sostener la asistencia social. «En el caso de los comedores escolares hay una deuda de 220 mil millones de pesos pero, a pesar de esto, con recursos propios afrontamos los aumentos», afirmó en referencia al aumento del 30% que anunció este martes el gobierno bonaerense para los comedores y otras prestaciones sociales de la provincia de Buenos Aires.

April 21, 2026
Un automotriz reveló su nuevo SUV Coupé para competir por el liderazgo de ventas: cómo es y cuándo llega a la Argentina

Luego de una primera develación parcial y secreta una semana atrás en el Centro de Desarrollo de Sao Paulo, Brasil, este martes se mostraron finalmente las primeras imágenes oficiales del nuevo Chevrolet Sonic, el nuevo modelo regional que General Motors comenzará a comercializar en Sudamérica en los próximos meses, y que es el como el principal lanzamiento de la marca este año.

El modelo devuelve al mercado un nombre ya conocido para los usuarios, porque Sonic fue un auto compacto producido en México que se vendió entre los años 2011 y 2019, y que marcó también una revolución en el portafolio de Chevrolet, especialmente por su equipamiento y diseño disruptivo y moderno. Aquel era un auto de pasajeros del segmento B, que tenía una versión hatchback y un sedán. Pero el retorno a las calles sudamericanas será completamente distinto, simbolizado de inmejorable manera al incorporar el nuevo logo, con la corbata de Chevrolet más horizontal y con aplicación en negro.

El nuevo Sonic es un SUV del segmento B, al que algunos definirán como un Crossover o un SUV Coupé por su silueta perfilada con cola tipo fastback, y su misión es encajar justo entre los exitosos Chevrolet Onix actuales y el Chevrolet Tracker, el SUV que se produce simultáneamente en Argentina y Brasil, y que quedará como el modelo más grande de ambos dentro de esta categoría. En ese aspecto, se develaron las dimensiones del nuevo modelo que tiene 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto, está equipado con llantas de 17” y tiene un despeje del piso de 20 cm.

En su plan de expansión dentro de la gama de vehículos más accesibles, GM definió al Sonic como un modelo que llegará para competir con dos claros modelos del mercado: el Volkswagen Nivus y el Renault Kardian, aunque por su silueta no debería dejar de contemplar también a los Citroën Basalt y Volkswagen Tera.

El inicio de una nueva era

Pero no será solo un auto nuevo de Chevrolet, sino un auto que marcará “un antes y un después” para la marca, ya que fue concebido íntegramente en un entorno virtual, ya que fue desarrollado utilizando herramientas de IA (inteligencia artificial) que permitieron optimizar el trabajo entre diseñadores e ingenieros desde las primeras etapas del proyecto, tres años atrás.

“El Sonic demostró ser un vehículo estratégico para Chevrolet, con potencial tanto para conquistar clientes fieles en crecimiento como para atraer a un nuevo perfil de público para la marca”, dijo Gustavo Aguiar, director de Marketing de GM América del Sur.

El objetivo de la compañía es atraer a un consumidor joven, para quienes “el automóvil deja de ser solo un medio de transporte y pasa a funcionar como un código de pertenencia, en el que la silueta de SUV cupé, la actitud más imponente y la riqueza de detalles del producto asumen un rol central”, completó el ejecutivo.

Los datos que no se conocen

En cuanto a la motorización y versiones, General Motors se reservó esas especificaciones para la presentación oficial del próximo 6 de mayo en Brasil, cuando se anunciará oficialmente la ficha técnica completa. En otro evento posterior, previsto para la primera semana de junio, el modelo se lanzará en Argentina, siendo esa la oportunidad en la que se dará a conocer la gama completa que llegará al mercado local con sus respectivos precios.

Los únicos datos que se deben tener en cuenta son que habrá una versión Premier y una RS (la que se mostró hasta el momento), que tendrán acabados distintos con un aspecto más elegante basado en molduras y elementos cromados para la primera y en negro mate para la segunda, tal como ocurre con otros modelos de Chevrolet. El Sonic RS tiene además un spoiler sobre la luneta trasera que podría ser exclusivo de esa versión, al igual que los fenders laterales sobre las ruedas.

Los posibles motores que podrían incorporar estas versiones son el turbo 1.0 litros de 3 cilindros de los Onix y Onix Plus, o el 1.2 también turbo de 3 cilindros que equipa a Tracker respectivamente. Aunque sin confirmaciones oficiales, se estima que la primera opción sería la más razonable para el nuevo Sonic, siempre asociado a una manual o una opción automática como tiene la marca en el segmento.

El otro secreto es el interior del vehículo, que tampoco fueron exhibidas en la Avant Premiere de Sao Paulo. Al respecto, General Motors dice que tendrá un panel con líneas horizontales diseñado para proyectar visualmente la anchura del habitáculo fuertemente marcado por una atmósfera “high-tech”. En el interior todo tendrá interacción a través del Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el panel de instrumentos digital con el sistema multimedia de conectividad central.

Chevrolet es la marca generalista regional que más creció en ventas en el mercado argentino en 2025, con una suba del 96,3%, solo superada por las coreanas Hyundai y KIA, y por las nuevas marcas chinas que llegaron el año pasado.

En lo que va de 2026, la marca de General Motors pasó del sexto puesto en enero y febrero, con un 8,1% de cuota del mercado al cuarto lugar en marzo con el 8,8%. Según los números de mediados de abril, el crecimiento continúa en el inicio del segundo trimestre al ocupar parcialmente el tercer lugar con un 9,6% de participación entre todas las automotrices.

April 21, 2026