El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó el decreto presidencial número 219/2026, por el cual destituyó a Volodimir Kompanichenko como jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la región de Zhytomyr, en el norte del país. La decisión se produjo días después de que un tribunal ordenara su prisión preventiva por 60 días sin posibilidad de fianza, en el marco de una investigación por malversación de fondos destinados a la construcción de defensas en aeródromos militares.
Kompanichenko asumió la jefatura del SBU en Zhytomyr en noviembre de 2022, en plena ofensiva rusa. El 25 de febrero, agentes de seguridad interna lo sorprendieron junto al coronel Andri Ukrainets, comandante de logística de la Fuerza Aérea, mientras recibían 320.000 dólares en efectivo. Ambos fueron arrestados en flagrante y acusados en virtud de los artículos del Código Penal que tipifican el soborno y el abuso de poder por parte de un funcionario militar.
La trama se remonta a mayo de 2025, cuando el Estado destinó 1.400 millones de grivnas —unos 32 millones de dólares— para construir estructuras de arco prefabricadas destinadas a proteger la aviación en aeródromos operativos. El Departamento de Contrainteligencia Militar detectó serias irregularidades: diseños que no cumplían los estándares, estructuras con protección inadecuada y costos inflados. Pese a ello, ya se habían iniciado pagos anticipados conforme a los contratos.
Ante la investigación interna, Ukrainets recurrió a Kompanichenko para frenar las inspecciones. El jefe del SBU actuó como garante del acuerdo e implicó directamente a uno de los contratistas en el esquema. Ambos planearon transferir unos 13 millones de grivnas —cerca del uno por ciento del financiamiento— para sobornar a los auditores y encargar dictámenes ficticios sobre la calidad de las obras.
El caso provocó una reacción inmediata en la cúpula de seguridad. Un día antes de las detenciones, Zelensky anunció una “depuración” de los servicios y advirtió que serían apartados quienes antepongan sus intereses a los del país. El jefe interino del SBU, Yevhen Khmara, declaró que “la corrupción en tiempos de guerra equivale a traición”. La Fiscalía apeló la decisión del tribunal, que fijó una fianza inferior a la solicitada por los fiscales.
El episodio se suma a una cadena de escándalos que han sacudido al gobierno de Zelensky durante la guerra. El más grave fue la Operación Midas: una investigación que en noviembre de 2025 destapó una trama de sobornos por 100 millones de dólares en la empresa estatal Energoatom. Ese caso implicó al exministro Galushchenko, al asesor presidencial Andri Yermak y al empresario Timur Mindich, exsocio de Zelensky en Kvartal 95, que huyó a Israel antes de que la Oficina Nacional Anticorrupción registrara su domicilio.
Ucrania ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, y es el segundo Estado más corrupto de Europa. Pese a la mejora desde el puesto 142 que ocupaba en 2014, Kiev sigue lejos de los estándares que exige la Unión Europea para avanzar en el proceso de adhesión. Que el aparato de seguridad encargado de vigilar los contratos de defensa figure entre los imputados del fraude que debía prevenir ilustra la profundidad del problema.
La investigación por el escándalo de las inversiones financieras que involucra fondos públicos en Chaco sumó nuevos capítulos con los allanamientos ordenados por la Justicia federal en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en oficinas vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco.
En ese marco, el intendente Bruno Cipolini ofreció una conferencia de prensa para defender la gestión municipal y afirmar que el municipio no es responsable de las maniobras bajo investigación, sino que resultó damnificado por decisiones adoptadas en el ámbito bursátil.
“Es saludable que la Justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó el jefe comunal al referirse a las medidas judiciales.
Allanamientos y búsqueda de documentación
Los procedimientos se desarrollaron en diversas dependencias de la ciudad, entre ellas la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía del municipio, donde los investigadores secuestraron papeles vinculados a la colocación de fondos públicos en instrumentos financieros.
La causa busca determinar eventuales irregularidades en operaciones realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, en particular en inversiones asociadas a cheques o instrumentos financieros que habrían carecido de garantías suficientes.
En paralelo, se supo que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar en otra causa relacionada con el mismo expediente. Por orden judicial, se dispuso el secuestro de su teléfono celular para extraer información pertinente al proceso.
Una causa que investiga el destino de fondos públicos
La investigación se inició tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien alertó que el municipio habría perdido cerca de 1.800 millones de pesos luego de invertir recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo.
El expediente analiza posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Entre los mencionados en la denuncia figuran el propio intendente Cipolini, la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina.
“El municipio es víctima”
Durante su presentación ante los medios, Cipolini reiteró que la Municipalidad no tomó decisiones irregulares, sino que actuó como inversor dentro de un entramado de operaciones financieras.
“La Municipalidad de Sáenz Peña es damnificada en esta situación. Hemos sido víctimas, si no de la institución, sí de un conjunto operativo que actuaba dentro de ella”, afirmó.
El intendente también subrayó que nadie ha señalado que funcionarios municipales se hayan apropiado de los recursos públicos, y aseguró que el dinero involucrado en la causa sigue existiendo.
Según explicó, esos fondos correspondían a excedentes financieros transitorios que el municipio utilizaba como reserva para cubrir eventuales caídas de la coparticipación o para sostener obras públicas.
Fondos bajo resguardo judicial
Cipolini agregó que una resolución judicial ordenó el resguardo de los recursos municipales, que permanecen fuera del control de la Bolsa de Comercio mientras se dilucida el conflicto de fondo.
“Los recursos de los saenzpeñenses están protegidos por orden judicial y a la espera de una resolución definitiva”, indicó.
En ese sentido, afirmó que la documentación incautada en los allanamientos acreditaría que la comuna realizó una registración administrativa correcta de todas las operaciones.
El rol de Landriscina y la decisión política
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el rol del secretario de Gobierno Diego Landriscina, a quien la denuncia menciona por supuestas comisiones vinculadas a operaciones efectuadas con la cuenta comitente municipal.
Cipolini confirmó que el funcionario se encuentra actualmente de licencia y que su cargo será ocupado de manera interina por Luis Colabiño, aunque aclaró que no se tomarán decisiones definitivas hasta que avance la investigación judicial.
“No soy fiscal ni juez. Tenemos que esperar que la Justicia determine responsabilidades”, sostuvo.
Impacto político y financiero
En medio de la polémica, concejales del peronismo pidieron que el intendente se aparte momentáneamente para facilitar la investigación, una posibilidad que Cipolini rechazó.
“No necesito apartarme para que la investigación avance”, respondió. El jefe comunal además buscó llevar tranquilidad sobre la situación económica del municipio y aseguró que los salarios de los empleados municipales y las obligaciones financieras están garantizados.
Con fuertes subas, los bonos soberanos en dólares de la Argentina encabezaron las operaciones financieras de este miércoles, mientras las acciones mostraron un comportamiento mixto pese a un clima más distendido en las bolsas internacionales, que siguen pendientes de la evolución del conflicto bélico en Irán.
Con los principales índices de Nueva York subiendo alrededor de 1%, el petróleo se acomodó levemente a la baja: el Brent del Mar del Norte se mantuvo en 81 dólares (-0,1%), su nivel más alto desde julio de 2024.
Mientras tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,7% en pesos, hasta los 2.579.970 puntos —condicionado por la baja local del dólar—; en contraste, los bonos soberanos en dólares avanzaron en promedio 1,6%, con alzas más pronunciadas en los títulos de mayor duration. El riesgo país de JP Morgan descontó 41 unidades o 7,1% para la Argentina, ubicándose en 534 puntos básicos, y regresó al nivel del 23 de febrero.
En el panel líder de la Bolsa porteña predominó la caída de acciones, aunque se registraron subas puntuales destacadas como Ternium Argentina (+4,6%), Aluar (+4,9%) y Telecom (+3,4%).
En Wall Street, los ADR argentinos mostraron un tono más firme, con alzas generalizadas en dólares; Telecom avanzó más de 6 por ciento.
“Para entender la rueda de hoy de Argentina hay que primero analizar el contexto internacional. Veníamos de dos ruedas muy complicadas en Estados Unidos con acciones de riesgo bajando fuertemente, monedas emergentes depreciándose. Hoy da la sensación que el clima es otro, que hay un poco más tranquilidad, no se opera con pánico, así que la rueda de Argentina es positiva, los bonos en dólares suben y el dólar opera estable en 1.415 a 1.420 pesos”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.
“Las acciones también están recuperando en Estados Unidos: suben cerca de 1 por ciento. Es una rueda donde el mercado trata de acomodarse y asentarse en estos nuevos precios, que son precios de guerra, no son los precios de equilibrio sino que es una situación atípica con un petróleo en 80 dólares. Por eso las acciones de riesgo como las argentinas están golpeadas y sí es para destacar que los bonos en dólares ayer tuvieron una mala rueda, pero vienen hoy ya recuperándose y comportándose realmente muy bien durante todo estos días de incertidumbre”, definió Colombo.
“Continúa la tensión global con impactos en los mercados mundiales, y se reavivan las expectativas de incremento en la inflación global. A nivel local, las perspectivas de inflación no descienden en el nivel que quisiera el Gobierno, donde los repuntes en alimentos y precios de hacienda impactan en las góndolas. Adicionalmente, los aumentos tarifarios y reducciones de subsidios anticipan un nivel de inflación para febrero en el orden del 2,7% promedio”, describió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital,
El dólar retomó las bajas
Con un volumen moderado de USD 331,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió este miércoles 14,50 pesos, o 1%, y cerró a $1.400,50 para la venta.
“Desde el comienzo predominó la oferta, tal como viene sucediendo en las ruedas anteriores -con la excepción de la jornada de ayer-. En ese nivel logró operar de manera relativamente equilibrada y con mayor profundidad que la observada en la rueda previa”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
“De esta forma, la jornada se desarrolló con una amplitud de precios algo menor a la de los últimos días, moviéndose dentro de un rango de $1.399–$1.407. Finalmente el tipo de cambio mayorista cerró en $1.400,50, nivel que en las últimas ruedas viene funcionando como un punto de equilibrio para el mercado”, completó Nicolás Merino.
El Banco Central fijó una banda superior de su esquema cambiario en los $1.614,52, lo que dejó al tipo de cambio oficial en $214,02, es decir el 15,2% de dicho límite.
“El dólar mayorista arranca la rueda más flojo y así es que testea regresar a los $1.400 a partir de la expectativa de mayor oferta de divisas, ya no sólo desde las emisiones corporativas y provinciales sino también de liquidaciones de la cosecha gruesa que se acercan”, señaló el economista Gustavo Ber.
“Con tasas en pesos que siguen intentando normalizarse, la atención se traslada al ritmo de remonetización que podrían próximamente llevar adelante las autoridades aprovechando el amigable contexto financiero, toda vez que dicho proceso contribuiría positivamente sobre el nivel de actividad”, amplió el titular del Estudio Ber.
El dólar al público en el Banco Nación bajó 15 pesos (1%), hasta $1.420 para la venta, mientras que el dólar blue descontó diez pesos (0,7%), a $1.415.
El Banco Central compró USD 40 millones en el mercado, el 12,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 73 millones, a 46.208 millones de dólares.
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Las amenazas del régimen iraní treparon este miércoles a una nueva escala. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que, si Israel bombardea la embajada iraní en Líbano, Teherán considerará todas las representaciones diplomáticas israelíes en el mundo como objetivos militares y responderá con ataques directos. La advertencia, recogida por la agencia oficialista Tasnim, se formuló en términos deliberadamente amplios: ningún país ni continente quedaría al margen de la represalia.
Shekarchi afirmó que, hasta ahora, Teherán ha privilegiado la contención “por consideraciones internacionales y el respeto por las relaciones con países de todo el mundo”, pero subrayó que esa moderación tiene un límite. “La República Islámica de Irán no tiene ningún conflicto ni hostilidad con otros países”, dijo, según Tasnim, y añadió que Israel ha demostrado en múltiples ocasiones que “no reconoce límites ni fronteras para sus acciones”. Las declaraciones combinan una advertencia directa a Tel Aviv con una señal implícita a los estados que albergan embajadas israelíes: un eventual ataque iraní no se dirigiría contra ellos, sino contra el Estado hebreo.
La advertencia se produjo en el quinto día de la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra objetivos militares, nucleares y de liderazgo en Irán. La Media Luna Roja iraní confirmó al menos 787 muertos en territorio iraní hasta el martes, cifra que medios como CNN ya elevan a más de un millar. Según AFP, los bombardeos afectaron a más de 150 ciudades en al menos 24 de las 31 provincias del país.
El detonante fue la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, durante los primeros ataques del sábado contra su complejo en el centro de Teherán. Junto a él fallecieron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y otros altos mandos, según confirmaron Israel y Washington. El presidente Donald Trump justificó la operación apelando a “intereses centrales de seguridad nacional” y llamó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino”.
Irán respondió con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar, Irak, Arabia Saudita y Emiratos. El Estrecho de Ormuz —por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— registró tráfico casi nulo el lunes, según S&P Global Commodities at Sea, con efectos inmediatos sobre los precios internacionales del crudo. El frente libanés se activó cuando Hezbolá disparó cohetes hacia el norte de Israel, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes sobre Beirut que provocaron la muerte de 52 personas.
La amenaza del portavoz iraní respecto de las embajadas israelíes es coherente con la doctrina de represalia simétrica aplicada durante el conflicto, pero añade una dimensión inédita: por primera vez, Irán alude explícitamente a actuar contra instalaciones diplomáticas israelíes en cualquier parte del mundo. En un escenario en el que la comunidad internacional debate la legalidad de los ataques y la Unión Europea pide la desescalada, la advertencia suma una variable de riesgo global a una guerra que, en apenas cinco días, ha transformado el equilibrio estratégico de Medio Oriente.
Aunque se presentó a fines del año pasado, la nueva generación de Volkswagen Taos comenzó a verse en las calles argentinas con 2026 ya iniciado. Es fácil detectarla: su nueva identidad se aprecia a la distancia desde cualquiera de sus tres ángulos.
Aunque fue un producto de corta vida industrial —se fabricó desde 2021 y concluyó su ciclo en 2025—, este vehículo tiene la responsabilidad de reflejar la velocidad de cambio que caracteriza al mundo del automóvil moderno.
La nueva Taos luce un rediseño del frente: se redujo la abertura superior de aire y se amplió la del bajo paragolpes, ahora con nuevas ópticas; en la parte posterior, las dos luces extremas se conectan mediante una línea LED que incluso ilumina el logo central de Volkswagen; y en la vista lateral las nuevas llantas de 19 pulgadas llaman la atención de cualquier observador.
En el interior, la pantalla central es ahora semiflotante de 10 pulgadas, alineada con una tendencia generalizada en la industria, lo que permite alojarla con una inclinación distinta y reduce buena parte de los reflejos que afectaban a la pantalla empotrada de la primera versión de este C-SUV.
Desaparecieron los botones hápticos del volante —muy resistidos por gran parte de los usuarios— y fueron reemplazados por mandos físicos; en cambio, el climatizador de la consola central mantiene el control táctil. Además, el infotainment incorpora una nueva matriz de conectividad a través de VW Connect.
Mecánicamente, el nuevo Taos conserva el motor VW TSI 2.4 turbo de 150 CV y 250 Nm de torque, pero ahora está asociado a una nueva caja automática Tiptronic de 8 velocidades, que ofrece un escalonamiento de revoluciones ideal para administrar eficientemente la potencia y adaptarse a la demanda de neumáticos de mayor dimensión.
Este vehículo es mexicano y, como toda evolución tecnológica, es una versión avanzada de su predecesor: el Taos que se fabricó en General Pacheco hasta julio del año pasado. La mejora no está ligada al origen geográfico, sino a la plataforma y a las novedades que la marca incorporó y que habrían llegado a la versión argentina si se hubiera mantenido la producción local.
Sin embargo, el VW Taos debe considerarse un símbolo por una razón más importante que sus características técnicas: es la representación perfecta del momento que vive la industria automotriz argentina, mucho más integrada al mundo que en las últimas dos décadas, y en el que se debate entre priorizar las tendencias de mercado produciendo SUVs o apostar a la escala de producción que sostenga una operación industrial mediante camionetas.
No fue fácil dar de baja al Taos: nacido en un mercado con poca competencia en el segmento, contó con la calidad suficiente como para mantenerse entre los tres SUV más vendidos en Argentina, compitiendo con el Toyota Corolla Cross (importado de Brasil) y con el Chevrolet Tracker (fabricado en Argentina), este último además más económico por pertenecer a un segmento inferior.
Volkswagen tuvo que decidir con qué vehículo crecer en escala de producción, algo que no era viable con Taos porque la competencia entre SUV es creciente y hubiera implicado pelear con México por mercados de exportación. En cambio, la nueva generación de Volkswagen Amarok, que nacerá en 2027 y se producirá únicamente en Pacheco para esta región, cuenta con un mercado abierto en toda Latinoamérica.
Así lo anunciaron en marzo de 2025: la nueva generación de Amarok, producida en conjunto con su socio chino SAIC y basada en una plataforma que admite motorización híbrida, tendrá un mercado mucho mayor que el que se alcanzaría si en la misma fábrica se siguiera fabricando Taos para abastecer únicamente el mercado doméstico.
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El ex senador entrerriano Alfredo De Ángeli logró mantenerse dentro del Congreso luego de que finalizara su mandato en diciembre pasado. Tras doce años ocupando una banca en la Cámara alta, consiguió un contrato como asesor del bloque PRO, en una designación que se formalizó semanas después de dejar su cargo legislativo.
La incorporación se concretó mediante una planta transitoria de categoría A1, la más alta dentro de ese régimen administrativo del Senado. El decreto fue firmado el 26 de enero por la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta. Según fuentes parlamentarias, el salario asociado a esa categoría rondaría los 3 millones de pesos mensuales.
El cargo se habría gestado a pedido del senador misionero Martín Göerling Lara, quien sucedió a De Ángeli al frente del bloque del PRO en el Senado. Desde esa bancada se lo incorporó como asesor, junto a otros colaboradores que trabajan para los tres legisladores que integran actualmente el bloque.
En el entorno parlamentario comentan que al dirigente entrerriano “le está costando desprenderse del Senado”, después de una larga permanencia en el Congreso. De Ángeli había llegado a la Cámara alta en 2013 y fue reelecto en 2019, consolidando una trayectoria de más de una década en el ámbito legislativo nacional.
Su carrera política comenzó mucho antes, en 2008, durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo por la Resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos. En aquel contexto, De Ángeli se convirtió en una de las caras visibles de los cortes de ruta en Gualeguaychú y en un símbolo mediático de la protesta ruralista.
Desde esos orígenes como dirigente del agro hasta su paso por el Senado transcurrieron casi dos décadas. Ahora, tras la finalización de su mandato, el exlegislador continuará ligado al Congreso desde un rol técnico dentro del bloque del PRO, manteniendo presencia en la estructura parlamentaria aun sin ocupar una banca.
En los pasillos del Senado señalan que la designación no sería un caso aislado. Según comentan fuentes legislativas, no sería el único integrante de la familia De Ángeli con un nombramiento dentro de la Cámara alta, en medio de un clima marcado por la proliferación de contratos de planta transitoria tras el recambio parlamentario.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua firmó un convenio con autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para iniciar el cobro de una parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la Provincia por la Caja Jubilatoria no transferida, informó el Gobierno de Misiones.
El encuentro, realizado en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, fue encabezado por la ministra Sandra Pettovello. También participaron el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, y el ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, junto a funcionarios nacionales.
Acuerdo por la Caja Jubilatoria de Misiones
Passalacqua agradeció “a la ministra Sandra Pettovello, por recibirnos al ministro Adolfo Safrán y a mí en una acción muy importante para la provincia y su caja previsional” y subrayó que el acuerdo permite avanzar hacia una solución concreta a un reclamo sostenido por Misiones en defensa de sus recursos.
“El convenio constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”, señala un comunicado.
“Desde el Gobierno provincial remarcaron que no se trata de fondos discrecionales ni de transferencias extraordinarias, sino de recursos que debieron ser remitidos oportunamente en función de la normativa vigente y de los acuerdos vinculados al sostenimiento del sistema previsional misionero”, precisa el documento.
“A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, Misiones decidió no transferir su caja previsional al sistema nacional. En consecuencia, el pago de jubilaciones y pensiones se encuentra a cargo del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), lo que implica un esfuerzo fiscal sostenido durante años con recursos provinciales propios”, detalla el texto oficial.
“El acuerdo firmado establece el inicio del proceso de cancelación de parte de esos montos, contribuyendo al fortalecimiento y la previsibilidad financiera del sistema previsional provincial”, agrega la comunicación.
“Diálogo institucional”
Por último, “desde el Ejecutivo misionero destacaron la importancia del diálogo institucional mantenido con las autoridades nacionales, que permitió avanzar en el reconocimiento formal y comienzo del pago de la deuda, consolidando la autonomía previsional de la Provincia y garantizando mayor estabilidad al sistema jubilatorio misionero”.
Este martes, en el Colegio de la Abogacía, se realizó el acto de apertura del año académico 2026 del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi. La jornada central estuvo a cargo de la doctora en Derecho y exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer, quien ofreció la conferencia magistral titulada “La reparación de las chances a diez años de vigencia del Código Civil y Comercial”.
Antes del inicio formal, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, junto a las vocales Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Soage, recibieron a Kemelmajer en el Salón de Acuerdos del alto cuerpo.
La apertura del evento correspondió a la vocal y directora académica del Instituto Alberdi (ad honorem), Susana Medina, quien dio la bienvenida a los asistentes.
Medina destacó que el instituto cumple 31 años “de formación y educación judicial, y desde los últimos 10 los ha acompañado la doctora Aída Kemelmajer abriendo el año académico, lo que es un privilegio para la institución porque apostamos a la educación, a la formación y al perfeccionamiento judicial continuo, apuntando a un servicio de justicia de calidad, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género”. Tras sus palabras, invitó a los presentes a ver un video que resumió la actividad de Kemelmajer en la última década, y le agradeció por “ser parte de la historia viva del Instituto Alberdi”.
En su exposición, Kemelmajer inició con un “video disparador” que sirvió para introducir la temática de las “chances” y su tratamiento en distintos fallos y casos concretos. A lo largo de la disertación ofreció un análisis ilustrado con ejemplos puntuales sobre diferentes aspectos de esa figura jurídica: cómo debe sustentarse en hechos objetivos, el piso de razonabilidad exigido por el derecho y lo ocurrido en estos diez años de vigencia del Código Civil y Comercial.
Entre los presentes estuvieron la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, y el procurador adjunto, César Cesario; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, entre otras autoridades.
La actividad se llevó a cabo en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná, y estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales del derecho y personas interesadas en la temática.
Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Es Doctora Honoris Causa de las universidades Paris XII y Montpellier, de la Universidad Nacional de La Habana y de las universidades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, del Litoral, Tucumán y La Plata, entre otras. Además, es académica de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia Cubana de Ciencias y de Derecho de Madrid, Colombia y Paraguay. Integró la comisión que preparó el anteproyecto que dio lugar al Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015.
En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios mediante operaciones en bloque. Este miércoles la autoridad monetaria incorporó otros USD 40 millones y, de ese modo, acumula más de USD 2.800 millones en lo que va del año.
Desde enero, cuando se puso en marcha la fase 4 del programa monetario, el BCRA compró USD 2.839 millones, monto que representa cerca del 28% del objetivo fijado. Solo en febrero las compras alcanzaron los USD 1.555 millones.
Para financiar estas operaciones, el Central emitió pesos sin esterilizar. Más tarde, el Tesoro absorbió parte del excedente mediante colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, procuró no ampliar en exceso la cantidad de dinero en circulación para no presionar los precios.
Estimaciones oficiales señalan que la adquisición neta de divisas en 2026 podría oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según la preferencia por el peso y la oferta de moneda extranjera. El titular del Central, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del flujo de dólares hacia el sistema. Por ahora, la institución ya logró superar más de un cuarto de la meta prevista para el año.
Cabe destacar que el organismo estableció un tope diario para la compra de divisas equivalente al 5% de las operaciones realizadas en el Mercado Libre de Cambios. También habilitó la opción de adquirir dólares fuera del mercado mayorista mediante acuerdos directos con compañías e instituciones, una herramienta destinada a reducir la presión sobre la cotización del dólar.
Al finalizar la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.208 millones, registrando una suba diaria de USD 73 millones. A comienzos de semana, el Banco Central afrontó un pago de deuda por USD 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento emitido por la entidad para empresas con obligaciones comerciales en el exterior. El bono permitió a las compañías saldar compromisos con proveedores internacionales utilizando un título en moneda extranjera, aunque bajo normativa argentina.
A finales de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Banco Central ascendieron a USD 46.905 millones, el valor más alto desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock se ubicaba en USD 47.448 millones.
El proceso de acumulación de reservas se vio moderado por los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió dólares al BCRA para cumplir con sus compromisos, lo que impactó en el saldo neto de reservas.
La disponibilidad de divisas que posibilitó las compras de dólares por parte del Central tuvo como origen principal la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y las colocaciones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales. Desde los comicios legislativos de octubre de 2025, el monto total emitido en obligaciones negociables y bonos subsoberanos alcanzó los USD 11.000 millones.
El dólar bajó
En la rueda de contado de este miércoles se negociaron USD 331,5 millones, un volumen reducido en comparación con el promedio de las últimas semanas, y el dólar mayorista bajó $14,50, equivalente a 1%, para ubicarse en $1.400,50 para la venta.
En paralelo, el Banco Central estableció el techo de la banda cambiaria en 1.614,52 pesos, lo que deja al tipo de cambio oficial 214,02 pesos, o 15,2%, por debajo de ese tope. Se espera que para fin de mes el punto máximo del esquema cambiario se ubique en alrededor de los 1.654 pesos.
Nacido en el partido bonaerense de Mercedes, Mahíques se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cursó una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, con sede en Roma.
Es hijo del juez Carlos Mahiques. Fue docente en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina (UCA), espacios donde consolidó parte de su perfil académico.
El fiscal porteño que desembarca en el Ministerio de Justicia
Lo interesante comienza aquí. Mahiques es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, distrito fundacional del macrismo que Karina Milei busca disputar con el PRO. Además, preside la Asociación Internacional de Fiscales (AIF). Su vínculo con Mauricio Macri data de la presidencia del exmandatario, cuando representó al Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Desde su entorno sostienen que “está distanciado” del expresidente. No obstante, entre 2020 y 2024 desempeñó la subdirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo que respalda la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISP) del Gobierno porteño. La cercanía con el universo Macri resulta evidente.
Su arribo a la cartera de Justicia de la administración libertaria fue impulsado por “Lule” Menem y Martín Menem, con la intervención además de Santiago Viola, hijo de la histórica operadora radical Claudia Balbín, hombre de confianza de Karina Milei en temas jurídicos y apoderado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza que acaba de ser designado como secretario de Justicia
El recorrido profesional de Viola muestra claros contrastes. Fue abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez en causas por lavado de dinero. Al mismo tiempo, afrontó una investigación por un presunto intento de introducir testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello en la causa Báez; luego fue sobreseído.
Ese episodio lo ubicó, según distintas lecturas, en el terreno de los “operadores” o entre los abogados acostumbrados a litigios de alta tensión política.
También representó aNorma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, en un proceso vinculado a maniobras de apropiación de bienes de desaparecidos de la ex ESMA. Esa actuación generó reparos por parte de organismos de Derechos Humanos.
A pesar de ese trayecto sinuoso, Viola confirmó que asumirá como subsecretario de Justicia, desplazando a Sebastián Amerio.
En ese escenario, el sector cercano a Santiago Caputo interpreta la designación de Juan Bautista Mahiques y la de Viola como una derrota frente a la hermana del Presidente.
El asesor estrella —y monotributista— de Javier Milei concentraba influencia en el área judicial con Cúneo Libarona al frente del Ministerio y, sobre todo, a través de su secretario, Sebastián Amerio, quien ejercía el control efectivo de ese espacio estratégico. Allí impactan causas sensibles como Andis y $Libra, que inquietan y preocupan al Gobierno.
AFA, el Chiqui Tapia y el entramado que rodea a Juan Bautista Mahiques
La figura de Mahiques excede el Ministerio Público porteño. También ocupa la vicepresidencia de la Universidad de la AFA (UnAFA), una “gambeta” de Claudio “Chiqui” Tapia que pasó desapercibida pero administra fondos millonarios. En su presentación institucional se la define como “una institución universitaria creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en todo el mundo”.
Autoridades de la Universidad de la AFA. Juan Bautista Mahiques es el vicerector
Según su web oficial, el objetivo es “que el Fútbol Argentino siga siendo un claro ejemplo de éxito, no solo por los títulos conseguidos mediante el proyecto de Selecciones Nacionales, sino por la enseñanza de sus profesionales para todo los que quieran instruirse y capacitarse”. Una definición de alcance amplio.
Paralelamente, se conoció que su padre, el juez Carlos Mahiques, celebró su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA y mano derecha de “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino.
Pero el vínculo de Juan Bautista Mahiques con el entorno de “Chiqui” Tapia no termina allí. Los Menem, que respaldaron su arribo al Ministerio de Justicia, buscan que el sucesor de Cúneo Libarona funcione como pieza de negociación con Daniel “el Tano” Angelici, empresario del juego y operador judicial con fuerte influencia en el gabinete de Jorge Macri.
Esa jugada responde a una necesidad política de Karina Milei, que pretende en el Ministerio una figura con peso suficiente para contener el avance de las causas Andis y $Libra.
La dinámica interna del mundo libertario generó una paradoja. Fue precisamente en el marco de la causa Andis que Javier Milei decidió confrontar con “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, propietario del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Diego Spagnuolo.
Un dato complica aún más el tablero: los abogados de Toviggino en la causa por lavado de dinero habrían sido “acercados” por el propio Juan Bautista Mahiques, quien ahora asume como ministro de Justicia de Javier Milei y podría quedar enfrentado al mejor amigo de Tapia. O no. Quién sabe.
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, la dupla dueña del fútbol argentino
Surge así otro interrogante: habrá que ver cómo se articulará la relación entre Mahiques, cercano a Toviggino —investigado por lavado de dinero—, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ernesto Gaspari, hombre de Santiago Caputo y responsable de investigar casos como el que afecta, precisamente, al tesorero de la AFA.
Conspiraciones, símbolos y el poder en disputa dentro del Ministerio de Justicia
Santiago Caputo convenció al Presidente de que, en septiembre pasado, intentaron desestabilizar al Gobierno cuando “mancharon” a Karina Milei con el caso de las presuntas coimas en la Andis. El famoso 3%.
Sobre esa hipótesis, Javier Milei profundizó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al señalar a “un sector de la política” que hizo “todo lo posible para derrocar a este Gobierno” y al hacer un gesto hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. Hay una realidad: esa narrativa conspirativa funciona en el mundo libertario como marco para justificar ingresos y salidas de funcionarios según las disputas internas.
Martin Menem y Lule Menem: la relación Tapia y Toviggino ¿alcanza también a los riojanos?
No obstante, al Presidente no le agrada nombrar cargos con perfiles políticos como el de Mahiques. Milei suele preferir figuras “simbólicas”. Entre sus opciones para Justicia figuraban Diego Luciani, el fiscal de la causa que desembocó en la detención de Cristina Kirchner, o la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Alberto Nisman, a quien, justamente, mencionó en el Congreso este domingo.
Sin embargo, la presión de los Menem y la conveniencia estratégica de Karina Milei terminaron inclinando la balanza hacia Mahiques, aun con sus vínculos con la AFA. Y aquí surge otra duda: la relación con Tapia y Toviggino, ¿llega también a los riojanos?
No sorprende que, en las conversaciones sobre la sucesión de Cúneo Libarona, haya surgido el nombre de Tech Security, la empresa de Adrián Menem —hermano de Martín— que posee el contrato para custodiar, casualmente, el predio de la AFA en Ezeiza.
Así, la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia traza un escenario donde la épica conspirativa convive con acuerdos en voz baja y donde la ofensiva contra la AFA coexiste con la persistencia de vínculos que no se terminan de cortar.
