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El Gobierno nacional emitió, el último viernes, el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía, primer paso para avanzar con el proceso. Se descartaron varias empresas y quedaron en carrera dos: Jan de Nul y DEME para la próxima etapa, un resultado previsible.

Pero la trama detrás de todo el proceso –más allá de lo formal- esconde algunos matices que apuntan a empresarios y políticos asociados para que, esta vez, la adjudicación técnicamente compleja tenga otros condimentos. El primero ya ocurrió: la redacción de los pliegos dejaba afuera a los más competitivos que podían haber sido los chinos, interesados en el proyecto. Podría haber ocurrido que se emule el caso de lo sucedido con Techint versus India, que reveló un sobrecosto del 40% en la oferta local.

La Comisión Evaluadora determinó que tanto DEME NV como Jan de Nul NV cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó que avancen a las próximas etapas de evaluación de las ofertas. Anunciaron, oficialmente, que analizaron las presentaciones realizadas por las firmas internacionales Jan De Nul NV, DEME NV y DTA Engenharia, evaluando los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes, así como la presentación de las garantías. Las que no cumplieron tienen una semana para objetar.

Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones subterráneas advirtieron que la lupa debe posarse sobre lo que podría pasar luego de una eventual adjudicación. Es que, si la licitación quedara para los belgas de Jan De Nul, que operan desde 1995, podría haber un misterioso pase de manos que deje el negocio en otras manos, las que dieran el espaldarazo político, a nivel local. El pliego contiene un esquema integral que combina dragado, balizamiento y servicios adicionales. Con todo, habilita que aparezcan socios ocultos.

Allí serían beneficiados dos viejos conocidos que emergen dentro del esquema: el Grupo Neuss y Mauricio Macri. Pero el intrincado giro de las negociaciones tiene como fronting a un consorcio de fuerte inserción local liderado por el Grupo Román –hoy rebautizado Ciencia al Servicio del Movimiento (CSM)- fundado por el magnate de la logística Alfredo Román. La cercanía del empresario con el expresidente no es secreta. Lo que empieza a recortarse en el panorama es quiénes estarían por detrás del holding para quedarse con una de las obras más codiciadas en Argentina.

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Neuss y sus vínculos con Caputo

Según se informó oficialmente, en siete días corridos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

Pero los nombres que surgen por detrás de Román son el Juan y Patricio Neuss, titulares del Grupo Neuss, un holding que empezó en el mundo de las gaseosas, pero hace décadas se diversificó, expandiendo tentáculos al transporte y distribución de energía, telecomunicaciones, real estate y como proveedor del Estado.

La interna en el Gobierno también incide en el futuro de una licitación sensible como la Hidrovía. Los hermanos Neuss están automáticamente asociados en el mundo de los negocios al principal asesor de Javier Milei, el consultor monotributista Santiago Caputo. No solo son vecinos, sino que el conocimiento se remonta a la infancia. El año pasado, los Neuss ya se quedaron con un tercio del Grupo Edison que controla distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy; Líneas de Transmisión del Litoral SA; y la generadora hidroeléctrica Cempsa, en Mendoza. Ya eran los dueños de Edersa, en Río Negro y se quedaron recientemente con la represa Alicurá, en Neuquén. La gestión libertaria también le abrió las puertas para hacerse de las áreas petroleras maduras de las que se retiró YPF, en Santa Cruz. Vía Patagonia Resources SA ingresaron en Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky.

Pero no solo eso: Los hermanos son fundamentales en el sostenimiento económico de la Fundación Faro, el think tank libertario.

Harz Energy –de los Neuss- es el otro enlace que los vincula a los parques solares obtenidos durante el gobierno de Mauricio Macri y un buen motivo para haber apoyado la campaña de Patricia Bullrich, en las presidenciales de 2023. Quien los acercó a Macri fue el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien ya había beneficiado al holding desde su rol en la Ciudad de Buenos Aires cuando el expresidente de Boca era jefe de Gobierno. Habían sonado para quedarse hasta con la terminal de Retiro.

Amigos de las licitaciones a medida desde los años 90, como la de Thales Spectrum, anulada en 2004, la familia Neuss apuntaba a ser el soporte invisible detrás de Jan de Nul. Luis María Cuence suena como el lobista que aceitó el mecanismo para que todo se desarrolle con aparente naturalidad en la Hidrovía, pero en los márgenes de la visibilidad. La clave está en los subcontratistas del gigante belga.

Apellidos entrecruzados

En la trama ligada a la Hidrovía emergen otros nombres como el del empresario Juan Ondarcuhu, líder del Grupo Servicios Portuarios SA, concesionario de las terminales portuarias VI y VII en el puerto de Rosario. Anotado en el RIGI para un nuevo puerto en Timbúes, es el socio ideal para otro negocio directamente relacionado con la Hidrovía. Ondarcuhu fue el punto de partida para que la justicia investigara por lavado de dinero a Maruba –una naviera de las más antiguas de la industria y de la que su directivo- a partir de la conocida causa contra el SOMU.

El nuevo esquema de socios ocultos contemplaría que Ondarcuhu se quedara con el balizamiento –como parte de las tareas de la privatización- en sintonía con Gustavo Elías, otro nombre ineludible del puerto de Bahía Blanca y quien aparece como la contracara del dueño del Grupo Servicios Portuarios. El tándem Ondarcuhu-Elías son los favoritos para el tramo de balizamiento que exige el pliego.

Pero el negocio más importante, por detrás de Jan de Nul, podría ir a parar a manos locales: el zar de las “grúas” Román, y fuera de las luces los hermanos Neuss, Caputo y Mauricio Macri. Se demostraría así que el enfrentamiento político entre los dos últimos no hace naufragar negocios.

Fueron tres días de rosca a pleno. Los abogados de negocios más importantes de la región —socios de estudios con oficinas en Nueva York, Santiago, Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, con carteras que incluyen fondos de private equity, bancos multilaterales y corporaciones multinacionales— eligieron el hotel Enjoy de Punta del Este para llevar a cabo esta semana su Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association. Lo que dijeron ahí, en los salones del complejo frente al Atlántico, fue casi calcado de lo que se escuchó hace pocas semanas en Argentina Week. La Argentina forma, por primera vez en mucho tiempo, parte de todas las conversaciones. Todos tienen clientes que miran. Pero mirar no es lo mismo que comprar.

La Argentina es hoy un activo que genera interés genuino, pero el dinero de verdad, el que mueve agujas, prefiere seguir esperando. La referencia temporal que apareció con más frecuencia fue la de 2027. Como si hubiera un consenso tácito respecto de que recién después de las próximas elecciones presidenciales —y de ver si el oficialismo puede sostener o ampliar su poder— el capital externo va a estar dispuesto a apretar el botón. “Salvo excepciones, el real money no vendrá hasta después de las elecciones”, se sinceró uno de los argentinos presentes. “Mientras, estamos todos detrás del RIGI [por el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones]”, explicó.

La frase captura bien el espíritu del momento. No es desconfianza en el Gobierno. Es algo más parecido a la cautela profesional. El Gobierno parece por ahora imbatible. No tiene en todo el arco político un contendiente claro. Elige todavía confrontar con un kirchnerismo de ideas vetutas, pero que a los ojos de los inversores sigue generando pavor. Su mayor debilidad, sin embargo, surge de su propia interna -nunca resuelta- y de la escasez, hace algunos meses, de resultados económicos tangibles.

Aunque pocas encuestas terminaron acertando en los últimos años los resultados electorales, todos siguen de cerca los sondeos de opinión pública que se publicaron en estos días. El último, de AtlasIntel Bloomberg, muestra una caída en los niveles de aprobación del presidente Javier Milei (al 36,4%, el valor más bajo de su gestión) y un crecimiento de los niveles de desaprobación (al 62,6%). Los resultados no son necesariamente infalibles, pero hablan de una tendencia en la que, además, las preocupaciones de la sociedad empiezan a migrar ya más claramente a dos temas: la corrupción (43,3% de los encuestados) y el desempleo (42,2%).

En el primer caso, flaco favor le hizo el caso de Manuel Adorni a la imagen del Gobierno, que había comenzado a levantar la bandera de la renovación moral en pos de contener a un electorado al que hay que pedirle todavía más paciencia, para que termine de ver una salida a todas sus penurias económicas.

Y es que la economía doméstica empieza a mostrar síntomas que complican el relato del crecimiento “como pedo de buzo”. Porque mientras que algunos motores están aceitándose -caso de la minería o del petróleo-, otros que venían empujando la recuperación están perdiendo fuerza. El crédito al sector privado, que fue uno de los grandes protagonistas de la reactivación del año pasado, está cayendo en términos reales. Subió, según datos del Banco Central (BCRA), apenas 2,3% en lo que va de 2026, contra una inflación estimada para el periodo más cercana a 9%.

Todo, en un contexto en el que la mora se disparó, después del apretón de tasas del segundo semestre de 2025. “Empieza a caer incipientemente la cantidad de atrasos, pero, ¿por qué cae? Más prudencia en la colocación, refinanciaciones, y va quedando atrás el episodio de volatilidad de tasas de septiembre/octubre de 2025. Es una buena señal, pero no es un dato conclusivo aun”, dicen en un banco de primera línea. El Banco Central parece estar tomando nota. Lentamente, empieza a descomprimir el torniquete sobre los pesos, aflojando los encajes, pero siempre con cautela.

El gasto público, entretanto, no es el colchón que puede amortiguar una desaceleración. La consolidación fiscal que el Gobierno exhibe con orgullo —y que es, hay que decirlo, uno de los activos que le reconocen incluso los más escépticos— implica exactamente eso: que el Estado no va a salir a gastar para sostener la demanda. Los números que empiezan a manejar en Hacienda anticipan que el segundo trimestre viene con un desempeño igual de flojo que el primero. En mayo y junio se espera una mejora en la recaudación con el ingreso de fondos del impuesto a las Ganancias, pero también a mitad de año crece con fuerza el gasto previsional por el aguinaldo y las actualizaciones.

El consumo privado tampoco está para grandes alegrías. La recuperación del salario real fue real, pero su impulso se está agotando. Los datos del Indec de enero no fueron positivos: la mejora para los salarios registrados fue del 2% versus una inflación de 2,9%. Y la inversión privada —la que vendría a reemplazar todo lo anterior— aún no aparece en el volumen que la narrativa oficial prometía. Y se concentra exclusivamente en sectores como el petróleo y el gas, la minería y el agro. Dicho en otros términos: los motores de crecimiento no están funcionando parejos.

En paralelo, el aura de un Gobierno de outsiders, impolutos de los vicios de la casta empieza a horadarse. En el sector privado, la atención más caliente se concentra en algunas de las licitaciones que avanzan en la agenda. El Gobierno tiene sobre la mesa un conjunto de procesos de privatizaciones y concesiones que, si cierran bien, podrían ser una señal potente para el capital internacional. Pero que, si cierran mal, o si se enredan en disputas políticas o en problemas de diseño, podrían alimentar exactamente las dudas que hoy frenan a los inversores.

Hay una lupa especial sobre tres procesos, que concentran la atención de los grandes estudios jurídicos con práctica en infraestructura y concesiones, además de las grandes representaciones diplomáticas. Dos de ellos son, por lejos, los más grandes y los más complejos.

El primero es el de la hidrovía. La licitación del sistema de navegación troncal del Paraná-Paraguay es, probablemente, la concesión más importante que el Estado argentino va a otorgar en las próximas décadas. El volumen de comercio que pasa por esa vía, la complejidad técnica del dragado y mantenimiento y el período de la concesión hacen de este proceso una operación de magnitud regional. Los estudios que tienen mandatos en este segmento siguen cada movimiento del pliego con una atención que roza la obsesión. No es un sector que se caracterizó en el pasado por sus manejos transparentes. Entre los actores interesados ya comenzaron las denuncias cruzadas.

El segundo caso es el del Belgrano Cargas. La concesión del ferrocarril de cargas que conecta el norte productivo con los puertos del litoral es otra apuesta de largo plazo que el gobierno quiere destrabar. Acá también hay expectativa real, pero también preguntas sin respuesta sobre las inversiones comprometidas y el modelo de negocios que plantea el Estado.

Y hay un tercer proceso, algo más silencioso pero igualmente relevante, que completa el trío de licitaciones, que es el de AySA, la empresa de aguas estatizada en el kirchnerismo.

En los tres procesos, sirve de referencia la figura del asesor Santiago Caputo. Las versiones sobre una posible avanzada del karinismo en algunas de sus áreas de injerencia -caso de la Aduana o de la Secretaria de Inteligencia- hizo que en las últimas semanas desde el sector privado empezaran las especulaciones sobre posibles cambios en los interlocutores. Pero, tras el tembladeral provocado por el affaire Adorni, pareciera que los cambios serán más lentos que lo que algunos jugadores desearían.

En cualquier caso, el Gobierno tiene tres meses por delante difíciles. Es su responsabilidad demostrarle a los inversores que esperar hasta 2027 puede terminar siendo una mala elección. Todavía no está tan claro.

En una jornada marcada por la organización parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación conformó este jueves el reparto de las presidencias y principales cargos de sus comisiones operativas. Se designó a las nuevas autoridades y hubo definiciones sobre el rumbo temático en áreas como obras públicas, ciencia y tecnología, defensa y turismo.

La designación de las autoridades en la jornada de hoy mostró al bloque de La Libertad Avanza que, en un principio, decidió correrse de la disputa de las presidencias, entendiendo que son comisiones por las que no pasarán los proyectos claves.

Una de las apostillas que rompió la monotonía de la elección de las autoridades fue en la Comisión de Turismo. La presidencia quedó en cabeza del bloque de Unión por la Patria, que propuso a Gabriela Pedrali y a Jorge Mukdise como vicepresidente segundo. El legislador de Santiago del Estero señaló que “en los últimos años hemos perdido un millón y medio de turistas extranjeros y hemos sumado 4,5 millones de turistas argentinos en el extranjero: unos 6 millones de turistas menos para nuestro mercado”.

La otra comisión que se conformó hoy solía ser de importancia cuando se discutía el Presupuesto, pero que en los últimos años perdió peso. Poco después de las 9 de la mañana, la Comisión de Obras Públicas designó a Martín Aveiro, de Unión por la Patria, como presidente. Defendió la presencia estatal como condición imprescindible para el crecimiento sostenido y la transformación social. El legislador de UP pidió que el Ejecutivo retome las obras paralizadas, sosteniendo que “es mucho más barato que no hacerlo”.

La vicepresidencia primera fue para Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, que a pesar de ser propuesto por el libertario Nicolás Mayoraz, tuvo un discurso en contra del accionar de LLA en el sector al señalar que “la obra pública no es un gasto”.

El diputado Martín Yeza, por el PRO y representando a Fuerzas del Cambio, fue elegido presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El ex intendente de Pinamar anunció la distribución temática de los proyectos legislativos bajo análisis, indicando que “están distribuidos en un 50 % sobre asuntos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, y otro 50 % a la inteligencia artificial”.

Yeza sostuvo que el trabajo de la comisión se regirá por un semáforo de coincidencias que indica con color verde las temáticas que convocan proyectos de todos los bloques, como “tecnología para engañar, principios de inteligencia artificial, educación e inteligencia artificial”. El amarillo representa iniciativas relativas a la graduación del riesgo en inteligencia artificial, mientras el rojo señala cuestiones críticas, como financiamiento y modelos regulatorios.

La comisión también significó la vuelta a la exposición dentro de la Cámara Baja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, luego de que fuese rechazado su diploma en el Senado. La legisladora rionegrina, envuelta en polémicas durante los últimos meses, asumirá la vicepresidencia de este cuerpo.

Una particularidad “histórica” es que se terminó dando en la conformación de la Comisión de Defensa que será presidida por el libertario Carlos Zapata.

Agustina Propato (Unión por la Patria), designada vicepresidenta primera a propuesta de Germán Martínez, resaltó la presencia de “tres exministros de Defensa: Luis Petri, Agustín Rossi y Jorge Taiana“, lo que augura debates especializados.

Pasado el mediodía, siguió la conformación de las comisiones. La primera fue la Comisión de Asuntos Municipales, donde se designó a Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, como presidenta, quien anticipó una agenda orientada a la promoción del federalismo y la apertura institucional al interior del país.

Donde La Libertad Avanza sí fue por la presidencia, fue en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Este cuerpo es de vital importancia por el rol de puertos y porque también se tratará la licitación de la Hidrovía que el Gobierno impulsó este año.

En este aspecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, propuso una coordinación con la Comisión de Transporte —presidida por Jorge Rizzotti— para desarrollar una reunión informativa con los funcionarios encargados de la licitación de la vía navegable troncal Hidrovía. La presidencia en este caso quedó para el diputado chubutense de LLA, César Treffinger.

Las últimas dos comisiones que se conformaron hoy fueron la de Deporte y la de Finanzas.

En el caso de la primera, fue electo como presidente el sanjuanino Jorge Chica en nombre de Unión por la Patria. Para la segunda, otra vez el oficialismo decidió quedarse con la presidencia y, con el apoyo de los socios, impuso al diputado libertario Santiago Pauli.

Empresas de Estados Unidos comenzaron a analizar su ingreso en la Hidrovía, el principal corredor logístico del país, con la intención de aportar capital a una de las ofertas en competencia en la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.

El movimiento se da en un contexto en el que la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del gobierno estadounidense, reconoció que mantuvo reuniones recientes con el gobierno argentino para analizar oportunidades en sectores estratégicos, como infraestructura.

Según reconstruyó LA NACION de fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME) —una de las dos que sigue en carrera junto con Jan De Nul, que draga la Hidrovía desde hace más de 30 años— presentó su oferta el 27 de febrero como único oferente formal, aunque con el respaldo y en conversaciones con las empresas estadounidenses Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) y Clear Street, según confirmaron fuentes del proceso y la compañía.

En particular, Clear Street participa como asesor financiero en la estructuración del proyecto y en la búsqueda de inversores, y también analiza una eventual participación como inversor. Así lo afirmaron desde la empresa ante la consulta de LA NACIÓN. La firma ve en la Argentina de Milei una oportunidad de inversión en infraestructura en un contexto de mayor apertura al capital extranjero, especialmente de Estados Unidos.

Desde GLDD, la mayor proveedora de servicios de dragado en Estados Unidos, confirmaron a este medio que mantienen conversaciones con DEME para participar en el proyecto, con un rol operativo y la posibilidad de evaluar también una participación en el capital de la concesión.

Además de estas empresas, el esquema en análisis contempla la posible incorporación de otros actores internacionales, incluidos fondos de infraestructura y organismos multilaterales, como la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial.

Entre ellos aparece también la DFC, el banco de desarrollo de Estados Unidos. “DFC recientemente mantuvo reuniones productivas con el Gobierno argentino para analizar inversiones estratégicas en distintos sectores, incluyendo minerales críticos e infraestructura”, señaló a LA NACION un funcionario del organismo. Por razones de sensibilidad comercial, agregaron, no pueden comentar sobre “los detalles de posibles transacciones”.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es la principal ruta comercial del país: concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales y conecta los principales polos productivos con Brasil, Paraguay y Bolivia.

El interés se da en un escenario de mayor alineamiento de la Argentina con Estados Unidos bajo la administración de Javier Milei, que busca reposicionar al país como destino de inversión para capital occidental. En paralelo, Washington impulsa una mayor presencia en sectores estratégicos y busca limitar la influencia de China en infraestructura crítica.

En ese marco, la DFC —creada en 2018 durante la presidencia de Donald Trump— funciona como una herramienta clave para canalizar inversiones privadas y contrarrestar iniciativas globales impulsadas por China.

El Gobierno decidió excluir del proceso a empresas con participación estatal extranjera, lo que en la práctica dejó afuera a compañías chinas y refuerza el perfil geopolítico de la licitación.

El proceso actual se desarrolla luego del intento fallido del año pasado, que terminó en un fuerte conflicto entre empresas, denuncias de presunto direccionamiento y la posterior suspensión tras la presentación de una única oferta. En esta nueva etapa, el gobierno buscó reforzar la transparencia con el respaldo técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

En ese contexto, y según pudo saber LA NACION de fuentes con conocimiento directo, DEME hizo saber formalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, el interés de incorporar capital estadounidense y las dificultades administrativas para formalizar esa participación en la etapa inicial.

El caso abre un interrogante técnico sobre el funcionamiento de la licitación. El pliego establece que los oferentes deben presentar su composición en el sobre 1, mientras que la estructura financiera puede definirse en etapas posteriores, tras la constitución de una sociedad específica.

En la práctica, esto introduce margen para que la ingeniería financiera —incluida la participación de inversores— se termine de definir más adelante. Algunas empresas interesadas no habrían sido incorporadas formalmente en la presentación inicial por los plazos administrativos y su participación aparece reflejada en documentación vinculada al financiamiento.

Fuentes con conocimiento directo del proceso señalaron que el consorcio debía quedar definido en el sobre 1 y que el sobre 3 no contempla cambios societarios. Sin embargo, indicaron que, una vez adjudicada la concesión, es posible incorporar nuevos socios con aprobación del Estado.

En ese esquema, el pliego establece que el operador debe mantener una participación mínima, lo que habilita la entrada de terceros: hasta el 40% del capital sin aprobación previa y hasta cerca del 60% con autorización de la autoridad concedente.

En el sector, sin embargo, no hay consenso sobre el alcance de esa flexibilidad. Mientras algunas fuentes sostienen que la estructura financiera puede completarse en etapas posteriores, otras interpretaciones más estrictas del pliego advierten que la composición debía quedar definida desde el inicio, lo que limitaría la incorporación de nuevos actores.

En paralelo, el proceso sumó un nuevo foco de tensión. Jan De Nul presentó observaciones formales sobre la oferta de DEME y planteó que debería ser descalificada por presuntos incumplimientos en distintos aspectos de la presentación.

Entre otros puntos, cuestionó la validez de la garantía de oferta, la consistencia de la información técnica y económica, la acreditación de antecedentes y el cumplimiento de requisitos del pliego en materia de equipamiento y respaldo financiero.

Las observaciones, que ahora deberán ser evaluadas por la autoridad licitante, reflejan la intensidad de la competencia en una de las concesiones más relevantes de infraestructura del país.

La discusión no es menor: el contrato implica inversiones por unos US$10.000 millones a lo largo de 25 años y define el control de la principal vía logística de la Argentina. En ese contexto, el eventual ingreso de capital estadounidense no solo tiene implicancias económicas, sino también geopolíticas, y marca un giro en la disputa por uno de los activos más estratégicos del país.

En un escenario global incierto ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina e India impulsan la ampliación del acuerdo comercial vigente con el Mercosur, firmado en 2004, llevando de 450 a 3.000 la cantidad de productos con preferencias arancelarias.

Se trata de una oportunidad enorme en términos de exportaciones, considerando que el mercado indio reúne a más de 1.470 millones de personas y que el comercio bilateral ya se aproxima a los USD 7.000 millones anuales.

Durante la Cumbre Empresarial India Argentina, realizada en la Bolsa de Cereales, el embajador Ajaneesh Kumar remarcó la importancia de dicho pacto para dinamizar las relaciones económicas, a la vez que mencionó algunos puntos clave en los que hay que trabajar conjuntamente para potenciar la alianza estratégica entre ambos países.

En primer lugar, destacó la necesidad de expandir el acceso al mercado, lo que permitiría diversificar el comercio y fortalecer las cadenas de suministro. En la misma línea, el diplomático cree que es fundamental abordar las barreras no arancelarias para evitar obstáculos administrativos y normativos en el intercambio.

“También deberíamos garantizar que las medidas de defensa comercial, incluidas las acciones antidumping, se apliquen de forma transparente, previsible y justa, de modo que no se conviertan en barreras involuntarias”, señaló Kumar.

Al mismo tiempo, propuso avanzar en la agilización de los trámites de visado, a fin de promover los viajes y la actividad empresarial, e invitó a la creación de más espacios de diálogo, reuniones de negocios y eventos.

Por otro lado, en un marco de déficit de infraestructura, el embajador abrió la puerta a una mayor cooperación en este ámbito, al subrayar la amplia experiencia de la India en el desarrollo de obras y soluciones aplicadas a operaciones mineras, proyectos energéticos, puertos y maquinaria pesada, sectores especialmente relevantes para Argentina.

A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, resaltó: “La India se encamina a convertirse este año en la cuarta economía del mundo, superando a Japón, y las proyecciones indican que hacia 2030 dejará atrás a Alemania, para ubicarse como la tercera potencia global. Si se analiza la evolución del PBI dentro del G20, muestra en los últimos tres años el mayor dinamismo, con un promedio de crecimiento cercano al 7%”.

“Por eso, más que una política de Estado, debemos avanzar hacia una estrategia empresarial que entienda que apostar por este mercado es apostar por el futuro”, agregó.

Recordó que el 85% de las exportaciones locales a India corresponden a la industria aceitera. Esto implica que uno de cada dos aceites importados que llegaron a la mesa de las familias de ese país fue de origen argentino.

Idígoras enfatizó que un acuerdo comercial Mercosur- India más amplio elevaría significativamente las ventas de alimentos y las inversiones.

También participó del evento el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Fernando Brun, quien sostuvo que “la Argentina se encuentra en un escenario internacional que obliga a replantear alianzas” y a dejar de pensar “solo en complementariedad, para avanzar hacia la integración de cadenas de valor”.

Esto, dijo el diplomático, requiere negociaciones y una mayor profundización de los acuerdos comerciales, ya sea a nivel bilateral o a través del Mercosur.

En ese camino, “se presenta una oportunidad única con la India: pasar de un pacto limitado a uno mucho más ambicioso, que contemple no menos de 3.000 posiciones arancelarias”, detalló Brun.

En diálogo con Infobae, aludió a las actuales problemáticas para diversificar la oferta exportable, al solamente poder colocar dos nuevos productos por año en el mercado indio, dado los tiempos y complejidades existentes para su ingreso.

Contó que se mantienen conversaciones con las provincias para identificar aquellas economías regionales que requieren un mayor impulso, con la intención de incorporarlas a una eventual nueva canasta de preferencias arancelarias, que podría definirse este año. Esa estrategia estará contemplada asimismo en las negociaciones en marcha para rubricar nuevos acuerdos comerciales con Vietnam, Panamá y Japón.

En su discurso, Brun afirmó que “la transformación de la Argentina pasa por convertir sus recursos en motores del crecimiento. Para ello, se requieren pilares sólidos que abarcan la macroeconomía, las políticas regulatorias y la apertura de mercados, pero también el desarrollo de proyectos logísticos vinculados a rutas, ferrocarriles, la hidrovía y los puertos. Esa es la agenda que el país tiene con la India”.

Por último, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestó: “El mundo atraviesa una reconfiguración profunda de sus cadenas de valor en energía, alimentos y tecnología; y los países que sepan anticiparse a ese proceso y construir alianzas sólidas serán los que lideren la próxima etapa. En este contexto, la India ha definido una estrategia clara para asegurarse minerales críticos fundamentales”.

Cabe mencionar que JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) firmaron en 2020 un Memorándum de Entendimiento que incluye la exploración y producción de minerales, así como el desarrollo científico y tecnológico en el sector.

En suma, el mandatario provincial señaló que mantiene contacto con otras empresas indias interesadas en desarrollar proyectos mineros en Jujuy, que, aparte de litio, produce cobre, plata, oro y zinc, y tiene un gran potencial en tierras raras.

En otro orden de cosas, Sadir anunció que están explorando la posibilidad de avanzar en acuerdos para la importación de medicamentos desde la India, “siguiendo las experiencias exitosas de otras provincias”.

“Es una alternativa que puede contribuir a mejorar el acceso y la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública, a través de la incorporación de insumos de calidad a costos competitivos”, apuntó.