Ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que lleva adelante el juicio por el caso Cuadernos, se escuchó el descargo de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la primera etapa del gobierno kirchnerista. Negó las acusaciones que pesan sobre él: asociación ilícita en carácter organizador y tres hechos de cohecho pasivo (recepción de coimas). Confrontó con los dichos de tres empresarios que se convirtieron en imputados colaboradores y lo responsabilizan de haber exigido el pago de sobornos para garantizar los subsidios al transporte. “No es verdad lo que dijeron y uno declaró bajo extorsión”, dijo.
El tramo de la causa en el que se encuentra implicado Jaime es el referido a la ruta de sobornos para la adjudicación de contratos ferroviarios y de subterráneos, y de balizamiento y mantenimiento de la hidrovía del río Paraná. Junto a él, están acusados Cristina Kirchner, Julio De Vido, su sucesor en Transporte, Juan Pablo Schiavi; y los empresarios Aldo Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero.
Durante la instrucción del caso, el fiscal Carlos Stornelli consideró que la organización de la asociación ilícita liderada por la exmandataria y organizada por De Vido en el área de transporte se encontró a cargo de Ricardo Jaime entre el 1 de junio de 2003 y el 1 de julio de 2009. Entre él y Schiavi habrían recaudado en concepto de coimas el 5% de los contratos con los empresarios del sector.
En la acusación del juicio se ponderaron como relevantes los aportes de los imputados colaboradores Roggio y Romero. Sobre ellos dos concentró su descargo Ricardo Jaime, quien anticipó que nadie -a excepción de su defensora- podía formularle preguntas.
“Niego totalmente las acusaciones sobre todo los dichos de Romero, Roggio y algunos dichos de (Sergio)Taselli”, fue una de sus primeras explicaciones ante el TOF 7. En ese momento se refirió a las anotaciones en los cuadernos atribuidos, tras una pericia técnica, a Oscar Centeno -el ex chofer de Roberto Baratta-, como “las fotocopias” donde “habrían escrito que hubo coimas” que él exigía.
Con esa misma línea argumental, el ex funcionario kirchnerista se corrió de los aportes de los arrepentidos. Calificó los aportes como “falsedades totales”. Sus palabras fueron: “Tengo referencia que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción. Dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor Centeno”.
La estrategia del acusado se centró en desarmar los dichos que pronunciaron los arrepentidos bajo juramento de decir verdad.
Jaime, negó de forma taxativa que se haya reunido con Aldo Roggio a pocos días de haber iniciado la presidencia de Néstor Kirchner. El empresario declaró que se le había requerido un 5% en concepto de coimas sobre el dinero correspondiente a los subsidios al transporte público. “Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido sí se reunía”, señaló el exfuncionario K.
Jaime dedicó varios minutos en desarrollar una explicación técnica: “El sistema de pago de las concesiones ferroviarias no podía tener demoras, una demora hubiera generado una paralización del servicio porque el sistema de subsidio cubría casi totalmente la ejecución”. Y a continuación enfatizó: “Con esto desmiento lo dicho por Roggio y Romero sobre la discrecionalidad de los pagos”.
Aunque “consideraba que eran empresarios honorables”, Jaime considero que “estas declaraciones se hicieron bajo extorsión. Jamás se solicitó el pago ni se dilataron los pagos, y además los pagos se realizaban a través del Ministerio de Economía”.
Luego de declarar, el exfuncionario K volvió a prisión en cumplimiento de la condena confirmada por la Corte en el caso por la Tragedia de Once.
En su confesión como arrepentido, Roggio se había referido a un “peaje” por los subsidios. El empresario fue uno de los primeros grandes empresarios en admitir el pago de coimas.
Sumó al a causa información sobre un esquema del 5% de retornos. Confesó que debía “entregarle a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que recibía su empresa por la explotación de los ferrocarriles (Metrovías)”.
Además consignó que los pagos se realizaban mensualmente y en efectivo. “El objetivo de estos pagos era asegurar que el Estado mantuviera el flujo de subsidios y no pusiera trabas operativas”, se consignó en la causa.
Por su lado, Gabriel Romero hizo aportes a la justicia federal respecto al decreto de la Hidrovía. Fue de los primeros en referir a cifras de dinero implicadas en el circuito de sobornos.
Habló en aquella ocasión de su aporte como colaborador, del pago de 600.000 dólares a cambio de un decreto que lo favorecía, prorrogando la concesión de la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya operación justamente ahora está en discusión.
Según los dichos de Romero, el nexo para concretar estos pagos ilegales era Jaime. Lo definió como el interlocutor inicial y el encargado de coordinar la maniobra.
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