La empresa Dioxitex S.A., de mayoría estatal, es una de las que registra los mayores balances superavitarios desde hace años. Se encarga de proveer combustible radioactivo a las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II. La firma depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y desde hace dos semanas enfrenta serias denuncias de sus trabajadores por problemas técnicos graves.
Especialistas y técnicos de la planta cordobesa de Dioxitek S.A. denunciaron que ocurrieron por lo menos dos incidentes internos que, según afirman, habrían implicado exposición a dióxido de uranio y señalaron presuntas irregularidades en el manejo de materiales. Los datos fueron difundidos por el diario La Voz del Interior y fueron aportados por testimonios de empleados que pidieron reserva de identidad. Según esos relatos, uno de los episodios habría involucrado la rotura irreversible de una máquina y el otro una presunta fuga de uranio a través de una tubería dentro de las instalaciones ubicadas en el barrio Alta Córdoba.
Los trabajadores sostienen además que los hechos no se habrían reportado adecuadamente a los organismos de control, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), responsables de la supervisión en materia de seguridad nuclear.
Desde la conducción de Dioxitek rechazaron las acusaciones y cuestionaron la veracidad de las fuentes citadas en las publicaciones periodísticas. La compañía, encargada de producir dióxido de uranio (UO2) de grado cerámico, había informado en 2025 una producción récord de 190 toneladas, insumo estratégico para el sistema energético nuclear del país.
Dioxitek es encabezada por el libertario Federico Ramos Nápoli, que utilizó sus redes sociales para negar el incidente. “Desmiento categóricamente que haya existido un incidente en la planta de Córdoba. La operación de Dioxitek cumple con todos los estándares de seguridad nacional e internacional”.
Sin embargo, los trabajadores denunciaron la existencia de “presuntas prácticas irregulares en el tratamiento de residuos nucleares, como el lavado de indumentaria de protección sin el debido tratamiento del agua residual, almacenamiento inadecuado de desechos potencialmente contaminados y falta de controles médicos periódicos sobre la exposición del personal”.
La empresa proyecta un superávit de 775 millones de pesos sobre gastos operativos superiores a 25.500 millones. Según los denunciantes, ese equilibrio financiero estaría acompañado por un deterioro en la política de seguridad, cuando la planta está ubicada en una zona urbana de Córdoba.
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