El acuerdo reciente con los Estados Unidos abrió una nueva etapa para la Argentina: la posibilidad de avanzar, después de muchos años de estancamiento, hacia marcos normativos a la vanguardia internacional, alineados con estándares de países que hoy son ejemplo de desarrollo y progreso económico.
Este cambio de paradigma es un hito para nuestro país y toma crucial relevancia en el campo de la propiedad intelectual. Lejos de ser un tema técnico o sectorial, se trata de un factor clave para mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y —aquí el corazón de esta opinión— mejorar la capacidad productiva de un país. En el marco de un contexto internacional en donde el concepto de valor agregado está cada vez más relacionado con la incorporación de conocimiento, fortalecer la propiedad intelectual abre un futuro prometedor para Argentina, no solo a nivel local sino a nivel global, con la oportunidad de posicionarse como hub regional de innovación.
Bajo esa lógica, el gobierno nacional ha comenzado a dar señales concretas. La reciente Resolución Conjunta 1/2026 —que derogó las pautas de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde 2012— constituye un avance relevante para el sector salud, al actualizar criterios que impactan directamente en el desarrollo y la disponibilidad de innovaciones médicas. Esta medida alinea el marco regulatorio con estándares internacionales y aporta mayor previsibilidad para la investigación biomédica.
Sin embargo, una situación diferente enfrenta el sector agrícola, que, en su rol de sector estratégico para el resto de los clústeres económicos, aún continúa a la espera de mayores medidas para impulsar un mejor ecosistema de innovación. La adhesión a UPOV-91 y la derogación de los criterios de patentamiento para biotecnología – que rigen desde 2015 – son dos aspectos urgentes para empezar a dotar al agro de más y mejor tecnología.
Y es que esta última cuestión trasciende cualquier interés estrictamente comercial, sino que permite construir las condiciones necesarias para que toda la cadena agroindustrial acceda a más innovación, mayor productividad y mejores herramientas para competir sin importar el tamaño ni el origen de las empresas.
Hoy, nuestro principal competidor en la región nos demuestra un ejemplo concreto de lo que podemos lograr si adoptamos las decisiones correctas. En ese sentido, los números no mienten y la evidencia es contundente: acorde a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), si tomamos la producción agrícola de granos —en particular soja, maíz y trigo—, en los años 90 Brasil producía un 53% más que la Argentina. Esa brecha, lejos de achicarse, terminó ampliándose y de forma sostenida: fue del 45% en los 2000, del 82% en la década de 2010 y alcanza en la década actual un promedio cercano al 155%. Para la campaña 2025/26, la diferencia estimada se ubica en torno al 147%. En términos absolutos, hoy Brasil supera los 300 millones de toneladas, mientras que Argentina ronda los 140 millones.
En otras palabras, Brasil nos demuestra los resultados de lo que es una trayectoria sólida en materia de innovación, adopción tecnológica e inversiones. Y a su vez, todo el potencial desaprovechado por nuestro país. En definitiva, la relación es directa: más y mejor propiedad intelectual es más y mejor productividad. Es un “win – win”, pero más amplio todavía, porque impacta en tres niveles: el productor, que accede a mejores tecnologías y mejores ingresos; las compañías, que encuentran incentivos para innovar; y, en última instancia, el país, que incrementa su capacidad exportadora, genera más divisas y fortalece su desarrollo económico.
Hay que volver a dar la pelea para ponernos a la misma altura que nuestros competidores. Lo hicimos en el pasado y tenemos el talento y el compromiso del sector privado para hacerlo en el presente. Solo falta decisión política y reglas que transformen ese potencial y lo conviertan en crecimiento sostenido.
La autora es directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina
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