En una decisión de fuerte impacto político y judicial, la Casación Federal resolvió por mayoría ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
La resolución ratificó el decomiso dispuesto en la sentencia y consolidó un criterio central para este tipo de procesos: los bienes de origen ilícito pueden ser recuperados por el Estado aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. Entre los alcanzados por la medida figuran también Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Lázaro Báez.
Antes de esta definición, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, había sostenido que cualquier reclamo sobre esos activos debía tramitarse por la vía civil o administrativa, sin frenar el decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.
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