La licitación por la concesión de la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná, más conocida como “Hidrovía“, entra en zona de definición: el Gobierno abrirá este miércoles 22 de abril a las 13 las propuestas técnicas de trabajo de las dos competidoras que quedan en carrera, las dragadoras belgas Jan de Nul y Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).
En este proceso se juega una parte de la competitividad logística de la argentina, ya que entre la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná y la salida al océano Atlántico a través del río de La Plata transita el 80% del comercio exterior del país. La Hidrovía también evacúa las exportaciones de Paraguay y una porción de las ventas externas de Brasil y Uruguay, para un total de 100 millones de toneladas por año.
Así, en un negocio que promete generar ingresos por unos 15.000 millones de dólares y ganancias por US$ 3.000 millones a lo largo de los próximos 25 años, se intensificaron las miradas de las potencias globales, como Estados Unidos y China.
En las últimas semanas, DEME activó contactos con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ya que asegura que cuenta con socios y financiamiento norteamericano para los trabajos necesarios en el dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía.
Sin embargo, la dragadora Great Lakes Dredge & Dock y el grupo financiero Clear Street, que serían los socios de DEME, no aparecieron mencionados en el “sobre 1” de la licitación, que contiene la presentación y los antecedentes de los oferentes; en cambio, Clear Street aparecería en el “sobre 3”, como garantía de la propuesta económica.
Frente a eso, en el Gobierno ratificaron mediante la resolución 21 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada este martes en el Boletín Oficial, que los únicos oferentes son DEME y el consorcio Jan de Nul – Servimagnus, del empresario argentino Alfredo Román, conocido por su reinado en el negocio de las grúas.
Así, al menos en lo formal no aparecen las empresas estadounidenses, que dicen contar con financiamiento del Banco Mundial y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC).
De la misma forma, las empresas norteamericanas que garantizan su respaldo y sociedad con DEME indicaron que Servimagnus esconde a subcontratistas chinas, algo que está prohibido por el pliego.
En respuesta, Jan de Nul negó la acusación y señaló que, si bien Servimagnus trabajó hasta 2020 con empresas chinas, ahora su propuesta es trabajar exclusivamente con dragas propias.
En la licitación se excluyó expresamente la participación de empresas controladas por un Estado, una forma de evitar que entrara China, como un nuevo gesto de alineamiento de la Argentina de Javier Milei a los Estados Unidos gobernados por Donald Trump, que mira atento para conservar el control estratégico de la navegación en manos occidentales.
La licitación contaba con un tercer competidor, la brasilera DTA Engenharia, que fue descalificada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por no presentar las garantías. Desde San Pablo, la empresa se presentó con múltiples dudas, para exhibir un supuesto favoritismo oficial hacia Jan de Nul.
DTA denunció “restricciones a la competencia derivadas de exigencias técnicas y operativas desproporcionadas, un esquema de evaluación que favorece a operadores previamente posicionados y debilidad en la competencia de precios, con impacto directo sobre la razonabilidad tarifaria y los costos logísticos”.
El proceso contó con un amplio respaldo de los exportadores y los gobernadores, que habían cuestionado la licitación anterior por la “falta de diálogo” previa. En aquel entonces, en medio de denuncias políticas, el concurso fracasó con un solo oferente, que fue DEME, y el Gobierno lo declaró desierto en febrero del año pasado.
En cambio, la Nación encaró desde mediados del 2025 conversaciones con todos los actores. El ex presidente Mauricio Macri, a quien vinculaban con Boskalis por su cercanía con la reina neerlandesa Máxima Zorreguieta, no activó contactos esta vez, pero en el equipo del PRO advirtieron que con las tarifas mínimas requeridas, el sobrecosto para la economía argentina se elevará en US$ 5.000 millones, traducidos a pérdida de competitividad.
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