El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a petición de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, citó a prestar declaración indagatoria a 29 personas implicadas en la causa que investiga supuestas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los convocados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo.
El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La nómina incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encontraban procesadas, entre ellas Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías Miguel Ángel Calvete.
El juez Ariel Lijo, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre la naturaleza del entramado delictivo: “La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”. Según la investigación, el mecanismo implicó salidas de fondos por más de $75.000 millones, que habrían terminado en los bolsillos de un reducido grupo empresarial, publicó Ámbito.
Ante ese escenario, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para los imputados y las empresas vinculadas. El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de evitar el desprendimiento de activos que pudieron haber sido “instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos”, y que resultan indispensables para que el Estado pueda recuperar los recursos presuntamente malversados.
La causa procura desarticular una estructura que involucra a más de 20 empresarios. Cabe recordar que Spagnuolo ya fue indagado anteriormente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, en el marco de una red que, según la investigación, desvió recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.
Las compras irregulares y el impacto en el sistema de salud
Los hechos investigados revisten especial gravedad por el tipo de insumos comprometidos: dispositivos médicos de alto costo como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Esos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con cobertura médica específica. Según la pesquisa, el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes a determinados proveedores.
La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue empleado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población beneficiaria de estas políticas.
Otras acusaciones en ANDIS
El esquema incluiría prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación. También se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la fijación de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal.
Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones ajenas a los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública.
Al momento, la causa registra 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales a los que se solicitó el llamado a indagatoria.
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