Una abogada, un comerciante y un peón rural están acusados de estafa procesal y usurpación de un campo en María Grande Segunda. Se investiga una maniobra para promover un juicio de usucapión utilizando a personas humildes como supuestos poseedores, para luego ceder la tierra a quienes se arrogan ser sus dueños. La denuncia la presentaron los herederos y el expediente está próximo a ser remitido a juicio oral, aunque el proceso sufrió múltiples dilaciones.
Es la historia de un despojo en el campo entrerriano: un predio de 142 hectáreas en María Grande Segunda que pertenece a una misma familia desde 1949. La titular actual es Recia Sklarovsky, una mujer de 84 años nacida y criada en esa tierra. Junto a sus hijos, Mario y Julio Kancepolsky, enfrentan lo que la Fiscalía y la querella describen como una “ingeniería delictiva” ideada para apropiarse de bienes ajenos. Según la investigación, se trata de los ya conocidos juicios de usucapión en los que aparecen personas sin recursos como supuestos ocupantes de campos que luego ceden esos derechos a terceros interesados.
El conflicto comenzó en agosto de 2021. Los responsables del campo son los hijos de Recia, Mario y Julio Kancepolsky, que residen en Mendoza; en la zona quedó una cuidadora. Un día ella llegó y halló los candados cambiados y carteles de “Propiedad Privada”. Allí estaba Carlos Alberto Romero, quien dijo haber sido enviado por un abogado de Paraná porque, según él, el campo no tenía dueños. La policía intervino y Romero se retiró.
No fue el único intento. En abril de 2022, un vecino del campo lindero, Ubaldo Cáceres, intentó ingresar: abrió tranqueras, introdujo animales y pretendió inscribir el predio a su nombre. La Justicia debió actuar nuevamente y Cáceres se fue reconociendo que no era propietario.
Mientras se investigaban esos episodios, se tejía un plan más complejo. En mayo de 2022, Romero —el mismo hombre que había ingresado primero— presentó una demanda ante la jueza civil Sofía María Gracia Keller para adjudicarse las 142 hectáreas, alegando que vivía en el lugar desde 1997. Sin embargo, acompañó su pretensión con documentos con errores evidentes y con nombres de personas que nunca trabajaron en ese campo.
Romero no habría actuado en solitario. Según la Fiscalía, fue la cara visible de otros dos acusados: la abogada Agostina Tropini y el comerciante Germán Trevia. Entre julio y septiembre de 2022, ambos ingresaron al predio de manera encubierta: introdujeron vacas, repararon alambrados y pusieron a sus propios empleados a custodiar el lugar.
Para dar apariencia de legalidad hicieron una jugada insólita: firmaron un contrato por el cual Romero (el empleado) les cedía o vendía sus supuestos derechos sobre el campo a sus patrones (Tropini y Trevia). “Los jefes le compraron a su empleado un derecho que sabían que era falso.”
La Fiscalía y la querella subrayan que, como abogada, Tropini tenía la capacitación suficiente para advertir que la propiedad tenía dueños legítimos. Ignoraron señales claras: ya existían denuncias en la policía, el nombre de la titular figuraba en los registros sanitarios (SENASA) y hasta en las facturas de impuestos de ATER constaban trámites por usurpación.
El fiscal Erik Zenklusen y los querellantes Miguel Cullen y Patricio Cozzi solicitaron la elevación a juicio. Romero, defendido por Boris Cohen, afronta cargos por estafa procesal por intentar engañar a una jueza. Tropini y Trevia, representados por Héctor Toloy, están acusados de usurpación. Los fiscales piden penas de hasta dos años y seis meses de prisión.
Este jueves se realizará una audiencia en la que Romero solicitará la probation. Su defensor pondrá el énfasis en su condición de hombre de campo, con escasa instrucción y apenas alfabetizado, y en que habría sido utilizado por una abogada que figura citada como testigo, Verónica Valdez, en aquel juicio de usucapión. Incluso la Fiscalía y la OGA encuentran dificultades para comunicarse con él porque vive en el medio del monte.
A estas alturas, podría suponerse que el campo ya habría regresado a manos de quienes figuran en los registros públicos. Pero no fue así: aún no pudieron recuperarlo, pese a que Recia Sklarovsky y sus hijos mantienen los impuestos de ATER al día y todo está registrado a su nombre. El juez de Garantías Julián Vergara sostuvo que la devolución debería resolverse luego del juicio, cuando una sentencia determine la titularidad. La querella apeló y el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, confirmó la resolución de Vergara e instó a acelerar la remisión de la causa a juicio.
Trevia y Tropini enfrentan además otros frentes judiciales y administrativos, por ejemplo, denuncias en Vialidad.
Es un caso que pone en evidencia cómo, a veces, la ley puede ser utilizada para disfrazar un despojo, y que empeora cuando intervienen varios profesionales en maniobras que conocen como ilícitas, aunque no siempre deban rendir cuentas ante la Justicia.
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