En una resolución de fuerte impacto jurídico, la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) rechazó este lunes el acceso a la vía extraordinaria federal pedido por la defensa de Juan José Canosa, imputado por enriquecimiento ilícito.
El fallo, suscripto por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawak y Daniel Omar Carubia, confirma la continuidad del proceso penal y frena, al menos por ahora, cualquier intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa centró su planteo en una supuesta vulneración del derecho constitucional a ser juzgado en un “plazo razonable”. Los abogados de Canosa sostuvieron que la causa arrastra una demora cercana a una década —desde su salida del directorio de Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer)— y denunciaron una presunta inacción del Ministerio Público Fiscal que, dijeron, habría “jugado” con los tiempos procesales. Invocaron, además, precedentes de la Corte Suprema y tratados internacionales para afirmar que la sola demora constituye una lesión a las garantías judiciales.
El tribunal provincial desestimó esa argumentación. En el voto que abrió el acuerdo, Miguel Ángel Giorgio consideró que el recurso extraordinario federal es “palmariamente inadmisible” porque carece de un requisito esencial: no se dirige contra una sentencia definitiva ni contra algo equiparable a tal. En términos técnicos, explicó que la negativa al sobreseimiento —el eje del reclamo defensivo— no pone fin al proceso ni provoca un perjuicio irreparable; por el contrario, permite la continuación del procedimiento hacia etapas en las que la cuestión podrá volver a discutirse.
La resolución también cuestiona el andamiaje constitucional planteado por la defensa. Para los jueces, la apelación no configura una verdadera “cuestión federal”, sino que refleja, en esencia, una discrepancia con interpretaciones de derecho procesal local. “Bajo la ampulosa cosmética de agravios al debido proceso, en verdad no se logra fundamentar ninguna articulación constitucional suficiente”, expresa el voto principal, resumido en esa frase.
Los votos de Mizawak y Carubia
Claudia Mónica Mizawak coincidió en rechazar la apertura de la vía federal, aunque introdujo un matiz: admitió que la resolución impugnada podría, en determinados supuestos, asimilarse a una sentencia definitiva. No obstante, sostuvo que la defensa se limitó a reiterar argumentos ya planteados sin aportar una fundamentación nueva que habilite la intervención de la Corte Suprema. Daniel Omar Carubia adhirió sin reservas a esa posición.
El dictamen del Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, había anticipado este desenlace. En su intervención, no sólo cuestionó la admisibilidad del recurso, sino que atribuyó a la defensa un “afán dilatorio” frente a un cuadro probatorio que —según indicó— anticipa una eventual condena. García también subrayó la complejidad de la investigación y la multiplicidad de medidas probatorias desplegadas, factores que, a su juicio, explican la extensión temporal del proceso.
Con esta decisión, el STJER reafirma una línea jurisprudencial estricta respecto del acceso al recurso extraordinario federal: se trata de una vía excepcional, limitada a cuestiones constitucionales de entidad y excluida de revisiones sobre derecho común o procesal. En consecuencia, la causa seguirá su curso en la justicia entrerriana, mientras la defensa analiza nuevas estrategias en un expediente que, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos en los tribunales.
La sentencia del STJER
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