Entre 2004 y el 17 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia dictó un total de 1.907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El máximo tribunal tuvo un papel decisivo en la recuperación de la memoria y en la búsqueda de justicia por los delitos cometidos durante la dictadura cívico‑militar (1976‑1983). Entre sus fallos más relevantes figura el caso “Simón”, del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521). Esa decisión habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos tras el golpe del 24 de marzo de 1976, cuyo 50° aniversario se cumple el martes 24 de marzo de 2026.
Previamente, en 2004 la Corte había sentado doctrina con el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.
Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial —y consignado por la Agencia Noticias Argentinas—, el total de 1.907 fallos corresponde al período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa que, desde la reapertura de los juicios en 2006, se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.
En 2025 la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, quienes en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.
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