El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó ayer a seis de los diez imputados que llegaron a juicio por su responsabilidad en la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro identificado como Yectafer. Ese medicamento, distribuido entre 2003 y 2004, provocó al menos tres muertes y causó daños en la salud de otras 29 personas. Además, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por un total de 1.030 millones de pesos por el daño moral y material causado. Entre las víctimas figura Luciana Gímenez, una joven entrerriana de 26 años que cursaba un embarazo de 22 semanas y murió junto a su bebé en noviembre de 2004 tras recibir el medicamento adulterado.
En el debate intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante esos tribunales, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Denise Belieres, con el equipo conformado por Clara Acevedo Freixas, Federico Donth Leger y Guillermo Mengarelli. En su alegato, los representantes del MPF habían pedido penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve de los acusados.
El juicio, iniciado en noviembre de 2023, se llevó adelante ante el TOCF N°3 integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. El próximo 19 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Las penas más altas, de 8 y 7 años de prisión respectivamente, recayeron en Pablo Jorge Cernadas y en Daniel Rabinovich. Cernadas —ex director de compras— y Rabinovich —uno de los dueños de la droguería Quimbel que comercializó el producto— fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, y en concurso material con el delito de asociación ilícita en calidad de miembros.
El diseñador gráfico Miguel Cervera, dueño de la empresa Ampopack que proveyó las ampollas para el medicamento adulterado, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas.
Al empresario Alberto Mario Akawie (quien cobró cheques en la maniobra), al comerciante Adrián Quintela y al repartidor Víctor Scattolini (ambos aportaron facturas truchas), el tribunal les impuso penas de 4 años de prisión como miembros de una asociación ilícita.
Por otra parte, el empresario Santiago Lucio Gavazza fue absuelto por no mediar acusación fiscal en su contra durante el juicio. Asimismo, el empresario Roberto Gegenschatz (el otro dueño de la droguería Quimbel), el chofer Diego Hernán Manzotti y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale fueron absueltos por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas agravada por muerte y por asociación ilícita.
El tribunal también absolvió a Cervera del delito de asociación ilícita y a Akawie, Quintela y Scattolini del delito de comercialización de medicamentos disimulando su carácter nocivo agravado por muerte.
En otra causa conexa (N°5924/2007) que investigaba la adquisición del medicamento Tobi en la droguería Quimbel —proveniente del mercado ilegal tras una estafa con cheques falsos— la acción penal por encubrimiento agravado fue declarada extinguida por prescripción. En consecuencia, Akawie, Cernadas, Gegenschatz, Quintela, Rabinovich y Scattolini fueron absueltos por ese delito.
El tribunal fijó las indemnizaciones para las víctimas por un monto global de 1.030 millones de pesos: destinó 450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que estaba cursando un embarazo, 300 millones para los familiares de otra víctima fatal y montos de entre 10 y 20 millones para las personas que sufrieron lesiones, más los intereses que se calculen desde la fecha de la sentencia.
El caso
Durante su alegato del 19 de agosto pasado, la fiscalía sostuvo que quedó probada la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Según se expuso, se falsificó e imitó el producto original —cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio Astrazeneca— para disimular sus propiedades nocivas.
Los peritajes, explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, determinaron que el producto adulterado contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, además de presentar diferencias en el pH y la densidad respecto del medicamento original.
Si bien al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había pedido llevar a juicio la causa por la muerte de cinco personas y daños en 33 víctimas, el fiscal Osorio atribuyó finalmente a los imputados la responsabilidad por cuatro muertes y por las lesiones sufridas por otras 29 personas. El TOCF condenó por tres homicidios culposos: los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35). “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, afirmó Osorio durante su exposición.
En relación con Luciana Giménez, el representante del MPF recordó que la entrerriana cursaba un embarazo de 22 semanas, fue sometida a una cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004, que su hijo nació sin vida y que ella falleció a los pocos días. En el fallo reciente, la justicia fijó una indemnización de 450 millones de pesos para sus familiares.
“Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, declaró el fiscal. Y resumió así la dimensión del caso: “Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal”.
Osorio también enfatizó que el accionar de los imputados provocó un “gravísimo daño a la salud pública” y subrayó que la maniobra vinculada a Yectafer “no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal”.
La investigación, según consignó el sitio Fiscales, incluyó además a otros cinco acusados que no llegaron a juicio por haber fallecido durante el proceso. Entre ellos estaban Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, a quienes la fiscalía sindicó como jefe y organizador de la asociación ilícita que habría montado el laboratorio clandestino donde se fabricó el medicamento adulterado.
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