En La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, más de doscientos trabajadores volvieron a la obra en 2026. La represa estaba paralizada desde diciembre de 2023 y se reactivó en enero, cuando un consorcio de bancos chinos giró 150 millones de dólares. Es una obra del Estado argentino, sostenida por el capital estatal de otro país.
Nueve meses después, el 27 de octubre, el oficialismo firmó en Diputados el dictamen de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su nuevo artículo 111 le da a un Consejo de Seguridad Nacional la facultad de revisar y frenar inversiones de Estados extranjeros, o de empresas que controlen, en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. Si una de esas empresas obtiene una concesión sin aval previo, el acto es nulo. Si toma el control de una compañía sin autorización, el presidente puede ordenar la desinversión por decreto.
Una mesa del Ejecutivo
Las represas quedan a salvo porque la ley excluye las inversiones anteriores. Lo que cambia es el futuro. Toda nueva inversión de una empresa estatal extranjera en esos sectores tendrá que pasar por un consejo que preside el presidente, integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica. El dictamen sumó una comisión bicameral, que recibirá la información después de cada decisión.
En una mesa de ocho sillas, todas del Poder Ejecutivo, se decidirá qué capital puede entrar a la energía argentina y cuál es una amenaza.
El proyecto fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y cambió en el camino. Las modificaciones llegaron después de que Washington transmitiera su preocupación por el impacto de las sanciones sobre empresas estadounidenses vinculadas a Malvinas. El 23 de octubre, el vicesecretario de Estado Christopher Landau se reunió con Milei en la Casa Rosada. El dictamen excluyó de las sanciones a los accionistas de hasta el 2% y a los fondos de inversión sin poder de decisión, y bajó la pena mínima para los proveedores.
La ley quedó con dos velocidades. Para las empresas con capital estadounidense que operan en Malvinas, el texto se ablandó a pedido de Washington. Para el capital estatal que llega de otros países, se endureció con un filtro que el Ejecutivo ni siquiera había enviado: el título de inversiones apareció recién en el dictamen.
Tres textos, una cláusula
El filtro tiene antecedentes. El pliego de la Hidrovía, aprobado por la Resolución 67/2025, prohíbe competir a las empresas controladas directa o indirectamente por Estados o agencias estatales, y también a las que figuran en las listas de la OFAC, la oficina de sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Ese artículo dejó afuera a la dragadora estatal china CCCC. La reforma del régimen de tierras rurales en debate en el Senado repite el criterio: impide que Estados extranjeros o empresas bajo su control accedan a campos.
La soberanía sobre el Paraná quedó escrita en un pliego que remite a una lista de Washington.
En la Argentina, los ejemplos más visibles de capital estatal extranjero en infraestructura son chinos: los bancos que financian las represas de Santa Cruz y la dragadora que competía por la Hidrovía. El capital estadounidense llega por empresas privadas, y por definición queda fuera de la revisión. Una ley que se presenta como defensa frente a las potencias extranjeras termina clasificándolas según la forma de su capital.
El Estado se retira de la obra
Mientras levanta ese filtro, el gobierno cierra la otra fuente de financiamiento público. En octubre se conocieron los informes de reestructuración con los que el Ministerio de Economía pidió cancelar o reasignar más de 2.150 millones de dólares en créditos del Banco Mundial y del BID. Estaban destinados al Belgrano Sur, a obras contra inundaciones y a energía limpia para hogares vulnerables. El dinero se reorientó a sostener las metas acordadas con el FMI.
Lo que queda en pie es el capital privado. El mismo artículo que filtra a los Estados extranjeros resguarda los proyectos que pidieron su adhesión al RIGI antes de la ley. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno quedó en manos de TGS, controlada por Pampa Energía y el grupo Sielecki, única oferente de la licitación, que financia la obra y la opera con los beneficios del RIGI. En su última revisión, el FMI pidió avanzar con las concesiones de infraestructura y acelerar el RIGI.
El 3 de noviembre, en una conferencia del Banco Santander en Madrid, su directora gerente, Kristalina Georgieva, puso a la Argentina como ejemplo de disciplina fiscal y, retomando una frase de José Antonio Kast, dijo que hay que “cortarle la cabeza al populismo”. En ese vocabulario, un Estado que planifica su infraestructura con crédito público es populismo. Dos días después del elogio, el jueves 5, el Gobierno debe pagarle al Fondo un vencimiento de unos 800 millones de dólares.
Ese es el diseño completo. El Gobierno le cierra la puerta al capital público por dos vías: renuncia a los créditos de los bancos de desarrollo y pone un filtro político a los Estados extranjeros. La infraestructura pasa a los concesionarios privados. Decide un consejo del Poder Ejecutivo. Gana el operador que cobra tarifa o peaje durante décadas. Pierde el Estado, que deja de planificar qué obras se hacen, dónde y para quién.
La paradoja es que la ley se llama de soberanía, pero su mecanismo central renuncia a la principal herramienta de un país periférico: la capacidad de elegir entre múltiples financiadores para no quedar cautivo de uno solo. Con los créditos de los bancos de desarrollo cancelados y el capital estatal extranjero bajo sospecha, la infraestructura argentina queda frente a un único interlocutor: el inversor privado que pide RIGI, tarifa y plazo.
La ley que disciplina
La ley también disciplina: enseña a provincias, organizaciones y gobiernos con quién pueden asociarse y cuánto cuesta salirse de esa lista. La Constitución les reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Santa Cruz reactivó La Barrancosa después de que su gobernador, Claudio Vidal, encabezara las gestiones en Beijing. Con la nueva ley, toda inversión de una empresa estatal extranjera en el litio, el petróleo o la energía, en cualquier provincia, quedará sujeta a la revisión de un consejo sentado en la Casa Rosada. La ley no nombra a las provincias, y no le hace falta: el filtro alcanza justo los sectores donde están sus recursos.
El disciplinamiento tiene también una pata penal. El artículo 111 original castigaba con hasta 12 años de prisión las campañas de desinformación financiadas desde el exterior. En el dictamen pasó a ser el artículo 129, y la desinformación desapareció del texto: el delito ahora es la campaña de injerencia extranjera, con la misma pena. Si median amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales, la escala sube hasta 15 años.
El artículo excluye expresamente el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima, la expresión pública atribuida a Estados extranjeros y la representación abierta de intereses. Esa lista respondió a las críticas de las organizaciones de prensa. Fuentes del oficialismo admiten que todavía no está claro dónde quedan las ONG.
El alcance más largo es el de la ley misma. Un decreto se deroga con otro decreto; una ley de seguridad nacional, con su consejo, su bicameral y sus delitos, queda para los gobiernos que vengan. Si uno de ellos quisiera volver a financiar represas o gasoductos con capital estatal de otro país, tendría que pasar por esa aduana o conseguir los votos para desarmarla. El alineamiento pasa de política de gobierno a regla del Estado.
La causa Malvinas le dio el nombre a la ley. Su texto se negoció en la Casa Rosada con un vicesecretario de Estado, se ablandó para las empresas que operan en las islas y se endureció para el capital público de otros países. Esa soberanía decide con quién no se puede hacer negocios y deja que otros escriban la lista de con quién sí. Los gasoductos, las represas y los trenes que no se financien con capital público van a esperar a que alguien encuentre en ellos una renta. Esa es la soberanía que el oficialismo quiere votar el 12 de noviembre.
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