La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la condena a prisión perpetua de María Elena Irusta por su participación en el homicidio de la docente Beatriz Fernández, de 62 años, ocurrido el 8 de abril de 2024, en su vivienda de la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero, departamento Nogoyá.
En una primera instancia, en septiembre de 2025, un jurado popular la declaró culpable y responsable de orquestar el crimen. Concretamente, el delito por el que se la sentenció fue el de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautora. Luego, el juez técnico del caso, Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, el aplicó la pena máxima: prisión perpetua.
Fue así que la mujer fue alojada en la Unidad Penal N° 6 de Mujeres, de Paraná. Mientras, recurrió la condena ante la Cámara de Casación Penal de la capital entrerriana, que rechazó su recurso. No conforme, su defensa, a cargo del abogado Augusto Lafferriere, acudió ante la Sala Penal del STJ en busca de la morigeración de la prisión carcelaria. Sin embargo, también recibió una resolución adversa. Según supo ANÁLISIS, la última resolución fue el 22 de octubre, cuando dicha sala del máximo tribunal le denegó la concesión del recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido.
El caso
El crimen de la docente fue cometido por tres personas: Hugo del Luján Bonadeo, cónyuge de la víctima; Gustavo ‘Murdoc’ Quinodoz e Irusta. Sin embargo, sólo los dos primeros reconocieron su participación en un juicio abreviado realizado en agosto ante el juez de juicio de Gualeguay, Dante Tortul. Ambos aceptaron la pena de prisión perpetua. Irusta, en cambio, se sometió a un jurado popular, que la terminó declarando culpable.
En el juicio, “Murdoc” Quinodoz, autor confeso del crimen, relató con detalles cómo fue contactado por Irusta para llevar a cabo la acción. El acusado dejó en claro que lamentaba su involucramiento y, visiblemente afectado, aseguró: “Yo no nací para matar”. “El peor error de mi vida fue quitarle la vida a una persona”, agregó entonces.
Quinodoz también reveló que, aunque le habían ofrecido una importante suma de dinero por su acción, solo recibió una fracción del monto prometido, concretamente 50 mil pesos.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, defendió la tesis de que Irusta había sido la “jefa de la banda” y la principal orquestadora del hecho. Según la fiscal, la motivación detrás de este crimen fue de naturaleza económica, relacionada con las tensiones que existían debido a los compromisos que Bonadeo había asumido con Fernández.
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