La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes, pero reclamó cambios en el programa de facilidades de pago: eliminar el anticipo del 5%, ofrecer al menos 48 cuotas y permitir la incorporación de planes que todavía no hayan caducado.
En diálogo con LA NACION, Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, destacó el alivio que la decisión puede representar para los productores agropecuarios y las economías regionales, donde advirtió sobre un presunto ahogo financiero que dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
“En las distintas economías regionales, cuanto más chico es el productor, más problemas está teniendo y menos margen de maniobra tiene. Por lo tanto, esta decisión del ministro va a ayudar muchísimo a ese sector”, afirmó. Sin embargo, consideró insuficiente el plazo de financiación que describió: “Como mínimo, estamos hablando de 48 cuotas. Dieciocho es patear un poquito el problema para adelante, nada más”.
La entidad recordó que en junio pasado ya le había solicitado a Caputo que se interrumpieran los embargos a las pymes y que no se les aplicaran multas. La CAME expresó su respaldo a las medidas que “preserven el entramado productivo, fortalezcan la competitividad de las pymes y acompañen su desarrollo sostenible”. También valoró la incorporación al plan de facilidades de pago de las obligaciones vencidas al 31 de octubre.
Consultado sobre el alcance entre las cooperativas vinculadas con el agro, el vocero sostuvo que también podrían beneficiarse, siempre que tengan una CUIT activa. Advirtió, no obstante, que hay cooperativas que no cumplen con esa condición por problemas de larga data relacionados con la presentación de balances. “Es muy difícil que una empresa reciba apoyo bancario cuando tiene balances malos”, señaló. Y agregó: “Hoy, lamentablemente, la única fuente de financiamiento que tienen las pymes son los impuestos”.
Para Lourenzo, uno de los principales efectos de la suspensión será evitar que las dificultades tributarias paralicen la operatoria de las empresas agropecuarias. “Lo que anunció el ministro es satisfactorio, porque una de las cosas que estaba trabando hoy el accionar agropecuario, fundamentalmente, es la traba de embargos”, señaló a este medio. Explicó que cuando el producto pierde precio o las ventas quedan por debajo de lo previsto, comienzan los atrasos tanto en el pago de las obligaciones corrientes como en las cuotas de los planes vigentes.
En ese contexto, describió el recurso a los llamados “miniplanes”, que permiten financiar impuestos que vencen todos los meses. “Si hoy no tengo la plata para pagar el IVA, Ganancias o los aportes y contribuciones, me meto en un miniplan”, indicó. El problema, agregó, aparece cuando se acumulan distintos compromisos: “Todos los días 16 se me debita la cuota uno de ocho, la cuota dos de seis… Es decir, todos los meses se me empieza a vencer una cuotita, como si fuera la tarjeta de crédito. Se te van sumando las cuotas”.
De acuerdo con su diagnóstico, esa superposición provocó “un gran ahogo financiero” en determinadas economías regionales y derivó en la caducidad de planes. Detalló que “el incumplimiento de entre dos y tres cuotas, dependiendo de las condiciones de cada uno, puede provocar esa caducidad y convertir el saldo pendiente en deuda exigible”.
En esa línea, Lourenzo describió también el circuito que, según explicó, puede desembocar en un embargo. Una vez que el área de Recaudación deriva la deuda intimada administrativamente a la división jurídica de la agencia correspondiente, los abogados envían una última intimación y, ante la falta de pago, “inician la ejecución fiscal”. En su descripción, ubicó el inicio de esa instancia a los diez días de la intimación y señaló que, aunque se trata de un trámite judicial, ARCA cuenta con facultades para disponer embargos preventivos.
“El agente fiscal emite una orden de embargo a toda la red de bancos e impacta en cada una de las cuentas bancarias que vos tenés”, afirmó. Según explicó, la medida puede afectar los fondos disponibles, bloquear la operatoria y provocar el rechazo de cheques girados contra esas cuentas. “Se genera un bloqueo de la actividad muy difícil de destrabar”, resumió.
Por eso, vinculó el anuncio con la posibilidad de evitar cierres. “Nosotros lo vemos muy bien y va a generar, por lo menos, que no haya cierres de empresas”, dijo. Advirtió que, cuando el embargo se combina con la continuidad de la ejecución fiscal, la situación puede empujar a las firmas a una convocatoria de acreedores o a la quiebra.
“Ese 5% es muchísima plata cuando se te arma una bola de nieve con la deuda. A eso se suma el dinero que necesitás para pagarles los honorarios a los abogados”, dijo. La CAME planteó que mantener ese requisito “requiere un esfuerzo financiero que las pymes no están en condiciones de afrontar”.
Según explicó, cuando una empresa está en mora con ARCA, el banco puede considerar que el préstamo terminará destinado a cancelar obligaciones fiscales en lugar de financiar el proyecto presentado. “La realidad es que el banco quiere que vos estés bien para que, el día de mañana, tenga chances el proyecto por el cual estás pidiendo el crédito”, indicó.
Al analizar por qué el Gobierno recurre a estas medidas, Lourenzo ubicó el origen del problema en “la caída de la actividad, la caída del consumo y la reducción de las ventas”. Aclaró que su diagnóstico corresponde al universo pyme y diferenció su capacidad de maniobra de la de las grandes empresas, que cuentan con otras características de funcionamiento y posibilidades de exportación. “El Gobierno está obligado a hacer este tipo de salvataje porque, si no, la situación económica se le empieza a complicar mucho más. Si hay caída de la actividad, hay poca recaudación. Y, encima, aquellos que te pueden seguir pagando los impuestos no lo van a poder hacer porque los ahogaste financieramente”, sostuvo.
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