La Unidad Fiscal de La Paz dispuso la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Alejandro Miguel Huicy, en el marco de la causa que culminó este año con la condena a prisión perpetua para Norberto Miguel Rosales por el homicidio del exjuez de Bovril, Roberto Curá. A instancias del pedido impulsado por la querella representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende, se lo acusa a Huicy de haber encomendado el traslado de Rosales desde Bovril hacia Paraná para eludir a las autoridades, horas después de haber perpetrado el homicidio del anciano en abril de 2024.
El fiscal Facundo Barbosa decretó formalmente la apertura de la causa contra Huicy este jueves, imputado como autor del delito de encubrimiento agravado.
De acuerdo con esta hipótesis, cerca del mediodía del 23 de abril de 2024, Huicy le requirió a su hijo que trasladara en automóvil a Norberto Miguel Rosales desde Bovril hasta la ciudad de Paraná. Esta maniobra ayudó a Rosales a eludir el accionar de la policía y de la Justicia a pocas horas de haber perpetrado el salvaje homicidio del exjuez de Paz Roberto Curá en su domicilio.
Huicy le alquilaba una habitación con cocina a Rosales, mientras se hospedaba en Bovril. En el juicio, testigos declararon que vieron a hombre, conocido en la localidad, junto a Rosales cuando seguían en un vehículo al matrimonio de Curá y su esposa cuando salían de su vivienda.
Como parte de las medidas dispuestas en esta nueva etapa, la Fiscalía citó a Huicy a designar abogado defensor y convocó a Lisandro Curá y Maximiliano Luque a mantener entrevistas presenciales en la sede fiscal.
El homicidio de Curá, un exmagistrado de 82 años, ocurrió en la madrugada del 23 de abril de 2024 en su vivienda ubicada sobre la calle Eva Perón, en la localidad del Departamento La Paz. Curá fue emboscado alrededor de las 6 de la mañana cuando apagaba las luces del quincho de su propiedad.
Los atacantes ingresaron tras ganar acceso por una ventana y le infligieron salvajes golpes en la cara, el cuerpo y el cráneo. Posteriormente, la víctima fue atada de pies y manos y ocultada en el baño del quincho, donde fue hallada sin vida dos horas más tarde por su esposa. La investigación determinó que los delincuentes buscaban dinero, atraídos por las habituales transacciones bancarias que realizaba el exjuez en las entidades locales.
Culpable y pena máxima
El caso avanzó hasta llegar al juicio oral mediante el sistema de juicio por jurados en la ciudad de La Paz. El 6 de marzo de 2026, un jurado popular declaró culpable de manera unánime a Norberto Miguel Rosales, de 69 años, un delincuente con frondoso prontuario y vinculaciones en el pasado con la banda del “Gordo Valor”.
Pocos días después, el 11 de marzo de 2026, el juez técnico Rafael Cotorruelo le impuso la pena máxima de prisión perpetua por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae”. La pena coincidió con el planteo sostenido desde el inicio por el abogado querellante de la familia de la víctima, Rodríguez Allende, y por el fiscal Barbosa. Entre las evidencias determinantes valoradas durante el debate sobresalieron la declaración de una docente que ubicó a Rosales cerca de la vivienda con un objeto contundente a las 4.20 de la mañana, así como el hallazgo de un papel escondido dentro de un ladrillo en su habitación que contenía anotados el modelo y la patente del vehículo de Curá.
La sombra de un represor y la búsqueda de más partícipes
La condena a Rosales no cerró la investigación. Durante las pericias telefónicas y de criminalística surgieron elementos que reforzaron la sospecha sobre la intervención de más personas.
Por un lado, el informe de la División Homicidios reveló que Rosales utilizó hasta la tarde previa al crimen la línea celular 343-5086268, cuya titularidad pertenecía a Jorge Humberto Appiani, un represor condenado a 20 y 16 años de prisión por delitos de lesa humanidad en las causas Área Paraná I y II.
Por otro lado, las fotografías e inspecciones periciales de la escena del crimen evidenciaron múltiples pisadas de diferente calzado y marcas de barro en los accesos, confirmando la participación activa de al menos dos o más autores materiales. Con la reciente imputación por encubrimiento agravado impulsada a instancias de la querella, la Justicia busca cercar a toda la red de colaboradores y partícipes que facilitaron la ejecución y posterior huida en torno al asesinato del exjuez.
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