El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzará en enero su cuarto mandato con una economía que mostró resultados mejores de lo esperado, pero arrastra desequilibrios fiscales y dificultades estructurales. El crecimiento de la deuda, el crédito caro y las trabas políticas amenazan con condicionar sus decisiones y la continuidad de los programas sociales.
La deuda pública presiona sobre las cuentas del Estado
El endeudamiento de Brasil aumentó más de 10 puntos porcentuales durante la actual gestión de Lula y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). El incremento elevó los costos de financiamiento y responde, en buena medida, al crecimiento sostenido de los gastos obligatorios, que dejan menos del 8% del presupuesto federal disponible para partidas que pueden ajustarse.
El mandatario envió señales contradictorias sobre el rumbo fiscal. En distintas ocasiones desestimó las preocupaciones por la deuda y las calificó de “tonterías”, mientras defendió que una expansión económica más fuerte permitiría resolver el problema.
Su equipo prometió sostener las reglas presupuestarias actuales, que limitan el crecimiento del gasto y fijan objetivos de resultado primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses. También dejó abierta la posibilidad de endurecer esas condiciones.
Sin embargo, cumplir las metas será más complejo por el compromiso de elevar el salario mínimo por encima de la inflación, lo que también aumenta el costo de las jubilaciones. A eso se suman la ampliación de las prestaciones sociales y los nuevos desembolsos que el Gobierno prometió.
Noticia en desarrollo.-
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