La economía no reacciona y el calendario electoral empieza a imponer sus propias urgencias. A un año de las elecciones presidenciales, el Gobierno y los gobernadores encuentran en la construcción una posible herramienta para intentar reanimar la actividad económica y recuperar puestos de trabajo.
La novedad aparece en un momento especialmente delicado. El INDEC informó este miércoles que la actividad económica de agosto apenas avanzó 0,1% respecto de julio, después del desplome del 2,8% registrado el mes anterior.
La conclusión es inquietante: la economía prácticamente no consiguió recuperarse del fuerte retroceso de julio. Y las posibilidades de un repunte significativo antes de fin de año aparecen cada vez más condicionadas.
En ese escenario, la obra pública vuelve a ganar protagonismo, aunque con una diferencia fundamental respecto de otros períodos: Luis Caputo mantiene su decisión de preservar el superávit fiscal y apuesta a que buena parte de las inversiones sean financiadas por las provincias o por empresas privadas.
La estrategia tiene, además, un componente político evidente. Los gobernadores necesitan mostrar resultados antes de las elecciones de 2027. Y la Casa Rosada también necesita que la economía encuentre algún motor adicional al agro, la energía y la minería.
Una oportunidad de casi u$s4.000 millones
Un informe especial de la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, pone números a esa posibilidad.
El estudio revela que las provincias podrían incrementar su inversión en infraestructura en unos u$s3.900 millones durante 2027, simplemente recuperando los niveles habituales de gasto de capital de los años de elecciones presidenciales.
La cifra equivale a 0,55 puntos del PBI y supondría un incremento real del 36% respecto del nivel de inversión provincial de 2025, manteniendo constante el producto.
El punto de partida es especialmente bajo.
Según Eco Go, durante 2025 el gasto de capital de las provincias representó apenas el 1,55% del PBI, después del 1,50% de 2024, el registro más bajo de la serie iniciada en 2005.
Aunque el año pasado hubo una recuperación real del 8,2%, la inversión provincial todavía se encuentra 36% por debajo del máximo alcanzado en 2017.
Una apuesta para levantar la economía
La historia demuestra, además, que la política influye decisivamente sobre estas decisiones.
Desde 2005, las provincias destinaron a inversiones un promedio equivalente al 2,10% del PBI durante los años presidenciales, frente al 1,99% de los años legislativos y el 1,94% de aquellos períodos sin elecciones.
Hay otro dato revelador de la toma de decisiones: en los años impares, el gasto de capital provincial creció en promedio 8,5% real, mientras que en los pares retrocedió 5,1%.
Y cuando se acercan las elecciones, los gobernadores suelen acelerar los desembolsos. Durante los años presidenciales, el 40% de la inversión anual se ejecuta en el primer semestre, contra el 34% habitual de los años sin comicios.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto quieren invertir los gobernadores, sino de dónde saldrán los recursos.
Cuáles son las provincias con fondos para la construcción
El relevamiento de Eco Go permite identificar una fuerte disparidad entre las distintas jurisdicciones.
En agosto, los depósitos provinciales sumaban $19,6 billones. Sin embargo, una vez descontados los fondos que los tesoros ya habían utilizado, la liquidez efectivamente disponible se reducía a $10,4 billones.
Esto equivale a unos u$s6.900 millones, o el 1,06% del PBI.
A primera vista, parece una cifra suficiente para financiar una expansión de la obra pública. Pero el problema es que esos recursos están distribuidos de manera muy desigual.
De acuerdo con la consultora, ocho provincias cuentan con depósitos suficientes para recuperar sus niveles históricos de inversión en años electorales: San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Neuquén y Córdoba.
Otras seis podrían cubrir parcialmente esa diferencia: San Luis, La Rioja, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Río Negro.
En cambio, Formosa, Misiones, Chaco, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego no disponen de recursos suficientes para financiar siquiera la mitad de la brecha.
Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe presentan otra situación: sus niveles actuales de inversión ya superan sus respectivos promedios electorales.
Para Eco Go, la clave estará en el financiamiento. Aunque la deuda provincial representa apenas el 3,3% del PBI, la posibilidad de acelerar las obras dependerá principalmente del acceso al crédito y no tanto de los fondos disponibles.
Caputo apuesta a las rutas y al financiamiento privado
Mientras los gobernadores analizan sus posibilidades presupuestarias, el ministro de Economía intenta mostrar avances mediante un mecanismo diferente: las concesiones viales.
Esta semana, Caputo destacó la recuperación de distintos corredores nacionales mediante el esquema de gestión privada.
Entre los trabajos anunciados aparecen 546,65 kilómetros correspondientes al denominado Tramo Pampa, sobre las rutas nacionales 5 y 35, entre Luján y Santa Rosa.
También se informaron intervenciones sobre más de 360 kilómetros de las rutas 12 y 14, correspondientes al corredor del Mercosur, y otros 59 kilómetros sobre la ruta 174 y la conexión Rosario-Victoria.
Las tareas comprenden reparaciones de calzada, bacheo, sellado de fisuras y mejoras de seguridad vial. En el caso del Tramo Pampa, las obras iniciales se completaron en aproximadamente tres meses, antes del plazo contractual de un año.
Para el Gobierno, se trata de una alternativa que permite impulsar inversiones en infraestructura sin regresar al modelo tradicional de financiamiento de la obra pública con recursos del Tesoro.
El impacto sobre el empleo y la actividad dependerá del volumen efectivo de obras, los desembolsos y la velocidad con que se ejecuten los nuevos proyectos.
La construcción, uno de los sectores más golpeados
La apuesta por la infraestructura también tiene una explicación económica.
La construcción es una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo. Y es precisamente uno de los rubros más castigados por el estancamiento.
El propio informe de Eco Go revela que la construcción perdió unos 63.400 puestos de trabajo asalariado registrado entre noviembre de 2023 y julio de 2026.
Solamente la industria manufacturera, con una reducción de aproximadamente 90.900 empleos, sufrió un deterioro mayor.
En conjunto, el empleo asalariado privado formal perdió 264.000 puestos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.
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