La “malvinización” del gobierno de Javier Milei y las declaraciones de jefes militares argentinos sobre una eventual presencia “militar conjunta” en el estrecho de Magallanes, de soberanía chilena, dispararon la presión de la Cámara de Diputados del vecino país sobre el presidente José Antonio Kast: la semana pasada se aprobaron siete resoluciones legislativas -una de la bancada oficialista Comité Republicano-, exigiendo más firmeza diplomática con Argentina, el reequipamiento de la Fuerza Aérea y una política más activa para defender la ruta marítima que uniría Punta Arenas, a través del mencionado canal, con las Malvinas.
Se trata de la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, proyectada para noviembre próximo para abastecer de mercaderías a los habitantes de las Islas y restablecer una ruta comercial con Puerto Argentino. La firma naviera habría decidido atravesar el Estrecho de Magallanes y no el Mar de Drake, más al sur.
Es en este contexto en el que grupos parlamentarios de la Cámara baja de Chile emplazaron al mandatario trasandino a disponer distintas medidas para garantizar la soberanía de ese país sobre la región austral, con el reemplazo de aviones de la Fuerza Aérea y el cumplimiento de los tratados internacionales con Argentina respecto a la soberanía sobre el canal descubierto por el navegante portugués, en 1520.
También le piden a Kast que reclame a Milei la derogación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que aprobó la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional de la Argentina y en un anexo considera al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces (Paso Drake) como “espacios compartidos” para la exploración, el estudio y el “control conjunto” con el país trasandino.
El proyecto aprobado de Comité Republicano, en tanto, reafirma “la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el tránsito marítimo y el comercio internacional, destacando que su régimen de libre navegación se ejerce en conformidad con los tratados vigentes y bajo la plena y exclusiva soberanía de la República de Chile”. Otra iniciativa, en tanto, considera que el vecino país tiene la potestad de garantizar el comercio de cualquier empresa que pretenda utilizar dicho canal.
La reacción nacionalista en el vecino país generó críticas a Kast, que analiza realizar una reunión de gabinete a Punta Arenas en enero próximo junto a un desfile militar.
Un funcionario de la administración libertaria, en tanto, consideró que siempre hay “grupos políticos interesados en confrontar con Argentina” y no descartó que “esta presión sea el fruto del lobby de los sectores interesados en reequipar las FFAA de ese país”.Y recordó que en septiembre pasado, tras una reunión de Kast con Milei en Santiago de Chile, ambos países emitieron sendos comunicados en el que dieron por terminada la controversia por Magallanes.
Por su parte, el diputado Guillermo Michel (UP), presentó un proyecto de ley para disponer sanciones económicas a empresas chilenas que operan en el país si finalmente se abre la ruta marítima entre Punta Arenas y las Malvinas.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, expresó el diputado entrerriano. Y propuso dar de baja “los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina”.
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