El plan del Gobierno nacional para transferir activos estatales al sector privado ingresó en una etapa de definiciones. El diseño trazado por el Ministerio de Economía apunta a captar un ingreso global proyectado de USD 2.300 millones entre concesiones y ventas definitivas de empresas públicas durante el período 2026-2027.
La hoja de ruta contempla un flujo inicial de USD 800 millones en una primera etapa, mientras que los restantes USD 1.500 millones se esperan recaudar durante el año próximo, con el propósito de dotar de liquidez a las reservas del Banco Central frente a los compromisos de deuda externa y consolidar el alivio sobre el gasto corriente.
El proceso de mayor avance en esta estrategia es la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que marca el primer gran desprendimiento de la gestión libertaria.
El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX presentó la propuesta más alta para quedarse con el 90% de las acciones estatales al ofrecer USD 340,2 millones, superando los USD 285 millones propuestos por el grupo Roggio.
La operación incluye una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga, y exige un plan de inversiones superior a los USD 2.000 millones destinado a ampliar y mejorar la red de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El avance sobre la red ferroviaria y las rutas nacionales
Con el sector logístico como prioridad, el Poder Ejecutivo prepara la apertura de ofertas para la concesión de las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, pautada para el 11 de noviembre de 2026.
La licitación abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y propone un contrato a 50 años que dividirá los negocios vinculados con la infraestructura vial, los talleres y el material rodante.
El proyecto despertó el interés del Grupo México Transportes, un consorcio de empresas cerealeras y el grupo Roggio, actores clave para una red fundamental que busca abaratar los costos logísticos del sector agroindustrial, la minería de litio y el desarrollo energético en Vaca Muerta.
En materia de infraestructura de transporte, la Casa Rosada también aceleró el traspaso de la red vial nacional mediante el sistema de concesiones por peaje. El programa comprende más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 tramos, bajo contratos de 20 años que eliminan por completo los subsidios del Tesoro.
Las empresas operadoras asumen el mantenimiento y las inversiones requeridas, financiando sus actividades con la recaudación directa y beneficios impositivos. Este modelo de gestión privada se replica en la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión fue adjudicada recientemente al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus por un plazo de 25 años.
La licitación de obras de transmisión y las represas hidroeléctricas
El área energética representa el tercer pilar del esquema privatizador oficial. El 14 de diciembre de 2026 se abrirán las ofertas para el proyecto AMBA I, una obra estratégica diseñada para reforzar la red de transmisión de alta tensión en Buenos Aires.
La iniciativa demandará una inversión estimada en USD 1.100 millones y no generará ingresos directos para las arcas públicas, ya que el consorcio ganador será aquel que proponga la tarifa más baja para los usuarios. Empresas como Transener y Central Puerto se perfilan entre los principales interesados para adjudicarse el desarrollo de esta infraestructura.
En paralelo, el Gobierno debe resolver el futuro de diversas concesiones hidroeléctricas cuyos contratos vencen el 15 de diciembre, como el complejo Los Nihuiles en Mendoza, Futaleufú en Chubut y dos centrales en Santiago del Estero.
Estas inminentes licitaciones se suman a los USD 700 millones que el Estado ya obtuvo por la concesión de los complejos del Comahue. Asimismo, el Ejecutivo habilitó la venta de las participaciones accionarias de Energía Argentina en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, y proyecta licitar el 44% del capital de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales atómicas Atucha I, Atucha II y Embalse, manteniendo el 51% bajo control estatal.
Los obstáculos en el sector aerocomercial y las empresas estratégicas
A pesar de los avances en servicios básicos y energía, el programa gubernamental enfrenta importantes demoras en otras áreas del organigrama estatal. El intento de privatizar Intercargo, la compañía que presta servicios de rampa en los aeropuertos, sufrió un duro revés cuando el Ministerio de Economía declaró desierta la licitación en el mes de julio.
El procedimiento había fijado un precio base de USD 45,1 millones por la totalidad de las acciones, pero no logró atraer compradores que cumplieran con las condiciones, lo que derivó en denuncias de vaciamiento por parte del gremio aeronáutico y obligó a las autoridades a rediseñar la estrategia para intentar transferir las operaciones de cada aeropuerto por separado.
Las dificultades también se extienden a empresas consideradas de alta sensibilidad política y estratégica. La privatización de Aerolíneas Argentinas quedó bloqueada tras el rechazo del Congreso durante el debate legislativo de la Ley Bases, limitando fuertemente las aspiraciones del Ejecutivo en el mercado aerocomercial.
En el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la normativa vigente exige que el Estado conserve al menos el 51% del capital, condicionando el atractivo para los inversores privados. Finalmente, la conducción económica confirmó que no existen planes en agenda para avanzar con una eventual privatización de YPF, marcando un límite explícito en la política de desprendimiento de activos nacionales.
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