La investigación judicial por el uso de un vehículo oficial de la Municipalidad de Colón durante un viaje familiar a Brasil avanzó con la citación a prestar declaración de imputado del intendente José Luis Walser, su esposa, Gimena Paola Bordet (que también es su secretaria privada), y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Colón en el marco del Legajo Nº 204/2026 y las declaraciones fueron fijadas para el 15 de octubre de 2026.
La causa busca determinar las circunstancias en las que se habría utilizado una camioneta Mitsubishi Dakar, propiedad del Municipio, para trasladarse a la República Federativa del Brasil el 9 de diciembre de 2025. En ese viaje -en el que habrían participado el intendente, su esposa y sus hijos- el vehículo protagonizó un siniestro vial en el Estado de Rio Grande do Sul.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la investigación está vinculada con la posible comisión del delito de peculado. En el caso de Bravo, la citación también comprende las sospechas de encubrimiento y omisión de denuncia, en relación con su actuación como funcionario municipal al momento de los hechos.
La convocatoria constituye un nuevo paso en una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se inició a partir de una denuncia presentada por concejales de Colón.
El origen de la investigación
El caso tomó estado público a partir del siniestro vial ocurrido en Brasil el 9 de diciembre de 2025. El vuelco, en el que estuvo involucrado el intendente, tuvo consecuencias graves para su esposa, quien permaneció en estado crítico antes de lograr recuperarse.
A mediados de enero de 2026, los concejales peronistas Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi, integrantes del bloque 17 de Octubre, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos. En la presentación solicitaron que se investigara el presunto uso de bienes públicos con fines particulares, además de posibles responsabilidades de funcionarios municipales.
Según sostuvieron los denunciantes, el vehículo oficial habría sido utilizado para un desplazamiento de carácter privado y vacacional, lo que supondría una desviación de su finalidad legal. También plantearon que los daños ocasionados por el accidente podrían representar un perjuicio económico para las arcas municipales, cuyo alcance debía determinarse y, eventualmente, resarcirse.
Los concejales fundamentaron la presentación en sus atribuciones de control sobre el patrimonio público y señalaron que los bienes municipales deben destinarse al cumplimiento de funciones estatales, no a la satisfacción de intereses particulares.
Las primeras medidas de la Fiscalía
El 21 de febrero pasado, ANÁLISIS informó sobre las primeras medidas judiciales vinculadas con el expediente. En aquella oportunidad, la Fiscalía comunicó la apertura de la causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria, a partir de la denuncia de los concejales.
Las actuaciones habían sido remitidas desde la Subunidad Anticorrupción de la Fiscalía de Paraná, donde se había radicado inicialmente la presentación. Según informó entonces el Ministerio Público Fiscal, el 9 de febrero se dispuso el inicio de la investigación y se ordenaron distintas medidas para reunir elementos probatorios.
Entre ellas se incluyeron requerimientos de documentación administrativa, informes a organismos nacionales, provinciales e internacionales, antecedentes registrales del vehículo involucrado y constancias relacionadas con el siniestro vial ocurrido en territorio brasileño.
La pesquisa también abarca la posible intervención de funcionarios en eventuales maniobras de encubrimiento. En ese contexto se encuentra la situación de Mariano Bravo, cuya declaración fue dispuesta en calidad de imputado por las sospechas de encubrimiento y omisión de denuncia.
La explicación del intendente
Frente a los cuestionamientos por el uso de la camioneta municipal, Walser había sostenido que el viaje tenía un propósito laboral: asistir a un acto oficial al que había sido invitado. Según su explicación, aprovechó el desplazamiento para vacacionar junto con su familia en la ciudad brasileña de Torres.
Esa versión deberá considerarse en el marco de las actuaciones judiciales, junto con la documentación reunida y los demás elementos que incorpore la Fiscalía.
La citación del 15 de octubre representa una instancia relevante para el avance del expediente, en el que deberá establecerse si el vehículo municipal fue utilizado conforme a su destino oficial o si existió un uso irregular que pueda encuadrarse en las figuras penales investigadas.
Por ahora, la causa permanece en etapa de investigación. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al proceso y de las decisiones que adopte la Justicia.
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