Argentina se sumó a una declaración de 15 países que cuestionó la sobrecapacidad industrial y la producción excesiva en distintos sectores manufactureros. El documento, acordado durante una reunión del G20 en Milwaukee, advirtió sobre los efectos de una oferta que supera de manera persistente la demanda mundial y vinculó el fenómeno con políticas e intervenciones estatales.
El pronunciamiento reunió a representantes de Comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
Aunque el texto no mencionó a China, su descripción de modelos productivos sostenidos con respaldo estatal y capacidad excedente que llega a los mercados internacionales coincide con una de las principales críticas que los países occidentales formulan sobre la política industrial china.
Según la declaración, esas prácticas pueden alterar los precios y los patrones de producción, desalentar inversiones y afectar las exportaciones que compiten bajo condiciones de mercado.
Autos eléctricos, baterías y paneles solares, bajo la lupa
Los países firmantes expresaron preocupación por la capacidad instalada actual o proyectada en vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
El documento advirtió que la falta de respuestas puede paralizar industrias nacionales, desplazar producción local, destruir puestos de trabajo y debilitar las economías.
Los ministros también alertaron que una concentración excesiva de la producción en un solo país puede aumentar la dependencia de sus socios comerciales y generar vulnerabilidad frente a posibles medidas de coerción económica o restricciones a las exportaciones.
En ese sentido, los firmantes reclamaron el fin de las políticas y prácticas que, según su evaluación, contribuyen a generar sobrecapacidad fuera de las condiciones de mercado.
El G20 prepara nuevas medidas contra la sobrecapacidad
Los países acordaron crear plataformas de trabajo sectoriales para analizar el problema y definir posibles respuestas en las cinco industrias identificadas como prioritarias.
Funcionarios de alto nivel ya comenzaron las conversaciones al margen del Comité de Comercio de la OCDE. Antes de diciembre de 2026, los equipos técnicos deberán establecer los términos de referencia, intercambiar información y datos no confidenciales sobre la sobrecapacidad y sus efectos, e identificar los principales vacíos de información.
El objetivo consiste en evaluar “acciones eficaces y, cuando sea posible, complementarias” para reducir el impacto de estas prácticas sobre el comercio y el empleo.
El debate recupera una discusión que el G20 inició en 2016, cuando sus líderes advirtieron que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían distorsionar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial. Diez años después, los ministros sostienen que el problema se extendió hacia industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.
Argentina también firmó una declaración contra el trabajo forzoso
Durante la misma reunión, Argentina, Estados Unidos y México suscribieron otra declaración para impulsar el retiro de bienes producidos con trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro.
Los tres países señalaron que esa práctica vulnera derechos humanos y genera una distorsión comercial porque permite obtener ventajas de costos frente a empresas que respetan las normas laborales.
La declaración citó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) según la cual 28 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en 2021. Esa cifra representó un incremento cercano al 10% respecto de cinco años antes.
Los gobiernos advirtieron que los productos elaborados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una “ventaja artificial de precios”, alterar la competencia y debilitar las políticas de protección laboral.
Argentina, Estados Unidos y México reclamaron además mayores controles nacionales y cooperación internacional para impedir la importación y comercialización de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
También propusieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones sobre el impacto de esta práctica, facilite el intercambio de información sobre cadenas de suministro de riesgo y permita compartir mecanismos de control.
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