En medio de una nueva caída de la actividad industrial, el Gobierno recibirá este martes 22 de septiembre a la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), que llevará una agenda de reclamos para aliviar la situación de las pymes y mejorar las condiciones de competitividad. El encuentro está pautado para las 10 de la mañana.
El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, mantendrá un encuentro con representantes de la central fabril en momentos en que la industria acumula señales de deterioro en actividad y empleo y enfrenta, según la entidad, una elevada presión impositiva, mayores costos energéticos y dificultades para financiarse. Hasta el momento se sabe que Martín Rappalini, presidente de la entidad, será quien encabece la reunión desde el lado de los empresarios.
Fuentes de la UIA señalaron a PERFIL que los planteos estarán concentrados en “los mismos temas que venimos planteando, de competitividad fundamentalmente”.
En particular, mencionaron la presión tributaria y la necesidad de avanzar hacia un “pacto fiscal federal” que involucre no solamente al Gobierno nacional, sino también a provincias y municipios.
La reunión se produce una semana después de que la Junta Directiva de la UIA expresara su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y la persistencia de costos que, según la entidad, afectan la competitividad de la producción nacional.
La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio, según el INDEC. De los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), 12 registraron bajas frente a julio de 2025 y 15 cayeron contra el mes anterior. La refinación de petróleo fue la única actividad que mostró una mejora mensual.
Suspender embargos y dar más plazo para pagar impuestos
Ante ese escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas fiscales, financieras y energéticas orientadas a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Entre las medidas impositivas, pidió suspender embargos durante 180 días y habilitar la migración entre distintos planes de pago.
También propuso reducir la tasa de financiación de ARCA para las pymes y permitir un diferimiento de 180 días en vencimientos impositivos, especialmente del IVA, para aquellas actividades que tienen una marcada estacionalidad.
La lista incluye además la anualización de cargas sociales, la postergación de contribuciones patronales para economías regionales y una mayor velocidad en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
La UIA sostiene que la presión fiscal formal en la Argentina alcanza el 56% y advierte que esa carga perjudica particularmente a la industria por tratarse de un sector productor de bienes transables que compiten con mercadería importada.
El argumento empresario es que la competencia internacional obliga a las fábricas locales a enfrentar productos provenientes de economías con estructuras tributarias menos gravosas.
Otro de los puntos centrales de la agenda será el costo energético.
Según la UIA, las empresas comprendidas dentro de la categoría GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con aumentos de entre 90% y 100% en el costo básico.
Esto llevó, según la entidad, a que algunas facturas duplicaran el monto pagado el mes anterior y prácticamente triplicaran el nivel registrado dos meses antes.
Frente a ese escenario, la central industrial planteó que el Gobierno nacional habilite mecanismos de financiación para afrontar esos vencimientos.
La propuesta consiste en permitir el pago en cuotas y prorratear los vencimientos de las facturas, con el objetivo de evitar que un salto puntual en el costo energético golpee directamente sobre el capital de trabajo de las empresas.
La UIA destacó como antecedente las iniciativas impulsadas por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en esquemas de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista.
Los impuestos agregan más de seis puntos al costo del crédito
El financiamiento productivo es otro de los frentes que la UIA pondrá sobre la mesa.
La entidad propone limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar completamente los impuestos aplicados a las operaciones destinadas a refinanciar pasivos.
Según los cálculos presentados por la central fabril, la carga tributaria sobre la intermediación financiera encarece en promedio más de 18% el costo de un crédito productivo.
La UIA incluye dentro de ese costo el IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos en las provincias y distintas tasas municipales.
El ejemplo utilizado por la entidad muestra que una tasa nominal anual (TNA) de referencia del 35% puede convertirse en un costo financiero total (CFT) de 41,4%.
Es decir, la carga impositiva agrega alrededor de 6,4 puntos porcentuales al costo final del financiamiento.
Para la UIA, ese sobrecosto adquiere especial relevancia en un contexto de elevada morosidad empresaria y escasa profundidad del sistema crediticio.
El crédito bancario representa apenas 12% del PBI argentino, frente a un promedio regional cercano al 60%, según destacó la central fabril.
El nuevo conflicto por el impuesto al cheque
A los planteos que la UIA venía realizando se agregó ahora la modificación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que restringió el uso de cheques electrónicos en cuentas comitentes.
La normativa establece que los depósitos y retiros de dinero en cuentas radicadas en agentes de liquidación y compensación (ALyCs) deben concretarse exclusivamente mediante transferencias bancarias.
La modificación eliminó la posibilidad de utilizar echeqs para determinadas operaciones.
Desde la UIA advierten que el cambio afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas que recurrían a ese mecanismo para realizar operaciones en el mercado de capitales sin afrontar, en determinados movimientos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
“Ahora estamos con esta medida que tomaron para que las PyMEs ya no puedan hacer ciertas operaciones a través de las ALyCs. Entonces tienen que pagar impuesto al cheque. Ese es otro tema”, explicaron fuentes de la entidad a PERFIL.
La CNV justificó la medida en la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata del dinero y reducir el riesgo derivado de eventuales rechazos de cheques.
Sin embargo, para el sector empresario, la modificación agrega un costo adicional justamente cuando las pymes buscan alternativas de financiamiento para atravesar la caída de la actividad.
Competitividad, el eje que la UIA lleva al Gobierno
La agenda de este martes también incluirá cuestiones vinculadas con logística y con la estructura general de costos que enfrenta la producción argentina.
Desde la UIA insisten en que el problema de competitividad no puede analizarse solamente a partir de los costos propios de cada empresa, sino que debe incorporar la presión tributaria de los tres niveles del Estado, el costo de la energía, la logística y las condiciones de acceso al crédito.
A pesar de los contrapuntos recientes entre el Gobierno y el sector fabril, la UIA también respaldó algunas iniciativas oficiales. Entre ellas, celebró la convocatoria a las “Rondas de Negocios RIGI”, impulsadas por el Ministerio de Economía para vincular los grandes proyectos de inversión con proveedores locales.
El encuentro con Lavigne servirá ahora para determinar si alguno de los pedidos de alivio que la entidad ya presentó formalmente puede avanzar hacia medidas concretas en un escenario en el que la recuperación industrial sigue sin aparecer.
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