El abogado Claudio Berón, defensor de dos personas involucradas en la causa en la que fue procesado el comisario Daniel Rosatelli, cuestionó los fundamentos de la resolución judicial y confirmó que presentará una apelación. El letrado aclaró que no representa al funcionario policial, aunque conoce el expediente y parte de las pruebas incorporadas.
La investigación alcanzó a Rosatelli y a otros cinco imputados por su presunta participación en maniobras vinculadas con un cargamento de 1.345 kilos de marihuana, descubierto en febrero en La Paz. Los hechos investigados se habrían desarrollado entre 2025 y 2026.
El procesamiento fue dictado con prisión preventiva para los seis acusados. Según sostuvo Berón, la medida careció de elementos suficientes respecto de, al menos, uno de sus defendidos.
La aclaración sobre su intervención en el caso
Berón remarcó que sus declaraciones no fueron realizadas como representante legal de Rosatelli.
“Vale aclararlo: yo no soy abogado de Daniel Rosatelli, pero soy abogado de dos personas involucradas y el procesamiento también salió la semana pasada para esas dos personas”, señaló a Elonce.
Uno de sus clientes habría sido la primera persona detenida en el marco del operativo. El abogado reconoció que, en ese caso, la situación probatoria era distinta de la correspondiente al otro hombre que representaba.
Su segundo defendido fue identificado por el apellido Luna. Según la explicación de Berón, su vinculación con el expediente se habría originado en una transferencia bancaria realizada a otra persona involucrada.
Cuestionó la prueba contra uno de sus defendidos
El abogado afirmó que esa operación financiera constituía el principal elemento utilizado para procesar a Luna y mantenerlo privado de su libertad.
“Luna está involucrado solamente porque realizó una transferencia a una de las personas involucradas. Es la única prueba con la que ahora se lo ha procesado y se lo deja con prisión preventiva”, sostuvo.
Berón aseguró que había analizado el expediente en profundidad y afirmó: “Hablo, por lo menos, de mi defendido. No existen elementos que relacionen con el narcotráfico a una de las personas que represento”, expresó.
La situación del comisario Rosatelli
El expediente sostuvo que Daniel Rosatelli habría aportado dinero y logística para adquirir una camioneta Citroën Jumper presuntamente utilizada dentro de la maniobra investigada.
El vehículo tenía un pedido de secuestro relacionado con una denuncia por estafa. Esa circunstancia quedó incorporada al expediente que buscó reconstruir la procedencia del rodado y el papel que habría tenido dentro de la organización.
Berón evitó atribuirse la defensa del comisario, aunque indicó que los abogados de Rosatelli también evaluarían recurrir el procesamiento.
“Nosotros vamos a apelar y estamos trabajando en la apelación. Entiendo que los abogados de Daniel también lo harán, pero, sinceramente, consideramos que no hay fundamento”, manifestó.
Críticas al uso de la prisión preventiva
El defensor también cuestionó la extensión que suelen tener las prisiones preventivas en las causas tramitadas ante la Justicia Federal.
“Sabemos que las prisiones preventivas en la Justicia Federal, lamentablemente, son larguísimas”, afirmó.
Como antecedente, mencionó otras investigaciones en las que personas permanecieron detenidas y luego no fueron acusadas durante el juicio o recibieron condenas de ejecución condicional.
Según Berón, esos casos deberían ser considerados al momento de evaluar la necesidad y proporcionalidad de mantener encarcelado preventivamente a un imputado.
“Hemos visto una infinidad de causas donde muchas personas llegan a juicio después de estar presas durante mucho tiempo. Algunas no fueron acusadas y otras recibieron penas de cumplimiento condicional”, planteó.
La defensa acudirá a la Cámara Federal
Berón anticipó que la apelación buscará que un tribunal superior revise tanto las pruebas utilizadas para procesar a sus defendidos como la decisión de mantenerlos bajo prisión preventiva.
“Esperemos que la Cámara Federal de Apelaciones pueda tratar profundamente la causa y poner un límite a estos procesamientos que se vienen dando desde hace años”, expresó.
El abogado calificó la resolución como “un procesamiento infundado”. La decisión vigente estableció que existían elementos suficientes para que la investigación continuara con los seis acusados procesados y detenidos preventivamente.
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