La causa, iniciada en 2016 tras la denuncia de concejales de Cambiemos, se ha extendido durante una década marcada por recursos, apelaciones y exclusiones de prueba. El eje del debate actual es la pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, que había señalado sobreprecios de entre 9,5 y 13 millones de pesos sobre un presupuesto total de 20,6 millones. El Superior Tribunal de Justicia aceptó excluir ese informe, al considerar que no puede ser defendido ni cuestionado en juicio. Solo queda incorporado el peritaje de parte que sostiene que no hubo irregularidades.
Tal como informó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), en la última audiencia el juez de Garantías Jorge Sueldo rechazó un pedido de sobreseimiento planteado por la defensa, al remarcar que la decisión de llevar la causa a juicio corresponde a la Fiscalía. “Será en el debate oral donde se evaluará si hay pruebas suficientes”, sostuvo.
El fiscal Gonzalo Badano, por su parte, afirmó que la etapa de investigación está agotada y que existen elementos de cargo suficientes para sostener la acusación en juicio contra Treppo, Zapata y Monzón.
En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión.
Según la hipótesis de la Fiscalía, en 2015 el intendente gestionó ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, el financiamiento para la obra, con la asesoría técnica de Zapata y la intervención del contador municipal Monzón.
Los investigadores producto de la pericia de Uranga sostienen que se acordaron precios “desproporcionados” respecto de los valores de mercado de la época.
Mientras tanto, los empresarios que participaron en la ejecución de la obra lograron desligarse mediante suspensión de juicio a prueba, quedando sobreseídos y sin antecedentes. Este desenlace reaviva el debate sobre la responsabilidad de los actores privados en los casos de corrupción, muchas veces sin sanción efectiva.
La audiencia de este lunes para definir si los imputados representados por Germán Coronel, logran finalmente el sobreseimiento o si la causa avanza hacia el juicio oral, tras diez años de dilaciones y controversias judiciales fue suspendida.
Fuentes judiciales consultadas por Análisis indicaron que “aún no hay fecha” para la audiencia donde el exintendente de Seguí insistir con su sobreseimiento.
El abogado Coronel basa pedido de sobreseimiento en la muerte del principal testigo del juicio, el perito Beltrán Uranga, quien elaboró el informe pericial que da cuenta de sobreprecios en la obra de pavimento cuestionada por Fiscalía, pero además el rechaza la incorporación como testigo de un ingeniero en construcciones.
Coronel ha señalado que el Código Procesal Penal, en su artículo 41, establece que los peritos deben dar cuenta de sus trabajos en forma oral, en los juicios. Y que el fallecimiento de Uranga impide que se cumpla con este trámite. La normativa provincial tampoco prevé cómo resolver los casos ante estas situaciones.
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