La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos fijó para este sábado a las 16 la audiencia en la que se resolverá si Alejandro Almada seguirá detenido bajo prisión preventiva. El acto procesal se llevará a cabo ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien dictó la orden de detención, luego de constatarse que incumplía la prohibición judicial de salir de Paraná sin autorización.
Almada, de 41 años e imputado en la investigación por contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana, fue trasladado desde la provincia de Misiones hasta Paraná por personal de la Policía de Entre Ríos. La comisión policial retiró al acusado a las 7 de la mañana del jueves de la sede de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú y arribó a la capital provincial aproximadamente a las 17, donde quedó alojado en la Alcaidía.
La orden de detención contra el excuñado de Juan Pablo Aguilera fue emitida luego de confirmarse que había violado la prohibición judicial de salir de la ciudad de Paraná sin autorización. Tras tomar conocimiento de la decisión de la jueza Barbagelata, Almada se presentó por sus propios medios en la delegación de Gendarmería en Puerto Iguazú.
Como contó ANÁLISIS, Almada está imputado en la causa desde 2018 y, tras permanecer detenido unas semanas a fines de ese año, la Justicia le impuso la prohibición de abandonar Paraná sin autorización judicial, una restricción que fue ratificada en distintas instancias posteriores. Pese a esa limitación —que, según trascendió, nunca fue comunicada al Ministerio Público Fiscal como correspondía cada vez que la incumplía—, Almada residió durante años entre Puerto Iguazú y la vecina ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en la Triple Frontera, pese a mantener fijado su domicilio legal en la capital entrerriana.
Las inversiones que motivaron su detención
Según pudo reconstruir ANÁLISIS en una investigación de varios meses, Almada montó junto a su pareja, Micaela Agostina Banegas, distintos negocios y sociedades en la zona de la Triple Frontera, entre ellos un bar con exhibición de autos de colección —el V8 Garagem Bar, sobre la avenida Das Cataratas, en Foz do Iguazú, inaugurado a fines de 2023, con servicio de lavadero de vehículos y eventos—. La firma figura a nombre de Banegas, quien además integra otras dos sociedades: Herma Holding Ltda., junto a su hermano Tomás Valentín Banegas, y Vivra Travel Agencia de Viajes Ltda., esta última con una socia brasileña, aunque sin actividad comercial visible en el domicilio declarado.
El problema de fondo es que los bienes de Almada permanecen inhibidos por la Justicia desde una resolución de abril de 2019, que alcanzó a más de 20 personas vinculadas a la causa y que en su momento congeló, entre otros activos, un inmueble en Estancia Grande, un Ford Focus, cuotapartes de la firma NEXT S.R.L. y bienes de la propia Banegas en La Picada. En diciembre pasado, además, se había ordenado la reinscripción de esas inhibiciones. Para la Fiscalía, si se confirma que Almada realizó inversiones pese a esa inhibición patrimonial, el cuadro podría agravarse hacia una maniobra de lavado de activos, delito de competencia federal.
El rol de Almada en la causa Contratos
La causa Contratos investiga el armado de un sistema de contratos apócrifos dentro de la Legislatura de Entre Ríos, que habría funcionado entre 2008 y 2018 para sustraer fondos públicos. El expediente reúne a 32 imputados, entre ellos Juan Pablo Aguilera —cuñado del expresidiario y expresidente provincial Sergio Urribarri—, quien se desempeñaba como asesor en el bloque justicialista del Senado, señalado por la Fiscalía como cabecilla de la banda.
Almada, cuñado de Aguilera, ingresó como empleado administrativo en la Cámara de Diputados mientras Aguilera operaba en el Senado, y ambos son señalados por la investigación como recaudadores del esquema. Según la acusación fiscal, la maniobra se sostuvo a través de empresas como TEP y NEXT S.R.L., formalmente en cabeza de terceros —entre ellos la propia esposa de Aguilera, Luciana Almada, hermana de Alejandro— pero que, según el Ministerio Público Fiscal, respondían en los hechos al propio Aguilera.
En el juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión para Alejandro Almada. Durante su declaración en el debate, Almada rechazó haber actuado como testaferro de su cuñado: “yo no soy el testaferro de Juan Pablo Aguilera”, sostuvo, y remarcó que su vínculo con las firmas cuestionadas se limitaba a su propio emprendimiento, una librería. También cuestionó que se lo hubiera vinculado con un episodio de 2018 en el que la Policía Federal interceptó en la ruta 12 el Ford Focus en el que viajaba junto a Banegas, y en el que se secuestró una caja con $371.400 —unos USD 20.000 de la época— por su origen no esclarecido. Para los investigadores, ese hallazgo coincidió con anotaciones de un cuaderno secuestrado al también imputado Hugo Mena, donde figuraban entregas de dinero a Almada en su rol de recaudador.
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