Pese a haber fijado domicilio en Paraná, Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera y una de las piezas claves en la Legislatura provincial para el robo de fondos públicos, reside hace años en la Triple Frontera: tanto en Puerto Iguazú, Misiones, como en la localidad brasileña Foz do Iguazú. Junto a su pareja Micaela Banegas, tienen sus bienes inhibidos por la Justicia, sin embargo, realizaron importantes inversiones en negocios y empresas, que están a nombre de la mujer, como un bar con autos de colección, en lo que podría ser la ruta del dinero de los contratos y el posible lavado, según la investigación de varios meses realizada por ANÁLISIS. Este miércoles, la Justicia libró su pedido de detención por violar la orden judicial y el hombre de 41 años, tras enterarse de esta medida, se presentó espontáneamente a la noche en la sede de Gendarmería Nacional. Será trasladado a Paraná en las próximas horas y quedaría en prisión preventiva por un buen tiempo.
Alejandro Almada era un engranaje clave en el esquema de sustracción de fondos públicos que funcionó en la Legislatura provincial, entre 2008 y 2018. Ingresó a la Cámara de Diputados como empleado administrativo, mientras que su cuñado Juan Pablo Aguilera (cuñado de Sergio Urribarri) estaba en la planta del Senado. Ambos eran los recaudadores del sistema de contratos apócrifos que tenía otras piezas claves que serán juzgadas próximamente por el millonario desfalco, y autoridades políticas que ahora están comenzando a transitar por la Fiscalía. Los dos mordían una porción del botín.
El dinero público tuvo diferentes destinos, aunque gran parte todavía es un misterio. La investigación del Ministerio Público Fiscal en esta causa y en otras como la de enriquecimiento ilícito del exmandatario, pudo encontrar gastos e inversiones que se podrían explicar en parte con esta defraudación. También se mencionaron en el libro La banda de los contratos, de Daniel Enz, inversiones inmobiliarias posiblemente vinculadas a esta fortuna ilícita.
Los Almada son una rama del clan que gobernó y mantuvo un poder absoluto en la provincia. Su hermana era la pareja de Aguilera (recientemente encarcelado junto al exgobernador y el exministro Pedro Báez). Este vínculo que le trajo muchos beneficios a él y su familia.
El primero fue el que recibió su padre, Héctor Luis “Pitín” Almada (ya fallecido), un comisario que fue exonerado por verse involucrado en situaciones delictivas: la más famosa fue la facilitación y la fuga del exoficial de la Policía Carlos Balla, cuando estaba detenido por el homicidio del escribano Rubén Calero. Urribarri decretó el perdón y su reingreso a la fuerza de seguridad con el máximo rango de comisario mayor, aunque no se desempeñaba en la fuerza de seguridad.
Alejandro fue nombrado por decreto como agente auxiliar de la Policía de Entre Ríos, en el año 2006, sin curso previo y sin pasar por la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala. Fue una orden de Urribarri, por entonces ministro de Gobierno en la última administración de Jorge Busti. En 2008, a poco de asumir como titular del Poder Ejecutivo provincial, lo trasladó a la Custodia Gubernamental donde recaudaba con viáticos. En 2012 pidió la baja de la Policía porque había otros planes más ambiciosos: era socio de su cuñado Aguilera en las dos firmas Tep y Next por las cuales se direccionaba la publicidad oficial y se desviaban fondos públicos. Dos años después, el joven ingresó a la Cámara de Diputados, donde ya venía funcionando el mecanismo de los contratos truchos.
La pareja de Alejandro Almada es Micaela Agostina Banegas, quien en esos años de prosperidad instaló un salón de belleza de lujo en la esquina de La Rioja y Uruguay de Paraná con importantes inversiones. El padre esta mujer es Eduardo Banegas, más conocido como “Pirincho” en el ambiente policial donde lo recuerdan por su pasado como asaltante, aunque no contaría con condenas en Entre Ríos, según el registro público en el sitio web del Poder Judicial.
Almada está imputado desde 2018 y, luego de estar unas semanas detenido a fines de ese año, la Justicia le dictó la prohibición de salir de Paraná sin autorización judicial. Asimismo, tanto él como su pareja Banegas y más de 20 personas (entre acusados y sus parejas) quedaron con todos sus bienes inhibidos, para asegurar parte de los bienes que eventualmente se podrían decomisar tras una condena.
Esta parte del clan familiar decidió alejarse de Entre Ríos y se mudaron a Misiones, aunque en los últimos años están radicados en Foz do Iguazú. Pese a la prohibición de salir de la ciudad de Paraná sin previa autorización judicial (mucho menos cruzar la frontera nacional), y a las limitaciones que implica la imposibilidad de utilizar recursos económicos para vender o invertir legalmente, la realidad de este grupo familiar denota una importante prosperidad.
El negocio más notorio y ostentoso se llama V8 Garagem Bar, iniciado a fines de 2023. Se trata de un terreno muy amplio en una esquina sobre Avenida Das Cataratas 3701 (una de las principales arterias de la localidad fronteriza con gran movimiento turístico) donde levantaron este emprendimiento gastronómico y de eventos, que también funciona como salón de fiestas infantiles, y al lado pusieron en marcha un lavadero de vehículos. Dentro del salón, hay numerosos autos de colección con los cuales realizan exhibiciones.
Esta empresa está a nombre de Micaela Agostina Banegas, quien además tiene otras dos firmas: una es Herma Holding Ltda., junto a su hermano Tomás Valentín Banegas. Se trata de una figura a través de la cual se pueden realizar inversiones en otras empresas. La otra es Vivra Travel Agencia de Viajes Ltda., que la mujer tiene junto a una socia brasileña, J.M.D., desde abril de este año. Esta socia se inscribió en el rubro panadería en 2012, y emprendió con una empresa de consultoría inmobiliaria en 2025. En el domicilio de la empresa de turismo no hay nada que parezca a un comercio, en una zona residencial de Foz do Iguazú, y la cuenta de Instagram tiene apenas una sola publicación.
El joven Tomás Banegas aparece a su vez como dueño de Tomás Valentín Bar Ltda., con domicilio en Avenida das Cataratas 3703, es decir, pegado al bar de autos, donde funciona un lavadero.
Además, el salón de belleza “Div boutique” que funcionaba en la capital entrerriana, iba a ser trasladado a Foz do Iguazú, según anunciaban en Instagram.
Situaciones irregulares o ilícitas
La situación de Almada es complicada si la Justicia corrobora estas acciones. Por un lado, porque al momento de iniciar las audiencias de remisión a juicio de la causa Contratos, el hombre firmó una planilla con sus datos identificatorios, donde consignó como domicilio calle Los Ceibos 1159, en el barrio San Agustín de Paraná. Es decir, para la Justicia y para el Ministerio Público Fiscal, Almada debería estar residiendo en ese lugar. Así lo dispuso la Justicia en marzo de 2019 cuando lo liberó: al igual de los otros acusados que habían sido detenidos, quedó con la tajante “prohibición absoluta de ausentarse de la ciudad de Paraná sin previo acuerdo de la Fiscalía o autorización judicial”.
Fuentes consultadas por ANÁLISIS señalaron que Almada “va y viene todo el tiempo”, de Argentina a Brasil, de Misiones a Foz do Iguazú. Es más: a través de allegados, trascendió que hace unos meses toda la familia viajó a Europa durante varias semanas, pero el registro migratorio está en el vecino país, desde donde salió el vuelo.
El registro migratorio de egresos y regresos al país confirma aquellos dichos y muestra un frenético ida y vuelta desde el año 2020, con cientos de cruces migratorios, sobre todo desde el año pasado. Hizo un surco en el puente internacional Tancredo Neves. La semana pasada, luego de haber regresado a Puerto Iguazú el 27 de agosto, Almada estuvo una semana en Argentina y volvió a viajar para Foz do Iguazú el 3 de septiembre, el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó las condenas a Urribarri, Aguilera y Pedro Báez y su inminente encarcelamiento. Desde entonces, Almada no había regresado.
Por otro lado, la inhibición dictada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, confirmada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones y por la Cámara de Casación Penal, abarcaría todo el patrimonio, por lo cual tendrían prohibido realizar cualquier tipo de inversión. Para la Fiscalía, esto podría configurar el delito de lavado de activos, de naturaleza federal.
En diciembre del año pasado, se ordenó la reinscripción de las inhibiciones generales de bienes oportunamente dispuestas sobre imputados y algunas de sus parejas: Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Jorge Pablo Balladares, Guido Daniel Krapp, María Jazmin Mena Gioveni, Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, María Victoria Álvarez, Viviana Gisell Mena Gioveni, Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, María Alejandra Camisassa, Micaela Agostina Banegas, Luciana María Belén Almada. En el caso de Camisassa, esposa de De Breuil, recientemente la Justicia le levantó la inhibición sobre su patrimonio que comparte con su marido.
En la resolución de inhibición de abril de 2019, sobre Almada se congelaron los siguientes bienes registrables: inmueble ubicado en calle Martín Pescador, en la localidad de Estancia Grande, una zona de quintas al sur de Concordia. Específicamente, se encuentra en el barrio privado Chacras al Río, un lugar de ensueño para gente rica (partida provincial 02 163015 7, matrícula No 6665, parcela 196; 2); el auto Ford Focus 5p 2.0 dominio AA349YX; cuotapartes correspondientes a la sociedad NEXT S.R.L.. Sobre Banegas, se inhibió el inmueble ubicado en La Picada, Departamento Paraná, el vehículo Renault Duster PH2 Privilege año 2016, y un auto Fiat Vivace.
En el mencionado Ford Focus fue el que detuvo la Policía Federal en la ruta nacional 12 el 18 de enero de 2018, donde se conducían la pareja Almada y Banegas. Les descubrieron que llevaban una caja de cartón con fajos de billetes de distinta denominación que sumaban 371.400 pesos, es decir unos 20.000 dólares en ese momento. El dinero fue secuestrado por la Justicia Federal por su dudosa procedencia. Todavía faltaban unos ocho meses para que saltara el escándalo de los contratos truchos. Para la Fiscalía, esa plata era producto de la actividad ilícita desplegada en la Legislatura, porque coincide con las anotaciones del cuaderno secuestrado a Hugo Mena, donde se leía que en esos días le realizaron entregas de dinero a Almada, un “recaudador” al igual que su cuñado Aguilera.
Detenido y audiencia de prisión preventiva
El Ministerio Público Fiscal solicitó esta semana el pedido de detención de Almada, atento a la información de su ausencia de la ciudad de Paraná. Se realizaron diferentes medidas, entre ellas se solicitó el registro de salidas y regresos al país a la Dirección Nacional de Migraciones. Con este informe, que reveló la ausencia del imputado de la ciudad de Paraná, se solicitó su detención. La jueza de Garantías Marina Barbagelata, ordenó el arresto de Almada. Aunque esta orden debía mantenerse en secreto ante un posible peligro de fuga, la información se filtró y hubo un episodio tenso en Tribunales con un familiar reclamando por el pedido de detención. El propio Almada decidió dirigirse hasta la sede Gendarmería y ponerse a disposición de la Justicia.
Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Paraná. Podría realizarse una audiencia para evaluar la situación de Almada, donde la Fiscalía pediría la prisión preventiva hasta la finalización del juicio de la causa contratos truchos, que aún no tiene ni siquiera fecha de inicio. En la etapa de remisión, la Fiscalía anticipó una pretensión punitiva de 10 años de prisión para él.
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