Antes de que la justicia active su detención y lo lleve a la cárcel para cumplir una condena a ocho años de prisión por corrupción, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri pidió que le concedan la posibilidad de cumplir su pena en prisión domiciliaria.
Alegó que padece de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización.
Según su escrito, que fue reproducido por la revista Análisis, la primera consulta médica fue el 18 de diciembre de 2025 y está en tratamiento con el psiquiatra Julio Horacio Curotto, matrícula 8999, a base de sertralina, clonazepam y armodafinilo.
Urribarri tiene 68 años, no llega a los 70 que exige el código para pedir el beneficio del arresto domiciliario, por lo que argumenta razones de salud para conseguirlo.
Su abogado, Leopoldo Cappa, mencionó que el día que la Corte Suprema dejó firme su condena, Urribarri fue atendido de urgencia por un episodio depresivo mayor grave y se le reforzó la medicación antipsicótica y antidepresiva. Este diagnóstico no figura en ninguna presentación anterior de la defensa.
Además, su defensa asegura que, por haber sido dos veces gobernador, su permanencia en una prisión superpoblada implica un riesgo de vida.
Por eso pidió que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad sin aislarlo.
Urribarri ofreció como lugar de cumplimiento de la prisión su casa de la calle Néstor Garat 291 de Concordia, donde vive con su esposa, Ana Lía Aguilera.
El mismo beneficio pidió otro de los condenados, el exministro Pedro Báez, que alegó padecer un cuadro digestivo severo.
Báez quiere pasar el tiempo de condena en su casaquinta con una tobillera, o con un régimen de prisión nocturna y que de día pueda estar en su casa con una dieta sin gluten.
Dice su abogado que padece de una diarrea crónica que le hizo perder 6 kilos de peso en 2 meses, deshidratación, taquicardia y una úlcera perianal, sumadas a diabetes e hipotiroidismo.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná ya fue notificado por la Corte Suprema de Justicia de su decisión, por lo que puede disponer la detención del exgobernador mientras analiza sus pedidos de prisión domiciliaria.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el jueves pasado la condena a 8 años de prisión por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en 5 causas que tramitaron los tribunales provinciales.
La condena lleva aparejada además la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible.
La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.
Urribarri, que ya había estado preso, había sido liberado en enero de 2025 tras un fallo de la Corte provincial.
Tras el fallo, los fiscales anticorrupción Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron la detención inmediata de Urribarri, Pedro Báez, su exministro de Cultura, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, para que cumplan la condena efectiva en prisión.
El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.
El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial, que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Estuvo preso 50 días.
Según la investigación a cargo de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.
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