Sergio Urribarri irá a prisión. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 8 años que pesa sobre el exgobernador de Entre Ríos por desvío de fondos públicos durante su administración provincial.
La decisión del máximo tribunal argentino cierra todas las instancias judiciales. Ya no hay apelaciones posibles para Urribarri.
La sentencia lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, un golpe definitivo para quien fue gobernador entre 2007 y 2015 y luego embajador argentino en Israel durante el kirchnerismo.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario. El fallo fue breve y contundente.
La Justicia de Entre Ríos deberá ahora disponer la ejecución inmediata de la pena. Urribarri tendrá que presentarse ante las autoridades penitenciarias para ingresar a prisión.
Qué hizo Urribarri y cómo funcionaba el esquema de desvío
La condena original contra Urribarri data del 7 de abril de 2022. Ese día, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná dictó 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa investigó un direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos. El período bajo la lupa: 2010 a 2015.
El esquema consistía en pagos a empresas sin actividad real y una red de testaferros que, según la acusación fiscal, benefició directamente a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.
Entre los hechos investigados figuraron también gastos vinculados a la Cumbre del Mercosur. El evento se realizó en Paraná en 2014 y dejó una serie de contrataciones irregulares.
El dinero público salía formalmente hacia empresas proveedoras. Pero esas firmas eran cáscaras vacías, sin empleados ni estructura real.
Los fondos terminaban en manos de operadores cercanos a Urribarri. La Justicia logró reconstruir el circuito completo del dinero desviado.
Los otros condenados en la misma causa y sus penas
Urribarri no fue el único castigado. En la misma causa fueron condenados otros funcionarios clave de su gestión.
Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, recibió 6 años de prisión. Su rol fue central en el armado de las licitaciones direccionadas.
Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, también fue sentenciado a 6 años. La Justicia lo consideró beneficiario directo del esquema.
Además, la Corte Suprema rechazó los recursos de otros seis condenados que habían llegado en queja ante el máximo tribunal: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y los ya mencionados Aguilera y Báez.
Todos los planteos fueron desestimados. Las condenas quedaron firmes para todo el grupo.
Por qué la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa
El tribunal sostuvo que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”.
La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una norma que permite al máximo tribunal rechazar apelaciones sin dar mayores fundamentos cuando entiende que no hay una cuestión federal suficiente para tratar.
En su voto, Ricardo Lorenzetti agregó una aclaración técnica. Citó el precedente “Vidal” para remarcar que el rechazo por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
En otras palabras: la Corte no evaluó el fondo del asunto, sino que consideró que no correspondía revisar lo actuado por los tribunales provinciales.
Urribarri había estado detenido durante 50 días a partir de noviembre de 2024. La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó su captura por temor a que intentara frustrar el proceso.
Esa medida fue revocada en enero de 2025. Desde entonces, el exgobernador aguardaba la decisión final en su domicilio.
Ahora, con la condena firme, deberá ingresar a prisión para cumplir los 8 años de pena efectiva.
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