1.- Memorias de la desnacionalización económica
En el transcurso de la mañana del lunes 9 de agosto de 1971 se desenvuelve una escena donde los transeúntes de las calles de Buenos Aires se detienen a leer y comentar acerca del contenido de unos afiches. Afiches que interrogaban: “Yo trabajo. Usted Trabaja. Nosotros trabajamos. Pero: ¿para quién trabajamos?, pregunta seguida por un listado que exhibía el nombre de 101 empresas desnacionalizadas durante los últimos años.
El cartel −elaborado con los aportes intelectuales del sacerdote Carlos Mugica, el economista Héctor Sauret y del dirigente sindical Miguel Gazzera− había sido resultado de la tarea emprendida por un grupo de estudiantes, y jóvenes egresados/as, de la Facultad de Derecho de la UBA que, tiempo después de las jornadas del Cordobazo habíamos fundado el IEPA (Instituto de Estudios Políticos Argentinos).
Afiche que fue el primero de una serie de carteles y documentos en los cuales se denunciaban las características, y efectos, de las maniobras monopólicas que, entre otras multinacionales, llevaban adelante Deltec International y empresas del grupo Bunge & Born en materia de comercialización de alimentos y exportación de cereales.
Corporaciones esas que desplegaban prácticas económicas en paralelo con su intervención en los ámbitos: político; comunicacional y de gestión del estado.
En este sentido podemos destacar la relación, directa, de ambos conglomerados con Adalbert Krieguer Vasena, ministro de economía en las dictaduras de Aramburu y Ongania, quien propició el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional (Decreto-Ley 15970/1956).
En tal recorrido, luego de dejar su última labor funcional en el gobierno, Krieguer pasó a desempeñarse como ejecutivo de la multinacional en alimentos Deltec Internacional (declarada en quiebra en el año 1972). Trayectoria esa en vista de la cual Rogelio García Lupo llegó a identificarlo como: uno de los diez testaferros internacionales mejor cotizados en la sociedad de negocios argentina.
En medio de ese entramado de relaciones, también resulta ilustrativo recordar el acuerdo celebrado entre Menem y Jorge Born, que tomara cuerpo en el “Plan BB” (promercado). Entonces y en función del acuerdo, la corporación más influyente en la década del ’90 (que controlaba puertos, molinos y silos a lo largo del Rio Paraná) colocó en el puesto de ministro de economía, a dos de sus más altos funcionarios. De esa manera asumieron: Miguel Roig, vicepresidente de la empresa (que designó al frente del Banco Central a Javier Gózalez Fraga), quien fue sucedido por Néstor Rapanelli, un ejecutivo de las de cerealeras: Molinos Río de la Plata y de la molinera Gramoven en Venezuela (país en que fue acusado de fijar sobreprecios en operaciones de comercio exterior). Así, los hombres de B&B se ocupan de impulsar: la privatización de empresas, un nuevo stand by con el FMI y el ajuste semestral en los salarios de trabajadoras y trabajadores.
2.- Rutas de la posición de dominio cerealero
El proceso de concentración del sector agroindustrial argentino (primer semestre del año 2026), permite inferir que: 4 de los 10 primeros complejos exportadores del país se relacionan con ventas al exterior de cereales (soja, maíz, trigo, girasol). Marco ese donde podemos observar que: las cinco principales agroexportadoras están controladas por transnacionales, encabezadas por Bunge (luego de finalizada, a principios de 2026, su fusión e integración operativa con Viterra Limited).
Proceso de concentración que se ha visto favorecido por distintos mecanismos, como ser: el incremento de la tasa de explotación a partir de reducirse salarios; obtener excedentes a partir de fijación oligopólica de precios y acceso a subsidios públicos y la falta de contralor en materia de prácticas monopólicas, fusiones y adquisiciones.
En este sentido, cabe poner de relieve que las políticas neoliberales -conscientes de los intereses que ellas mismas sostienen- se expresan a través de la intervención del estado mediante leyes, decretos o resoluciones administrativas.
De este modo, en un remedo del realismo periférico, se procura alinear las decisiones del Estado argentino con la voluntad de Estados Unidos y sus aliados decisivos (en tanto cumplen la función Estados gendarme y globalizadores de los conglomerados transnacionales).
Desde esta perspectiva podemos señalar, dos situaciones representativas, por un lado: la reducción de los derechos de exportación en beneficio de los complejos agroindustriales y de biocombustibles (Decreto 423/2026) y, por el otro: el archivo de las investigaciones por afectación de la competencia derivada de la fusión Bunge-Viterra.
De tal forma, la concursada Vicentin, luego de un discutido trámite judicial pasó conocerse como Nueva Vicentin para quedar en manos de un núcleo de empresas en el cual el Grupo Grassi es la cara visible de un entramado donde Bunge (socio mayoritario de Renova) tiene entre sus principales accionistas a la sociedad de inversión multinacional Blackrock.
Sociedad esta que es una de la más importante administradora de activos, principal acreedor privado de la deuda argentina, accionista de Pampa Energía, Glencore (que adquiriera a Viterra, anterior socia de Vicentin) y de los bancos privados más importantes del país.
3.- Jueces comprometidos con la sociedad
Ante ese cuadro de situación, y en lo que respecta a la comisión de conductas ilícitas en aquellos territorios, corresponde poner de manifiesto, en nuestros días, la falta de prevención o, en su caso, de acotada investigación judicial respecto a conductas anticompetitivas o fraudulentas. Carencias que, por su vigencia, nos traen al presente algunos fallos dictados por Magistrados, comprometidos con los intereses argentinos, en materia de delitos económicos.
Fallos entre los que podemos referir: la sentencia del Juez Lozada en la quiebra de la empresa Swift −extendiendo la responsabilidad de ese frigorífico local a Deltec Internacional (relacionada con el aludido Krieguer Vasena)− o las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en los casos: Parke-Davis; Ford Motors o Mellor Goodwin.
Sentencias donde se abordaron aspectos concernientes a maniobras de evasión fiscal transnacional; los vínculos entre personas jurídicas; la desnacionalización que arrasa con la industria nacional o la sobre y subvaluación de exportaciones. Fallos esos, emitidos por funcionarios probos e independientes, donde se conjuga “la recta aplicación del derecho, con una exacta noción del interés y bienestar general”. «
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