Tribunal rechazó la medida cautelar de la CGT contra la reforma laboral

La Justicia rechazó la medida cautelar que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 desestimó el pedido de la central obrera para suspender de forma inmediata los artículos 90 y 91 de la norma, que se refieren al traspaso de la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La CGT había promovido el 6 de marzo una acción de amparo contra el Estado nacional, en la que solicitó la declaración de nulidad e invalidez constitucional de esos artículos de la ley de modernización laboral, sancionada durante las sesiones extraordinarias del Congreso y publicada en el Boletín Oficial ese mismo día.

Fallo de la Justicia

En su presentación, la central sindical pidió además una medida cautelar “innovativa” para suspender la aplicación de esos puntos hasta que se resolviera el fondo del asunto. Según sostuvo, el traslado de competencias a la justicia porteña implicaría en la práctica la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y podría generar dificultades para revertir la situación en el futuro si finalmente la ley fuera declarada inconstitucional.

El reclamo forma parte de una estrategia judicial más amplia para impugnar la reforma laboral promovida por el Gobierno. La CGT advirtió que el traspaso del fuero laboral podría provocar un colapso del sistema judicial y afectar tanto a miles de causas en trámite como a los empleados judiciales que hoy trabajan en ese ámbito.

El magistrado, en cambio, entendió que no correspondía dictar la cautelar solicitada en esta etapa del proceso. Por eso, la normativa seguirá vigente mientras continúa el trámite de la causa y hasta que haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados.

La resolución constituye el primer revés judicial para el sindicalismo en su ofensiva contra la reforma. En paralelo, la central obrera evalúa nuevas presentaciones judiciales y otras acciones políticas para intentar frenar o modificar algunos de los puntos centrales de la ley.

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