La decisión del gobierno de La Rioja de relanzar los “Chachos” como cuasimoneda provincial a partir del 17 de agosto se inscribe en una larga tradición argentina de emisión de monedas alternativas durante períodos de restricción fiscal. A lo largo de las últimas décadas, diversas provincias recurrieron a este tipo de instrumentos para sortear la falta de liquidez y sostener el funcionamiento económico local, en una dinámica que tuvo su punto de mayor expansión durante la crisis de 2001.
La Rioja volverá a poner en circulación los “Chachos” esta semana. La administración de Ricardo Quintela distribuirá una ayuda extraordinaria de 50.000 de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) alcanzando a unos 80.000 beneficiarios, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4.000 millones al circuito económico provincial. Cabe destacar que estos billetes no son nacionales, por lo que las personas suelen utilizarlo sólo de forma local.
La presencia de este papel en La Rioja no es nueva. Quintela los introdujo nuevamente en julio de 2024, emitiendo billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con una paridad de uno a uno frente al peso. Durante ese periodo, hasta un 30% de los sueldos estatales podía pagarse con estos bonos, que también se aceptaban en comercios adheridos y para cancelar impuestos y servicios provinciales. Ese ciclo finalizó el 31 de diciembre de 2024.
El nombre elegido remite a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, líder riojano de las guerras civiles del siglo XIX y figura histórica del federalismo argentino.
La reaparición de los Chachos se produce en un contexto de disputa entre la provincia y la Nación por el reparto de fondos federales, junto con una merma de ingresos que, de acuerdo con las autoridades riojanas, impacta en las finanzas estatales y en la actividad privada.
El uso de cuasimonedas no tuvo su origen en 2001, aunque en ese año se registró su mayor expansión. Los antecedentes más recientes datan de mediados de los años ochenta, cuando Tucumán emitió Bonos de Cancelación de Deuda —denominados en australes— como respuesta a la restricción de recursos desde el gobierno nacional. Estos bonos continuaron circulando, bajo distintas denominaciones según el signo monetario vigente, hasta 2003.
Un informe especial sobre el tema de Fundación Mediterránea detalló que “si bien por preceptos constitucionales las provincias tienen prohibido emitir dinero, situaciones de emergencia ello ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente en la década del 80 y del 90 del siglo pasado, y más masivamente durante la crisis económica de 2001 – 2002, cuando catorce provincias emitieron cuasi monedas, que fueron rescatadas por el gobierno nacional a través del Programa de Unificación Monetaria (PUM) instrumentado en el año 2003”.
A comienzos del siglo XXI, la Argentina atravesó una de sus crisis fiscales más profundas, lo que llevó a varias provincias a emitir cuasimonedas como mecanismo de supervivencia financiera ante la escasez de fondos por la compleja coyuntura.
La crisis que se desató a finales de 2001 intensificó la emisión de cuasimonedas. La Ley de Convertibilidad establecía que el Banco Central no podía emitir pesos sin respaldo en dólares, lo que provocó una falta de liquidez en las provincias para cumplir con sus pagos. Frente a esta limitación, tanto el Estado nacional como quince provincias emitieron bonos al portador que coexistieron con el peso y alcanzaron, en agosto de 2002, un total de $8.535 millones en circulación. El gobierno nacional lanzó sus propias Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), distribuidas en todo el país en valores de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.
El valor de estos bonos dependía de cuántos se emitían y de cuántas personas los querían usar. Por un lado, los gobiernos provinciales decidían la cantidad de bonos que ponían en circulación. Por otro, la demanda de estos bonos provenía principalmente de quienes los utilizaban para pagar impuestos y servicios al propio Estado, o de quienes los adquirían como una inversión, esperando cobrar su valor y los intereses al vencimiento.
El uso de los bonos para pagar impuestos les dio liquidez y los hizo funcionar como si fueran dinero. El Estado los entregaba en pagos y luego los recibía nuevamente cuando las personas y empresas los usaban para cumplir con sus obligaciones fiscales. Este ciclo se repetía una y otra vez, hasta que llegaba el momento de pagarlos definitivamente, generando una dinámica similar a la de renovar constantemente préstamos de muy corto plazo.
En paralelo, la creación de las cuasimonedas tuvo un impacto en la política monetaria nacional, ya que a comienzos del nuevo milenio se dio una situación de convivencia entre el Banco Central y algunos “mini bancos centrales” provinciales que obstaculizó el rol central del BCRA.
En cuanto a la magnitud de las emisiones, Fundación Mediterránea aportó que la relación entre bonos emitidos (en el mes de máxima circulación) y la base monetaria de cada provincia, en aquellas experiencias de finales de la década del 90 e inicios de siglo, fue desde 107% en el caso de Corrientes (la emisión de cuasimonedas superó a la base monetaria de la provincia) hasta 12% en La Rioja o Mendoza.
Al mismo tiempo, en provincias muy pobladas y de ingresos medios, como Buenos Aires y Córdoba, la emisión de este tipo de instrumentos, en su momento de máxima circulación, resultó equivalente a aproximadamente la mitad de sus bases monetarias.
A juicio de los analistas, la circulación de estos billetes provinciales “aumentó los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos, ya sea en forma voluntaria o compulsiva”.
Bajo esa misma lógica, la emisión de estos papeles provocó una reducción en el poder de compra de los ingresos de quienes residían en las provincias que las implementaron, como consecuencia de una inflación más elevada, diferencias de precios al utilizar bonos como medio de pago y la depreciación de estos instrumentos respecto a su valor nominal.
Con la recuperación de la actividad económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió en 2002 que la renegociación de la deuda pública incluyera la recompra de estas cuasimonedas. El proceso de rescate, realizado a través de subastas, concluyó hacia fines de 2003.
Estas fueron las denominaciones que circularon en cada provincia durante aquel período:
- Buenos Aires: Patacones
- Córdoba: Lecor
- Entre Ríos: Bonos Federales (BoFe)
- Corrientes: Cecacor
- Mendoza: Petrom
- Misiones: Cemis
- Formosa: Bocanfor
- San Juan: Huarpes
- Chaco: Quebracho
- Catamarca: Bono Ley 4748
- La Rioja: Bocade
- Tucumán: Bocade
- Tierra del Fuego: Letras
- Chubut: Petrobono
- Río Negro: Petrobono
El Patacón bonaerense se recuerda como el caso más emblemático, lanzado durante la gestión de Carlos Ruckauf desde agosto de 2001 y utilizado como equivalente al peso en la mayoría de los comercios tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. En contraste, el Federal de Entre Ríos perdió su valor rápidamente y su cotización quedó muy por debajo de su valor nominal.
En cuanto a La Rioja, su emisión en 2001 fue una de las más limitadas: según datos del Banco Central en agosto de 2002, alcanzó los $5 millones, muy por debajo de los $3.306 millones emitidos en Patacones y los $700 millones de la Lecor de Córdoba.
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