Las fuerzas de seguridad de todo el país mantienen guardados en sus depósitos más de medio millón de chalecos antibalas fuera de servicio. Se trata de material vencido que debería haberse descartado y que, en parte, ya apareció en el mercado ilegal y en poder de bandas delictivas.
El problema arranca en la vida útil del equipamiento. Los chalecos que usan las fuerzas tienen una duración certificada de cinco años, un plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese tiempo, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística que ofrecen, pero en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva nunca terminó de concretarse.
Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024, puso cifras al panorama. El relevamiento detectó que Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos: el 64 por ciento del total.
A ese conteo hay que agregarle los inventarios de provincias y municipios. Con esos volúmenes sumados, y según estimaciones de la industria a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, las unidades obsoletas acumuladas en el país superan las 500.000.
Un faltante que se repite en las provincias
La situación no pasó inadvertida. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la compra de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.
El faltante se replicó en los distritos. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, Córdoba incorporó 17.000 ante un déficit operativo y Entre Ríos repuso 1.300 tras reconocer que la mayoría de los que tenía en uso “estaban vencidos”.
El costado más delicado quedó expuesto en expedientes judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios apodado “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas perteneciente a la policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
El dato no es menor: los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras aun después de vencidos, de modo que pueden reutilizarse si no se los destruye como corresponde. Especialistas advierten que, con ese material, incluso puede fabricarse de manera clandestina nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos.
Dos máquinas para un problema de medio millón
La normativa para evitarlo existe. La ANMaC reguló la destrucción a través del régimen de Materiales de Usos Especiales (MUEs) y habilitó a empresas privadas para el procedimiento.
De hecho, el organismo ya había ordenado en 2021 destruir 3.446 chalecos defectuosos de Fabricaciones Militares entregados a la Policía bonaerense, y en 2022 dispuso una medida similar sobre otro lote de la Policía de la Ciudad. Ninguna de las dos órdenes se concretó por falta de capacidad tecnológica.
Hoy funcionan en el país apenas dos máquinas habilitadas para destruir materiales balísticos, ambas propiedad de Tecnología Antibalas S.A. (Tecant). El proceso fragmenta paneles, etiquetas y fundas para impedir su reutilización y culmina con un certificado que garantiza la trazabilidad.
Según fuentes de la industria, la Argentina ya cuenta con la capacidad técnica, la normativa y las empresas necesarias para resolver la acumulación de chalecos obsoletos. Que eso ocurra depende ahora de las decisiones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
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