Las fuerzas de seguridad argentinas acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos, una situación que plantea un doble problema: el riesgo de que efectivos utilicen elementos que ya no tienen garantizada su protección y la posibilidad de que los materiales retirados terminen en circuitos ilegales.
Los chalecos antibalas utilizados por las fuerzas de seguridad tienen una vida útil certificada de cinco años, de acuerdo con los parámetros establecidos por el entonces RENAR y las garantías de los fabricantes. Una vez cumplido ese plazo, deben ser retirados porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística para el que fueron fabricados.
Sin embargo, el recambio y la destrucción del material vencido no se resolvieron de manera uniforme en todo el país. Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024 detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal contaban con 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, equivalente al 64% del total relevado.
A ese universo se suman los equipos almacenados por las policías provinciales y municipales. De acuerdo con estimaciones del sector, el stock de chalecos que ya superaron su vida útil excede las 500.000 unidades en todo el país.
El recambio de chalecos en las fuerzas
La situación de los equipos vencidos también fue reconocida por el Gobierno nacional. En septiembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que hasta el 10 de diciembre de 2023 “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 chalecos nuevos destinados a las fuerzas federales.
El problema no se limita a los organismos nacionales. En la Policía de la Ciudad fueron retirados 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, mientras que la Policía de Córdoba incorporó 17.000 unidades frente a un faltante operativo.
En Entre Ríos, se repusieron 1.300 chalecos luego de que las autoridades reconocieran que la mayoría de los equipos disponibles “estaban vencidos”.
Además del problema operativo, la permanencia de estos materiales fuera de los circuitos oficiales genera un riesgo de seguridad. En febrero de 2026, por ejemplo, fue detenido en Córdoba el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan”. Durante el procedimiento se secuestró un chaleco antibalas perteneciente a la Policía de Córdoba, junto con una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Qué ocurre con los chalecos cuando vencen
Que un chaleco haya superado su fecha de vencimiento no significa que sus materiales pierdan de manera inmediata todas sus propiedades. Los paneles balísticos pueden conservar parte de su capacidad protectora, por lo que, si no son destruidos correctamente, existe la posibilidad de que sean reutilizados.
El material puede incluso ser empleado clandestinamente para elaborar nuevos paneles balísticos, blindajes, escudos u otros elementos de protección. Por ese motivo, la destrucción controlada resulta clave para evitar que los equipos retirados vuelvan a circular.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció procedimientos específicos dentro de la normativa sobre Materiales de Usos Especiales (MUEs) para regular la destrucción de estos elementos y habilitó a empresas privadas a realizarla.
En 2021, el organismo había dispuesto la destrucción de 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, ordenó un procedimiento similar para otro lote perteneciente a la Policía de la Ciudad.
En ambos casos, las medidas no llegaron a concretarse debido a la falta de capacidad tecnológica disponible para procesar los materiales.
Cómo se pueden destruir los chalecos antibalas
Actualmente, Argentina cuenta con dos máquinas habilitadas por la ANMaC para destruir materiales balísticos. Ambas pertenecen a la empresa Tecnología Antibalas S.A. (Tecant).
El procedimiento permite inutilizar los distintos componentes del chaleco. Los paneles balísticos, las etiquetas y las fundas son fragmentados para impedir que puedan ser reutilizados. Una vez terminado el proceso, se emite un certificado de destrucción, que permite dejar constancia del destino final de cada unidad.
De esta manera, el país cuenta actualmente con un marco regulatorio y con capacidad técnica para avanzar en la eliminación de los chalecos que ya cumplieron su vida útil, por lo que el desafío pendiente es implementar ese proceso sobre los stocks acumulados en las fuerzas nacionales, provinciales y municipales y garantizar que los materiales retirados no vuelvan a ingresar en circulación.
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