Ingresos Brutos es una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias argentinas, pero al mismo tiempo se encuentra entre los tributos más cuestionados por su impacto sobre los precios, el crédito y la competitividad de las empresas. Un relevamiento de Fundación Libertad mostró no solo la magnitud de las alícuotas, sino también las amplias diferencias existentes entre jurisdicciones y actividades.
Si se toma un promedio de las tasas relevadas por provincia, Catamarca aparece en lo más alto, con 6,2%, seguida por Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, con 6%. CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta, Tucumán y Misiones se ubican en 5,8%.
En el otro extremo aparecen Santiago del Estero, con un promedio de 3%; Corrientes, con 3,3%; y Formosa, con 3,6%. La diferencia implica que una misma actividad puede quedar alcanzada por una carga muy distinta dependiendo de la jurisdicción en la que opere.
El panorama también cambia de manera significativa según el sector. Para el comercio mayorista, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta y Santa Cruz aplican una alícuota de 5%. Santa Fe y San Luis se encuentran entre las de menor carga, con 2,5%.
En el comercio minorista, diez jurisdicciones también llegan al 5%: Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta y Tucumán.
Las tasas suben todavía más en otras actividades. En servicios, Catamarca encabeza el ranking con una alícuota de 7%, mientras que un amplio grupo de provincias se encuentra en 5%. Y en el sector financiero, donde el gravamen se aplica sobre el spread bancario y por lo tanto no es directamente comparable con los demás rubros, La Pampa alcanza el 9,1% y varias jurisdicciones aplican el 9%.
Un impuesto clave para las cajas provinciales
¿Por qué un tributo tan cuestionado se mantiene? Parte de la respuesta se encuentra en el peso que tiene dentro de las cuentas públicas provinciales.
Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, explicó para PERFIL que, en promedio, las provincias obtienen aproximadamente un 60% de sus recursos de origen nacional y un 40% de recaudación propia, aunque existen enormes diferencias entre distritos.
“Algunas recaudan solamente entre 5% y 10% del total de recursos que usan, como Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, mientras que otras recaudan más del 80%, como CABA o Neuquén”, señaló.
Pero el peso de Ingresos Brutos se vuelve todavía más evidente cuando se observa únicamente lo que recaudan las propias jurisdicciones.
Según Aranguiz, el 76% de la recaudación propia de las provincias proviene de Ingresos Brutos, mientras que en distritos como Misiones o Salta el tributo llega a explicar alrededor del 90%. En términos agregados, estimó que representa entre 4 y 5 puntos del PBI, detrás de impuestos nacionales de gran peso como IVA, Ganancias y los recursos vinculados con la Seguridad Social.
El diagnóstico coincide en parte con el presentado recientemente por la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad fabril calculó que Ingresos Brutos representa 89,6% de los recursos impositivos de origen provincial; para el acumulado hasta el tercer trimestre de 2025, la participación alcanzaba el 88,1%. La diferencia respecto del porcentaje señalado por Fundación Libertad responde a que la UIA toma específicamente los recursos impositivos provinciales.
El “efecto cascada” que termina en los precios
Para Aranguiz, sin embargo, el principal problema no radica solamente en cuánto recauda el impuesto, sino en cómo está diseñado.
A diferencia del IVA, Ingresos Brutos grava la facturación en cada instancia de una cadena productiva. Así, un mismo bien puede quedar alcanzado cuando lo vende el productor, nuevamente al pasar por el distribuidor, después por el mayorista y finalmente por el comercio minorista.
Ese mecanismo provoca el denominado “efecto cascada”: el impuesto pagado en una etapa pasa a formar parte del costo de la siguiente y termina acumulándose en el precio final.
“Esto significa que, si un producto pasa por el productor, el distribuidor, el mayorista y el minorista, cada eslabón paga Ingresos Brutos sobre su facturación, y ese costo se va acumulando y trasladando al precio”, explicó Aranguiz.
Según el economista, el diseño castiga especialmente a las cadenas de valor más largas, como las industriales, y reduce la competitividad de la producción nacional frente a bienes importados que no arrastran el mismo esquema tributario interno.
Además, el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre el resultado económico de una compañía. Es decir, una empresa puede quedar obligada a pagarlo independientemente de que haya obtenido ganancias o registrado pérdidas.
El impacto puede ser significativamente superior a la alícuota nominal. El tributarista César Litvin, uno de los especialistas que viene cuestionando desde hace años el diseño de IIBB, sostuvo, en una nota para La Nación, que una alícuota de 3% aplicada en la primera etapa de una cadena puede terminar representando hasta 12% sobre el precio final.
El problema, además, no se limita al mercado interno. La acumulación del impuesto también puede trasladarse al valor de los bienes que se venden al exterior. “En toda la cadena se fue pagando IIBB y no hay recupero. Se está exportando impuesto y eso genera pérdida de competitividad”, advirtió Litvin.
El sector automotor es uno de los ejemplos donde esta situación adquiere especial relevancia. Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), estimó para ese mismo medio, que Ingresos Brutos y las tasas municipales representan alrededor del 10% del valor de un auto exportado. En ese contexto, consideró que reducir esa carga resulta “urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio”.
La UIA llegó a una conclusión similar en su último informe sobre carga fiscal. La entidad sostuvo que IIBB es uno de los impuestos más distorsivos del sistema argentino debido a que grava en cascada la producción a lo largo de toda la cadena de valor. También advirtió que los múltiples regímenes de recaudación generan saldos a favor permanentes para las empresas que pueden resultar difíciles de recuperar.
Argentina, primera en carga por Ingresos Brutos y tasas municipales
La comparación internacional de la UIA agrega otra dimensión al problema. Su informe analizó ocho tributos en 30 países que, en conjunto, representan el 81% del PBI mundial. La muestra incluye a integrantes del G20 y países sudamericanos, además de España, Países Bajos y Suiza.
En el caso particular de Ingresos Brutos y tasas municipales, Argentina permanece en el primer lugar en materia de carga. Según el relevamiento, Italia y Canadá cuentan con impuestos provinciales o subnacionales similares, aunque con una presión menor.
La UIA destacó además una particularidad del esquema argentino: a nivel municipal, es el único país del relevamiento donde las tasas se aplican sobre la misma base imponible alcanzada por Ingresos Brutos. Para la entidad industrial, la superposición configura una situación de doble imposición.
El problema se integra a una discusión más amplia sobre la carga tributaria del sector formal. La UIA calculó que Argentina ocupa el puesto 12 entre las 30 economías consideradas cuando se mide la presión fiscal tradicional, con un equivalente al 28% del PBI. Sin embargo, mediante una metodología que ajusta el PBI por la informalidad laboral, estimó una “presión fiscal formal” del 56%, con lo que el país pasa al primer puesto de la muestra. La entidad aclaró que ese cálculo aumentó seis puntos porcentuales respecto de su informe de 2023.
La propuesta de reemplazarlo por un “IVA provincial”
Pese a los cuestionamientos, una reducción profunda de Ingresos Brutos enfrenta un obstáculo central: las provincias dependen fuertemente de esos recursos para financiar sus gastos.
“Desde la perspectiva del Estado el mejor impuesto no es el que menos distorsiones genera sino el que más recauda”, planteó Aranguiz al explicar las dificultades políticas para alcanzar un acuerdo entre las jurisdicciones.
En ese escenario, una de las alternativas que mencionó el economista es reemplazar Ingresos Brutos por un “IVA provincial”, en lugar de intentar una reducción gradual de las alícuotas.
La propuesta consistiría en crear un impuesto al valor agregado subnacional que absorba tanto IIBB como las tasas municipales sobre las ventas. La diferencia fundamental sería que no gravaría la facturación completa en cada instancia, sino únicamente el valor agregado en cada etapa de la cadena.
De acuerdo con Aranguiz, un diseño de este tipo permitiría reducir el efecto acumulativo del actual impuesto, facilitaría la devolución del tributo contenido en las exportaciones y daría un tratamiento más homogéneo a los productos nacionales e importados.
Al mismo tiempo, el esquema podría mantener la distribución territorial de los recursos para evitar que la reforma implique un cambio abrupto en los ingresos de cada provincia.
El desafío, en definitiva, pasa por resolver una contradicción difícil: Ingresos Brutos es al mismo tiempo uno de los impuestos más relevantes para sostener las finanzas provinciales y uno de los más cuestionados por sus consecuencias económicas. Esa dependencia explica por qué, pese a las sucesivas discusiones sobre reformas tributarias, continúa ocupando un lugar central dentro del sistema impositivo argentino.
FN
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